Es una realidad que Chile está frente a un proceso de desaceleración económica producto de factores internos y externos, y en un marco de dificultades financieras en América Latina, Europa y Estados Unidos. Solo mencionar la posibilidad de que baje el precio del cobre, es motivo de preocupación. Hay dificultades con la economía, pero las reformas deben seguir.
A eso habría que añadir como elemento que incide en ese cuadro, el gasto millonario generado al Estado, y por tanto a los dineros que administra el actual gobierno, por los desastres naturales (terremoto, aluviones, deslaves, incendios de grandes proporciones) que afectaron a zonas del Norte, Sur y Centro del país, presionando por medidas y soluciones de enorme impacto social.
Decir que la situación económica precaria que puede o podría vivir el país es producto del proceso de reformas, es simplemente tergiversar y dar vuelta la realidad. Entre otras cosas, porque para ello ya había presupuestos destinados y en algunos casos la implementación de las iniciativas no implican egresos del erario nacional.
Tampoco hay que dejar de lado que, a pesar de este marco, los grupos financieros y empresariales, como la Banca y consorcios de “grandes tiendas”, siguen con altos márgenes de ganancias, donde el sector privado exhibe número azules por millones de dólares; y que las familias de grupos económicos chilenos más poderosos, siguen con niveles de capital de varios miles de millones de dólares.
Ciertamente que cuando en un país como Chile hay desaceleración, se afecta a la mayoría de la población y, por desgracia, a las políticas públicas de protección social. Esto tiene que verse en el contexto de inequidad económica y de malos números en la redistribución del ingreso.
En términos concretos y estructurales, precisamente la mayoría de las reformas planteadas en el programa de gobierno, tienen que ver con modificar una situación prevaleciente en el país y que permitan mejores condiciones para el desarrollo y el logro de justicia social, y poder encarar de mejor manera situaciones económicas difíciles.
Y, hay que reiterarlo, no son reformas que ahora estén provocando efectos negativos en una economía, cuya realidad tiene que ver con procesos que, por lo demás, se vienen desatando hacia un par de años.
Por lo tanto, no se encuentra realmente un nexo entre bajar las reformas con que eso vaya a influir en mejorar la economía. Cuando menos, parece una falacia y una desinteligencia.
Precisamente, el objetivo central planteado al gobierno, estriba en tomar las medidas para enfrentar la desaceleración económica y proseguir con las reformas.
Lo contrario, lejos de contribuir a que las cosas vayan mejor en Chile, podría generar escenarios más difíciles y tensos.
Fuente: El Siglo
