Tuvieron que pasar 52 años desde que Gendarmería ejecutó -en la madrugada del 22 de octubre de 1973- a cuatro dirigentes sociales de la Zona del Carbón para que -al fin- se publicara un libro sobre tan alevoso crimen perpetrado por agentes del Estado.
En medio de la desatada barbarie facista cabe recatar el gesto del teniente Fuentes de Gendarmería, jefe del pelotón de fusileros: “teniente ordene disparar al blanco, si no, usted va a pagar las consecuencias. Lo pueden matar. Usted no tiene responsabilidad en la muerte de nosotros, esos están arriba”.
Era Isidoro Carrillo, uno de los condenados, luego que los gendarmes dispararan al aire.
El oficial obedeció y tras la ejecución pidió perdón, entre lágrimas, a Manuel Rodríguez, otro de los cautivos.
“Huellas de una herida: los cuatro fusilados de Lota” es una investigación del periodista Nelson Muñoz que reunió testimonios de 18 protagonistas y testigos que narraron la vida y martirio de Isidoro Carrillo Tornería (presidente de la Empresa Nacional del Carbón), Danilo González Mardones (alcalde de Lota), Vladimir Araneda Contreras (dirigente del Colegio de Profesores) y Bernabé Cabrera Neira (presidente del sindicato de Celulosa Arauco).
Tras exitosos lanzamientos en Lota y Concepción, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos acogió -en un repleto auditorio, el miércoles 8 de octubre- la presentación del libro en Santiago con intervenciones del abogado Carlos Margotta; Vasili Carrillo ex militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y oficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba e hijo de Isidoro Carrillo y Rubén Andino, periodista. La ceremonia fue conducida por Marcelo Flores, distinguido profesor y periodista,
Es una obra de 200 páginas, publicada con apoyo de la Universidad de Concepción e integrada por fotografías de los familiares y testigos y del masivo funeral de las víctimas que sólo pudo ser efectuado en 1990, ya que la dictadura se negó a informar donde los había sepultado en forma clandestina. Las fotos del sepelio son de Carlos Pinto Vidal.
Los cuatro militaban en el Partido Comunista de Chile. Eran dirigentes con trayectoria social y raigambre popular en Lota y se entregaron a las autoridades militares creyendo en su palabra de que no habría represalias. Un gesto tan ingenuo como inútil porque tras una caricatura de Consejo de Guerra fueron enviados al paredón.
Se les acusó de formar parte del Plan Zeta, esa farsa inventada por el golpismo y voceada por la prensa derechista sobre un supuesto ejército de miles de guerrilleros cubanos con armas soviéticas. Tras los asesinatos, el miserable diario “El Sur” de Concepción llegó a titular “Ajusticiados cerebros del Plan Zeta”.
En rigor, solo los mataron para amedrentar a la población ya que no se les pudo adjudicar relación con el burdo invento del Plan Zeta ni menos aún con una supuesta resistencia militar a la asonada fascista que no tuvo una masiva oposición armada por cuanto el gobierno de Salvador Allende -la historia así lo ha demostrado-rechazó todo intento serio de armar a los trabajadores.
Un pasado que no pasa
El abogado Carlos Margotta, director de Relaciones Internacionales de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, expresó:
“Ellos fueron asesinados en el marco de una política de exterminio implementada a partir del 11 de septiembre con el propósito de eliminar toda resistencia a la imposición por la fuerza de un nuevo modelo político, económico y social que puso término al proceso de transformaciones sociales iniciado por el Gobierno del Presidente Allende.
Decimos que dichos fusilamientos fueron asesinatos, constitutivos de crímenes contra la Humanidad según lo establecido el Estatuto de Roma, que establece y sanciona los crímenes internacionales. Es asesinato porque cabe considerar que los Consejos de Guerra establecidos por la Dictadura están siendo anulados por la Corte Suprema, por constituir una parodia de tribunal que no reunía los requisitos mínimos del derecho a defensa y al debido proceso”.
En efecto -agregó Margotta- el 3 de octubre de 2016, el máximo tribunal anuló el fallo del Consejo de Guerra rol 1-1973, tribunal que había condenado a un grupo de aviadores constitucionalistas.
«Al dictar esta sentencia, el máximo tribunal cumplió con lo ordenado en la sentencia de la Corte Interamericana en el caso “Omar Maldonado y otros con Chile”, y señaló que el recurso de revisión era el medio procesal para anular estas sentencias. Desde ese primer fallo, se han dictado más de 30 sentencias de anulación.
Esta nueva jurisprudencia es parte del proceso de justicia transicional que se está cumpliendo en Chile y que entrega una respuesta, aunque sea parcial, a las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura”.
“Esta es una publicación -concluyó- que constituye un necesario ejercicio de Memoria, que nos habla de un pasado que no pasa, porque las heridas aún están abiertas y la historia trágica tiende a repetirse. Es un pasado que no pasa porque nos recuerda de las deudas del Estado chileno de hacer Verdad y Justicia, de Reparar debidamente y de implementar las garantías de no repetición, imprescindibles para establecer de manera sólida las bases del Nunca Más”.
La mascarada de Consejo de Guerra
El periodista Rubén Andino Maldonado enfatizó:
“Es necesario mantener viva la memoria de lo ocurrido en la zona del carbón tras el golpe militar, con todas sus secuelas de tortura, exilio, represión, miedo y muerte a la población civil”.
“El libro -agregó- cumple con creces la misión de recordar uno de los crímenes más brutales cometidos por la dictadura contra un pueblo indefenso. Se atentó contra la vida colectiva, la confianza y la solidaridad de toda una comunidad, con la intención de causar un daño permanente e irreversible a los valores compartidos de quiénes habitaban la zona del Golfo de Arauco, actual región del Bío Bío”.
“Las instituciones armadas -señaló- actuaron como fuerzas de ocupación, ante un pueblo desarmado, para infundir miedo e impedir cualquier resistencia al proyecto de restauración capitalista que impulsaron los artífices militares y civiles del Golpe. Con esta convicción, desde el 11 de septiembre de 1973 la dictadura actuó sobre tierra arrasada, con una estrategia de exterminio físico, intelectual y emocional que se ciñó al pie de la letra a los manuales antisubvesivos y de guerra sicológica creados por la CIA y el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos. El Consejo de Guerra, compuesto por los mismos altos oficiales que armaron las pruebas falsas para justificar los fusilamientos, fue una simple mascarada”.
Todo nació en la Escuela de Periodismo
En su intervención, el autor Nelson Muñoz agradeció la formación valórica y académica impartida por la Escuela de Periodismo de la Universidad de Concepción que lo orientó hacia una rigurosa búsqueda de la verdad. Fueron alumnos de esa Escuela, Juan Espinoza Parra, presidente del Centro de Alumnos y José Carrasco Vásquez ambos militantes del MIR, asesinados en dictadura.
“En el caso de los ejecutados de Lota -manifestó- la acción del Consejo de Guerra marcó una irregularidad extrema. No se respetaron formas ni jerarquías internas, ni las políticas, ni las militares. Ese fue un burdo crimen que careció de toda legitimidad, jurídica y moral. Ya se había instalado el terrorismo de Estado y este acto de fusilamiento tenía un efecto intimidatorio para la población de la Zona del Carbón y de Chile”.
“Agradezco al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos el espacio para presentar mi libro que conforma una historia de sindicalismo, militancia, trabajo social, de vida y memoria de la ciudad de Lota, como también de la historia de cuatro dirigentes de la zona de carbón”.
Octubre: un mes doloroso
Vasili Carrillo Nova comenzó sus palabras recordando que octubre es un mes doloroso para nuestro pueblo ya que en ese lapso ocurrieron las muertes de Miguel Enríquez, secretario general del MIR, de Raúl Pellegrin y de Cecilia Magni, líderes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
Carrillo Nova también se refirió, con emoción, a las familias de los cuatro ejecutados -en especial a las madres- cuyo amor y esfuerzo les permitió sacar adelante a sus numerosos hijos pese al horror que sufrieron.
“Este libro -expresó- logró recoger a través de las 18 entrevistas gran parte de la vida y el compromiso de cuatro militantes comunistas, padres de familia y comprometidos dirigentes políticos y sociales que más allá de su militancia política e ideología, sembraron y cosecharon lealtad, amistad y compañerismo.
“Desde pequeño -concluyó- conocí a casi todos los entrevistados que, a través de sus voces, dan vida a los cuatro compañeros asesinados por la dictadura civil-militar. Por ejemplo, Enrique Torres Zapata fue mi profesor de Historia en la Escuela N° 47 de Lota; Manuel Rodríguez nuestro vecino en Maule, Coronel; Omar Sanhueza, destacado dirigente sindical minero y Norma Hidalgo y Santiago Concha, quienes me recibieron a mis 17 años cuando llegué al exilio en la República Democrática Alemana.”
Sobre al autor
Nelson Muñoz es un periodista y reportero gráfico titulado en la Escuela de Periodismo de la Universidad Concepción. En la actualidad es académico en esa casa de estudios.
Fue editor de Fotografía en revista Hoy, Fortín Mapocho, La Nación y la Vicaría de la Solidaridad.
Es coautor del libro “El Golpe en Valparaíso” que escribió con el periodista y escritor Manuel Salazar y “El legado suizo en la Araucanía”, entre otras obras.
Contexto histórico
Durante siglo 20 las minas de carbón de Lota y Coronel -de propiedad de la multimillonaria familia Cousiño- constituyeron un epicentro de luchas proletarias.
Hubo masivas huelgas por mejoras salariales, sindicales y condiciones de vida que fueron sofocadas a sangre y fuego en 1907, 1920, 1925, 1947, 1960, 1965 y 1967.
Incluso en la gran huelga de septiembre de 1925, el Presidente Arturo Alessandri envió al acorazado Almirante Latorre –a la sazón el más grande de América Latina (31 mil toneladas)- a la bahía de Coronel para que sus gigantescos cañones intimidaran a la población civil.
Obviamente el Ejército también fue mandado, varias veces, a la “zona roja” a enfrentar a los trabajadores desarmados.
Sólo durante el gobierno de la Unidad Popular los mineros tuvieron tres años de respiro con la estatización total de los yacimientos con la Empresa Nacional de Carbón lo cual implicó autogestión obrera, mejoras laborales y se garantizó el suministro nacional.
Los yacimientos fueron cerrados en forma definitiva en 1997.
Culminaron así, con más pena que gloria, 150 años de explotación con un saldo aproximado de 1.500 trabajadores fallecidos en accidentes y 50 asesinados por la represión.
(*) Periodista, ex Secretario de Redacción de Revista Cauce.
