El gran vencedor de las elecciones presidencial, parlamentaria y consejeros regionales, ha sido la no participación de la ciudadanía en un acto que para muchos es un fraude; para otros es la indiferencia, o el hastío, o aún existe el “consumista aspiracional” defraudado por ofertas que nunca se cumplieron. Pero sobre todo es la conciencia de la ciudadanía sobre la gran inequidad que rige las relaciones sociales en Chile, y la impactante responsabilidad que tiene el conjunto de la clase política en una situación que se arrastra por décadas.
Contra todo pronóstico de una gran victoria en primera vuelta Bachelet deberá bregar en una segunda por los 18 puntos de 6 de los 7 candidatos de la izquierda que quedaron en el camino. De hecho con 4 puntos cumple con la tarea del 51%. Para Matthei, con su 25% la tarea es dura por no decir imposible. Once puntos la separan del 36% que obtuvieron sus parlamentarios. Si los obtiene le quedarían todavía 15 más por conquistar y aún bajo el supuesto que Bachelet fallara en la tarea por sus 4 puntos. Hasta ahí la calculadora.
Lo incomprensible para la clase política es que la ciudadanía, aquella que no fue a votar, es decir, 52% del electorado, independiente de la razón que la motivó, no está llana a comprar la oferta que las candidatas proponen. Veinte años de Concertación, duopolio exactamente, y 4 de Alianza es historial suficiente para entender lo que hay detrás de los programas.
Como si no existiera, ninguna candidatura menciona siquiera el recurso fundamental en base al cual vive y se reproduce la economía chilena: el cobre. Ninguna de las candidatas menciona su recuperación soberana para la República. La razón es clara: ¿Cómo enajenarse a los empresarios de las transnacionales principales donantes de ambas candidaturas?
¿Cómo creer las propuestas de las candidatas cuando Alianza y Concertación en casi 24 años de gestión se han negado sistemáticamente a abordar los privilegios irritantes que dividen irremediablemente la sociedad chilena?
El mayor son las exenciones tributarias que alcanzan a más de 12 mil millones de dólares, donde el 75% proviene de ítems del Impuesto a la Renta; un 19% del IVA y un 6% del Impuesto específico a los combustibles.
Agréguese a ello el FUT (Fondo de utilidades tributarias), que se mantuvo en todos los gobiernos de la Concertación, y por supuesto en el gobierno de la Alianza, que según estimaciones se eleva a US$ 138.257,3 millones, monto que no paga impuestos.
Organizaciones internacionales como el FMI y la OCDE, a las cuales pertenece Chile, han notificado al gobierno que estas situaciones de privilegio debieran ser eliminadas del sistema económico financiero del Estado.[1]
¿Cómo pedir mayor participación en las elecciones cuando existe conciencia de la inequidad social mantenida sistemáticamente por el Duopolio que hoy recorre Chile ofreciendo medidas salvadoras?
En marzo de 2013 se dio a conocer un estudio de economistas de la Universidad de Chile, quienes basados en datos del Servicio de Impuestos Internos establecieron el escándalo de una distribución del ingreso personal total de más de 30% para el 1% más rico, 17% para el 0,1% más rico y más de 10% para el 0,01% más rico en promedio durante el periodo 2004-2010.
El estudio agrega que “la participación del 0,3% más rico (aproximadamente 23.000 contribuyentes sobre un total de 8,2 millones) es de un poco más del 6%. Por otra parte, el 81% más pobre de los contribuyentes, cuyo ingreso medio es de US 338 (poco menos de 160 mil pesos) por mes y que gana menos de US 1.096 (518 mil pesos) al mes, recibe sólo 34,4% del ingreso total. Es decir (…) se obtiene que el ingreso per cápita del 1% más rico es 40 veces mayor que el ingreso per cápita del 81% de la población.”
¿Cómo prometer mayor crecimiento cuando este favorece a los ricos? No es extraño que esta situación lesione bienes públicos elementales como educación, salud, vivienda, pensiones, el medio ambiente y el agua, que se han transformado en el negocio por excelencia de los grupos económicos. Esta realidad, basada en el poder de los que rehúsan encarnizadamente cambios al sistema tributario, muestra el negro futuro de cualquier propuesta democratizadora en el ejercicio de los bienes públicos señalados. En este contexto, la Constitución de 1980, y las reformas cosméticas introducidas en 2005, que consagran dichos bienes como garantías constitucionales, son en los hechos letra muerta.
Todo esto ha sido denunciado, en una u otra forma, por los movimientos sociales y por los 7 candidatos presidenciales que no accedieron a la segunda vuelta. Las candidatas del Duopolio han anunciado sueldos éticos, bonos, subsidios a jóvenes y mujeres vulnerables, nuevos puestos de trabajo, pensiones solidarias, rebajas de las contribuciones a la tercera edad, etcétera…
En lo fundamental, nada nuevo ha surgido desde que la revolución de los pingüinos en 2006 instaló los grandes temas en la calle. Su movimiento fue traicionado. A la LOCE sucedió la LEGE, y el lucro en la educación continuó bajo formas soterradas pero no menos eficientes.
Sin embargo, la presencia de los movimientos de estudiantes, frentes sindicales, pobladores, empleados, en la calle terminó dictando la agenda política del país. Esta vez la contradicción entre el dicho y el hecho salió a la calle. Es discusión permanente, sacude la sociedad chilena, e impide en la raíz participar en el acto eleccionario en una verdadera huelga electoral.
Lo que se avecina en el corto plazo está claro: sea quien fuere la elegida no habrá período de gracia. Es más, la escasa convocatoria de ambas candidaturas y los quórum exigidos plantean una duda insoluble acerca de las reformas propuestas.
Asumiendo el envío de las reformas tributaria, educacional, cambio al nominal y nueva Constitución al parlamento por el próximo gobierno de la Nueva Mayoría (Concertación + PC) sólo la reforma tributaria cuenta para su aprobación: basta la simple mayoría: 51% de los parlamentarios elegidos.
La gratuidad de la educación necesita de los 4/7, esto es 69 diputados y 22 senadores. Deberá negociarse con la Alianza y los independientes. El cambio al binominal y la nueva Constitución deberán seguir el mismo camino: el primero exige de 3/5, esto es 72 diputados y 23 senadores y el segundo necesita de los 2/3, esto es 80 diputados y 25 senadores. Agreguemos que el cambio cosmético al binominal –eliminación del “guarismo 120”– fracasó el 20 de noviembre pasado por la inasistencia de diputados de la Concertación y Renovación Nacional a la sesión de la Cámara. Las intenciones quedan claras. La opinión pública registra.[2]
La escasa representación del próximo gobierno de la República debe medirse según el total de los votos válidamente emitidos (6,5 millones) y su relación con el total de inscritos (13,5 millones).
Según estos parámetros la participación de la ciudadanía en la elección fue de un 48,1%. La votación de la Nueva Mayoría fue de 46,68%, por lo cual la representación relativa del gobierno de Bachelet, si se mantienen los parámetros de la primera vuelta será de sólo 22,5% (= 0,481 x 0,4668) –, 23% que puede ser menor aún si la no participación aumenta en la segunda vuelta.
El contenido de las propuestas que hoy se vocean en la calle fija una vara muy alta: transformar los movimientos sociales en fuerza política. Eso significa transformar la movilización en programas y proyectos. Sin embargo, hay mucho avanzado y pienso que sobre eso debe construirse en el futuro. Los ingleses inventaron una institucionalidad paralela. Lo llaman el gobierno en la sombra. Creo que es el momento de buscar en los mecanismos, la comunicación, las vocerías instaladas por los movimientos sociales una institucionalidad paralela a la actual obsoleta y deslegitimada.
La lista de acciones y proyectos presentados, y otras tantas veces ignorada, es larga y se agrega a la cadena de frustraciones que jalona el largo camino republicano. Mencionemos esas experiencias frustradas.
Es el caso del estudiantado que desde hace 7 años a la fecha ha depositado sus propuestas en todas las instituciones del Estado y reuniones en las cuales ha participado; es el caso de los pobladores y deudores habitacionales por el derecho a la vivienda y a un trato justo; es el caso de los empleados fiscales, del profesorado, de los pensionados; es el caso del Comité por la defensa del cobre cuyas propuestas han sido depositadas en comisiones conjuntas del Senado y la Cámara de Diputados, es más, graves denuncias por violaciones a garantías constitucionales han sido depositadas ante el Tribunal Constitucional; es también el caso de los movimientos ecologistas y defensa del patrimonio nacional en contra del proyecto Hidroaysén; distinguidos juristas se han constituido en la Región de la Araucanía para defender legítimas aspiraciones del pueblo mapuche y la aplicación del decreto/resolución 169 de Naciones Unidas…..
¿Cómo desconocer el gran movimiento por una Asamblea Constituyente, transformado hoy en un Foro permanente de la ciudadanía?
No se puede construir la democracia con instituciones obsoletas y deslegitimadas. La voz de la ciudadanía que no votó porque entendió la futilidad del ejercicio dentro de un sistema que naufraga en sus inconsecuencias, debe ser sin más trámite la raíz de una nueva institucionalidad donde quepan los Pueblos Originarios, los trabajadores, los estudiantes, pobladores, la ciudadanía en su conjunto, como manifestación central de la soberanía de la Nación.
