Aproximadamente hace un mes presentamos los ocho errores graves encontrados en todo el proceso del proyecto más grande de América del sur, la mega obra Puente Chacao. Luego de dos meses de revisión de informes y prensa, opiniones de expertos, gestionamos una exposición a la comisión de obras públicas de la cámara baja, en el mismo congreso en Valparaíso.
En la oportunidad, cinco profesionales chilotes hicimos sentir nuestro pensar, y también entregamos datos concretos sobre deficiencias técnicas, faltas de respeto políticas y fundamentalmente, fraude, ilegalidades y posibles escándalos de corrupción.
El pueblo williche del archipiélago ha calificado de fraude a todo el proceso de consulta indígena hecho como parte del procedimiento del proyecto. Resulta ser que la consulta solo se aplicó a una de las cerca de 200 comunidades del territorio y a ninguno de los 3 concejos existentes.
Esto vulnera la ley chilena a través del incumplimiento de varios aspectos del convenio 169 de la OIT al cual Chile suscribe hace varios años.
La asociación de ingenieros de obras públicas (ANIOP), firmada por su directiva, funcionarios del mismo Mop, envió una carta de 5 páginas el 30 de mayo de 2014 al ministro Undurraga donde le señala textualmente que la decisión de licitar el proyecto está “fuera de las normas y leyes vigentes”.
La carta habla, además, de tráfico de influencias y que el proyecto no cumple con los procedimientos y exigencias establecidas en la legalidad vigente, para definir el uso de fondos públicos, tanto en forma como en fondo.
La empresa OAS dueña del 49% del contrato de la mega obra, está en proceso de quiebra en Brasil por escándalos de corrupción a políticos del caso Petrobras. Esta situación ha tenido repercusiones en varios países: en Ecuador, Colombia y Perú, las fiscalías están investigando los contratos de varias constructoras del vecino país, entre ellas a OAS, quien tiene a su presidente arrestado por denuncias de sobornos.
Chile, por transparencia y responsabilidad, debiera sumarse a estas fiscalías e investigar las mismas situaciones.
Considerando la gravedad de los hechos, estamos gestionando reuniones con ministros y otras autoridades, puesto que creemos que es fundamental que se fiscalice e investigue, que se transparente todo el proceso previo a licitar, la licitación misma, los contratos y la situación actual del proyecto.
A la luz de estos nuevos antecedentes, se hace imprescindible para Chile, para Chiloé y para la imagen internacional del país, que se sepa toda la verdad tras estas vergonzosas situaciones, en un proyecto que además, no soluciona nada prioritario ni urgente para nuestros habitantes.
Fuente: El Quinto Poder
