Llegado 2016 ya no es motivo de duda. Un puñado de grandes empresas financiaban a la totalidad del espectro político y, tampoco hay duda en que estas dádivas no se hacían para “fortalecer la democracia” sino para disponer de buenos amigos si el momento lo requería.
Algunos de ellos, como los parlamentarios de la UDI, podrían votar sin que mediase ningún aporte económico a favor de las grandes empresas, los empresarios, las fortunas y el “librísimo” juego de mercado porque nacieron ideológicamente con el sello del capitalismo furioso.
Creo que el senador Orpis tiene razón en decir que él vota porque la economía esté más concentrada y que los pequeños pescadores puedan “irse a la cresta” sin que importe que, además, le depositen unas chauchas en su cuenta. El cree en eso.
No obstante, en una sociedad con ética él debería haberse abstenido porque tenía evidentes intereses incompatibles con el sueldito adicional que le entregaba la sociedad de los grandes empresarios de la Pesca de Chile.
Que Penta haya financiado las campañas de los suyos es tan lógico como que un padre financie los estudios de sus hijos. Algunos lo hacían para que éstos los mantuvieran de viejo.
En política lo hacen como reconocimiento a mantener el sistema tal cual está y que hay consenso que en los últimos 25 años se ha fortalecido la desigualdad en todos los niveles.
En los 17 años anteriores estos mismos señores permitieron con la vista muy gorda que los militares de la dictadura se distribuyeran recursos públicos sin que nadie controlara nada, pero claro no era gratis.
El proceso de privatización ejecutado en Chile entre 1985 y 1987 significó la venta de 32 empresas pertenecientes a CORFO, con una pérdida patrimonial de 2.209 millones de dólares de 1989. A ello se agrega que CORFO asumió los pasivos de las empresas enajenadas, aumentando sus deudas en 131% en relación a 1984.
La privatización de CAP significó cerca de 1/3 de la pérdida patrimonial total sufrida por CORFO. CAP era una empresa rentable y de gran potencialidad al momento de privatizarse, y el Estado de Chile tenía el 95.96% de sus acciones.
Lo indica un informe de la Cámara de Diputados que por cierto los honorables lo echaron a la basura:
“Es muy gráfico comprobar que los nombres de los controladores de los grupos económicos que surgieron durante las privatizaciones, corresponden en gran medida a los mismos técnicos que las diseñaron desde la CORFO o que fueron interventores de empresas estatales como Julio Ponce Lerou con el grupo SOQUIMICH, Roberto De Andraca con el Holding CAP y otros como José Yuraszeck, que dieron origen al grupo ENDESA España con Chilectra, Enersis y Pehuenche, los grupos de Hurtado Vicuña y Fernández León o el grupo Penta de Carlos Alberto Délano que hizo su fortuna con la “diseminación de la propiedad” que se perseguía con la creación de las AFP”.
Los viejos y nuevos ricos se dieron cuenta que ya el comunismo no era un fantasma que recorría el mundo, ni que los socialistas querían terminar con el capitalismo y que los democratacristianos hacía mucho tiempo que participaban del sistema con entusiasmo (no solo los que apoyaron a Pinochet sino lo que creen hasta hoy en un capitalismo neoliberal con algo de rostro humano o bonos mediante).
En este marco los grandes empresarios chilenos hicieron un análisis de costo efectividad de las inversiones. La extremada desigualdad, concentración y abusos también tiene un costo.
Los empresarios no están pagando por defender el sistema sino por defender los abusos máximos como que el litio siga monopolizado; que los mares se repartan en 7 familias; que los 300 mil millones de dólares que gestionan las AFP’s sigan allí donde están (en 5 empresas); que los miles de millones de las Isapres no sean cuestionados por un poquito de solidaridad; que nadie se meta en que la banca cobre 40% de interés si te atrasas un día.
Eso es lo que se defiende: que los abusos pasen “piola” y que los delitos que lo permiten también, como los de colusión que son tan comunes que hasta uno creería que los ingenieros comerciales que gestionan eso les enseñan en las aulas de las facultades de negocios para intensificar los abusos.
El senador Pizarro o el senador Zaldívar pueden decir que los financiamientos que se les otorgaron fueron retribuidos con un voto contundente a favor de la Pesca; la diputada Isasi no tiene escapatoria porque hay pruebas de que las empresas monitoreaban su voto.
Ahora bien, si esto es así ¿por qué Marco Enríquez-Ominami recibió dineros de estas empresas?. No cabe duda por qué las empresas lo concedieron. Seguirán haciéndolo con quienes tengan posibilidades de llegar al poder porque es una manera de neutralizar los ataques a sus privilegios.
En el imaginario público –de quienes se preocupan de este tema que son menos que los que uno piensa- no cabe duda que Bachelet, Golborne, Longueira, Mathei y ME-O financiaron parte importante de sus campañas con fondos de las empresas.
Asimismo, tampoco hay dudas que Piñera antes y Lagos en 2010 hicieron exactamente lo mismo. Cuál es la diferencia jurídica entre Jorge Rosenbluth o Giorgio Martelli operadores de las recaudaciones de Michelle Bachelet, Sebastián Valdes recaudador de la campaña de Sebastián Piñera, Cristian Warner recaudador de ME-O?. ¿ Acaso el ex presidente Lagos no tuvo en su momento recaudadores similares?
Jurídicamente ninguna diferencia y sería muy importante que se transparentara cuanto antes lo que todo el mundo ya no solo sospecha sino que simplemente hay convicciones públicas.
De otra parte, ¿alguien podría creer que los recursos que solicitaba Rosenbluth no eran conocidos por Bachelet? ¿Acaso ella podría creer que la campaña se financiaba con aire?
Lo mismo podría decirse de Piñera, Lagos o ME-O. Es muy difícil que se crea que ellos no sabían que operadores de su confianza estaban recolectando recursos para la campaña. Esto se sabe, además, porque son los propios empresarios que se encargan de hacérselo saber al candidato!!!
El ex senador Ominami ha dicho que era necesario conseguir tales recursos para poder competir con el avasallador despliegue financiero de las campañas de la derecha y eso es cierto, pero también ha empezado a ser cierto que algunos de los receptores se han puesto más benevolentes con sus mecenas.
Un caso ya emblemático es el del ex ministro Enrique Correa, hoy el lobista con más clientes en la plaza. Resulta casi grotesco que mantenga una militancia en el PS si él se permite defender a todas las empresas supuestamente con convicciones anti PS como Penta o Soquimich. El ex ministro Correa quizás sea el símbolo más espectacular de los tiempos en que el único valor es el billete.
La política no ha llegado a su fin pero el sentimiento de que los políticos quieren engatusar a la gente se manifiesta con fuerza en el desprecio en las encuestas. Los políticos no han querido aceptar o reconocer lo evidente.
Algunos como Moreira antes y Ominami ahora, han reconocido hechos, buscando defender su participación con otros argumentos que la ciudadanía tendrá que evaluar.
ME-O tendrá que explicar sobre el financiamiento de su campaña pero lo más importante es que Chile sepa quiénes están dispuestos a cambiar radicalmente la transparencia en el financiamiento y quiénes solo quieren que pase el ventarrón para volver a las andadas.
Total transparencia en todos los aportes y total castigo a quienes superen los gastos de campaña; total inhibición de quienes sean financiados por empresas cuando se voten temas relacionados con ellas; en suma, transparencia en el financiamiento.
Eso es lo que hará la diferencia en el futuro porque en lo que respecta al pasado todos, al parecer, sucumbieron al financiamiento de las empresas lo cual era difícil de rechazar.
Fuente: Primera Piedra
www.primerapiedra.cl
