Tras la derrota electoral del chavismo –la oposición alcanzó el 56% asegurándose una mayoría de dos tercios en el parlamento –, los grandes medios de comunicación presentaron las viejas explicaciones. Supuestamente, los «regalos sociales» del chavismo se han hecho impagables con la caída del precio del petróleo.
Esta explicación invisibiliza, sin embargo, lo más importante del chavismo: su disposición a enfrentarse a elites globales y nacionales. El hecho de que el precio del crudo volviera a subir en 1999 se debió en buena medida a la política internacional de Chávez. Gracias a su política de alianzas, fuertemente criticada entonces, los países miembros de la OPEP retornaron a la práctica de cuotas de extracción. Respecto a la política interior, la distribución de la riqueza también hubo que conquistarla.
Cuando el Gobierno empezó a intervenir la empresa nacional de petróleo PDVSA en 2002, obligándola a ceder las ganancias para programas sociales, las viejas elites organizaron dos intentos de golpe.
A qué se debe entonces la amplia mayoría de la derecha el 6D? En los últimos cuatro años, la crisis de Venezuela ha sido manifiesta: una terrible especulación inmobiliaria y de divisas, la inflación galopante y problemas muy serios de suministro. Los problemas económicos finalmente son de carácter estructural.
La economía venezolana depende completamente de las importaciones y el aparato estatal es tan ineficaz que roza la parodia. Ambos aspectos son llamativos si se tiene en cuenta que el chavismo ya en 1998 propagaba fomentar la producción nacional y que desde el 2007 se impulsaba la construcción de nuevas estructuras estatales vinculadas a la organización popular bajo el concepto del poder comunal.
El detonante inmediato de la crisis, no obstante, fueron los mecanismos de control cambiario y de precios. Con la subida de salarios y la regularización de las relaciones laborales se «democratizó» el consumo a partir de 2004. Para que las grandes cadenas comerciales no se apropiaran de los aumentos salariales mediante la inflación, el Gobierno estableció precios máximos para los bienes de primera necesidad.
Además, se impusieron serias restricciones al cambio de divisas para reducir la vulnerabilidad ante la especulación financiera. Para realizar transacciones internacionales, hay que solicitar dólares al Estado. Las divisas para la compra de alimentos o medicinas se consiguen de forma bastante más favorable.
Esta política no solo pasó el poder sobre miles de millones de dólares a la burocracia estatal, produciendo un terrible incentivo para la corrupción, más dramático aún ha sido que el acaparamiento y el contrabando de bienes de consumo básico se convirtieron en negocios extremadamente lucrativos. El Gobierno chavista no se cansa de señalar «la guerra económica del imperio» como responsable del caos en el país.
Según él, la derecha acapara ciertos productos para generar descontento social. Pero mucho más eficaz que este sabotaje político es la micro-racionalidad económica. En Colombia, la gasolina vale 30 veces más que en Venezuela, y gracias al cambio subvencionado de divisas la situación con los alimentos básicos es similar.
No puede sorprender por lo tanto que el occidente venezolano hoy día se dedique al contrabando y que los productos básicos subvencionados desaparecidos de los comercios venezolanos se vendan a precios muy favorables en Colombia.
Últimamente los movimientos de base han reprochado al presidente Maduro su falta de decisión en este y otros temas. Pero de hecho los problemas económicos son bastante complejos. Es casi imposible contrarrestar el contrabando: Venezuela tiene 4.600 km de frontera y una parte de los cuerpos de seguridad están involucrados en la economía ilegal. Una liberación de los precios y del sistema cambiario, mientras tanto, provocaría una ola inflacionaria todavía más grave, afectando sobre todo a los más pobres.
A ello se suma el hecho de que la política redistributiva del chavismo ha avivado aún más el consumismo en la sociedad.
Parece, sin embargo, que la única solución para frenar la especulación y el contrabando es la suspensión del sistema de precios y cambiario para que estos dejen de producir incentivos para la economía ilegal. Para evitar una situación de emergencia social habría que acompañar esta medida con la distribución directa de productos básicos. Tal como ocurrió durante el paro petrolero de 2002, esta tarea tendría que ser asumida conjuntamente por organizaciones populares y organismos estatales para que estos se controlen mutuamente. Además habría que impulsar, por fin, la producción nacional y particularmente agrícola.
Que los proyectos en este último campo hayan tenido poco éxito en el pasado se debe a que se han aplicado sin un debate en la sociedad, sin arraigo real en la organización popular y sin mayor planificación y gestión eficaz. Este problema no es de Maduro, sino que data de mucho antes. En 2005, el mismo Chávez llamó a la conformación masiva de cooperativas para impulsar la economía solidaria y productiva. En muy poco tiempo se crearon decenas de miles de proyectos.
Pero la campaña en absoluto se apoyaba en las experiencias del movimiento cooperativo existente ni generaba incentivos para la producción, así que tres años más tarde solo algunos centenares de las cooperativas habían sobrevivido.
Muy similar es la experiencia con la autogestión obrera en las empresas nacionalizadas. Eran muy contados los casos donde el proceso partía de una organización obrera sólida. Los aparatos sindicales y del PSUV buscaron el control sobre los consejos, mientras que la mayoría de las plantillas mostraba poca actividad.
En general, hay que constatar que el chavismo ha afectado muy poco las estructuras subyacentes de la sociedad venezolana. Justamente porque nunca ha sido un proyecto dictatorial, no ha podido confrontar el legado histórico de cien años de bonanza petrolera que resulta ser una verdadera maldición para el país.
Casi nadie en el chavismo ha reconocido lo que históricamente vertebra la economía venezolana: el saqueo de los recursos naturales para el mercado global y la apropiación parasitaria de la renta petrolera mediante prácticas clientelares o de corrupción en el Estado.
Cuando uno ha viajado a Venezuela en los últimos 17 años, siempre se ha sorprendido por lo poco que se discutía sobre economías alternativas y estrategias de transformación. La culpa la tenían las viejas elites y no las estructuras subyacentes.
El enorme poder (económico) del Estado y el culto a la persona alrededor de Chávez además han resultado ser un caldo de cultivo para el oportunismo político. Quien señalaba las contradicciones y problemas del proyecto bolivariano rápidamente fue considerado un adversario político. De esta manera, se han dejado de lado los problemas fundamentales del país más allá de las agresiones de la oligarquía y del imperio.
Aunque muchos lo piden, ya es muy difícil un golpe de timón. Es cierto que, a pesar de la situación dramática, el 40% sigue votando al chavismo. Pero no hay que engañarse –entre esos votantes hay muchos empleados del Estado que por conveniencia rápidamente pueden cambiar de bando.
Todo dependerá ahora de la reactivación de los movimientos de base. En Venezuela hay una larga historia de revueltas antineoliberales y de experiencias importantes del autogobierno desde abajo. El movimiento Campamentos de Pioneros ha construido barrios enteros en obras comunitarias y a pesar de la concordación dañina con la burocracia estatal, una parte de los concejos comunales han desarrollado una vida democrática autónoma.
Pero el problema es que el Gobierno sigue siendo chavista, así que las protestas populares no pueden constituirse en oposición al Estado. Además, la derecha antichavista bloqueará todo lo que pudiera fortalecer los movimientos de base. Si hay algo que odia más que al PSUV, es el empoderamiento de las clases populares.
Queda, sin embargo, un aspecto positivo del 6D: el chavismo perderá su atractivo para los oportunistas de modo que quizás se pueda dar el debate abierto y autocrítico que siempre se ha reivindicado pero nunca ha tenido lugar.
(*) Escritor, periodista y politólogo alemán.
Fuente: Naiz