El caso sin duda es escandaloso, pero de frecuente ocurrencia en Chile, capital mundial del neoliberalismo. Rafael Guilisasti renunció a su cargo como consejero de la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, para integrarse a la presidencia de los directorios de las sociedades cascada, Pampa Calichera, Oro Blanco y Norte Grande, en rigor las fachadas de Julio Ponce Lerou para controlar SQM. Peor aún, lo hizo en momentos en que CORFO y SQM sostienen una enconada batalla por la explotación del litio. O sea, llega a su nueva pega con una maleta de información privilegiada.
Asimismo los directorios de dichas sociedades cascada, mediante las cuales Julio Ponce controla SQM, decidieron designar a Guilisasti como presidente de cada una de las compañías. Ello luego que la semana pasada Ponce renunciara a los directorios y la presidencia Norte Grande, Oro Blanco, Pampa Calichera y Potasios de Chile, por «motivos personales».
Corfo informó que la renuncia se hizo efectiva el 3 de septiembre. Guilisasti ejercía el cargo desde el año 2011, como representante del Presidente de la República. Guilisasti fundamentó su renuncia, «por la incompatibilidad absoluta que dicha representación tendría con futuras responsabilidades que asumiré en el ámbito empresarial privado».
Corfo y SQM se encuentran envueltas en una disputa legal por el contrato de arrendamiento que la minera tiene en el Salar de Atacama. En junio pasado el consejo directivo de Corfo decidió rechazar la propuesta del juez y pedir el término anticipado del contrato, en el marco del juicio arbitral seguido por la entidad estatal en contra de SQM Salar S.A. y SQM S.A. ante el árbitro Héctor Humeres, del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago.
Cercanos a Corfo señalaron que la salida de Julio Ponce de la presidencia de las sociedades cascadas fue calificada como un «cambio cosmético», por lo que no modifica la decisión de llegar hasta el final del juicio arbitral.
De hecho, Ponce Lerou dice a sus cercanos que está «cesante» y que no tiene «ninguna relación con SQM ni sus Cascadas». Pero su mano se dejó sentir en los últimos días en una jugada que descolocó por igual al Gobierno y al empresariado y molestó profundamente a la Corfo, su contraparte en el millonario juicio arbitral.
Al día siguiente de su renuncia, estas sociedades comunicaron distintas operaciones que en su conjunto mejoran su situación financiera. Cuatro días después asume en la presidencia Rafael Guilisasti, la misma jornada que renunció como consejero de Corfo.
Esta decisión de Guilisasti, que era parte del Consejo de Corfo desde 2011, molestó sobremanera a Corfo. Su vicepresidente, Eduardo Bitran, afirmó que este nombramiento, además de ser «imprudente e impresentable» no constituye «ningún cambio de fondo en el gobierno corporativo de SQM, que sigue siendo controlado por Ponce, que ha incumplido gravemente el contrato suscrito con Corfo».
Y por eso señaló que «este salto desde una vereda a otra es malo para las confianzas. Con esta decisión, SQM con su controlador actual, sigue destruyendo valor público y sigue siendo un socio incómodo para Corfo».
La entidad estatal analiza qué hacer en términos legales frente a este conflicto de interés. Bitran ha insistido en que el dimitido consejero «tenía y tiene la información respecto de las tácticas y estrategias legales y comerciales de Corfo respecto de este juicio con SQM», aseveración que Guilisasti rechaza. Según explicó, como miembro del consejo solo veía los lineamientos generales de Corfo, y no estuvo en ambos cargos paralelamente.
El conflicto de interés es evidente. Pero ¿qué sabe el nuevo presidente de la cascada? En concreto, según afirma Bitran, “Guilisasti conoció la posición que tenía la Administración de Corfo sobre el mejoramiento detallado de los contratos con SQM Salar, en caso de que el Consejo optara por la alternativa de conciliar. No hay nada más estratégico y confidencial que conocer las expectativas de la contraparte en caso de llegar a una conciliación”.
Guilisasti y el resto de los consejeros tuvieron acceso a esa información, además de otros antecedentes, para la decisión unánime que terminó rechazando un proceso conciliatorio con la minera, material que de todos modos sigue siendo de alta sensibilidad para la Corporación.
Por eso es que, como ya anticipó la semana pasada, Corfo está analizando llevar este tema a la Justicia por el conflicto de interés que afectaría a Guilisasti.
Abogados de la plaza sostienen que la Corporación tiene argumentos legales para llevar a Guilisasti a la Justicia. Si bien su cargo en la Corfo no puede considerarse como la de un “funcionario público”, sí puede ajustarse a la figura de un “agente público”, por haber sido consejero de una institución pública.
Sobre dicha figura pesan las mismas restricciones que para un funcionario público –como la obligación de guardar reserva y confidencialidad de su cargo–, todas disposiciones establecidas en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, entre las cuales destaca el principio de la probidad administrativa:
“Conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. Su inobservancia acarreará las responsabilidades y sanciones que determinen la Constitución, las leyes y el párrafo 4º de este Título, en su caso”.
La disputa con SQM no es una contingencia cómoda para el Gobierno. Así quedó claro la semana pasada cuando, a la salida del Comité Económico en La Moneda, el presidente de Corfo, el ministro de Economía Luis Felipe Céspedes, enfrentó a los periodistas que indagaban sobre el arbitraje con SQM y el sorpresivo cambio de bando de Guilisasti.
“Tenemos un juicio arbitral en esta materia, como Corfo pedimos el fin del contrato producto de todas las causas que adjuntamos en dicha demanda, y entregamos además el caso al CDE (Consejo de Defensa del Estado), que está llevando este caso, así es que creemos que tenemos una posición muy firme desde el Estado”, sostuvo.
Luego se le preguntó sobre la situación de Guilisasti, pero Céspedes se remitió a reiterar que esto lo estaba viendo Corfo y que habían delegado al CDE la representación en el arbitraje con SQM. Una y otra vez se intentó recabar con el secretario de Estado más antecedentes, pero Céspedes no se movió del discurso inicial.
