Con las universidades no se puede lucrar, así lo establece la legislación chilena. Sin embargo, el sorteo de esas disposiciones legales, que prohíben a fundaciones y corporaciones retirar utilidades, es una práctica recurrente. Diferentes instituciones de educación superior privada han sido cuestionadas por utilizar estos métodos, y los directivos de la Universidad Mayor los conocen muy bien. Rubén Covarrubias y Erich Villaseñor, rector y vicerrector de la Universidad Mayor, administran la empresa Inmobiliaria e Inversiones Río Manso S.A., sociedad que subarrienda edificios a dicha casa de estudios y que obtiene ganancias por concepto de renta por más de 14 millones y medio de pesos mensuales. Al finalizar el contrato significarán ganancias por más de $4 mil millones.
Importantes miembros de su directorio, con un pasado marcado por su participación en la dictadura militar, aparecen vinculados a grandes empresas inmobiliarias relacionadas a la institución, donde se benefician con millonarias sumas de dinero.
Con las inmobiliarias se construyen mecanismos para efectuar lucrativos negocios en educación. En este caso, es Inmobiliaria e Inversiones Río Manso S.A la que detenta ese papel, controlada en su totalidad por el rector de la Universidad Mayor, Rubén Covaburrias Giordano, y el vicerrector de desarrollo, Erich Villaseñor Maldonado.
Fórmula conocida: arriendo y subarriendo
No es primera vez que los movimientos de propiedades de la Universidad Mayor despiertan suspicacia. Ya en 2012 un reportaje de Ciper reveló, entre otras cosas, que múltiples bancos, inmobiliarias y grandes compañías de seguros de vida eran dueñas de todos los edificios donde la institución imparte sus planes de estudio, con excepción de los sitios ubicados en Camino La Pirámide 5750, que pertenece al Campus Huechuraba, y a la totalidad del Campus Manuel Montt.
Corpbanca, Santander, BBVA, Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Dacna Ltda y Metlife Chile Seguros S.A, que compraron títulos entre 2007 y 2010, son algunos de los adquirentes. Esta última, filial de la compañía global Metlife Inc., entregó en arriendo seis propiedades a Inmobiliaria e Inversiones Río Manso S.A, empresa que según consta en el Diario Oficial fue constituida en abril del año 2001 , dedicándose a la compra, venta y alquiler de inmuebles propios o arrendados.
Todas esas propiedades se encuentran en la comuna de Las Condes: una en calle Renato Sánchez 4357, dos en Américo Vespucio Sur, número 357 y 362, y tres en calle Asturias, que corresponden a las numeraciones 322, 336, 362.
El acuerdo se extiende por un plazo de 25 años a partir del 14 de julio de 2010, y contempla una renta mensual por concepto de arriendo de 1.036,6.155 UF, suma a pagar los días 10 de cada mes.
Gran parte de esos terrenos hoy conforman el Campus Américo Vespucio de la Universidad Mayor, donde funcionan el Conservatorio de Música y la Facultad de Educación. En Asturias 362, se encuentran las oficinas administrativas del establecimiento educacional, incluyendo la rectoría.
Por su parte, Inmobiliaria e Inversiones Río Manso S.A., en calidad de arrendatario, da en subarriendo las mismas seis propiedades a la Universidad Mayor por una renta mensual de 1.650 UF, a pagar por cada mes vencido.
El negocio, con Covarrubias ubicado en ambas partes, estipuló la extensión del trato por 25 años, “plazo que se prorrogará tácita y sucesivamente por períodos iguales y sucesivos de dos años”, reza la escritura de los archivos del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.
Es decir, Río Manso S.A. obtiene $14.631.091 de beneficio – de acuerdo al valor actual de la Unidad de Fomento- arrendando edificios a la misma universidad controlada por sus dueños, Covarrubias y Villaseñor.
Al año esta cifra asciende a los $175.573.092, y para el término de contrato las ganancias habrán alcanzado más de 4 mil millones de pesos.
Operación con Personas Relacionadas
Las “sociedades espejo” y las operaciones con personas relacionadas pueden configurar mecanismos que defraudan la prohibición del lucro establecida en el artículo 53 de la Ley General de Educación y en el Código Civil respecto a las corporaciones.
Esta figura aplica cuando miembros de un grupo empresarial o sus familiares hasta segundo grado de consanguinidad, pertenecen también a una corporación, entrando en contradicción directa los objetivos de las distintas entidades. Por un lado, el accionista busca el máximo retiro de utilidades, y por otro, ese objetivo es restringido expresamente en educación.
En la actualidad, la empresa Inmobiliaria e Inversiones Río Manso S.A. es controlada por dos sociedades de responsabilidad limitada que dividen su participación en partes iguales: Agrícola Teno Limitada e Inversiones Monte Claro Ltda.
La primera, es manejada con un 50% de participación por el vicerrector de desarrollo de la Universidad Mayor, Erich Villaseñor Maldonado, que comparte la administración con sus hijos Álvaro Villaseñor Sánchez y Erich Villaseñor Sánchez, que poseen un 25% cada uno.
Por su parte, Inversiones Monte Claro Limitada, es controlada por el rector de la misma universidad, Rubén Covarrubias Giordano. Esta empresa partió con un capital de $3 millones en 2005, que en 2015 aumentó a $25.500.000. La inyección de 22 millones y medio de pesos la realizó el rector de la Universidad Mayor, haciéndose con el 97,64% de participación, repartiendo en partes iguales el 2,36% restante entre sus hijos Nicolás Covarrubias Lyon y Matías Covarrubias Lyon.
Este medio intentó hablar con Rubén Covarrubias Giordano, pero se negó a otorgar una entrevista a través de la Dirección de Comunicación Estratégica de la Universidad Mayor.
Posibles salidas
Frente a casos de irregularidades cometidas por planteles de educación superior, el Ministerio de Educación señala que está facultado para iniciar investigaciones preliminares por oficio o denuncia conforme al artículo 3 de la ley 20.800.
Para ello, se emite una resolución que da inicio al proceso, se notifica a la universidad en cuestión, y se designa un funcionario para esclarecer los hechos.
En caso que no existan anomalías en el funcionamiento de la institución, se emite un informe que propone el sobreseimiento de la causa. Por el contrario, si se comprueban las irregularidades, se detalla en un informe y se formulan cargos correspondientes.
La entidad es notificada y se le otorgan 15 días para emitir descargos, más otros 15 para presentar sus pruebas. Una vez concluido el probatorio, la Subsecretaria de Educación cierra la investigación a través de una resolución que sobresee – si la evidencia expuesta así lo determina – o propone medidas.
Las posibles acciones a impulsar por la Subsecretaría están en el artículo 4 de la ley 20.800, y dependen de las irregularidades identificadas en el desarrollo de la investigación:
a) Ordenar la elaboración de un plan de recuperación, si se verifican incumplimientos graves de los compromisos financieros, administrativos, laborales o académicos asumidos por la institución.
b) Nombrar un administrador provisional si se constatan problemas que pudieren configurar alguna de las causales previstas en el inciso primero del artículo 6º.
c) Dar inicio al procedimiento de revocación del reconocimiento oficial (art 64 dfl 2) en caso de que se constaten problemas de entidad tal que pudieren ser constitutivos de causales de aquella. De decretarse la revocación, se procederá al nombramiento de un administrador de cierre.
Vínculos con la dictadura
Los demás miembros del directorio y planta de vicerrectores también han sido puestos bajo lupa por su estrecho vínculo con la dictadura de Pinochet.
Covarrubias fue director de Educación Superior del Ministerio de Educación a finales de los 80, Villaseñor se desempeñó como asesor en la misma cartera. El presidente del directorio de la universidad, Ricardo García Rodríguez, fue ministro del Interior de Pinochet desde 1985, y luego ocupó el cargo de ministro de Relaciones Exteriores hasta finales de la década. Mario Arnello Romo fue diputado por el Partido Nacional hasta 1973, y luego fue embajador especial en la ONU y ante la OEA entre el 74 y el 78. Jorge Prado Aránguiz trabajó encabezando la cartera de Agricultura al final del período dictatorial, y Sergio Melnick Israel fue ministro de Planificación durante los últimos dos años de gobierno.
Otros cuestionamientos
En 2013, la investigación publicada por María Olivia Monckeberg titulada “Con fines de lucro. La escandalosa historia de las universidades privadas en Chile”, reveló “movimiento curiosos” que la Universidad Mayor realizó a la interna.
Múltiples empresas relacionadas con la corporación privada se vieron beneficiados por créditos blandos, que según los estados financieros del 2011 – detallados en dicha indagación periodística – sumaban poco más de $298 millones en saldos de cuentas por cobrar.
En el grupo de empresas aparecieron Inversiones Tagua-Tagua S.A., Sur Inversiones S.A., Innova Learning S.A., Genoma Mayor S.A y el Centro de Formación Técnica Mangos, estas dos últimas coligadas casi en su totalidad a la Universidad Mayor.
Por otro lado, el gerente comercial de Estadio Mayor, Felipe Ramírez Peña, figura además en su página de LinkedIn como gerente de la empresa Inmobiliaria e Inversiones Río Manso S.A. El establecimiento es un recinto que cuenta con amplias instalaciones para el desarrollo de diversas disciplinas deportivas.
Fuente: El Desconcierto
