Eyzaguirre pasará a la historia como el ministro que eliminó el lucro, la selección y el copago del sistema educacional chileno. Estas tres medidas reformulan completamente las bases sobre las que se funda el sistema, lo alejan de lógicas mercantiles que no dieron resultado, y previenen la segregación, el descreme y la “guetificación” de establecimientos que atienden a alumnos vulnerables. Por esta razón, la ley se denominó correctamente, y con visión política, “Ley de Inclusión educativa”.
En este nuevo esquema, el impulso a la mejora del sistema deberá darse por fuerza de manera más integrada, haciendo converger a todos los establecimientos hacia un nivel de mayor calidad, y no, como ocurría hasta ahora, de manera discriminatoria y fragmentada, donde para que algunos se “salvaran”, otros tenían que “hundirse”.
Se abre espacio también a lógicas de colaboración y a instancias para pensar el sistema educativo que queremos como país. Se trata, por tanto, de un nuevo desafío para la democracia, que deberá definir mecanismos participativos y transparentes para hacerse cargo de su sistema educativo, y no, como se hacía hasta ahora, dejándolo simplemente al arbitrio de privados o grupos de poder que propulsan sus propios proyectos educativos diferenciados de acuerdo a sus intereses.
Ciertamente no ayudaron en este sentido las frecuentes salidas de libreto de Eyzaguirre y su propensión a comentarios desafortunados, o derechamente elitistas, en que los apoderados que desean lo mejor para sus hijos son vistos como un grupo de arribistas, engañados o simplemente bobos. Este problema, frecuente de la izquierda nacional, tiende a observar a los que no comparten sus principios o teorías ideales, como presas de defectos o “vicios” personales: codicia, arribismo, clasismo y afán de discriminación.
En contrapartida, se debilita la lógica de competencia entre los establecimientos, como el estímulo privilegiado para impulsar a la mejora. Sin duda, algún nivel de competencia va a subsistir, pero será una competencia sana y “justa”, donde los distintos establecimientos buscarán ofrecer lo mejor para sus niños y niñas y no, como ocurría muchas veces hasta ahora, concentrarse solo en buscar a los mejores niños y niñas para obtener los mejores resultados con menor esfuerzo (y, de pasada, hacer más rentable su funcionamiento).
Asimismo, se propiciarán centros educativos más integrados (o, a lo menos, no tan estratificados), ayudando a configurar, aunque sea en parte, una sociedad más cohesionada y tolerante, como todos queremos.
No se trata, por tanto, de una mera reforma “de la organización”, sino más bien de una reforma valórica, de principios, donde como sociedad hemos decidido privilegiar la integración, la justicia y la inclusión, como principios básicos para pensar una educación de mejor calidad, es decir, una educación que apunta a un mejor país, más parecido al país que queremos, y no simplemente a obtener tres o cuatro puntos más en un Simce u otro.
Por esta razón, estoy seguro que estas medidas superarán, en el mediano plazo, las legítimas diferencias ente izquierda y derecha, y serán absorbidas por la ciudadanía como una política de Estado: la forma de estructurar el sistema educativo que interpreta mejor los anhelos que compartimos como sociedad, no simplemente una victoria ideológica que deja contento a un solo sector.
Por supuesto,siempre habrá espacio para ajustes y énfasis en relación con los límites de la selección y la adaptación a las múltiples realidades individuales, entre otros aspectos. Pero, en lo sustantivo, los principios de una educación más inclusiva y menos segregadora, que impida la selección y la discriminación por poder adquisitivo, y que se piense desde una lógica de servicio público y no como un negocio para obtener beneficios, se convertirán en principios que la sociedad chilena absorberá como un derecho inalienable, que superará con creces las divisiones arbitrarias. La oposición a estas medidas, que hasta hace poco algunos enarbolaban con tanta fuera, simplemente se esfumará del panorama político, un poco como ocurrió hace un par de décadas con la oposición a la ley de divorcio, por ejemplo.
En este sentido, el legado del ministerio de Eyzaguirre será histórico y trascendental, pues habrá sentado las bases de una nueva forma de organizar nuestro sistema educativo, más acorde con la sociedad que estamos tratando de construir.
El lado negativo de su legado tiene que ver precisamente con la efectividad para entregar este mensaje, es decir, con la capacidad de proyectar la reforma educativa en un sentido país, más allá de las diferencias partidarias o entre izquierda y derecha. El hecho de que una reforma de esta envergadura sea todavía vista con escepticismo por casi la mitad de la población, es el principal signo de este fracaso.
Ciertamente no ayudaron en este sentido las frecuentes salidas de libreto de Eyzaguirre y su propensión a comentarios desafortunados, o derechamente elitistas, en que los apoderados que desean lo mejor para sus hijos son vistos como un grupo de arribistas, engañados o simplemente bobos. Este problema, frecuente de la izquierda nacional, tiende a observar a los que no comparten sus principios o teorías ideales, como presas de defectos o “vicios” personales: codicia, arribismo, clasismo y afán de discriminación.
Más importante que lo anterior, sin embargo, la gestión de Eyzaguirre fue incapaz de levantar un relato político convincente, que permitiera posicionar la reforma educativa como una prioridad nacional, más que como una disputa ideológica o, peor aún, partidaria. Embebidos por el fuerte debate político, y la fiera oposición de la derecha, la gestión comunicacional del ministerio decidió atrincherarse en un bando, en vez de mirar por encima de la disputa ideológica y configurar un discurso más convocante para el conjunto de la ciudadanía.
En este sentido, el ministerio parece olvidar que la mayor parte de los ciudadanos no se mueve de acuerdo a los ejes de izquierda y derecha, ni menos a las divisiones de partidos políticos que articulan el Parlamento, sino por motivaciones más básicas y más importantes, en relación con lo que cree que es mejor para el futuro de sus hijos.
Claro, la estrategia de Eyzaguirre fue efectiva finalmente en el Congreso, y la reforma reunió los votos de su sector, pero falló a la hora de convencer a la ciudadanía de que era una reforma para todos. El ex ministro de Educación deja este gran desafío pendiente.
Esta lección es válida también para el conjunto de grandes reformas estructurales del Gobierno de Michelle Bachelet, que carecen de un relato político convincente que las respalde y las proyecte frente a la ciudadanía. Por su misma naturaleza, estas reformas requieren un discurso integrador, que les hable a todos los ciudadanos, no solo a los que comparten mis ideas. No es posible plantear un fortalecimiento del sistema público, para proveer mayor equidad y justicia social, desde una lógica antagónica, en que un sector político o social busca enfrentarse y derrotar a otro. No es posible ofrecer mayor integración y cohesión social sobre la base de la descalificación de algunos. En este sentido, la polarización ideológica es funcional a la derecha, en la medida que aliena necesariamente a un sector de la población.
El Gobierno tendrá éxitos en sus reformas no solo en la medida que logre aprobarlas en el Parlamento, sino también en la medida que logre levantar un discurso que tenga la capacidad de superar los clivajes y estereotipos ideológicos tradicionales y convenza a la población de que las reformas nos convierten a todos en protagonistas de un mejor país. Ese es el gran tema pendiente que dejó Eyzaguirre, y que afecta también al conjunto de la gestión del Gobierno.
(*) Escritor y consultor en políticas educacionales.
Fuente: El Mostrador
