El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rechazó este miércoles un nuevo documento emitido por la Corte Suprema de Chile, que guarda vinculación con el texto emanado el pasado 18 de noviembre, en el que se cuestiona las decisiones soberanas tomadas por el máximo tribunal del país.
Una misiva, publicada por la institución judicial chilena el 18 de noviembre pasado, instaba a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) a actuar en Venezuela en defensa de Leopoldo López y Daniel Ceballos, a quienes, supuestamente, el Estado venezolano viola sus derechos.
Este martes, un nuevo pronunciamiento del tribunal chileno exhorta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que interceda a favor de López y Ceballos, dejando sin efecto un recurso del Consejo de Defensa del Estado (CDE) que buscaba anular la acción de la Corte Suprema de intervenir en el caso de los derechistas venezolanos, informa EFE.
«Esta nueva acción de la Corte Suprema Chilena contra el Orden Jurídico Internacional, vulnera nuevamente los principios de no intervención, autonomía, igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos», refiere el TSJ en un comunicado.
Asimismo, el texto del TSJ señala esta nueva arremetida «contradice los principios que están en la base de los derechos que paradójicamente intentan proteger» y que la justicia venezolana se avoca a actuar «cabalmente preservando los derechos humanos, siendo así un verdadero Estado garantista de la esfera de los derechos ciudadanos».
Además de condenar la acción injerencista y exigir respeto a Venezuela, el Máximo Tribunal del país indicó que impedirá «todo atentado que se cometa contra la dignidad de la República, por lo que nunca, ante circunstancia alguna, responderá por improcedentes a intolerables pretensiones provenientes de otras naciones».
López, representante del partido de ultraderecha Voluntad Popular, se entregó a las autoridades el 18 de febrero de 2014 tras promover el plan golpista conocido como La Salida, que dejó un saldo de 43 personas asesinadas, más de 800 heridos y daños materiales incuantificables, como la quema de centros de salud, universidades y casas de estudios, unidades de transporte público y centros de distribución de alimentos.
Tras ser juzgado el máximo ente judicial, fue sentenciado a trece años de prisión por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad, incendio y asociación para delinquir. La condena la cumple en el Centro Nacional de Procesados Militares en Ramo Verde, estado Miranda, donde cuenta con una celda personal, baño privado, recibe alimentación diaria, cuenta con dispositivos electrónicos, ventilación, horno microondas, área de lectura, espacios para ejercitarse, además de contar con la visita de su familia sin restricción.
Por su parte, Ceballos cuenta con una medida cautelar de arresto domiciliario por razones de salud desde agosto pasado. El exalcalde de San Cristóbal, estado Táchira, fue aprehendido en marzo de 2014 y recluido en el Centro Nacional de Procesados Militares en Ramo Verde, estado Miranda, por desacato a una sentencia del TSJ.
El organismo judicial emitió un fallo que le ordenaba, junto a otros alcaldes de municipios gobernados por la oposición, a garantizar la paz y el orden público de San Cristóbal, ciudad que estuvo asediada en los primeros meses del año pasado por grupos violentos que promovieron las guarimbas en la entidad andina, como parte de La Salida.
Ceballos se negó a garantizar la paz ciudadana y como alcalde fomentó abiertamente la acciones violentas contra la población tachirense.
Fuente: AVN
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