El ex Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso, Jorge Brito, denunció ser víctima de hostigamientos y amenazas, de Carabineros. Identificó a su agresor como a sargento segundo de la 7° Comisaría de Valparaíso, Marcos Guerrero Martínez, implicado en la muerte del minero Nelson Quichillao, hace dos meses en El Salvador.
El estudiante cuenta que en 2013, mientras participaba de un cacerolazo enmarcado en el paro de la institución -en el puerto de Valparaíso- Fuerzas Especiales llega al lugar para intentar tomar detenido a uno de los jóvenes que portaba un megáfono. Brito es tomado por el cuello y asfixiado con un polvo químico que le lanzaron directo a la cara y le hizo perder la visión y la estabilidad.
Subido al interior del bus de FF.EE de la Séptima Comisaría de Valparaíso, comienzan los abusos.
“Un carabinero al que pude identificar como Marcos Guerrero Martínez se tira sobre mi cuello con su rodilla y me empieza a golpear y ahorcar, mientras otro me da patadas en el piso. Yo ya no podía respirar y le pido que me suelten, así ahí me dejan y me insultan, después de reconocerme como dirigente”, describe.
Posteriormente, el estudiante fue llevado a un policlínico a constatar lesiones, aunque él asegura que apenas fue examinado y que en todo momento, el personal médico lo mantuvo esposado.
Jorge Brito fue llevado hasta la 3era Comisaría de Valparaíso, donde es desnudado completamente, obligado a marchar y a hacer sentadillas. También fue interrogado sobre un aviso de bomba ocurrido en su universidad hace dos semanas, para luego ser ingresado al calabozo y dejado en libertad antes de la medianoche, sin formalización alguna.
Brito interpuso una denuncia por abuso de violencia policial en el Juzgado de Garantía, y éste la derivó a la Justicia Militar. Desde ahí, la fiscal militar pidió sobreseer el caso, asegurando que los antecedentes disponibles no le permitían corroborar que había ocurrido un delito.
Sin embargo, un testigo que estuvo detenido en una celda al lado de la de Brito, prestó declaración y los antecedentes del Servicio Médico Legal se sumaron, por lo cual el juez militar ordenó continuar con la investigación.
Luego de que la fiscal ordenara un careo entre los uniformados y el estudiante, Brito pudo conocer el expediente policial que revela los nombres de los dos imputados del caso. Sin embargo, el nombre de su agresor principal, Marcos Guerrero Martínez, no le resultó desconocido: en julio de este año, el mismo sargento 2do e ingeniero civil en tránsito fue señalado como el asesino de Nelson Quichillao, el subcontratista de Codelco que murió de un disparo en medio de las protestas registradas en la División El Salvador.
Declaraciones recientes de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) apuntan a Guerrero como el responsable del fallecimiento del trabajador. En tanto, un reportaje de Informe Especial sobre la muerte de Quichillao dio a conocer que el sargento habría realizado 15 tiros con su armamento de servicio (marca Taurus, modelo PT917, calibre 9 mm), los que admitió después de haber intentado ocultar la información.
“Reconocemos que aquí hay abuso de autoridad y que no hay ningún mecanismo para sancionarla. Mientras exista eso van a actuar con total impunidad y la muerte de Nelson habría sido completamente evitable si la justicia hubiera llegado a tiempo“, advierte Jorge Brito.
Carabineros reaccionó iniciando un sumario administrativo por la denuncia del estudiante, aunque más tarde concluyó desestimar las acusaciones por falta de pruebas. A través de un comunicado oficial, aparecido el 21 de julio de 2013 en El Mercurio de Valparaíso, la institución señaló que el joven perdió el equilibro al subir al bus de FF.EE y eso generó le generó una contusión superficial.
Más tarde, la misma directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, envió una solicitud a Carabineros pidiendo información sobre el caso, y particularmente, los registros audiovisuales, porque en el lugar se encontraba un uniformado grabando. Sin embargo, éstos respondieron que las cámaras estaban con su memoria llena y no registraron lo ocurrido.
Para Brito el nivel de impunidad vivida es insostenible:
“La institución y el Estado se hacen cómplices al no hacer nada cuando se generan estas denuncias. Todavía ni siquiera puedo iniciar un juicio, ni tener un responsable acusado, individualizado, por lo que me hicieron”.
Aparte de ello, Jorge Brito asegura haber recibido una serie de amenazas y ser perseguido. El próximo 22 de septiembre se verificará el primer careo entre el ex dirigente y los uniformados que el acusa.
