Sin duda, la notable decisión del Presidente Sebastián Piñera de cerrar el Penal Cordillera y trasladar sus internos a Punto Peuco se inscribe dentro de los hitos en la lucha por verdad y justicia en el marco de los 40 años del Golpe. Por cuanto esta presunción de pérdida del privilegio para violadores a los derechos humanos, supone el menoscabo del reconocimiento implícito que significaban sus condiciones carcelarias, de ser los ganadores del conflicto político que se vivió en Chile premiados con estas regalías, pese a sus crímenes.
Después de todo, la gracia de la privación de libertad es que expresa la reprobación de la sociedad hacia el ilícito y los privilegios concedidos aminoraban esa reprobación. La pérdida de estos privilegios, convierte lo que se supuso como punto final en lo que debiera ser; un punto suspensivo. Así, pese a que Punta Peuco no es la Cárcel de Alta Seguridad, la carga de valor simbólico de esta medida transciende por mucho su efecto real.
El cierre de Cordillera representa un golpe y una derrota moral para los violadores de los derechos humanos y una vez más, es la indolente actitud de Manuel Contreras y de los suyos, la que muestra lo mucho que falta por avanzar en materia de reconocimiento por parte de los responsables de los crímenes, toda vez que ninguno de ellos ha pedido perdón y ni siquiera reconocen los hechos.
Como muestra un botón, volvieron a aparecer los carteles que señalan que los detenidos desparecidos están en Europa. Es por eso que el pasado sigue abriendo heridas porque quienes las provocaron desconocen adrede la verdad.
Por lo demás, los privilegios no son solo carcelarios, sino también en la pena. Hace pocos días se ratificó la condena a un acusado de colocar artefactos explosivos a cinco años de privación de libertad, hecho que no consignó un muerto, ni un lesionado, solo un banco con daños menores.
Sin embargo, la destrucción de La Moneda por parte la Fuerza Aérea, no tuvo ningún castigo y hay quienes dentro del Cordillera, por mucho más que daños, tienen penas similares. Es decir, no solo hay desigualdad en el cumplimiento de la pena, hay también desigualdad en la aplicación de la ley e incluso, en su propia formulación ya que a ninguno de los ex militares procesados, se les aplicó la ley antiterrorista.
Este status de privilegio que tienen los genocidas, y que tuvieron siempre, subyace en su disconformidad. Ellos entienden que deben tener otro trato, porque en la realización de los hechos imputados no obraron, sino en nombre de la Patria que ven representada en los ricos, como – el reciente querellado por instigar el Golpe Militar como agente predilecto de la CIA- Agustín Edwards.
Es un hecho evidente, discutido pero evidente, que el Golpe de Estado no fue consecuencia de la inconstitucionalidad de los actos de Salvador Allende, sino resultado de un plan diseñado para conspirar mediante la desestabilización, a crear condiciones de caos para obtener la necesaria justificación a una intervención militar.
En palabras de Karl Von Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Afortunadamente, la Patria no la representa Agustín Edwards, Pinochet no es heredero de Bernardo O´Higgins y ellos no son soldados valientes.
Por ende, no pertenecen a ninguna casta privilegiada. Los soldados valientes y otros repudiables eufemismos, resultan una afrenta.
Luís Cortés Villa, representante pinochetista, más por lealtad que por convicción, dice que la muerte de Odlanier Mena es responsabilidad del Presidente. ¿Acaso esto es una broma? Mena estaba preso por crímenes cometidos en 1973 en el marco de la Caravana de la Muerte, año en que Piñera estaba en Estados Unidos.
Si Mena hubiera roto el pacto de silencio, probablemente no habría estado preso aportando con su testimonio a la reparación de la sociedad chilena. En la misma línea, expresar que hay una prisión injusta como lo hizo el abogado René López, resulta totalmente incomprensible. Todos los militares tuvieron las máximas garantías procesales a diferencia de los más de 40 mil presos que hubo en dictadura, muchos de ellos detenidos sin acusación y asesinados extra judicialmente.
¿De qué habla ese sujeto?
También el diputado Jorge Ulloa alega que el cierre del penal afectará la salud de los internos. Sin embargo, nadie ha ordenado la paralización de su atención médica. De hecho, Manuel Contreras recibe atención de diálisis tres veces por semana, seguramente de hemodiálisis, atención que no todos los chilenos reciben, menos los presos.
Porque si hay algo en que no se puede caer, es en violar los derechos humanos de estos condenados, y eso demuestra que no existe el revanchismo que muchos en la derecha afirman. Justicia, nada más, pero nada menos.
Dicho sea de paso, quien conozca las cárceles chilenas sabrán como son las visitas a los presos, las degradaciones que sufren – sobre todo las mujeres – con las revisiones físicas, la falta de información, los traslados inciertos y no comunicados, la prepotencia del personal, la revisión de las encomiendas, etc.
Nada de eso ocurre con estos presos cuyos familiares los visitan en autos, con grandes encomiendas y sin que les revisen sus cuerpos, y es precisamente este desconocimiento que parecen tener sobre cómo vivimos los demás. El mayor problema de quienes detentan privilegios por el aliento que reciben con este trato, asumiendo actitudes cada vez más peligrosas para el resto de la sociedad.
En las horas finales del penal, tanto RN como la UDI tienen la oportunidad histórica de dar un paso real hacia la reconciliación. ¿Están o no de acuerdo con este traslado? ¿Es Manuel Contreras un enajenado mental que ha quedado solo o representa realmente la convicción de la visión histórica de la derecha de que el terrorismo de Estado se justifica y se niega al mismo tiempo?
Ya Matthei dio un paso y respaldó a Piñera. ¿Qué hará Melero y Larrain? Esa es la interpelación que hay que hacer y no centrarse en si Bachelet cerrará Punta Peuco, porque si hay algo que deja claro esta historia y el capítulo que termina, es que el terrorismo de Estado en Chile lo ejerció la derecha. Ésta es su oportunidad para redimirse y comenzar el nuevo capitulo, ojala no lo desprecien para que podamos conocer toda la verdad.
(*) Abogado, encargado del Área Legislativa, ICAL, asesor Comando Nueva Mayoría.
