Partamos aclarando que el rechazo al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), no es antojadizo, no está centrado en la simple idea de oponerse a las estrategias que, en algún minuto, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Gobierno consideran pertinentes y, supuestamente, satisfactorias para el país.
Las razones concretas para rechazar el TPP son varias y, es tiempo, de que la sociedad civil las conozca en profundidad y no se deje engañar por titulares, o frases de buena crianza, que hablan de sus presuntas bondades, porque hay riesgos implícitos.
El Acuerdo Transpacífico persigue regular numerosas materias, tan diferentes, amplias y variopintas: desde el comercio de lácteos, derechos laborales, patentes medicinales, derechos de autor, inversiones estatales y medio ambiente.
Uno de los aspectos que llama la atención es que, durante un período de cinco años, lo que no es menor, este acuerdo se estuvo negociando prácticamente en silencio, de manera hermética, a espaldas de la ciudadanía y de expertos en la materia que bien pudieron manifestar su postura sobre el tema y dar a conocer sus legítimas aprehensiones.
¿Por qué no transparentar las conversaciones que sostuvieron los 12 países de la Cuenca del Pacífico que respaldan el TPP y entre los que Chile está incluido?, ¿qué había detrás de este acuerdo que, en la práctica, hizo imposible informarnos de la manera correcta? Y, además, sin conocer, aún, el detalle de las variadas páginas que conforman el Acuerdo Transpacífico liderado por el Gobierno de Barack Obama.
No hay que olvidar que después de cuatro años de materializada la suscripción del TPP, recién ahí se conocerán los documentos que, hoy en día, están bajo reserva.
Una evidente falta de claridad. A esto se suma otro factor negativo: nuestro Congreso no cuenta con las facultades para modificar eventuales cláusulas del Acuerdo Transpacífico y que pudieran ser consideradas como negativas o inadecuadas para Chile, es decir, el margen de acción es prácticamente nulo, de manera que aunque, con posterioridad, se pudiera conocer el detalle del acuerdo, legislativamente, no podemos hacer nada para mejorarlo o evitar riesgos para el país.
En medio de toda esta trama, cabe la pena preguntarse, ¿quiénes ganan y quiénes pierden con la suscripción del TPP? Según se ha destacado en medios de comunicación nacional e internacionales, entre los mayores beneficiados estarían, por ejemplo, las compañías tecnológicas, las entidades financieras, o sea, los bancos y los productores rurales, a través de la baja de aranceles.
En la otra vereda, en aquella de la vitrina nefasta se instalan los países más pequeños y menos industrializados que suscribieron el acuerdo, junto, por supuesto, a los ciudadanos que viven en los Estados firmantes.
Para explicar bien de lo que estoy hablando, hay que saber que estamos en presencia de un tratado comercial que involucra a 400 millones de personas que viven en los doce países que forman parte del TPP y que, en palabras simples, persigue regular numerosas materias, tan diferentes, amplias y variopintas: desde el comercio de lácteos, derechos laborales, patentes medicinales, derechos de autor, inversiones estatales y medio ambiente.
Las amenazas
Una amenaza del TPP tiene que ver con el área de la salud. En este sentido, los expertos plantean que: “reforzará los derechos privados para las empresas farmacéuticas multinacionales, ampliando y prolongando sus monopolios de patentes contra las drogas.
Esto en desventaja de los medicamentos asequibles para millones de personas y encareciéndolos”. Este hecho puntual, atenta contra uno de los ejes rectores del actual Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet como es el fortalecimiento de la salud pública, mediante, por ejemplo, iniciativas como la conocida Ley “Ricarte Soto” orientada a ayudar a los ciudadanos a costear enfermedades de alto costo.
A los riesgos generados por el TPP se añade otro: Estados Unidos busca que los países firmantes reconozcan patentes sobre procedimientos médicos. Estamos hablando de métodos de diagnóstico, cirugía y tratamiento, lo que significaría que las nuevas técnicas para el tratamiento de enfermedades no podrían ser usadas por cualquier especialista, en cualquier parte del mundo, poniendo en riesgo la salud de millones de pacientes.
En el plano de la propiedad intelectual, el TPP, según expertos, busca convertir a los proveedores de acceso a Internet en los responsables de censurar contenidos unilateralmente, sin intervención de un organismo superior, como el poder judicial, que garantice los derechos de la ciudadanía.
Ello, porque el TPP mantiene la posibilidad de entregarle incentivo a los prestadores de servicios para combatir la piratería o el intercambio ilegal de archivos, de forma de constituir un símil de policías de la red de los ISP (Internet Service Provider o Proveedor de Servicios de Internet), dándole al Gobierno de Estados Unidos el derecho de incautar nombres de dominio, cortar medios de pago y remover contenidos de la red de manera discrecional y sin control.
El acuerdo busca endurecer las sanciones a las infracciones del derecho de autor, penalizándola con multas, desconexión de Internet y hasta cárcel, busca convertir en delito el desbloqueo de los DRM o candados digitales y, además, incluye párrafos sobre el conocimiento tradicional (ancestral) llamando en el punto QQ.B.xx:d) a establecer “cooperación” para capacitar en la entrega de patentes relacionadas con conocimiento tradicional asociado a semillas (para ellos recursos genéticos), tema sobre el cual Chile no tiene legislación alguna.
En la práctica, esto es un nuevo estímulo para la bio-piratería y un desconocimiento de la obligación legal de consultar a los pueblos indígenas sobre estas materias, de acuerdo a lo establecido en el Convenio N° 169.
De acuerdo al economista Rick Rowden, el TPP prohíbe los controles de capitales y de actividades financieras que las crisis de los últimos años han mostrado como necesarios, dejando, por lo tanto, a los países más expuestos a crisis financieras. La falta de regulación le permitiría a la industria financiera hacer negocios más lucrativos, pero aumenta los riesgos para los países.
El Gobierno debe respetar su programa
En el último punto en el que me centraré dice relación con el Programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, en materia de relaciones exteriores. Al respecto, se sostenía que: “tenemos preocupación ante la urgencia por negociar el acuerdo Trans Pacific Partnership (TPP).
Para velar por el interés de Chile se debe hacer una revisión exhaustiva de sus alcances e implicaciones. Para nuestro país es prioritario impedir aspectos cuestionables que pudieran surgir en este acuerdo, pues, mal manejado, se transformaría en una renegociación indirecta de nuestro TLC con EEUU, debilitando acuerdos ya establecidos en materia de propiedad intelectual, farmacéuticos, compras públicas, servicios e inversiones, o llevaría a la instalación de nuevas normas en el sector financiero”.
Me pregunto, ¿qué parte de este mensaje se olvidó?, ¿por qué lo dejamos de escuchar?, ¿sólo fue una promesa del programa de Gobierno que, finalmente, se desechó?”.
(*) Diputado por el Distrito 37, Presidente de Izquierda Ciudadana
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