La concepción tradicional del liberalismo es que es una doctrina política que busca separar claramente la esfera privada, la pública y la estatal. Esta última tiene como único rol garantizar la seguridad, a través de su rol de garante, para que los actores puedan libremente ejercer sus actividades en las otras dos. Por lo cual se entiende que lo que se busca es un Estado reducido y controlado por la sociedad civil, lo que lleva a su transparencia y a un control continuo de la ciudadanía sobre él.
Este control por lo tanto no se limita a una crítica de los derechos humanos de segunda y de tercera generación, que tanto se ha escuchado en el liberalismo nacional en estos últimos años, sino que debería también basarse en una férrea defensa de los derechos humanos de primera generación –los derechos negativos–, que buscan controlar el poder represor del Estado.
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Como el Estado tiene el monopolio legítimo de la violencia en su rol de garante del orden y de último árbitro, entonces sus acciones no pueden ser comparadas con las de los otros actores sociales, ya que tiene el único poder que lleva en sí la potencialidad de mutar en tiránico. De ahí que en el liberalismo se celebre la existencia de los habeas corpus, la existencia de una justicia
independiente y de una crítica al poder de control que puede tener la policía: son las barreras las que evitan el desarrollo de esta potencialidad.
Lo sucedido el 21 de mayo a Paulina Estay y Rodrigo Avilés debería ser por lo tanto un test fácil para el liberalismo chileno. Carabineros hizo uso de unos medios represivos excesivos contra una organización de la sociedad civil, lo que terminó con una persona perdiendo conciencia y con otra al borde de la muerte. Tras ello mintió a la opinión pública, ya que indicó que un supuesto informe de 200 páginas demostraba que era imposible que el traumatismo de Rodrigo Avilés se hubiese producido por un chorro de agua del guanaco.
Lo hizo pese a que desde el principio los testigos afirmaron que Carabineros tenía responsabilidad directa en el hecho y que uno de los argumentos de este informe, el peritaje a las zapatillas de Rodrigo Avilés, fuese puesto en entredicho inmediatamente. De forma inquietante Carabineros mantuvo su versión hasta que la evidencia fílmica fue tal, que tuvo que replegarse a la línea de culpabilizar al pitonero de lo sucedido.
Frente a este ejemplo de fuerza arbitraria del Estado –en que la misma institución que cometió el ilícito es la encargada de hacer la investigación y establecer sanciones– lo esperable, por lo menos si uno se atiene a los principios que proclaman profesar los liberales, hubiese sido una férrea crítica al accionar de Carabineros.
Sin embargo, lo (casi) único que hay es silencio.
Un extraño silencio. Entendible, excusable, pero aun así extraño para los miembros de Red Liberal, para Velasco (que se limitó a escribir en Twitter: “Espero que Rodrigo Avilés y policías lesionados se recuperen”, estableciendo una equivalencia entre la violación de derechos humanos cometido por la fuerza pública y los delitos penales de una acción delictiva) y para otros políticos liberales. A fin de cuentas la acción política exige ocultar, omitir o derechamente mentir sobre sus principios con tal de lograr sus objeticos electorales.
Pero este silencio pasa a ser inexcusable en el caso de los académicos liberales y de los think tanks de esta corriente de nuestro país. Basta pasearse por los Twitters de Patricio Navia, Axel Kaiser y otros ilustres defensores del Estado mínimo para observarlo. Al parecer su liberalismo se limita a evitar la expansión de los derechos humanos de segunda generación, pero no para defender los de primera.
Mención aparte merece Jean Masoliver, de la Fundación para el Progreso, quien en una columna defiende la acción represiva de Carabineros y hace el truco retórico de equiparar el liberalismo con la defensa de la propiedad privada.
Al hacerlo olvida una de las premisas de base del liberalismo, que es que el derecho a la propiedad privada solo puede ejercerse por seres vivos, por lo que el derecho a dar muerte se limita a contadas ocasiones (defensa propia, guerra) y si se vulnera el derecho a la vida siempre se está vulnerando el derecho a la propiedad privada, ya que parte por la posesión del cuerpo del sujeto por sí mismo. La agresión por parte de Carabineros a Rodrigo Avilés no entra ni dentro del marco de la defensa propia –no era una amenaza para la vida de nadie–, ni de una situación
de guerra, por lo que debería ser considerado un ataque directo del Estado al principio de base del liberalismo.
Lo sucedido en Valparaíso debería llenar de indignación al movimiento liberal chileno, de la misma inflamada indignación que tantas veces han mostrado frente a las reformas del actual Gobierno. Y, sin embargo, nuestros liberales siguen en casi completo silencio.
En un cómplice silencio.
(*) Cientista político, Universidad Católica de Lovaina.
Fuente: El Mostrador
