De la incertidumbre económica pasamos a la más completa duda que el gobierno sea capaz de llevar a cabo su programa de reformas. Así, casi como la canción de Leonard Cohen ‘Everybody knows that the dice are loaded…the fight was fixed’, quedaría cerrado el capítulo de reforma. La triste crónica del programa frustrado recuerda lo advertido en los ochenta por un cientista político estadounidense, Charles Lindblom, en un paper que titula ‘El mercado como prisión’.
El primero, típicamente entendido como un espacio de libertad y donde las preferencias individuales (cualquiera éstas sean) se traducen en precios que permiten la coordinación en la producción de bienes y servicios en forma anónima y descentralizada. De hecho, actualmente la libertad está tan estrechamente vinculada a la idea de mercado que quizás incluso referirse al ‘libre mercado’ pueda sonar redundante.
La prisión, en cambio, sabemos que no tiene nada que ver con preferencias individuales, y más bien se construye como la antítesis de la libertad. Libertad y coordinación versus jerarquía y orden.
Pero el mercado también puede operar como prisión. Si pensamos en la forma como se han manejado las aspiraciones de reformas en nuestro país, podemos entender el carácter coactivo que asume el mercado como institución. Porque frente a las pretensiones democráticamente resueltas por la ciudadanía de incrementar la tasa impositiva, reforma laboral, o los cambios constitucionales (programa de la Presidenta Bachelet), hemos escuchado invariablemente la misma respuesta que resume tan bien este titular de El Mercurio: ‘Confianza empresarial suma su peor racha y supera pesimismo de la crisis financiera de 2008’, junto con la explicación del presidente de Icare, Guillermo Tagle: “lo que más afecta es la incertidumbre regulatoria”.
Con razón se pregunta el profesor Javier Couso en una editorial cuándo será posible introducir reformas de “cuño social-demócrata”.
Por cierto, las instituciones en general funcionan con una lógica de estabilidad, pero no necesariamente para impedir el cambio social, sino que para procesarlo. Por ejemplo, ha estado en el foco de la discusión el problema que implican los candados, trampas o enclaves autoritarios de la Constitución chilena para cualquier aspiración de cambio (incluso de aquellos prudentes social demócratas), pero ha quedado en la penumbra la forma como funciona el mercado como mecanismo represor y guardián del orden social.
Porque todo sistema de mercado opera a través de incentivos, y se desenvuelve en base a expectativas. Si disminuyen los incentivos (aumento de impuestos, alza de costos de mano de obra, alza en costos fijos etc.) los inversionistas pueden legal y legítimamente decidir no invertir.
Obviamente que ese ‘poder de veto’ como le llama Couso, no es menor: es capaz de generar desempleo e inflación, es decir, producir un daño colectivo de proporciones. Y no se trata de pensar en teorías conspirativas, o de caricaturizar la avaricia del empresariado, ya que es simplemente la lógica con la cual funciona la institución de mercado.
Isabel Aninat desde el CEP y en editorial de EM, se toma de la opinión de Couso para señalar que cualquier intento de reforma “no importando su sesgo ideológico” produce incertidumbre. Y, en el caso chileno, especifica que no se trataría de la existencia de un poder de veto de un grupo, sino del rechazo que generan las reformas en la población.
Por eso, llama al ‘cambio con estabilidad’.
Pero Aninat en parte se equivoca, ya que no todo proyecto de reformas tiene el mismo efecto. Bajo la lógica de nuestra economía social de mercado, existe un grupo de personas quienes -no siendo elegidas democráticamente por nadie- tienen el privilegio de frustar todo cambio social que sea contrario a sus intereses.
Tal como lúcidamente lo advertía un conocido profesor: “es verdad que vivimos en una sociedad de riesgo, pero algunos (los administradores) pueden elegir, mientras que los otros (las personas comunes) son quienes asumen el riesgo”. (So it is true that we live in a society of risky choices, but some people (the managers) do the choosing, while others (the common people) do the risking).
Y Aninat en parte también acierta. Porque a pesar de citar el reclamo de Couso “lo que no le hace bien a la democracia es esgrimir (para ganar el debate ‘por secretaría’) que propuestas de cuño social-demócrata sean consideradas como inaceptables porque generan incertidumbres entre los inversionistas”, no contesta.
Porque si lo hiciera entraríamos en un debate olvidado por superfluo: la compatibilidad de la democracia con el sistema de mercado.
Ante esta situación, la pregunta es ¿cómo escapamos de la prisión?
Una fórmula es pagar rescate, ofreciendo a los inversionistas beneficios alternativos para que no ejerzan el garrote de la inflación o del desempleo sobre nosotros. Esa es la fórmula que se desprendería del llamado ‘cambio con estabilidad’ que promueve el CEP. Pero temo que este camino no sea del todo beneficioso en el largo plazo. Porque no siempre es recomendable negociar con secuestradores.
Otro camino puede ser recuperar un legítimo y olvidado cuestionamiento al mercado como institución. Sin pretender hacer un renovado llamado a romper las cadenas, sí debemos tener presente que, así como no hay algo así como un almuerzo gratis (M. Thatcher), tampoco existe un mercado sin costos.
Volver al análisis de la relación entre mercado y democracia es necesario para no continuar sorprendiéndonos ante las exigencias de los empresarios, quienes solo usan los mecanismos de incentivos a través de los que opera este sistema.
Puede ser que después de análisis, discusiones y deliberaciones, decidamos que sí, que es mejor una menor democracia (en el sentido que el poder de decidir sobre asuntos de interés público esté en manos del pueblo, representado a través del principio de la mayoría) pero con mercado, que una mayor democracia sin dicha institución.
O incluso (y por qué no?) decidir pasar de una “sociedad de mercado” a un “mercado gobernado por la sociedad”, expulsando las dinámicas de acumulación de esferas fundamentales de la reproducción social. El punto es que el mercado y sus dinámicas vuelvan a ser cuestionadas, que retornen al espacio de la política para que, finalmente, abandonen su posición de premisas y vuelvan a su condición de hipótesis.
De hecho, ha surgido, lenta pero crecientemente, una interesante literatura nacional que ha vuelto a poner en cuestionamiento la sociedad de mercado, sometiéndola al juicio económico y político, siendo la última representante de dicha perspectiva el libro “Economía Política del Fracaso” de Alberto Mayol y José Miguel Ahumada (de quien soy una orgullosa hermana).
Es hora volver a problematizar el hecho que el mercado en nuestro país ha actuado no solo como un freno del cambio social, sino que también ha operado capturando el pensamiento y naturalizando una institución que no es, ni puede ser natural, sino que es política (Lindblom, 1982).
(*) Estudiante de Doctorado en Derecho de la Universidad de Chile.
Fuente: Red Seca
[1] ‘where there are prisons, however, there are also jailbreaks’ Charles Lindblom, “The market as prison” (1982).
