Esta mañana ingresó, en la Corte Suprema, el recurso de remoción del Fiscal Nacional, Jorge Abbott, firmada por una muestra diversa de diputados de oposición, fundado en “negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones”.
La mañana de este martes representantes del Frente Amplio, PC, PS, PPD, PRO y Regionalistas presentaron ante la Corte Suprema una solicitud de destitución del fiscal Nacional, Jorge Abbott, en rechazo a las acciones ejecutadas por el Ministerio Público en casos de relevancia pública, como los de financiamiento irregular de la política, y acusando «negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones».
El diputado del Partido Humanista, Tomás Hirsch, explicó:
«El requerimiento es un imperativo ético. El país no puede seguir soportando los grados de impunidad que hemos conocido hasta hoy. Es necesario que la Corte Suprema se pronuncie al respecto, acogiendo este requerimiento».
Agregó:
«Se establecen al menos cinco diferentes situaciones que hablan de una negligencia manifiesta por parte del fiscal Abbott. Reuniones con abogados que estaban involucrados en el Caso Penta, reuniones con el senador Hernán Larraín un día después de la elección presidencial en la que gana Sebastián Piñera».
La ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, señaló:
«La Corte Suprema tiene que decirnos si efectivamente los delitos de cuello y corbata en este país van a tener la misma pena que otro tipo de delitos». No se puede pagar la pobreza en la cárcel. Todos los chilenos y chilenas deben tener igualdad ante la ley».
“Confiamos menos en la Fiscalía Nacional después de lo que conocimos con el caso Penta y me pregunto cuánto de eso tiene que ver con el rol que ha jugado el Fiscal Nacional Jorge Abbott”, añadió.
La ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez, manifestó:
«Es una facultad de los parlamentarios, una facultad independiente de un poder distinto del poder Ejecutivo. El Gobierno respetará la decisión sin un pronunciamiento en el fondo».
Como es apenas natural, el Fiscal de Valparaíso, Pablo Gómez, sostuvo que la imputación contra Abbott carece de fundamento:
«Jamás he recibido una instruccion en los términos que se han querido plantear, la unica doctrina que nos ha instruido es la de actuar apegados a la ley. El Fiscal Nacional ha sido especialmente celoso en decirnos el actuar apegados a la ley, no veo fundamento alguno».
La iniciativa fue firmada por lo/as diputado/as Cristina Girardi (PPD), Camila Rojas (IA), Emilia Nuyado (PS), Carmen Hertz y Hugo Gutiérrez (PC), Pedro Velásquez (FRVS), Marisela Santibáñez (PRO), Claudia Mix (Poder), omás Hirsh y Flor Alarcón (PH), Gael Yeomans (IL), y Gonzalo Winter, Diego Ibáñez y Gabriel Boric (MA).
Esta dentro de las posibilidades que el Pleno de la Corte Suprema no acoja el requerimiento. Pero el solo hecho de ser presentado representa un estigma para la carrera de Abbott, pues muestra que no da confianza.
En tal caso, siempre que tenga dignidad, debiera renunciar.
Fiscal Abbott colma la paciencia: abogados y parlamentarios respaldan su destitución
por Martín Espinoza C.
El ex subsecretario Pablo Wagner terminó absuelto por cohecho y condenado por delitos tributarios y aumento patrimonial injustificado por una de las aristas del Caso Penta. La Fiscalía resolvió no perseguir el delito de cohecho debido a que, en palabras del Fiscal Manuel Guerra, “no se pudo comprobar”.
El Ministerio Público también llegó a acuerdo con la defensa de los dueños del grupo Penta, Carlos Lavín y Carlos Délano para solicitar un juicio abreviado. El acuerdo implicó el reconocimiento de los hechos y que los empresarios sean condenados por delitos tributarios. La salida de los intervinientes ocurrió luego que la Fiscalía reformalizara a los controladores por delitos tributarios, eliminando el delito de cohecho que se les había imputado.
Para la ocasión, el fiscal Abbott hizo público su espaldarazo a Guerra, persecutor en la causa, señalando que “el Ministerio Público ha demostrado enormes fortalezas. Basta recordar la reacción en la Operación Huracán, pocas veces vista en la historia. Nos parece bastante injusta la apreciación que se nos hace y hay que ver las causas como Corpesca y SQM que van a ir a juicio donde aparecen personas con puestos relevantes dentro del Estado”.
Por ésta y otras razones, diputados del Frente Amplio impulsaron una iniciativa que busca solicitarle a la Corte Suprema la destitución del Fiscal Nacional. El diputado comunista Hugo Gutiérrez es uno de los que suscribió a la solicitud de los parlamentarios. Según Gutiérrez “lo que está sellando la suerte de Abbott es el comportamiento y las decisiones del fiscal Guerra. Tengo la convicción de que este fiscal no está tomando decisiones sin consultar a Abbott y que, al final del día, lo que tenemos es que hay una opinión Abbott-Guerra en cuanto a que hay ciertos poderes que no se pueden tocar, entre ellos los políticos o el poder económico”.
Otra arista que se desprende del caso Penta es la del senador UDI Iván Moreira. Fue precisamente en ese contexto en el que Abbott se vio envuelto en otra polémica. 28 días antes de que el Ministerio Público le otorgara a Moreira una suspensión condicional, liberándolo de una eventual condena, el Fiscal Nacional se reunió con el otrora senador Hernán Larraín.
En el diálogo, Larraín le solicitó más urgencia para la resolución del caso producto de que el desafuero del senador Moreira estaba afectando el quórum de las votaciones del Senado. En aquel momento Abbott, quien se había declarado inhabilitado para intervenir en el caso por su parentesco con Alfredo Moreno, ex ejecutivo de Penta, comunicó que haría llegar la carta de la UDI al fiscal Guerra, a cargo de la causa, y sostuvo que “los fiscales debemos estar conscientes de que nuestras decisiones pueden impactar el funcionamiento de otras instituciones, como el Congreso Nacional, si es que afectan los cuórums de votaciones legislativas”.
Abbott ya había sostenido una reunión con el mismo Larraín mientras postulaba a dirigir el Ministerio Público, en el año 2015, justo en tiempos de querella por el Caso Penta, que afectaba directamente a la UDI.
El ex fiscal Carlos Gajardo tildó de «gravísimo» el carácter de la reunión:
“Gravísima declaración del Fiscal Nacional Abbott. Reconoce otra reunión privada previo a ser nombrado FN. Ahora con el ex Senador Larraín en las oficinas del querellante del Caso Caval. ¿Qué se habla en esas reuniones? ¿Por qué se producen? ¿A qué acuerdos se llegó?”, escribió en su cuenta de Twitter.
Al conocerse públicamente la reunión, el fiscal Guerra salió a defender a su superior:
“No tuve conocimiento de esa reunión hasta ahora, por lo tanto, el Fiscal Nacional no me dijo nada al respecto. A mí solamente él me reenvió un oficio que le llegó del Senado, en que la presidencia, a petición de las bancadas UDI y RN, pedía celeridad para tratar ese caso de Moreira. Nunca me dijo ‘por favor apúrese, o tome tal o cual salida’”.
La elección de Jorge Abbott como Fiscal Nacional tampoco estuvo exenta de ripios. En mayo de este año el lobbysta Eugenio González reconoció en radio ADN que Abbott había participado de varias reuniones con parlamentarios o abogados de los mediáticos casos de corrupción en política. Entre ellos, se había reunido en su oficina con Alejandro Espinoza, abogado de Fulvio Rossi, Carlos Ominami y Pablo Longueira. También se reunió con Ciro Colombara, abogado de Marco Enríquez-Ominami. “Se olfateaban. No hablaban de las causas en las reuniones en las que yo participé”. “Estas reuniones son absolutamente irregulares. Abbott es una persona que en Estados Unidos o en Europa jamás habría sido electo Fiscal Nacional, por un tema de condiciones de salud. (A la casa de Guido Girardi) va por una razón muy simple: a pedir el apoyo para que, cuando llegue el momento de votar, voten por él”.
Asimismo, el lobbysta y cientista político dio cuenta de las reuniones –que no quedaron registradas- que Abbott sostuvo con los parlamentarios Patricio Walker y Aldo Cornejo.
Mauricio Daza, abogado querellante en el caso Penta, adhiere a la idea de que Abbott no ha demostrado ser idóneo para el cargo:
“Hay méritos más que suficientes para solicitar su destitución por la causal de negligencia manifiesta en el ejercicio de su cargo. Cuando concurrió al Senado a dar cuenta de su nominación para ser Fiscal Nacional, señaló expresamente que estaba inhabilitado para intervenir en el caso Penta por su relación de primo hermano con el presidente de la empresa. Una vez que asume, realiza actuaciones sin abstenerse en el caso Penta, como su reunión con Hernán Larraín. Además, después se reúne con el abogado de Santiago Valdés, Rodrigo Zegers, imputado en el caso Penta. En este contexto, esto es más que suficiente en términos jurídicos para solicitar la destitución, sin perjuicio del conjunto de otras actuaciones, las cuales dan cuenta de que Jorge Abbott no tiene el liderazgo para estar al frente durante los próximos seis años del Ministerio Público”.
Otro de los episodios que han marcado la carrera de Abbott como el máximo jefe de la Fiscalía Nacional tuvo relación con las demandas que en su contra interpusieron funcionarios del Ministerio Público. Fabio Trujillo, presidente de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Regional Occidente, explica la situación que enfrentan contra la máxima autoridad de los persecutores:
“El escenario actual en el que presentamos una denuncia contra el Fiscal dice relación con diversos hechos de prácticas antisindicales de la Fiscalía Regional Occidente. Si bien lo hemos denunciado en el pasado, y en la actualidad tenemos un juicio por prácticas antisindicales en desarrollo, todavía tiene una posibilidad de reivindicarse con los funcionarios de la institución y de llegar a un acuerdo con esta organización. Son diversos hechos que se arrastran por más de un año y medio y han sido realizados siempre con la complicidad o encubrimiento del fiscal regional José Luis Pérez”.
Fuente: Radio Universidad de Chile
Nadie irá a la cárcel por el Caso Penta
por Claudia Carvajal G.
El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago dictó la sentencia por el procedimiento abreviado contra Carlos Délano y Carlos Lavín en el marco del Caso Penta. El fallo estipula el pago al Fisco del total de lo adeudado, esto es, un monto de $857.084.267 cada uno, junto al cumplimiento de la pena de cuatro años de libertad vigilada. También deben asistir a un programa formativo sobre ética en la dirección de empresas.
El caso Penta nació como una arista de la investigación por fraude al FUT, iniciada por el entonces fiscal jefe de Delitos de Alta Complejidad Carlos Gajardo, de la Fiscalía Metropolitana Oriente.
En octubre de 2014, el ex gerente del Grupo Penta, Hugo Bravo, en el marco de esa investigación, declaró que el grupo al que representaba había donado irregularmente altos montos de dinero a varios políticos del partido Unión Demócrata Independiente como Jovino Novoa, Ena von Baer, Pablo Zalaquett, Iván Moreira y Ernesto Silva para financiar sus campañas electorales. Afirmó también que se prestó ayuda económica a los candidatos presidenciales independientes Laurence Golborne y Andrés Velasco.
En marzo de 2015, el Ministerio Público decidió la formalización de diez imputados en el caso y pidió que el Tribunal aprobara la medida cautelar de prisión preventiva para los “Carlos”, el ex subsecretario Pablo Wagner, Hugo Bravo, Marcos Castro e Iván Álvarez, quienes ingresaron al Anexo Capitán Yáber el 7 de marzo, lugar en el que permanecieron hasta el 23 de abril en el caso de los dueños del cuestionado holding, fecha en las que se revocó la cautelar y se aplicó la de arresto domiciliario.
La misma decisión afectó a Wagner, cinco días después.
Luego del término del periodo del Fiscal Nacional Sabas Chahuán, la causa pasó a manos del fiscal Manuel Guerra pidió la ampliación hasta marzo de 2017. En febrero, uno de los imputado, Hugo Bravo, falleció solo horas antes de que se llevara a cabo la audiencia de juicio abreviado en su contra.
En la causa, también se solicitó el desafuero del senador Iván Moreira el que fue autorizado por la Corte de Apelaciones de Santiago y luego ratificado por la Corte Suprema.
Sin embargo, el Ministerio Público y la defensa del parlamentario llegaron a un acuerdo y se optó por la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento. Tal decisión fue rechazada por los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, que días después presentaron su renuncia a la institución.
Inicialmente el Ministerio Público había incluido en los delitos a perseguir los de soborno y cohecho, sin embargo, el Fiscal Manuel Guerra decidió retirar estas imputaciones y pedir la reformalización de Carlos Délano, Carlos Lavín solo por delitos tributarios, y en el caso de Pablo Wagner se pidió la aprobación de un juicio abreviado por enriquecimiento ilícito y otros delitos tributarios, solicitando el cumplimiento de una pena de dos años de presidio menor, los que puede cumplir en el régimen de libertad vigilada, 4 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de una multa de 70 millones de pesos.
En la audiencia de lectura de sentencia no estuvieron presentes ni el fiscal Manuel Guerra ni los controladores del grupo de empresas Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín. Este miércoles 11, en tanto, se dará a conocer el fallo por el juicio abreviado del ex subsecretario Pablo Wagner.
Todos cumplirán sus condenas en régimen de libertad vigilada.
Fuente: Radio Universidad de Chile
