En estos días hemos sido testigos de un ritual de la derecha chilena, que a estas alturas ya no debiera sorprender a nadie.
La superposición de sus mezquinos intereses a las necesidades de los pueblos de Chile y la clara intención de dañar al Gobierno, incluso a costa de los dolores, las angustias y las necesidades reales de quienes esperan políticas públicas y reformas que, de una vez por todas, les den algo de respiro a sus precarizadas vidas.
La estrategia no es nueva. En año electoral y con la expectativa de ganar la próxima elección presidencial, buscan dejar al Ejecutivo sin espacio alguno para cumplir su programa y mucho menos para atender las necesidades urgentes de las familias chilenas, mediante la aprobación de un presupuesto no solo insuficiente, sino que además no contempla las evidentes urgencias actuales en temas tan sensibles para la ciudadanía como seguridad, educación, salud, vivienda, cultura y derechos humanos.
La derecha acaba de imponer un severo recorte en gasto social y ha olvidado los gravísimos problemas que la mayoría de las y los chilenos enfrentan, incluyendo las constantes alzas en el costo de la vida, que hacen cada vez más difícil llegar a fin de mes, con los miserables salarios que se ganan. Y para qué hablar de quienes viven de las pensiones.
A la derecha no le importa que las personas en lista de espera, para atención médica de urgencia, estén bordeando los 3 millones. Les da lo mismo que más de 30 mil personas hayan muerto en ellas. Cantidad que sube cada día que pasa. Poco o nada les importa que se hayan cerrado pabellones; que haya escasez de materiales; que se cancelen cirugías y que el presupuesto de salud se haya terminado en agosto.
Repiten sin cesar que esto solo se puede enfrentar con una mejor gestión, lo que a todas luces resulta falso y cruel. Hablamos de la salud pública, de aquella que atiende a cerca del 75 % de la población chilena, no de las isapre, que es donde se atiende gran parte de quienes se niegan a entregar recursos a la salud pública. Las mismas instituciones que vergonzosamente fueron salvadas, con los dineros de todos los chilenos, mediante el alza de sus propios planes para que pagaran lo que habían robado a sus «clientes».
Hablamos de mínimos, no de medios, ni máximos. La situación real es que el Estado de Chile no cumple con algo básico, que es resguardar la vida de las personas que requieren protección a su salud para vivir dignamente, y en el caso de varios millones, para no morir.
Por otro lado, seguimos asistiendo a diario a una emergencia habitacional caracterizada por un incremento de los campamentos irregulares, en donde los más vulnerables se ven expuestos a tragedias como la que ocurrió en La Florida, en extrañísimas circunstancias; o con lo ocurrido con la quema de varios campamentos en la Quinta Región, esto sin considerar que, en los mismos campamentos, sus habitantes se ven expuestos a hechos de violencia y crímenes como en Cerro Chuño, en Arica; y Alto Hospicio, en Iquique.
Por otra parte, el déficit cuantitativo de viviendas asciende a más de medio millón de unidades, mientras el déficit cualitativo supera con creces el millón de viviendas. Esto sin contar los cientos de miles de familia que pagan arriendos abusivos en un mercado completamente desregulado.
En educación la situación no es mejor. A los graves problemas de agobio laboral sufrido por maestros y maestras de todo Chile, se suman los graves problemas de infraestructura en muchos colegios y escuelas. Todo aquello requiere con urgencia más inversión. También se requieren más recursos para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico, se requieren más y mejores policías, con sueldos adecuados a la labor que se les exige, con más tecnología e implementos adecuados a los riesgos que corren.
Como si fuera poco, Chile hace ya décadas vive bajo el drama de la desigualdad, y mientras las siete familias, las AFP y la banca aumentan sus ganancias de manera nunca antes vista, el país se hunde en la desesperanza y la incertidumbre.
Y como siempre, los que más ganan son los que más reclaman y se quejan del rumbo que el país lleva, a pesar de lo bien que les va a costa de los que más sufren. Y lo peor de todo es que sus representantes en el Congreso se niegan sistemáticamente a la única forma que hay de resolver todas estas urgencias, que es aumentando los ingresos permanentes del Estado.
Lo que la derecha no asume es que, con la recaudación actual, que bordea el 23% del PIB, el Estado no tiene ninguna posibilidad de atender las urgencias y las necesidades para asegurar una vida digna a los pueblos de Chile. Por eso hoy nos vemos enfrentados a una discusión absurda que busca priorizar, entre lo importante, lo urgente y necesario, los insuficientes recursos que el Estado posee entre los problemas importantes y los urgentes.
Es importante recordar que, en promedio, los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recaudan el 34% de su Producto Bruto Interno (PIB) a través de impuestos, y algunos de ellos llegan a superar el 40%.
Este indicador es crucial para entender la capacidad de los gobiernos para financiar las demandas de los pueblos por servicios públicos de calidad, como educación, salud, vivienda, cultura y seguridad social. A través de este indicador se mide también el compromiso de las sociedades con el aseguramiento de una vida digna para todos y todas.
En los últimos años, incluso se ha observado una tendencia hacia una mayor recaudación tributaria en muchos países de la OCDE, impulsada por la necesidad de financiar mayores gastos en servicios públicos y para poder enfrentar la creciente desigualdad, generada por el modelo económico neoliberal y los tremendos efectos que dejo la pandemia de Covid-19 y que ha generado presiones fiscales adicionales en la mayoría de los países del mundo.
Sin embargo, Chile se mantiene con una recaudación tributaria muy por debajo del promedio de los países de la OCDE, y no se ve ni la más remota posibilidad de acuerdo con los representantes de los grandes empresarios en el Congreso, para que eso cambie ni en el corto ni en el mediano plazo, salvo que en las elecciones parlamentarias del próximo año eleven significativamente su representación los sectores proclives a un aumento de la recaudación y a un cambio en la estructura (1) de la misma, de tal manera de hacer más progresiva, cobrándole más impuestos a quienes más ingresos y patrimonio poseen.
Esto evidencia lo estéril de una discusión que parte de lo que hay e intenta repartirlo de la mejor manera posible, cuando la discusión que necesitamos debiera partir de los recursos que el Estado necesita para atender todas las necesidades existentes, para después discutir en serio, como y hasta donde lo financiamos.
En este sentido, no está de más recordar lo fundamental que resulta una reforma tributaria gruesa y robusta, que disminuya la brecha existente con los países de la OCDE, para poder aumentar el gasto social y promover, en asociación con el sector privado, un desarrollo endógeno que permita que en nuestro país nadie se quede atrás.
Dentro de la misma se debiera considerar acabar de una vez con las «atípicas transferencias forzosas al sector privado» detectadas en el informe de la OCDE, solicitado por el Ministerio de Hacienda. La más importante de éstas es el desvío al mercado de capitales de las contribuciones previsionales, que equivalen a un quinto de la recaudación fiscal y a 4,4 por ciento del PIB. El equivalente a 84% de las mismas viene siendo desviado mes a mes con ese destino desde 1981.
Por cierto, es su aspecto más regresivo, puesto que son salarios que se desvían a financiar negocios de un puñado de grandes empresarios.
Pero como la derecha no está dispuesta, la única posibilidad de enfrentar la realidad, sin caer en la extorsión, es recurrir a un aumento de la deuda púbica que hoy se ubica en torno al 40% del PIB, lo que aún es bajo si lo comparamos con los porcentajes de deuda que manejan los países de la OCDE, que se acerca al 100%. Muy por el contrario, podría impulsar el tan ansiado crecimiento económico, recuperando el poder adquisitivo de las personas y sobre todo, nos permitiría atender las necesidades urgentes de la población.
De no recurrir a lo anterior debemos resignarnos a un empeoramiento significativo de las condiciones materiales de vida de los pueblos de Chile para el próximo año, con la posibilidad cierta de que ello lleve a un triunfo de la derecha en las próximas elecciones y porque no decirlo, a la posibilidad de una nueva revuelta popular en donde nadie podrá decir que no la vieron venir.
Notas:
(1) Chile tiene una estructura tributaria con mayor dependencia de impuestos indirectos (como el IVA) y una menor proporción de impuestos directos (como el impuesto a la renta), lo que representa una estructura regresiva ya que cuando un país depende más de impuestos indirectos, una porción significativa de sus ingresos fiscales proviene de los impuestos que se cobran sobre el consumo de bienes y servicios. En otras palabras, los ciudadanos contribuyen al Fisco en proporción al monto que gastan, independientemente de su nivel de ingreso. En cambio los impuestos directos, como el impuesto a la renta, gravan directamente los ingresos de las personas y las empresas. Al tener una menor proporción de impuestos directos, Chile recauda menos recursos de aquellos que tienen mayores ingresos.
