No existe una escuela de ética para “el empresario”, como también no es requisito el tener estudios superiores para ser empresario. La única condición, es tener capital propio o prestado para iniciar un negocio. Una conclusión de perogrullo, es que formaciones débiles en lo valórico, tienen igual propensión a la corrupción, tanto en el ámbito político como empresarial.
Desde las medianas empresas, estos empresarios se ven necesitados de profesionales egresados de escuelas de negocios o facultades universitarias, en cuyas aulas debiera equilibrarse el natural y legítimo afán de lucro, con los derechos sociales de sus trabajadores y el respeto por los espacios públicos y naturales de su entorno.
¿Cuál es la situación real en nuestro país?
Los profesionales contratados son evaluados por la rentabilidad de su gestión; los derechos de los trabajadores son un mal necesario, costos fijos contra la rentabilidad y, el respeto por el medio ambiente, es considerado “una traba” o amenaza al negocio o a esa visión de desarrollo.
Con respecto a la legislación vigente, abunda el resquicio, el desapego o, simplemente la norma general es la violación inmune del ordenamiento jurídico a favor del lucro desmedido, todo ello, por la nula capacidad fiscalizadora de un Estado minimizado, bajo la inspiración teórica de una política de la “autorregulación empresarial”, otra gran mentira del modelo.
Los resultados de esta realidad son las verdaderas causas del desequilibrio social, del aumento de la delincuencia, de la prostitución, en definitiva, el fundamento teórico basado en la “injusticia e inequidad” de que se nutren los movimientos sociales para manifestarse de manera creciente contra el actual estado de cosas.
Los empresarios solicitan orden para el normal desarrollo de sus actividades, lo que deriva en un crecimiento del aparato represor, aumentando el gasto para regular consecuencias, en vez de orientarlo a las necesidades de la cuestión social.
Experiencias de los últimos años en países desarrollados, han dado resultados esperanzadores para disminuir la presión social y generar condiciones más favorables hacia las clases trabajadoras y sus entornos culturales y naturales.
Ha quedado atrás la llamada “responsabilidad social empresarial” (RSE), basada en el rol “filantrópico” de los empresarios, y, se ha fundado la llamada política de “ciudadanía corporativa”.
La RSE, básicamente se conduce a través de las diferentes oportunidades que generan las opciones legislativas para “donar” recursos en diferentes áreas del desarrollo social, llámese cultura, educación, deporte o medio ambiente, entre otras. Una suerte de dispersión legislativa que hace engorroso el trámite a las causas justas y, una excelente oportunidad para quienes buscan lucrar con la “pillería” del sistema.
La ciudadanía corporativa en cambio, busca la inclusión de todos los actores sociales en objetivos ciudadanos comunes.
Empresarios, trabajadores y vecinos son capaces de proponer visiones comunes de desarrollo para una unidad territorial, se discuten beneficios colectivos y particulares; se definen líneas de base sobre problemas de contaminación; se crean mesas de trabajo y se proyectan líneas de capacitación laboral, de acuerdo a las necesidades de las empresas que se emplazan en la unidad territorial.
Esto, además de otros beneficios directos, como las mesas de trabajo e instancias de solución de conflictos, que operados en estas condiciones, dejan de escalar hacia conflictos y manifestaciones públicas, que generan riesgos innecesarios a vecinos y empresarios.
A diferencia de estas consideraciones, es recurrente constatar en Chile la práctica corruptiva de empresas que manejan pasivos ambientales, de “comprar o cooptar a dirigentes comunitarios” mediante empleos o dinero mensual, de modo que puedan controlar las manifestaciones sociales y así, evitar altos costos de inversión para controlar los eventuales “accidentes contaminantes”.
La ciudadanía corporativa entonces, surge como una interesante opción para las medianas y grandes empresas, que generalmente se encuentran instaladas en sectores poblacionales de bajos recursos y altos niveles de vulnerabilidad, para compartir un mejor clima social con el entorno y mejores condiciones de seguridad para sus trabajadores y familiares.
Los “aportes” de la empresa, pasan de ser “donaciones filantrópicas” a “inversiones estratégicas” de planes e intereses a mediano y largo plazo de la gestión empresarial, lo que inevitablemente generará un mejor clima laboral, mayor productividad y por sobre todo, un nuevo pacto social que aporte a una suerte de economía ética en el país.
