La empresa española AZVI, constructora del puente Cau Cau, demandó al Fisco por incumplimiento de contrato, millonaria deuda e indemnización de perjuicios. De acogerse la demanda, el viaducto estará detenido hasta lo que dure el juicio. En rigor, esto significa la paralización indefinida de la obra.
En absoluta reserva la empresa interpuso la acción legal este martes ante el 28° Juzgado Civil de Santiago, en contra del representante legal del fisco, el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Ignacio Piña.
El libelo indica que los argumentos que la sustentan se deben a un “enriquecimiento ilícito” de parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP), organismo que habría infringido el reglamento de la cartera, dando término anticipado al contrato con AZVI tras el corte del émbolo registrado el 24 de febrero del 2015, sin que Contraloría tome razón.
La constructora recalca que tal como estableció el experto Sergio Contreras, el diseño del viaducto ejecutado por la desaparecida empresa Cygsa presentaba “graves falencias desde su concepción”, siendo responsabilidad del Estado “asumir los riesgos en su ejecución”, indica la demanda.
Sostiene que al momento de la falla, la obra presentaba un 95% de avance con daños que el experto considera como “reparables”, lo cual según el reglamento del MOP no es causal de término de contrato.
En el texto legal, de 123 páginas, la empresa manifiesta que “los derechos de AZVI, han sido avasallados”, el ministro “abusa de la potestad en su cargo político” realizando una campaña para desprestigiar a la Contratista, reteniendo pagos en otras obras.
Aseguran que los incumplimientos denunciados han sido dolosos, e incluso la campaña para desprestigiar la imagen de la empresa incluyen al experto Sergio Contreras, quien habría realizado 2 informes finales, reproduciendo los mismos estudios de las empresas contratadas por AZVI, -casi un copy paste- pero modificando palabras para exculpar al Estado y defender sus vínculos con empresas de acero.
La empresa solicita al tribunal no cobrar boletas de garantía que ascienden a 892 millones de pesos; cancelar una deuda superior a los 5 mil millones de pesos por obras extraordinarias visadas por el Mop; pagar indemnización y permitir que ésta repare el viaducto como establece la ley.
De acogerse la demanda, las obras para finalizar la construcción del emblemático puente no podrán ser ejecutadas por ninguna otra empresa hasta finalizar el juicio.
