por Francisco Herreros.
En una votación estrecha, por 64 votos a favor y 73 en contra, la Sala de la Cámara de Diputados rechazó la admisibilidad de la acusación constitucional contra los ministros de la Segunda Sala de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, Manuel Valderrama y Carlos Künsemüller.
Habida cuenta el motivo de la acusación; esto es, fallos favorables a violadores de derechos humanos en desafiante contravención del derecho internacional, y la composición de la sala, con mayoría de la(s) oposición(es), el resultado constituye una victoria del partido de la impunidad y un retroceso en la larga lucha por la prevalencia de los derechos humanos, en cuanto a verdad, justicia y castigo a los responsables de los crímenes de la dictadura.
Eso no es posible negarlo.
Toda la artillería
No fue un resultado sorpresivo, toda vez que había suficientes señales de que las bancadas de la Democracia Cristiana y el Partido Radical, o al menos parte de ellas, votarían en contra. En tal sentido, sería erróneo apelar a la falta de unidad opositora, puesto que a esta altura es un hecho de la causa que hay sectores conservadores y/o neoliberales en partidos de la antigua concertación, que se sienten componentes del partido del orden y por tanto, están muy dispuestos a pactar con la derecha y el Gobierno, en cuestiones de orden estratégico. Y la impunidad lo es. Por sus votos los conoceréis. Desde ese punto de vista, cabe saludar la votación favorable de los diputados DC Gabriel Ascencio, Vìctor Torres y Mario Venegas y los radicales Cosme Mellado y Marcela Hernando.
La importancia de la impunidad para el partido del orden puede medirse en función del arsenal de maniobras y argumentos desplegados para desacreditar la acusación constitucional.
Entre ellas, la grosera intromisión en la independencia de uno de los poderes del Estado, el Poder Legislativo; perpetrada por los otros dos poderes, en la insólita reunión entre Piñera y el Presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, el pasado 4 de septiembre, en La Moneda; o el infructuoso intento de diputados de la UDI, de inhabilitar a la diputada Carmen Hertz, bajo la absurda premisa de que su condición de víctima de violaciones a los derechos humanos la inhabilitaba «por tener un interés directo».
“No diga ignorancias, lea bien la Ley Orgánica de Congreso Nacional y la Constitución, es lo menos que se le puede pedir a un diputado”, respondió Carmen Hertz a Javier Macaya, uno de los autores de la mísera maniobra.
Discurso del terror
Y qué decir de la nauseabunda campaña de desinformación del sistema mediático. Si se aprobaba la acusación constitucional, sobrevendría punto menos que acabo de mundo.
Que supondría el fin de la independencia del Poder Judicial, que alteraría el balance de la convivencia entre los tres poderes del Estado, que acarrearía el término del Estado de Derecho, que la Cámara de Diputados se transformaba en tercera instancia judicial y que era la antesala del caos que conduce a Venezuela, es lo menos que se dijo.
La típica fraseología del Estado de Derecha, para, en función de la forma, esconder el fondo de las materias concernidas.
Es el caso de la pretendida independencia del Poder Judicial. Sin ir más lejos, el Presidente de la Corte Suprema, manifestó, una vez conocido el resultado de la votación en la Cámara de Diputados:
«La Corte Suprema ha señalado desde el primer día que lo que aquí se encontraba en juego era la pérdida de una de las características fundamentales para el funcionamiento del Estado, como lo es una absoluta separación de poderes, no obstante los mecanismos de control a las actividades de uno y otro que establece la Constitución».
Al Presidente de la Corte Suprema, así como al partido del orden, parecen importarle más la separación de los poderes del Estado y el funcionamiento de las instituciones, que el sentido último de la propia existencia del Poder Judicial; a saber, darle a cada cual lo que corresponde, o sea, impartir justicia.
El presidente de la Corte Suprema parece ignorar el cuarto precepto del decálogo del abogado, elaborado por el prestigioso jurista uruguayo, considerado como el procesalista más influyente del Derecho Continental en el siglo XX, Eduardo Couture:
«Tu deber es luchar por la ley, pero si la ley entra en conflicto con el derecho, lucha por el derecho. Y si el derecho entra en conflicto con la justicia, debes luchar por la justicia».
Para las víctimas de la violación de derechos humanos y sus familiares, tanto los fallos que motivaron la acusación, como la vocería del Presidente de la Corte Suprema durante su preparación y discusión, suponen un nuevo agravio que se suma a la nutrida deuda que para con ellos detenta el Estado de Chile en su conjunto, principalmente el Poder Judicial.
El mito de la independencia
En la insoportable levedad de su argumentación, el Sr. Brito evade el fondo de la acusación: los fallos cuestionados transgreden el derecho humanitario y el derecho internacional, a los que Chile está obligado por haber suscrito sus pactos y convenciones.
Fundados en formalismos de segundo orden, dichos fallos tuvieron como consecuencia la liberación de condenados por los delitos más crueles y deleznables en la historia del país, con su correspondiente efecto de demostración y acicate a la emulación.
A propósito de la «independencia» del Poder Judicial, el Sr. Brito se hace el desentendido sobre otro de los aspectos de fondo en el debate sobre la acusación constitucional.
Las violaciones a los derechos humanos fueron perpetradas durante la dictadura, período en el cual la cacareada independencia no sólo brilló por su ausencia; sino que esa ausencia coadyuvó la perpetración de los crímenes. Realmente cuesta entender los motivos de la actual cúpula judicial para encenagarse y regresar al período más oscuro de la historia institucional. Y hacerlo en nombre de la independencia, resulta francamente patético.
El concepto mismo de «independencia» en el sentido en que lo usa Haroldo Brito debe ser cuestionado.
En primer lugar, si la acusación constitucional es un recurso previsto en el actual ordenamiento jurídico, no es el Poder Judicial el llamado a opinar, ni menos a intervenir, acerca del momento, el motivo y la oportunidad en que haga uso de ese recurso el Poder Legislativo.
Al rechazar la cuestión previa, por un empate a 69 votos, la Cámara de Diputados reivindicó, si bien de modo precario, el rol controlador del Poder Legislativo.
En ese orden de ideas, las vacuas invocaciones a los fueros de los poderes del Estado constituyen un debate carente de sentido, como habitualmente sucede en el discurso del Estado de Derecha, que es el que consume la ciudadanía, por la dudosa virtud de su alucinante repetición en el sistema mediático.
En esta ocasión, la lucha secular por la vigencia irrestricta del derecho humanitario perdió por unos pocos votos, tanto de francotiradores emboscados, como de aquellos que se venden por un plato de lentejas, o los que se tragan la monserga del orden o el caos. Pero de la mera tramitación del recurso fluye una relevante conclusión.
Un nuevo Poder Judicial
En una nueva Constitución, que habrá de llegar más tarde o más temprano, se hace necesaria una modificación de fondo del Poder Judicial.
La pretensión de la Corte Suprema, de estar exenta de control alguno, no sólo carece de sustento y justificación, sino contraviene principios elementales de un Estado democrático. Más aún en el caso del Poder Judicial de Chile, que no la merece ni por su obsecuencia en dictadura, ni por sus características particulares, que lo ubican entre los de peor desempeño entre sus iguales, en el continente.
Condicionado por una doctrina positivista en grado de fundamentalismo, y una legislación erigida en función de la defensa del derecho de propiedad, el Poder Judicial chileno ha sido un aliado histórico y estratégico del bando conservador, las fuerzas del estatus quo, los partidos de derecha, los gremios empresariales, las cúpulas uniformadas, los prelados religiosos, los poderes fácticos, la academia neoliberal y el sistema mediático.
La asimetría entre fallos extremadamente duros en casos de delito común, particularmente abusivos contra el pueblo mapuche, y la delicada benevolencia dispensada a los delincuentes de cuello y corbata, lo delatan en lo que es: un dispositivo disciplinar del orden fundado en clases.
Cualquier análisis honesto, debe admitir que, en los tribunales chilenos, afloran diversas condiciones, prácticas, hábitos y subterfugios que anulan en los hechos el principio de igualdad ante la ley.
De compleja estructura técnica y conceptual, y con un ancho campo de interpretación subjetiva, es evidente que en, el ámbito judicial, salen favorecidos los litigantes de mayores recursos, que pueden pagar los mejores abogados y especialistas, pre constituir pruebas, sobornar testigos, comprar imagen favorable, aceitar periodistas e incluso corromper policías y funcionarios del Poder Judicial.
Una especie de deja vu de que todos somos iguales ante la ley, pero hay algunos más iguales que otros, Orwell dixit.
Basta para demostrarlo la escandalosa impunidad en los casos Penta y SQM, donde hasta el Ministerio Público prestó la colaboración necesaria para garantizar la impunidad de esos delitos de cuello y corbata, acaso entre los más graves y escandalosos de nuestra historia republicana.
Desde el momento en que arbitra el derecho de propiedad, trabaja en los hechos para la clase poseedora, lo cual también anula su supuesta independencia.
En el mayor desafío institucional de su historia, cuando tenía al frente la dictadura de Pinochet, claudicó vergonzosamente de su obligación constitucional de defender derechos tan fundamentales como la propia vida, y mostró la fragilidad de su independencia.
Aún hoy, la anarquía técnica del Poder Judicial, permitió que jueces superiores concedan beneficios carcelarios a criminales de lesa humanidad, en abierto desafío al derecho internacional.
Desde el punto de vista técnico, el hecho de que la doctrina judicial chilena desconozca, y en todo caso relativice, el principio de la jurisprudencia, salvo los auto acordados de la Corte Suprema, abre amplios espacios al abuso, la arbitrariedad y la corrupción.
Esto se traduce en resultados absurdos, a menudo injustos, en que iguales antecedentes pueden conducir a fallos distintos.
Por principio, en una nueva Constitución, ninguna institución del Estado puede quedar exenta del control democrático, verdadera expresión de la soberanía popular; menos aún el Poder Judicial chileno.
Desenlace
Están por verse los efectos prácticos de la acusación constitucional.
Si en el futuro inmediato inhibe fallos como los que la motivaron, se inscribirá entre los episodios distinguidos de la prolongada lucha por la defensa de los derechos humanos. Pero también podría dar pábulo a iniciativas por la impunidad gestadas en el Gobierno, calibradas por la correlación en la votación de la acusación constitucional.
Para efectos de registro, la admisibilidad de la acusación fue rechazada por 73 votos contra 64.
Por el rechazo, votó la derecha en bloque, más los diputados demócrata cristianos Miguel Calisto, Iván Flores, Manuel Matta, José Miguel Ortiz, Jorge Sabag, Gabriel Silber, Daniel Verdessi y Patricio Walker; y los radicales José Pérez y Fernando Meza.
La diputada Carmen Hertz, principal patrocinante de la acusación constitucional, valoró que haya tenido parte:
«La lucha contra la impunidad es un proceso en que se van obteniendo resultados muy de poco a poco».
En su opinión, queda con la satisfacción del deber cumplido, puesto que «la cuestión previa fue rechazada», y por otro lado, con «la desazón de que la acusación constitucional no prosperara»:
«Aquí no es el tema cuán buena o mala persona es un ministro u otro. El tema son objetivos, fallos. Estos siete fallos. de libertades condicionales, a nuestro juicio, vulneraron gravemente el derecho a la justicia inalienable que tienen las víctimas porque aquí lo que hay es una grieta de impunidad y lo que se pretende hoy día es la solución final al tema de los crímenes de exterminio y la justicia transicional».
Por su parte, el Presidente del Partido Comunista, diputado Guillermo Teillier, también saludó la tramitación de la acusación constitucional como un triunfo en sí:
«Hemos logrado avanzar en la lucha contra la impunidad de manera inédita en la Cámara de Dip. La acusación constitucional tuvo el efecto de destrabar la propuesta legislativa que aumenta los requisitos para las libertades condicionales en los casos de crímenes de lesa humanidad. La acusación abrió el camino para que el país fije la mirada en los derechos humanos y sopese quién es quién en la lucha contra la impunidad, por la verdad y la justicia».
Hemos logrado avanzar en la lucha contra la impunidad de manera inédita en la Cámara de Dip. La acusación constitucional tuvo el efecto de destrabar la propuesta legislativa que aumenta los requisitos para las libertades condicionales en los casos de crímenes de lesa humanidad. pic.twitter.com/ttH6z70bCV
— Guillermo Teillier (@gteillier) 14 de septiembre de 2018
El 13 de septiembre de 2018 se inscribirá en el largo calendario de tristezas de las víctimas de violación de derechos humanos durante la dictadura y sus familiares.
Quién sabe qué conflictos sociales está incubando el partido del orden, con su arrogante pretensión de independencia e impunidad.
Muchos ejemplos de insurrección en la historia se iniciaron por indignación popular ante notoria falta de justicia.
Para la historia
