Confirman Acusación contra Jadue: Nada Más -ni Menos- que el Inicio del Combate

Costaba imaginar que el tribunal, verbigracia, la jueza Paulina Moya, del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, pudiera denegar una solicitud de la defensora pública, Yessica Aguilera, tan simple y básica, como disponer de tiempo suficiente para conocer un expediente de más de cien tomos, habiendo asumido recién el pasado 14 de julio.

Pero así fue. Cara de palo. Sin que se le moviera un músculo de un rostro de suyo pétreo. Nada que sorprenda, por lo demás. Es la misma jueza que compró íntegra la acusación de la fiscalía, el 29 de mayo de 2024, y decretó prisión preventiva de Daniel Jadue; cautelar que se mantiene hasta hoy, en formato de prisión domiciliaria total.

Reclusión mayor que el hipotético desenlace de una improbable condena. Eso el dispositivo judicial que ha intervenido hasta ahora lo sabe, más allá de la inalcanzable bravata de los 18 años de presidio, enarbolada por la fiscalía.

Por eso, lo apropiado es describirla como castigo anticipado, o mejor todavía, preventivo.

La audiencia del pasado 28 de agosto reprodujo los mismos lugares comunes, los mismos tópicos de los mismos figurantes, y los mismos engranajes que identifican y tipifican la persecución política por la vía judicial, conocida universalmente como «lawfare».

De entrada, la jueza y la fiscala cronometraron el calendario de una forma tal que calzara la acusación, in extremis, en la fecha de cierre de las recusaciones de la agenda electoral, el 28 de agosto, cuestión que hicieron al punto Christian Espejo, abogado de Best Quality, y Marcelo Brunet, abogado de Renovación Nacional.

El mismo procedimiento oblicuo del dispositivo judicial, desnivelado hacia un solo lado. Una y otra vez.

Tampoco significa que represente el fin del camino, pero es más que suficiente para demostrar la finalidad política de la prolongada investigación, iniciada el 5 de marzo de 2021, con la querella de Best Quality, coetánea con el hecho de que el 18 de julio de ese año, Jadue se mediría con Boric, en la primaria presidencial de Apruebo Dignidad.

Bofetada al derecho

La defensora pública, Yessica Aguilera, solicitó dejar sin efecto el cierre de la investigación, y un plazo de 120 días, a objeto de estudiar un expediente de más de cien tomos. A su juicio, era indispensable reabrir la etapa indagatoria y realizar diligencias pendientes, de modo de garantizar el derecho a defensa de Jadue en un caso de tan alta complejidad.

Es lo menos que aconsejaba el derecho. Pero para la jueza Moya, pamplinas. Tampoco tan así, como se desprende de su contradictoria resolución.

La fiscal Giovanna Herrera subrayó en la audiencia que todas las diligencias investigativas pertinentes ya se habían realizado, incluyendo peritajes solicitados por las demás partes intervinientes.

Nuevamente, dejó escapar su particular inquina contra el imputado, arropada de arrogante ironía. Dijo que la propia defensa ha criticado la extensa duración de la investigación, por lo cual consideró «contradictorio» que ahora se pidiera más tiempo.

Junto con atropellar, otra vez, el derecho a debida defensa del imputado, la fiscala simuló ignorar, y en todo caso abstrajo olímpicamente, el hecho de que la defensora pública Yessica Aguilera asumió recién el 14 de julio, y que no está ahí por voluntad propia ni del imputado, sino por la incapacidad económica de éste para financiar al equipo jurídico que lo acompañaba, derivada de su prolongado cautiverio.

Es importante que el lector entienda que de esto se trata, cuando se afirma que es víctima de «lawfare» o persecución jurídica. Todo y todos contra Jadue. Nada que lo beneficie o favorezca.

Ni siquiera se le permite a su nueva defensora -que desde 2018 ejercía en Rapa Nui; para quién, este es su primer caso de relevancia política, impacto mediático y alta complejidad- tiempo para conocer un expediente de más de cien tomos, acumulados en una investigación de más de cincuenta meses, y que justo, …mish qué casualidad, …se agota cuando a Daniel Jadue le toca la candidatura a diputado por el noveno distrito.

De por sí esta gravísima infracción al derecho a debido proceso amerita una presentación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la denuncia de que, en Chile, para Jadue no hay justicia.

Evidentemente, no se le puede pedir semejante tarea a la defensora Aguilar, abrumada como está, con la inmensidad de la faena de nadar contra el tiempo, en un proceso arbitrario, desnivelado y desordenado, cuya lógica cuesta entender, salvo naturalmente la muy evidente de rastrear con vela y acumular con usura cualquier antecedente que deteriore la posición de Jadue.

Por ahí la asume algún abogado, o una agrupación, de derechos humanos, por más que se trata de un procedimiento engorroso, demandante en tiempo y no barato; precisamente por la carga demostrativa de la brutal persecución de que es objeto, y del impúdico atropello de sus derechos, ante la indiferencia, y aún hostilidad de la canalla política, desconocedora de lo que puede suceder cuando se permite que se lleven al primero.

Como ha acaecido invariablemente en el Tercer Juzgado de Garantía, la jueza Moya respaldó sin ambages la postura de la fiscalía.

En su resolución, desestimó la solicitud de tiempo, de la defensa, con el solo argumento de que no procedía «retrotraer el proceso a una etapa ya superada ni anular la acusación presentada», y confirmó la condición de acusado, de Daniel Jadue. O sea, el típico razonamiento casuístico, formalista y positivista, propio del derecho conservador.

Determinó que «no se configura infracción sustancial de derechos ni vulneración constitucional contra el imputado», como si la desmedrada posición de su abogada no contara ni existiera.

Acusación a la carta

El detalle consiste en la fecha de la resolución, 28 de agosto, último día del cronograma electoral para impugnar candidaturas; misma que esperaba en la puerta del tribunal, por así decirlo, el abogado Christian Espejo, del equipo jurídico de Best Quality, para correr a poner un recurso de impugnación de la candidatura de Jadue ante el tribunal, on asiento en el artículo 16 de la actual constitución, según el cual, el derecho a sufragio se suspende a la persona acusada de un delito que merezca pena aflictiva. Dicha suspensión supone la inhabilidad para ser candidato a cargos de elección popular, puesto que para postular al parlamento se requiere ser ciudadano con derecho a voto.

Lo mismo hizo el abogado Marcelo Brunet, en representación de Renovación Nacional. Pocas horas después de la audiencia, ingresó una reclamación ante el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, que solicita se excluya a Jadue del padrón electoral, al haberse confirmado la acusación por delitos de carácter aflictivo, por lo que «perdió su calidad de elector», lo cual significa que «no puede votar ni ser candidato».

Sin embargo, el combate se resolvió en el primer round.

El 1 de septiembre, el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana evacuó un informe, en respuesta a la reclamación del abogado Brunet; en el cual Raúl García Aspillaga, Director del Servicio Electoral, le informa:

«Revisados los antecedentes habidos en este Servicio, cabe indicar a V.S., que no se recibió al cierre de las actualizaciones al Registro Electoral, que venció el 28 de junio recién pasado comunicación alguna desde la Corporación Administrativa del Poder Judicial relativa a la existencia de alguna acusación por delito que merezca pena aflictiva referida a don Oscar Daniel Jadue Jadue».

Después de trazarle un detallado cronograma de los plazos establecidos por la Ley N° 18.556, concluye:

«La publicación de los Padrones Electorales con carácter de definitivos junto a las Nóminas de Inhabilitados, que corresponde al Padrón Electoral con carácter de auditado modificado solo como consecuenda de las reclamaciones acogIdas por los Tribunales Electorales debe ocurrir sesenta días antes de la elección es decir, el próximo 17 de septiembre de 2025, según lo estipulado en el articulo 34 de la citada ley».

La estrategia de Espejo apuntó a que el tribunal informe formalmente a Servel la condición de “acusado” de Jadue, con la expectativa de que ese insumo desencadene la inhabilitación por el Servel.

Hasta la fecha, no hay registro de movimiento en esa dirección, lo cual, dada la perentoriedad del plazo final del 17 de septiembre, lleva a la conclusión del fracaso de la estrategia que apuntaba a liquidar su candidatura por la vía judicial.

Una victoria estratégica, que sabrá apreciarse no bien amaine la tormenta. Su consecuencia inmediata radica en que Jadue ganó el derecho democrático a ser juzgado en las urnas.

Repesenta, a su manera, un hecho histórico. Por primera vez en este dilatado y kafkiano proceso, un organismo autónomo de rango constitucional del Estado, el Servel, se desilnda del esquema de persecución.

Ese mismo día, asumió su defensa, en esta variante, el experimentado abogado Ciro Colombara, quién ha representado a Jadue con anterioridad.

Dos hechos que preanuncian lo que puede ocurrir si los dados de la diosa ciega caen en un tribunal imparcial.

Consultado para esta nota, Jadue señaló lacónico: «lo único que opino es que aquellos que no nos pueden ganar en las urnas, pretenden ganarnos por secretaría».

Insípida compensación

Era tan impresentable el portazo en las narices del derecho a la defensa, que incluso el contradictorio fallo de la jueza Moya no pudo menos que hacerse cargo de ello, aunque de manera inocua y descafeinada.

En lugar del 15 de septiembre, la audiencia de preparación de juicio oral, instancia clave donde se depuran las pruebas y se afina el debate para el juicio oral, fue reagendada para el 8 de octubre.

La magistrada justificó el aplazamiento por «motivos técnicos»”, y para «darle más plazo a la defensa, para que pueda estudiar la causa», implícito reconocimiento de la justeza de la solicitud de la defensa, pero desprovisto de efecto procesal alguno.

En términos netos, la defensa obtuvo 21 de los 120 días solicitados, al tiempo que, en el límite del plazo electoral, el tribunal confirmó la acusación de Jadue.

Si bien la jueza Moya dejó abierta la posibilidad de revisar la reapertura de la investigación en la audiencia del 8 de octubre, advirtió que ello dependerá de si las diligencias fueron oportunamente requeridas y resultan útiles para esclarecer los hechos; aunque, en todo caso, la calidad de acusado de Jadue no cambiará durante el trámite.

En suma, otra vez el odioso cuño del «lawfare»: por arriba, todo lo que lo perjudique. Por abajo, nada que ampare sus derechos.

Tanto más abusivo si se compulsa el comportamiento de la fiscalía y el aparato judicial cuando es Jadue el que pide justicia.