La decisión de nombrar a Mitchel Cartes como intendente de Tarapacá, fue un error. Pero aún se está a tiempo para corregirlo. Siempre en la designación de un puesto tan relevante, habrá quienes estén de acuerdo y quienes no, por las más diversas como legítimas razones. No es posible que la máxima autoridad del país, encargada de este tipo de nombramientos, deje a todo el mundo contento, y no esperamos eso. Sí esperamos que cualquier designación de este tipo, cumpla con estándares mínimos, siendo la probidad un aspecto esencial.
Podemos discrepar en cuanto a enfoques políticos, a evaluación de la experiencia y capacidades de un candidato, pero sobre lo que no es posible tener dobles lecturas, es la exigencia de que cualquiera que quiera manejar recursos y capacidades fiscales, ostente una estricta observancia de la ética pública. Ésa es la primera línea que separa a quienes están aptos para el cargo y quiénes no.
El problema es que Mitchel Cartes tiene aún mucho que aclarar sobre su comportamiento en el aparato público. Con dos sumarios en curso, donde está en juego el posible mal uso de cuantiosos recursos públicos de la Dirección de Vialidad regional, la nominación de Cartes se vuelve inviable: en primer término por un problema de procedimiento, ya que pondríamos a un «acusado», en la condición de ser su propio «juez»; pero más importante aún, estamos quebrando la confianza que los ciudadanos han depositado en nosotros.
El proyecto de Nueva Mayoría en Tarapacá es portador de una promesa: haremos las cosas distintas y mejor. Nos comprometimos no sólo con un proyecto transformador, nos comprometimos también con una nueva práctica política, alejada de la corrupción, el nepotismo y el clientelismo, que fue sello de anteriores administraciones y que tanto daño han hecho en la región.
La ciudadanía ha repudiado ese comportamiento, castigando en las urnas a quienes aparecen como responsables. No es aceptable que una persona de probidad cuestionada, acceda al principal cargo ejecutivo en la región, saltándose el escrutinio ciudadano y eludiendo a los organismos fiscalizadores.
Como abogado, entiendo y respeto el principio de inocencia. Ciertamente es posible que esta persona, de quien nunca antes había oído hablar, resulte absuelta de los cargos que se le imputan. Es de esperarse. Pero mientras no exista claridad sobre las graves acusaciones que pesan en su contra, no está en condiciones éticas, ni políticas, de encabezar la Intendencia.
Lo cierto es que si no hubiera renunciado sorpresivamente a Vialidad cuando comenzaron las sospechas sobre su accionar, enfrentando así la investigación sumaria; si hubiera dejado -como exige la normativa vigente- el Libro de Obras, donde está el registro de todo lo obrado en su gestión, éste asunto podría haberse resuelto mucho antes, pero no lo hizo. Su comportamiento, lejos de tranquilizar, pone un manto de dudas sobre sus reales intenciones.
No creo que la futura presidenta Bachelet haya conocido estos antecedentes a la hora de designar a Cartes, no sería coherente con las bases de su proyecto transformador. El ambiente de «secretismo» con que se manejó esta designación, dónde sólo un reducido grupo de personas tiene acceso a quien toma las decisiones, facilita la comisión de este tipo de «errores no forzados».
Lo facilita, en primer lugar, porque no es posible evitar que algunas de esas personas con acceso a áreas restringidas de la política, concurra con un interés político propio, más que vinculados al proyecto general; y lo facilita, en segundo lugar, porque impide que haya luz sobre el proceso, que surjan más antecedentes, que haya un necesario debate ciudadano.
Considerando que la apuesta es lograr la elección democrática de todas las autoridades regionales, creo que es la transparencia el mejor de los caminos. Pero eso es ya otra historia.
En la región existen personas capaces, en términos políticos y técnicos, para encabezar el gobierno regional, que no tienen como lastre dudas acerca de su integridad.
Quiero dejar en claro que mi rechazo a esta nominación, no responde a la militancia de esta persona. Creo que hay buenos militantes comunistas que cumplen a cabalidad los requisitos para la Intendencia, pero también lo hay en el mundo independiente, en los partidos de la ex Concertación, incluso en el propio Partido Socialista regional, casa del actual nominado.
Mi inquietud no responde a intereses corporativos partidarios, sino al mejor interés de los pueblos de Tarapacá. No veo la razón de transformar un error de evaluación, en una situación potencialmente catastrófica para la región.
Lo primero de toda autoridad, sobre todo cuando no ha sido electa, es asumir su responsabilidad con un mínimo de legitimidad social y éste no es el caso. La presidenta electa, junto a su equipo, deberían tomar en consideración éstos antecedentes y reevaluar su decisión, aún están a tiempo de hacerlo.
(*) Diputado de la República por la Región de Tarapacá.
