Cuéntate una Nueva: Cadenas de Supermercados Sorprendidas con la Colusión en la Masa

La Fiscalía Nacional Económica denunció ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia un nuevo caso de colusión, en este caso de las tres grandes  cadenas de supermercados, que tienen una participación superior al 90% del «mercado», en acuerdos de cartel sobre el precio del pollo. Por cierto, de dientes para afuera, el establisment económico no ahorró expresiones de condena e indignación.

Pero dejémonos de hipocrecías. A esta altura queda claro que la colusión no es una falla del modelo, sino una necesidad estructural de los oligopolios para mantener sus exhorbitantes y abusivas tasas de ganancia.

Una demostración adicional de que la competencia y el librer mercado no son más que mitos encubridores de la tendencia monopólica de la economí capitalista.

El requerimiento fue presentado hoy por el fiscal nacional económico subrogante, Mario Ybar Abad, y solicita multas por 30 mil Unidades Tributarias Anuales (equivalentes a 22,9 millones de dólares o 16.300 millones de pesos) para Cencosud, SMU y Walmart Chile.

De acuerdo al requerimiento, la investigación tuvo su origen tras el caso del cartel de pollo entre Agrosuper, Ariztía, Don Pollo (firmas condenadas a pagar multa por US$ 60 millones) y la Asociación de Productores Avícolas (sancionada con su disolución).

El documento señala que, en virtud del acuerdo, los supermercados estaban impedidos de vender carne de pollo fresca por debajo del precio de lista mayorista más IVA y que la coordinación entre las requeridas se dio a través de los proveedores.

En su acusación, la FNE plantea que las cadenas «adhirieron conscientemente a un esquema común que sustituyó los riesgos de la competencia por una cooperación práctica entre ellas», con el objetivo de «regularizar el mercado» y «evitar guerras de precios».

La solicitud de las elevadas multas atiende a «la gravedad de la conducta acusada, la sensibilidad del mercado involucrado y los beneficios económicos obtenidos por las requeridas», explicó la Fiscalía ante el Tribunal.

El escrito destaca que, al cierre de 2011, Cencosud, SMU y Walmart concentraban el 92,5 por ciento de la industria supermercadista a través de las marcas Jumbo y Santa Isabel; Unimarc, Bigger, Mayorista 10, Maxi Ahorro, Alvi, Dipac y Comer; Hipermercado Lider, Lider Express, SuperBodega aCuenta y Ekono, respectivamente.

Según explicó la Fiscalía Económica, este nuevo caso de colusión quedó al descubierto en el marco de la investigación realizada en el denominado «caso pollos», fallado recientemente en última instancia por la Corte Suprema.

A partir de los indicios detectados en dichas pesquisas, el 14 de diciembre de 2011 se llevó a cabo una entrada, registro e incautación en dependencias de los actores de la industria supermercadista.

En esa diligencia fue posible recopilar diversos antecedentes (contenidos en equipos computacionales y respaldos de correos electrónicos) que dan cuenta de los «contactos sostenidos entre ejecutivos de las cadenas de supermercados y de las empresas proveedoras de pollos».

Los documentos revelan que los primeros reclamaban por vía telefónica o por e-mail ante los segundos cuando detectaban que otra cadena se desviaba del acuerdo de no vender bajo el precio de lista mayorista. El objetivo de estas gestiones era que los proveedores actuaran como intermediarios, alertando a la otra cadena sobre el incumplimiento para que se ajustara a las directrices acordadas.

Para que el acuerdo funcionara, «las cadenas requeridas monitorearon constantemente los precios de venta a público de la carne de pollo fresca de su competencia, tanto a través de personal interno como por medio de empresas externas contratadas para ese fin», resaltó la FNE.

El objetivo de estas gestiones era que los proveedores actuaran como intermediarios, alertando a la otra cadena sobre el incumplimiento para que se ajustara a las directrices acordadas. Para que el acuerdo funcionara, las cadenas requeridas monitorearon constantemente los precios de venta a público de la carne de pollo fresca de su competencia, tanto a través de personal interno como por medio de empresas externas contratadas para ese fin.

Caso «complejo y extenso»

En el marco de esta investigación el organismo dice haber también conocido «determinados antecedentes que dan cuenta de interacciones similares a las descritas en relación a otros productos que componen la canasta, los que forman parte del expediente de investigación que será acompañado al proceso».

«Al concluir una de las investigaciones más extensas y complejas que ha realizado la Fiscalía Nacional Económica, llegamos a la convicción de que los supermercados mantuvieron un acuerdo que afectó el precio de venta de la carne de pollo fresca. Esperamos que este requerimiento concluya no sólo con la aplicación de las sanciones que corresponda, sino que también provea pautas de conducta a todos los actores de esta industria», señaló el fiscal nacional subrogante, Mario Ybar.

Impacto del cartel

En su requerimiento la FNE subrayó que el acuerdo confirió a las cadenas «poder de mercado suficiente para garantizar un precio mínimo de venta para la carne de pollo fresca en todo el mercado nacional».

Esto se refleja en que las tres firmas requeridas, en conjunto, alcanzaron en 2011 el 91,2 por ciento de participación en las ventas de pollo fresco en el canal supermercadista, categoría que representó entre 2010 y 2011 alrededor del 10 por ciento de las ventas de productos «Food» de dicho canal.

La FNE también destacó que a través de la conducta señalada, los supermercados «tendieron a restringir la competencia por precios entre cadenas, pues lograron disminuir la incertidumbre sobre el comportamiento estratégico y competitivo de las firmas rivales».

Esto «cobra especial importancia en la categoría que fue objeto del acuerdo, pues se trata de un producto de alta sensibilidad y recordación, con una considerable capacidad para generar tráfico en los locales».

Al cierre de 2011, Cencosud, SMU y Walmart sumaban en conjunto una participación de 92,5% en la industria supermercadista, con sus marcas Jumbo y Santa Isabel; Unimarc, Bigger, Mayorista 10, Maxi Ahorro, Alvi, Dipac y Comer; Hipermercado Lider, Lider Express, SuperBodega aCuenta y Ekono, respectivamente.

Gobierno expresó «indignación» 

En la voz del ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, el Gobierno manifestó «indignación» ante el nuevo caso de colusión en el mercado chileno denunciado por la Fiscalía Nacional Económica.

El organismo solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) multas por 30 mil Unidades Tributarias Anuales (equivalentes a 22,9 millones de dólares o 16.300 millones de pesos) contra Cencosud, SMU y Walmart Chile, a las que acusó de haberse coludido durante cuatro años para controlar el precio de la venta de pollo fresco.

Se trata de los holdings controladores -al año 2011, último en el que se comprobó la existencia del cartel- del 92,5 por ciento de la industria supermercadista a través de las marcas Jumbo y Santa Isabel (Cencosud); Unimarc, Bigger, Mayorista 10, Maxi Ahorro, Alvi, Dipac y Comer (SMU); Hipermercado Lider, Lider Express, SuperBodega aCuenta y Ekono, (Walmart).

«Indudablemente que acá tenemos una situación donde tenemos que demostrar toda nuestra indignación. Estamos hablando de un mercado que provee la principal fuente de proteína para todos los chilenos, y creo que es importante que haya una drástica condena por parte de todos los sectores», dijo Céspedes en un punto de prensa hace pocos minutos.

«Acá estamos hablando de personas que tomaron la decisión (…), ejecutivos de estas empresas que se ponían de acuerdo para no competir, para no bajar los precios; o sea, para afectar a los consumidores», resaltó el ministro, quien recordó que «esta investigación parte producto de la detección de un cartel anterior, que es el cartel de los pollos».

«Millones de afectados»

«Acá no hay ningún tipo de otro mecanismo que no sea la investigación propia de la Fiscalía Nacional Económica, aquí no ha existido el mecanismo de la delación compensada», señaló el secretario de Estado, quien destacó que «el Sernac está evaluando ya cuáles son las acciones (que adoptará) en materia de defensa de los derechos de los consumidores».

Desde el Gobierno, «nosotros hemos dicho muy claramente que en el escenario que estamos trabajando tenemos que restablecer confianzas, pero tenemos que restablecer las confianzas de todos lados».

«Acá hemos tenido malas prácticas que han afectado a millones de chilenos y creo que es muy importante que desde todos los sectores se manifieste la mayor condena a este tipo de acciones, que no puede ser permitido ni justificado desde ningún punto de vista», alegó Céspedes.

«Debemos hacer un llamado al Congreso para aprobar con la mayor celeridad el proyecto de ley que aumenta drásticamente las sanciones para quienes se coluden. No podemos transformar la sinvergüenzura en una práctica habitual», sentenció el ministro.

 Cárcel para la colusión

A partir de este nuevo escándalo son numerosas las voces que están llamando a acelerar la aprobación del proyecto que sanciona con pena de cárcel el delito de colusión, que actualmente se tramita en el Senado.

«Esto lo que hace es que, con mayor razón, nosotros debemos despachar durante el mes de enero el proyecto de ley que garantiza libre competencia real y sanciona duramente la colusión, con sanción en términos económicos y, tal como está la propuesta, también en términos de cárcel», comentó el senador Jorge Pizarro, miembro de la Comisión de Economía de la Cámara Alta.

El presidente de la DC se declaró partidario de fijar «penas aflictivas para quienes cometan este tipo de delitos, que son de los más repudiables, porque afectan la imagen del país y afectan a los usuarios».

Diputados falangistas como Fuad Chahín se pronunciaron en el mismo sentido, señalando que «es indispensable que el Senado despache a la brevedad el proyecto de ley que no sólo tipifica con pena de cárcel efectiva el delito de colusión, sino que aumenta las multas, para que éstas siempre sean más altas que el beneficio económico que obtienen estas empresas por coludirse, y que aumenta las facultades de la Fiscalía Nacional Económica para poder detectar efectivamente a estos carteles».

«La colusión debe ser extirpada, lo hemos dicho en todos los tonos, no sólo daña a los consumidores y destruye los mercados; debilita confianzas y atenta contra la transparencia efectiva», señaló Sergio Espejo, resaltando que hoy «el tema de la sanción penal es un eslabón ausente en el instrumental disuasivo».

Descargue el requerimiento de la FNE