Una investigación interna de 2011, a cargo de un coronel de inteligencia, muestra que el Ejército sabía desde entonces la existencia de un mecanismo fraudulento mediante el cual oficiales y suboficiales de la institución se apropiaron de fondos de la Ley Reservada del Cobre, por un monto que ya supera los diez millones de dólares. A pesar de que el informe recomendaba trasladar a los sargentos Millaray Simunovic, en la foto, y Claudio González de la División de Mantenimiento, eso no ocurrió, y ambos permanecieron en sus cargos hasta su detención, unos días atrás. Por el caso ya están detenidos un coronel, cuatro suboficiales y un empleado civil del Ejército.
Las millonarias defraudaciones a la Ley Reservada del Cobre superan los diez millones de dólares, solo entre 2011 y 2014, según estimaciones entregadas al periódico electrónico The Clinic.
Además de Raúl Fuentes Quintanilla, las otras empresas indagadas hoy son Frasim, Inversiones Capellán, Pedro Salinas, Tajamar y Waldo Pinto.
Esta causa, que involucra unas 2.500 facturas supuestamente irregulares, ya suma cinco detenidos hasta ahora. Desde junio de 2014 están presos en el Regimiento de Telecomunicaciones el coronel Clovis Montero y el cabo Juan Carlos Cruz. Desde el jueves pasado, están encarcelados también el suboficial Claudio González, el suboficial Miguel Escobar y la sargento Millaray Simunovic.
La PDI, según la misma publicación, habría encontrado una imagen, fechada el 21 de noviembre de 2013, en la cual aparece el desglose de repartición de una factura por 90 millones de pesos, donde figura un porcentaje de 20 por ciento para el proveedor, un 40 por ciento para “rgto. log.” y el resto a dividir entre cinco personas.
La investigación de la fiscal Paola Jofré acumula ya 20.000 fojas de antecedentes sobre adulteración de firmas, pagos irregulares y bienes de los investigados.
En estos documentos periciales queda además claro que fallaron todos los controles en un área reservada de la Defensa nacional que ni siquiera puede ser supervisada por la Contraloría General de la República.
El Ejército durante años pagó facturas ideológicamente falsas, facturas no autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos o facturas denunciadas por robo.
En cifras, las Fuerzas Armadas recibieron entre los años 2000 y 2015 unos 20.000 millones de dólares para compra de armamento, gracias a la Ley Reservada del Cobre que les garantiza un ingreso anual equivalente al diez por ciento de las ventas de Codelco.
De ese monto, unos 5.000 millones de dólares permanecen aún sin gastar en las arcas del BancoEstado.
Milicogate: La caída de la Sargento Simunovic
por Mauricio Weibel Barahona
El Ejército conocía desde 2011 los mecanismos de defraudación utilizados para desviar fondos con el pago de facturas ideológicamente falsas. Ese año, una investigación del coronel de Inteligencia Miguel Cantallopts detectó la existencia de una “manipulación de documentos con fines inapropiados”, ligada a una factura de la empresa Raúl Fuentes Quintanilla. El coronel sugirió entonces que la uniformada no tuviera acceso a material contable. La medida no fue acatada por la institución.
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La sargento y paracaidista Millaray Simunovic lloró desconsolada en su primera noche en prisión, sin poder acostar y cuidar a sus hijos, a los que dice cuidar como una leona en su Facebook. Le suplicó entre lágrimas a la fiscal militar Paola Jofré que la dejara libre, luego que varios oficiales la ligaron a las defraudaciones ocurridas con la Ley Reservada del Cobre, las que suman ya unos diez millones de dólares.
Encarcelada en una pieza del Regimiento de Telecomunicaciones en la comuna de Peñalolén, la paracaidista recibió estos días solo la visita de su hermana, Paloma, y su madrastra, quienes le llevaron ropa de cambio a su lugar de reclusión.
“Mientras más conozco a las personas… más prefiero alejarme de ellas”, escribió la militar a principios de año en su Facebook, cuando la División de Mantenimiento del Ejército llevaba ya varios meses bajo sospecha por cientos de facturas pagadas irregularmente a distintos proveedores.
En esa unidad, la hoy encarcelada sargento Simunovic, que en el año 2005 declaró como testigo en el caso Riggs, era la inamovible secretaria del general Héctor Ureta, oficial que no resistía poner “Me gusta” en Facebook cuando ella subía a esa red social fotos de sus vacaciones en las playas de Brasil.
La caída de la rubia y atractiva uniformada de 35 años comenzó silenciosamente en julio, cuando los coroneles Pedro Ferrer y Juan Guerra alertaron a la fiscal Paola Jofré que el modus operandi que funcionó en las defraudaciones con la Ley Reservada del Cobre era oficialmente conocido desde 2011 al interior del Ejército.
Fue el propio general Ureta, jefe de la sargento Simunovic, quien confirmó finalmente los hechos a la fiscal Jofré, enviándole una copia de la investigación efectuada en 2011 por el coronel de Inteligencia Miguel Cantallopts, a la que tuvo acceso exclusivo The Clinic.
“Los antecedentes dan cuenta de una manipulación de documentos con fines inapropiados”, redactó Cantallopts en ese informe del 13 de diciembre de 2011. “El suboficial (Claudio) González y la sargento (Millaray) Simunovic no debieran contar con la confianza del mando”, agregó el coronel, quien sugirió que estos militares fueran separados de la División de Mantenimiento para evitar que accedieran a “documentación contable valiosa”.
Ambos, en ese informe preliminar que jamás llegó a tribunal alguno, figuraron como eventuales responsables de pretender cobrar irregularmente una factura de la empresa Raúl Fuentes Quintanilla, la misma sociedad que hoy es investigada por defraudar en cientos de millones de pesos al Ejército y que aún se mantiene como uno de sus proveedores.
Finalmente, y pese a las recomendaciones del coronel Cantallopts, todo quedó impune y en el olvido en ese lejano 2011. El suboficial Claudio González recibió solo dos días de arresto y la sargento Simunovic ni siquiera fue enviada a otra unidad. Ella continuó hasta su detención, el jueves de la semana pasada, como la estratégica secretaria del general Héctor Ureta, el jefe de la División de Mantenimiento, acusado por el coronel Clovis Montero de participar en las defraudaciones con los fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre.
UN MAR DE DUDAS Y CERTEZAS
Si en el Ejército conocían estos antecedentes, ¿por qué no los entregaron tempranamente a la Justicia o las autoridades? ¿Por qué la sargento y paracaidista Millaray Simunovic siguió al lado del hombre fuerte de la División de Mantenimiento? ¿Por qué en 2011 no fueron investigadas las demás operaciones de la empresa Raúl Fuentes Quintanilla o de otras compañías proveedoras?
Las millonarias defraudaciones a la Ley Reservada del Cobre, detectadas con claridad a fines de marzo del año pasado, bordean ya unos diez millones de dólares solo entre 2011 y 2014, según estimaciones entregadas a The Clinic. Además de Raúl Fuentes Quintanilla, las otras empresas indagadas hoy son Frasim, Inversiones Capellán, Pedro Salinas, Tajamar y Waldo Pinto.
Esta causa, que involucra unas 2.500 facturas supuestamente irregulares, ya suma cinco detenidos hasta ahora. Desde junio de 2014 están presos en el Regimiento de Telecomunicaciones el coronel Clovis Montero y el cabo Juan Carlos Cruz. Desde el jueves pasado, están encarcelados también el suboficial Claudio González, el suboficial Miguel Escobar y la sargento Millaray Simunovic.
El corazón de estas defraudaciones fue el Comando de Apoyo a la Fuerza, la unidad a cargo de revisar las facturas ligadas a las compras con fondos de la Ley Reservada del Cobre, operaciones que requerían contar además con documentos de respaldo emitidos por la División de Mantenimiento, a la cual pertenecían González, Escobar y Simunovic.
La PDI, tras revisar nuevamente el celular del apresado sargento Juan Carlos Cruz, encontró en ese equipo una ilustrativa imagen sobre el caso, fechada el 21 de noviembre de 2013. En ese archivo, aparece el desglose de repartición de una factura por 90 millones de pesos, donde figura un porcentaje de 20 por ciento para el proveedor, un 40 por ciento para “rgto. log.” y el resto a dividir entre cinco personas.
Desde agosto, la Policía de Investigaciones emitió paralelamente diversos informes contables y dactilográficos a la fiscal Paola Jofré, quien ya tiene a su haber 20.000 fojas de antecedentes sobre adulteración de firmas, pagos irregulares y bienes de los investigados.
En estos documentos periciales queda además claro que fallaron todos los controles en un área reservada de la Defensa nacional que ni siquiera puede ser supervisada por la Contraloría General de la República. El Ejército durante años pagó facturas ideológicamente falsas, facturas no autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos o facturas denunciadas por robo.
En cifras, las Fuerzas Armadas recibieron entre los años 2000 y 2015 unos 20.000 millones de dólares para compra de armamento, gracias a la Ley Reservada del Cobre que les garantiza un ingreso anual equivalente al diez por ciento de las ventas de Codelco. De ese monto, unos 5.000 millones de dólares permanecen aún sin gastar en las arcas del BancoEstado.
De ese monto, el sargento Cruz gastó 2.400 millones de pesos en los tragamonedas del casino Monticello, según consta en el expediente de la VI Fiscalía Militar. El coronel Clovis Montero, también detenido, apuntó en entrevista con The Clinic que también son responsables de estas defraudaciones los comandantes del CAF y los jefes de su División de Planificación. “Se gastaron la plata en caballos, propiedades y fiestas”, aseguró.
LA OPERACIÓN
Los últimos informes policiales apuntan a que las millonarias defraudaciones cometidas, solo entre 2011 y 2014, fueron ejecutadas a través de un puñado de Decretos Secretos. El 40 por ciento de ellas fue efectuada a través de giros vinculados al “Decreto Secreto 68 CE, un 20 por ciento al Decreto Secreto 41 MDN-E y un 13 por ciento a través del Decreto Secreto 18E”.
Estos giros eran caratulados como “compensaciones presupuestarias”, lo que permitía evitar que fueran cargados en la contabilidad de los regimientos, eludiendo así los controles contables internos.
La fiscal militar y la PDI trabajan ahora en determinar quiénes fueron los funcionarios involucrados en estas operaciones, cuáles fueron las rutas administrativas que siguieron los documentos, cuáles son los montos totales de la defraudación y cómo fueron distribuidos los dineros a los diferentes sospechosos.
La fiscal militar Paola Jofré, además, investiga el destino de unos seis millones de dólares ligados a compras del proyecto Centauro, relativo a la adquisición de piezas de artillería. Hasta septiembre el Ejército no respondía a la fiscal militar quién era el responsable de la gestión de ese proyecto en el Comando de Apoyo a la Fuerza.
Hasta ahora, pocos creen que esto fue una operación solo de cabos, sargentos y suboficiales que lograron burlar supuestamente a todos sus superiores. La gran duda es hasta qué niveles llega la corrupción y por qué los hechos de 2011 no fueron mayormente investigados. ¿Fue ese error parte de un mismo desastre?
Premonitoriamente, en enero de 2010 Millaray Simunovic escribió en Facebook una confesión totalmente vigente en estos días.
“A veces nuestros actos no son los correctos, pero qué hacer si esos actos incorrectos te gustan…”.
Fuente: The Clinic
