Desde al menos 2010 hasta que se detectó, en 2014, un oscuro mecanismo montado por oficiales y suboficiales del Ejército, del Comando de Apoyo a la Fuerza y la División de Mantenimiento, valiéndose de facturas falsas y otras triquiñuelas con proveedores truchos, robó miles de millones de pesos provenientes del Fondo Reservado del Cobre. El 20 de mayo de 2011, durante el Gobierno de Piñera, ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley que derogaba la Ley Reservada del Cobre y establecía un «nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional». El factor común que reúne ambos hechos es el misterio.
Cinco años después, se sabe tan poco del uno como del otro. En la práctica, en el primer caso ni siquiera se sabe el monto de lo defraudado, mientras que el viejo truco de los pactos de silencio ha protegido, hasta ahora, a los oficiales superiores. En el segundo, lo último que se supo fue la aprobación de la idea de legislar por la Comisión de Defensa del Senado, el 28 de
marzo de 2013.
La Ley Reservada del Cobre fue creada en 1958, bajo el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, y modificada en 1973 y en 1985 por la dictadura de Pinochet.
La ley Nº 13.196 establece que el 10% de las exportaciones de Codelco debe destinarse al financiamiento de compras militares, el piso de ingresos que rige hasta hoy y la reajustabilidad del mismo; todo esto sin el menor control del aparato del Estado.
Hasta 2004, esas platas se repartían en partes iguales entre el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, con un piso de unos US$ 220 millones por cada rama, más las asignaciones adicionales aprobadas por el Gobierno.
Para evitar la discusión que se habría generado con el envío de un proyecto de ley, la entonces ministra de Defensa, Michelle Bachelet, optó por quitarles a las Fuerzas Armadas el control de esos dineros a través de una interpretación de la ley, medida que fue visada por la Contraloría: los dineros que estuvieran por sobre el piso establecido para cada institución serían administrados por el Gobierno a través de una cuenta especialmente creada para esos fines.
Desde enero de 2011, además, mediante un decreto supremo se determinó encargar el cuidado de los fondos acumulados al Banco Central.
Durante la última década, Codelco ha transferido US$ 11.726 millones al fisco para compras militares según las memorias de esa corporación, de los que se han gastado US$ 6.472 millones.
El 20 de mayo de 2011, con la firma de Piñera, de Andrés Allamand como ministro de Hacienda y Felipe Larraín como ministro de Hacienda, ingresó a la Cámara de Diputados el boletín N° 7678-02, que establecía un «nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional».
En rigor, la Concertación en septiembre de 2009, durante el primer Gobierno de Michelle Bachelet envió un primer proyecto que buscaba derogar Sin embargo, como dice elípticamente el mensaje del boletín , «el proyecto tuvo una intención valiosa, pero insuficiente para corregir las múltiples deficiencias del mecanismo», lo cual debe leerse como el rechazo de la derecha en el Congreso.
Entre las principales definciencias apuntadas en el proyecto de Piñera, esta el hecho «que en una materia de tanta relevancia para el país, como es la adquisición de material bélico, el Congreso está excluido de la discusión», tras lo cual añade: «no se ve razón alguna, ni política, técnica o de cualquier otra índole, que justifique que un bien público por excelencia, como es la defensa nacional, no se discuta de cara a la ciudadanía que los legisladores representan».
Tampoco faltaba la invocación al mito neoliberal de la eficiencia:
«Un mecanismo de financiamiento que funciona por un carril propio distorsiona la planifi-cación estratégica de mediano y largo plazo. Así, los proyectos de compra de equipamiento bélico, en la práctica, se desligan de sus gastos de operación y sostenimiento, al pro-venir de fuentes distintas que no se coordi-nan a fin de producir soluciones eficientes. De esta manera, el mecanismo actual, sobre todo en períodos de buenos precios del co-bre, privilegia la inversión en equipamiento y desatiende los gastos de su operación y sostenimiento.
Tampoco ayuda a una correcta asignación de recursos el hecho que, más allá de las prácticas acordadas a partir de 2003, los ingresos definidos por la ley Nº 13.196, Re-servada del Cobre, se dividan por tercios iguales para cada una de las Instituciones de las Fuerzas Armadas. Esto impone una res-tricción inapropiada a la planificación ra-cional de la defensa y puede encarecer su satisfacción».
El proyecto de ley de Piñera reconocía dos fundamentos, transparencia y calidad de la gestión presupuestaria y madurez del sistema político, mientras que distinguía entre el financiamiento de las actividades generales y el financiamiento de capacidades estratégicas.
Para las primeras mantenía el financiamiento anual en el Presupuesto de la Nación, mientras que para las segundas, introducía un sistema de financiamiento compuesto de un presupuesto de cuatro años y de un Fondo de Contingencia Estratégico, para enfrentar situaciones especiales, pero también cuando exista una oportunidad ventajosa de compra de material bélico, «siempre y cuando éste haya sido apropiadamente evaluado y planificado».
El proyecto establecía que los gastos que demande este financiamiento se ajustarán a la normativa que rige la Administración Financiera del Estado y creaba un mecanismo de control e información, el cual postulaba que los gastos en material bélico serían identificados en decretos conjuntos de los Ministerios de Defensa y Hacienda.
El 13 de junio de 2012, el proyecto fue a´probado en primer trámite constitucional por la Sala de la Cámara de Diputados en general y en particular a la vez. El 4 de marzo de 2013 fue aprobado por la Comisión de Defensa del Senado, y el mismo día pasó a la Comisión de Hacienda.
Desde ese día, del bendito proyecto nunca más se supo.
En abril de 2014, el entonces ministro de Defensa, Jorge Burgos, informó que el Gobierno impulsaría el proyecto de ley que deroga la Ley Reservada del Cobre. Es más, Burgos explicó que no sería mediante la presentación de un nuevo proyecto, sino sobre la base de indicaciones sustitutivas al proyecto ingresado por la administración de Piñera.
Desde entonces, tampoco se ha sabido de las dichosas indicaciones sustitutivas.
El 1 de septiembre pasado, el presidente de la Comisión de Defensa del Senado, Alejandro Guillier, informó que se solicitó al ministro de Defensa, José Antonio Gómez, que la actual legislación sea modificada y asigne fondos plurianuales a las instituciones de la Defensa Nacional. A la fecha, tampoco nada.
La única conclusión posible apunta a que después del «ejercicio de enlace» y el «boinazo», el sistema político chileno aprendió que el lobby armado del Ejército es un monstruo grande y pisa fuerte.
DrD.
Ley Reservada del Cobre: Exclusividad de las Fuerzas Armadas que permite Disponer del dinero Proveniente del Cobre sin Supervisión Alguna
Desde el año 2011 un fraude al interior del Ejército permitió que cerca de dos mil millones de pesos fueran destinados a financiar necesidades personales de algunos altos mandos: terrenos, vacaciones, fiestas y caballos aparecen en la lista.
La Ley Reservada del Cobre tiene como finalidad entregar financiamiento a las Fuerzas Armadas, y éstas no rinden cuentas de los gastos. No hay evaluación ni revisión externa, hasta que se cometió un error tremendo.
Desde el año 2011 en adelante sistemáticamente se desviaron fondos provenientes de la Ley Reservada para finalidades personales. Investigaciones preliminares indicaron que algunos de estos dineros fueron utilizados en el pago de fiestas personales, la compra de propiedades y de caballos.
Es por esto que la Cámara de Diputados aprobó la solicitud emanada desde la Comisión Especial Investigadora. Tanto la Justicia Militar como la civil se encuentran pesquisando el fraude que podría superar los dos mil millones de pesos.
Las reacciones frente a la medida en la Cámara
La medida investigativa fue planteada por la bancada de diputados DC, y busca «indagar las responsabilidades que permitieron el fraude fiscal ocurrido en el Ejército a través de la apropiación indebida de fondos derivados de la Ley Reservada del Cobre entre los años 2011 y el presente», indica la información oficial.
«También, establecer las fallas en el sistema de control del gasto en defensa acaecidos en este proceso, analizando el procedimiento a través del cual se seleccionan los proyectos que involucran gastos en sistemas de defensa. Y, que se transparente donde se encuentran los fondos de la Ley Reservada del Cobre, analizando su forma de administración y fiscalización del uso de los mismos», da cuenta la iniciativa.
Para el diputado DC René Saffirio la situación requiere un cuidado y un tratamiento detallado:
«Hay dos cosas que destacar, lo primero es señalar que en democracia es indispensable transparentar no solo los montos, sino que los mecanismos de financiamiento del gasto militar. Hay un conjunto de materias que deben mantenerse con carácter reservado por razones obvias, pero la ciudadanía hoy día exige mucha mayor transparencia e información respecto de un gasto que tiene un volumen que incide claramente en la ejecución de un conjunto importante de políticas sociales que se ven retrasadas. Nosotros, y esto es una opinión personal, no comprometo con ello a nadie más, creemos que no se justifica la existencia de una ley secreta para financiar el gasto militar en Chile».
Consultado el diputado Saffirio sobre la investigación que desarrollará la Comisión explicó que «cuando se trata de investigar un ilícito, lo que las comisiones investigadoras hacen es establecer responsabilidades políticas de los actores involucrados, y como se trata de actores que son funcionarios públicos, en este caso uniformados que son parte del Ejército de Chile, tienen la obligación de concurrir a las comisiones investigadoras, y veremos allí qué materias de las pesquisas pueden ser transferidas, de acuerdo a las actuales normas, a los ciudadanos, y cuáles deben mantenerse en reserva con el objeto de hacer una investigación eficiente, seria, y que resulte como consecuencia de una lógica transversal de transferencia de información hacia los ciudadanos, que es lo que hoy día está reclamando el país entero», comentó el diputado.
En tanto el diputado Jaime Pilowsky (DC), de la comisión de Defensa del parlamento, al referirse a la necesidad de constituir la comisión investigadora indicó que «por la naturaleza y el monto defraudado, como por faltas y las deficiencias en los mecanismos de control, era absolutamente necesario tener una comisión investigadora en la materia. A partir de su conformación y junto con analizar las causas y diseñar propuestas en los sistemas será relevante iniciar una discusión profunda sobre las modificaciones que se deben realizar en la Ley Reservada del Cobre».
«Tal como lo ha planteado la comisión Engel, la Ley Reservada del Cobre no es transparente y en la práctica existe poco control sobre estos fondos. Creo que a partir de estos hechos podemos iniciar, no solamente una investigación sobre los controles y las responsabilidades en el caso sino que también tenemos la posibilidad de discutir un tema de fondo, como lo es la Ley Reservada del Cobre», expuso el diputado democratacristiano.
Fuente: Cambio 21
