La eliminación total de la pesca de arrastre, la extensión a todo el territorio de las 5 millas de protección para pesca artesanal y la modificación del régimen de entrega de licencias de pesca son algunos de los temas incluidos en la moción presentada por las senadores Carolina Goic, Adriana Muñoz y Rabindranath Quinteros para introducir reformas a la Ley General de Pesca y Acuicultura, más conocida como Ley Longueira.
El texto legal que será analizado por la Comisión de Pesca propone una serie de cambios a la legislación y, a juicio de los parlamentarios, deberá servir también como la base para iniciar la discusión del cuestionado texto legal vigente.
La iniciativa se fundamenta en que “la sobreexplotación de los recursos ha llevado a la pesca a una situación extraordinariamente grave, en especial de la pesca artesanal que ha sido particularmente afectada con esta nueva regulación”.
De acuerdo a la información estadística disponible referida a los desembarques de peces, el sector artesanal ha sufrido una considerable baja desde la aprobación de la Ley 20.657, pasando de desembarcar 1.076.992 toneladas el año 2012 a sólo 538.677 toneladas el año 2013; esto es, una baja de poco más del 50% de desembarques de peces entre un año y otro. (Fuente: Anuario 2013 sector pesca Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura).
El senador Quinteros dijo que la actual ley no tiene legitimidad y tampoco es una legislación justa y eficiente, porque no cautela de buena forma los recursos pesqueros del país.
La moción, según explicó responde a un principio fundamental de garantizar el carácter público de los recursos del mar:
«Queremos afirmar, inicialmente, en forma categórica y sin ambigüedades, como definición esencial, que los recursos del mar pertenecen a todos los chilenos”.
Sobre esa base, el texto propuesto introduce correcciones en materia de licencias, que apuntan a aumentar la competencia, mejorar los ingresos para el sector público y mantener grados aceptables de estabilidad para los operadores.
El congresista explicó que actualmente, las licencias se otorgan de manera directa por 20 años renovables con requisitos básicos. La moción propone la existencia de licencias transables por 10 años, las que surgirán de procesos de licitación sucesivos y anuales, que en cada oportunidad impliquen la subasta del 10% de la cuota global para el sector industrial.
Asimismo, la propuesta considera la extensión a todo el territorio de las 5 millas de protección para la pesca artesanal y ampliación a aguas interiores, por cuanto en esta área se produce el desove y reclutamiento de especies que luego migran y pueblan las aguas interiores.
También se plantea modificar el régimen de infracciones, que hoy no hace distinciones entre la pesca industrial y artesanal y la eliminación de la pesca de arrastre.
“Proponemos avanzar un poco más en la regulación de los artes de pesca permitidos, eliminando la posibilidad que se utilicen redes y sistemas de pesca de arrastre en todas las embarcaciones, incluyendo las aguas interiores”, aseguró el senador Quinteros, junto con explicar que “esta medida contribuirá por un lado, a recuperar los recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas, y por otro, a viabilizar la actividad pesquera artesanal y de proceso en la industria”.
Además, aluden a la necesidad de revisar el texto debido a las investigaciones judiciales en curso que mostrarían “influencias indebidas en la discusión legislativa. Requerimos mejores normas y también más legitimidad para aquéllas que se han dictado”.
Por ejemplo, es el caso del senador de la UDI Jaime Orspis quien está siendo indagado por aportes de campaña de parte de Corpesca, aunque ha negado que en sus votaciones haya sido influenciado por la pesquera.
Detalles de la medida
En primer lugar, el proyecto establece el “carácter público de los recursos del mar”, por lo cual “las autorizaciones, permisos, licencias o cualesquiera otros instrumentos que otorguen la facultad de extraerlos son por esencia precarios y temporales, obligan al cumplimiento de las exigencias que la normativa disponga y se encuentran sujetos, en caso contrario, a la caducidad, sin responsabilidad para el Estado”.
Asimismo, los parlamentarios ven que “es imprescindible introducir correcciones que aumenten la competencia; mejoren los ingresos para el sector público y mantengan grados aceptables de estabilidad para los operadores”.
Esto, pues acusan que la actual ley aprobada durante el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera -mientras Pablo Longueira era ministro de Economía- “privilegia la estabilidad de los actuales operadores al asignarle en forma directa licencias por 20 años renovables con requisitos básicos”.
Al contrario, los senadores proponen “la existencia de licencias transables por 10 años, las que surgirán de procesos de licitación sucesivos y anuales, que en cada oportunidad impliquen la subasta del 10% de la cuota global para el sector industrial. Transcurridos 10 años, el proceso vuelve a reiniciarse con aquéllas licencias que expiren”.
“Como transición para llegar a ello, desde la actual situación, proponemos un sistema de licitaciones bianuales del 10% de la cuota global para el sector industrial, que involucre al cabo de 10 años de vigencia, a un 50% de ésta, tras lo cual se vuelven a licitar las cuotas que expiren. Luego de esos dos ciclos se aplican las normas generales”, sostiene el proyecto.
Con ello, se habla de una extensión a todo el territorio de las 5 millas de protección para la pesca artesanal y ampliación a aguas interiores, eliminar perforaciones en las 5 millas de protección artesanal y una ampliación de la cuota de consumo humano.
