Como es apenas natural, el fiscal nacional, Angel Valencia, denegó la solicitud de la familia de Julia Chuñil y sus abogadas defensoras, de cambiar a los fiscales/as Tatiana Esquivel y Jaime Calfil, algo así como un premio a los nulos resultados de su investigación.
En la madrugada del 8 de noviembre de 2024, Julia Chuñil —dirigente mapuche, defensora del bosque nativo, presidenta de la comunidad Putreguel— salió a su predio en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos, como lo hacía tantas otras veces: revisar animales extraviados, caminar los pastizales, hacer su ronda habitual. Desde entonces no se supo más de ella.
Así arrancó una de esas investigaciones que lentamente se convierten en símbolo, tensión, espera —una causa que reúne bosque, territorio, pueblos originarios, cuestionamientos al Estado, preguntas sin respuestas. Es también una causa en la que la familia de Julia viene reclamando de forma constante: búsqueda, verdad, justicia.
Y hoy —casi un año después— irrumpe una nueva tensión: la solicitud de las abogadas de la familia para sacar del caso a la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel López; un reclamo que termina con la decisión del Fiscal Nacional Ángel Valencia de rechazar ese cambio.
Así pues, la causa permanece bajo la conducción de Esquivel, a pesar de los cuestionamientos. Y esa decisión misma abre múltiples aristas de análisis: argumentos, contradicciones, percepciones, carreras por ver quién investiga qué, quién representa a quién, quién espera qué.
¿Por qué pidieron cambiar a la fiscal?
La familia de Julia —y sus abogadas intervinientes, en particular Karina Riquelme Viveros, Carmen Caifil Caifil y Mariela Santana Machuca— presentaron en agosto 2025 una solicitud formal al Fiscal Nacional para que el caso fuera trasladado a otra región y asumido por otro persecutor.
Las razones que alegan son potentes en su dramatismo político-territorial:
Argumentan que la fiscal Esquivel ha emitido declaraciones públicas que, dicen, muestran “una toma de partido” o al menos una visión sesgada en la investigación. En una entrevista con La Segunda, la fiscal dijo sobre Julia que “no existen antecedentes que permitan afirmar que (…) ejerciera una labor política o de activista organizada; más bien se trata de una mujer dedicada a su familia y a sus actividades agrícolas”.
Para las abogadas, esa frase reduce la calidad de defensora de derechos de Julia, vulnera su status de activista ambiental/muy involucrada en conflictos territoriales, invisibiliza su liderazgo en la comunidad Putreguel.
En su demanda señalan que “las declaraciones de la fiscal regional son explícitas en reconocer que no se ha integrado en la hipótesis de investigación un dato irrefragable como es el activismo ambiental y defensa de territorios indígenas de la víctima” y que “afectan la orientación de las líneas investigativas, incumpliendo las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.
Sostienen también que la comunicación con la familia ha sido tardía, deficitaria, con la sensación de que la Fiscalía no ha garantizado transparencia o trato igualitario:
“La transparencia en los procesos investigativos exige que los afectados tengan acceso razonable a información, sean escuchados y no sean relegados en función de declaraciones mediáticas”.
Finalmente, denuncian que la investigación prioriza hipótesis que involucran a hijos de Julia antes que el antecedente del conflicto territorial con un latifundista empresario forestal (Juan Carlos Morstadt Anwandter) con quien Julia mantenía una disputa.
En particular, mencionan un audio filtrado en el que Morstadt le dice a su padre: “la quemaron”.
En resumen, la petición de cambio mezcla reclamo de imparcialidad, de sensibilidad cultural y política, y de garantías procesales para la familia.
¿Y por qué el Fiscal Nacional dijo no al cambio?
El 17 de octubre de 2025 la Fiscalía Nacional de Chile comunicó que el Fiscal Nacional Ángel Valencia había decidido rechazar la solicitud.
Tras analizar los antecedentes y solicitar un informe a la fiscalía regional de Los Ríos, concluyó que no existían causales de inhabilidad o incompatibilidad que justificaran el cambio de fiscal o traslado de la causa.
Ese informe sostiene que la investigación se desarrolla con un “modelo de fuerza de tareas”, integrado por fiscales, analistas y peritos de distintas especialidades, y que “todas las diligencias intrusivas se han realizado con control judicial y han sido validadas por la Corte de Apelaciones de Valdivia y por la Corte Suprema”.
También se aclara que las “víctimas indirectas” (como la familia) han recibido atención continua por parte de la URAVIT (Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos) con apoyo psicológico, social y jurídico.
Valencia sabe que eso no es verdad.
En su declaración pública, reafirma que “no se advierte vulneración de la objetividad” de la persecutora que lleva el caso.
Valencia miente con descaro, como de costumbre.
El hecho de que el principal sospechoso, e imputado en la causa, todavía no haya declarado, mientras familiares de la víctima son acosados por la policía y la fiscalía, en virtud de testimonios de testigos protegidos, constituye un desmentido absoluto a esa pretendida «objetividad».
Contradicciones, silencios y percepciones
Pero, como en todo caso complejo, el rechazo del cambio no cierra los cuestionamientos. Al contrario: abre más matices. Porque no basta con que la decisión sea técnica, también lo es simbólica. Y aquí surgen varias tensiones.
1. Las declaraciones de la fiscal regional
La fiscal Esquivel puso sobre la mesa un problema que la familia y sus representantes subrayan: al decir públicamente que Julia “no era activista organizada”, está sustituyendo una versión de la víctima que la familia sostiene firme.
Esa frase, para la defensa, no es detalle menor: es un sesgo interpretativo, una minimización de su rol como defensora del bosque nativo y del territorio. Las abogadas lo expresan así: “las declaraciones de la fiscal regional vulneran el principio de imparcialidad (…) la fiscal ha investigado con mucho mayor celo y disposición la causa de usurpación de tierras contra la víctima previamente, mostrando una clara diferencia de trato”.
Para la Fiscalía Nacional, sin embargo, esa manifestación no constituye causal de inhabilidad. En su informe se dice que no se advierte que la fiscal haya “opinando sobre el fondo de la indagatoria” en forma tal que impida su actuación, y que por lo tanto no hay motivo legal para removerla. Como si la completa falta de resultados no existiera, a casi un año de la desaparición.
Aquí está la primera tensión: la interpretación del lenguaje público de la fiscala regional. ¿Se trata de un simple comentario periodístico, o de un indicio de sesgo que podría afectar la credibilidad del proceso?
2. La percepción de la familia
La familia de Julia alza la voz con un doble dolor: por un lado la desaparición misma, y del otro lado la sensación de que la investigación no les responde como víctima, o incluso que los está desplazando. En sus cartas y presentaciones afirman que han sido relegados, que las audiencias pedidas no han sido concedidas, que los medios los conocen antes que la Fiscalía, y que el trato es distinto al que reciben otros casos de víctimas.
Además, señalan que el conflicto territorial que precedía la desaparición —una disputa con un empresario forestal, la comunidad Putreguel, la protección de bosque nativo— no ha sido explotado con la prioridad que creen necesaria.
A su juicio, la investigación se encamina hacia un “conflicto intrafamiliar” (los hijos de Julia como sospechosos) en vez de un ataque por su activismo. Esa sensación les genera un profundo malestar: “Aquí no estamos frente a una simple desaparición, estamos frente al posible caso de una defensora del ambiente que desaparece y el Estado investigando como si no estuviera ese trasfondo”, dicen.
3. La institucionalidad del Ministerio Público
Desde el órgano persecutor se insiste en que que hay validación judicial, que la investigación es compleja pero en marcha. No obstante, esa versión estatal confronta las percepciones de la familia en cuanto a celeridad, trato, visibilidad del activismo, y enfoque.
Otra contradicción es la del “modelo de fuerza de tareas”: una mezcla burocrática y técnica que, para muchos, puede ser parte de la solución, pero también parte del problema: ¿la complejidad y pluralidad del equipo diluye responsabilidad única? ¿Hace que la rendición de cuentas sea menos perceptible para la familia?
El hecho de que el Fiscal Nacional haya recibido un informe de la propia fiscalía regional para decidir el rechazo del cambio suscita preguntas de “auto-evaluación institucional”: ¿puede la propia unidad bajo sospecha emitir un informe que decida su continuidad, y eso bastar para declarar que no hay incompatibilidad?
4. Los estándares internacionales y pueblos originarios
En octubre 2025 la CIDH dictó una resolución – MC-19-25 – en la cual reconoce a Julia como defensora ambiental indígena, y el Estado de Chile y la Fiscalía como actores responsables de adoptar las medidas necesarias.
El problema que plantea la defensa es que la fiscal regional haya declarado que “no existen antecedentes” de que Julia fuera activista organizada, lo cual contradiría expresamente ese reconocimiento. ¿Cómo compatibilizar esas dos versiones? ¿Qué implica para la investigación que la víctima esté reconocida como defensora de derechos humanos y que la fiscal lo niegue?
Para la familia, esa disonancia no es menor: impugna el “encuadre” del caso, que por ejemplo podría llevarlo a investigarse como desaparición forzada o ataque político-territorial, y no meramente otra circunstancia.
En opinión de la abogada Karina Riquelme:
“Las declaraciones de la fiscal regional son explícitas en reconocer que no se ha integrado en la hipótesis de investigación un dato irrefragable como es el activismo ambiental y defensa de territorios indígenas de la víctima (…) El rol de la fiscal Esquivel es investigar de manera imparcial y no emitir opiniones públicas que puedan afectar la percepción pública o la confianza de las víctimas.”
Por su parte, la Fiscalía señaló en sus comunicaciones que la CIDH “valoró los esfuerzos del Estado de Chile y del Ministerio Público para la búsqueda de la señora Chuñil” lo cual aparece citado como parte del fundamento para rechazar la solicitud de cambio.
En eso, Valencia vuelve a mentir, como puede comprobar quien revise la resolución.
La decisión de Ángel Valencia, de rechazar el cambio de fiscal, ocurre en un escenario caliente, cargado y espeso:
Julia Chuñil lleva once meses desaparecida, la causa no ha sido resuelta; el sospechoso natural siquiera ha sido interrogado.
La comunidad mapuche Putreguel, el movimiento ambiental, organizaciones de derechos humanos están pendientes del caso como símbolo de la vulnerabilidad de las defensoras del territorio y de las comunidades indígenas.
Las abogadas de la familia exigen que se reconozca correctamente el carácter político-ambiental del caso, que se investigue sin sesgos, que haya transparencia.
No se trata de una disputa menor, sino de una desaparición con características de forzada, por lo que la responsabilidad estatal se agrava.
Su calidad de defensora ambiental y mapuche exige un estándar mayor.
La investigación debe tener en su eje justo esa calidad. Negarla, como hace la fiscala Esquivel, no es “una opinión” sino un obstáculo, porque define hipótesis, líneas de investigación, prioridad de recursos.
El trato institucional ha sido desigual: menos visibilidad, menos respaldo, más obstáculos. De hecho, la causa esté en Los Ríos, zona donde el conflicto de tierras, autoridad mapuche, latifundios, y tensiones ambientales operan cotidianamente, exige que la fiscalía afronte la investigación con especial cuidado.
Con la decisión de Valencia, el caso no cambia de conducción principal. Pero eso no significa que se detenga, ni que el conflicto quede resuelto. Al contrario: lo que viene ahora es más visible, más marcado.
Escenarios posibles
– La familia estará más atenta: cada allanamiento, cada filtro mediático, cada nueva línea investigativa será mirado con lupa.
– La fiscalía regional tendrá que cuidar cada declaración pública, cada movimiento de carpeta, ya que la percepción de sesgo puede erosionar la credibilidad.
– El rol del Estado ante defensores de derechos humanos, especialmente indígenas, está en el centro: si Julia es vista como defensora ambiental (tal como lo reconoció la CIDH), la investigación deberá abordar ese factor y no dejarlo al margen.
– Si la causa se alarga sin formalizaciones, sin resultados visibles, la decisión de no cambiar de fiscal tendrá costo simbólico: la familia podría interpretar que se mantiene un posible bloqueo o encubrimiento institucional.
– El entorno político y social (comunidad mapuche, organizaciones ambientalistas, prensa) seguirá observando con atención: porque este caso trasciende a Julia; se convierte en emblema de cómo investiga el Estado cuando la víctima es mujer, mapuche, defensora del territorio.
¿Por qué importa?
Porque no es solo un expediente criminal. Es un espejo donde se ve la intersección de derechos humanos, pueblos indígenas, modelo extractivo, economía forestal, justicia penal.
Finalmente, la causa de Julia nos interpela como sociedad: ¿cómo investigamos cuando la víctima es mujer, indígena, rural, activista? ¿Con los mismos esquemas que para otros casos? ¿O con una conciencia de que el contexto importa —y que la imparcialidad no es solo técnica, sino también cultural?
Desde ese punto de vista, esta decisión del Fiscal Nacional marca un momento: “seguimos como estamos”, pero la pregunta es: “como estamos” ¿es suficiente?.
(*) Colaboradora de #RedDigital.cl
