por Andrea Bustos C.
El abogado Inti Salamanca, que actúa de patrocinador del recurso de remoción del Fiscal Nacional, Jorge Abbott, sostiene que éste le mintió a los chilenos, pues no se inhabilitó en el caso Penta.
Luego de que la solicitud de destitución del Fiscal Nacional fuera declarada admisible por la Corte Suprema, el abogado patrocinante del Frente Amplio en esta causa, Inti Salamanca, afirmó que la respuesta no sorprendió a los diputados.
Esto, pues antes de entregarlo se aseguraron de cumplir con todas las condiciones que indica la ley para casos como estos, por lo que había plena certeza de lo que iba ocurrir en esta primera etapa del procedimiento.
Además, comentó que es positivo impulsar iniciativas como estas, pues el Ministerio Público funciona como un órgano autónomo y no tiene ninguna institución superior de control, situación que puede dar espacio a que se cometan irregularidades.
Inti Salamanca señaló que, aunque Jorge Abbott incurrió en irregularidades hace ya bastante tiempo, la decisión de pedir su destitución no llegó antes porque las autoridades no se habían atrevido.
“La única forma que podemos ver que se actúe en el marco de la ley es con estas acciones que el año pasado no tenían posibilidad de existir. Teníamos un conjunto de diputados que eran un poco más conservadores, y hoy en día se está dando un paso adelante para exigir probidad administrativa”, explicó.
El abogado indicó que los cinco cargos que respaldan su destitución han sido considerados porque dañan y vulneran el derecho y la probidad administrativa, hecho que para cualquier otro funcionario público significaría al menos el inicio de un sumario, por lo que era necesario poner un “paralé” a Abbott.
En la misma línea aclaró que, de los cargos imputados, dos dicen relación con las reuniones que tuvo el Fiscal Nacional con diversos actores políticos vinculados al caso Penta, y los otros tres refieren a la vulneración de derechos laborales dentro del Ministerio Público, donde los fiscales y trabajadores han denunciado en varias ocasiones sobrecarga laboral, necesidad de aumentar los fiscales y acoso sexual y laboral.
Respecto a las acusaciones que se hacen por las reuniones que Jorge Abbott tuvo en el marco del financiamiento irregular de la política, el jurista recordó que, al asumir en su cargo, frente al Senado el Fiscal Nacional aseguró que actuaría de forma correcta inhabilitándose en el caso Penta. Sin embargo, no cumplió:
“Ahí vemos que no solo le mintió al Senado, sino también a todos los chilenos, porque dijo que se iba a inhabilitar y después aparece reuniéndose como Fiscal Nacional en dependencias del Ministerio Público con personas que iban a hacer consultas sobre la causa”.
Sobre los problemas internos del Ministerio Público, explicó que las autoridades debieron hacer seguimiento a las denuncias, pero por el contrario dejaron en evidencia “un notable abandono de deberes en esos casos”, donde no se llevaron a cabo los procesos administrativos necesarios para aclarar “las situaciones tan graves a las que se exponían de los funcionarios y de los dirigentes”.
Salamanca también aseguró que la ética y la política relacionada con los negocios ya no da para más en Chile, por lo que peticiones como estas son de suma importancia para mostrarle a la gente que las autoridades también son fiscalizadas.
El patrocinante del Frente Amplio señaló que luego de la admisibilidad de la petición, están confiados en que la situación avance en favor de la destitución, pues los cargos que se le atribuyen al fiscal están bien argumentados.
Por otra parte, el abogado se refirió al requerimiento presentado por el Frente Amplio ante Contraloría para que se revisen posibles datos falsos de Dipres y Cochilco en la tributación de las empresas mineras privadas entre años 2004 a 2017.
A través de un documento dirigido al Contralor Jorge Bermúdez, se señaló una diferencia entre Anuario 2016 de Cochilco y el Oficio 1101 del Servicio de Impuestos Internos (SII), documentos que presentan cuantiosas diferencias que según señaló Salamanca podrían dar cuenta de una evasión de impuestos y por ende un posible daño a las arcas fiscales.
El informe del SII fue solicitado por la diputada Claudia Mix e incluye la tributación de las empresas mineras Escondida, Inés de Collahuasi, Los Pelambres, Anglo American Sur, Anglo American Norte, Zaldivar, Quebrada Blanca, Candelaria, Cerro Colorado y El Abra.
Fuente: Radio Universidad de Chile
