Mediante el elusivo mecanismos de los Contratos Especiales de Operación de Litio, el gobierno prosigue impertérrito la nefasta política de privatizar recursos naturales no renovables, a pesar de que la actual Constitución declara asegura la propiedad pública de los yacimientos mineros, y proclama la inconcesibilidad del litio.
El salar Coipasa, en la región de Tarapacá; Ollagüe y Ascotán, en la de Antofagasta; Piedra Parada, Agua Amarga y Laguna Verde, en Atacama, son los sistemas salinos en que se asignarán contratos especiales de operación. En octubre comenzarán las consultas indígenas.
Esos son los seis sistemas salinos priorizados por el Consejo Estratégico del Comité de Litio y Salares -considerando criterios de viabilidad económica, geológicos y ambientales- para desarrollar nuevos proyectos de exploración y explotación de este mineral en Chile, según lo indicó hoy el Gobierno, en el marco de la Estrategia Nacional del Litio.
«Hemos priorizado seis sistemas salinos que representan el 38% de las manifestaciones de interés que realizaron los privados en el procedimiento RFI (solicitud de información) que llevamos a cabo hace unos meses. Dado que los cinco salares y laguna priorizadas presentan susceptibilidad de afectación, durante octubre iniciaremos las correspondientes consultas indígenas en estos sistemas tal como es nuestro compromiso y como lo ha señalado el presidente Gabriel Boric. Durante el último trimestre de este año, se dará a conocer un segundo listado de sistemas salinos y yacimientos que vamos a priorizar conforme también, a criterios de viabilidad y consideraciones geológicas así como también aspectos ambientales», explicó la ministra de Minería, Aurora Williams.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó:
«En la actualidad tenemos 12 proyectos potenciales: dos de Codelco, cuatro de Enami y seis que estamos presentando para desarrollo íntegro por parte de inversionistas privados. Mirando ese conjunto y los datos que tenemos más precisos respecto de cada uno de ellos, va a permitir que Chile aumente en más de 70% su producción de litio de aquí al 2030, y más que la duplique dentro de la próxima década. Entonces, en términos del desarrollo de esta industria se están dando todos los pasos necesarios para cumplir con esas metas que se fijaron dentro del Pacto Fiscal y en el caso del litio, en particular, como parte de la Estrategia Nacional del Litio que anunció el Presidente hace ya más de un año».
Cabe señalar que el Ministerio de Minería solo entregará un CEOL para cada salar o laguna priorizados. Para habilitar este proceso de asignación, se iniciarán las respectivas consultas indígenas, tras lo cual se abrirán licitaciones públicas en las cuales se considerará la experiencia en cualquier etapa de la cadena de valor de la industria del litio y capacidad financiera de la empresa o consorcio para llevar adelante su proyecto.
El proceso también contempla un procedimiento simplificado para agilizar la celebración de CEOL en los seis sistemas salinos priorizados, con miras a asegurar la pronta ejecución de los proyectos más viables. Para acceder a este procedimiento las empresas o consorcios deberán sumar a los requisitos mencionados un porcentaje de concesiones mineras equivalente o superior al 80% del polígono en cualquiera de los sistemas salinos priorizados.
Los interesados en participar del procedimiento simplificado tendrán plazo hasta el 31 de diciembre de 2024 para ingresar una solicitud de CEOL por sistema salino, debiendo adjuntar los documentos que permitan acreditar el cumplimiento de los requisitos señalados, según lo dispuesto en una resolución que dictará el Ministerio de Minería dentro de las próximas semanas.
El ministro de Economía, Nicolás Grau resaltó:
«Es una forma de agilizar este proceso y avanzar de manera decidida en este objetivo que ha planteado el Gobierno del presidente Boric, es decir, avanzar en la producción de litio en salares distintos al Salar de Atacama».
Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos, el Ministerio de Minería presentará al solicitante un modelo de CEOL y en el caso de existir acuerdo entre las partes se procederá a la firma del contrato, solo una vez concluida la consulta indígena -recogiendo los eventuales acuerdos que allí se alcancen- y dictado el decreto supremo que fija los requisitos y condiciones del contrato.
Por su parte, el ministro de Medio Ambiente (s), Maximiliano Proaño, explicó :
«La tarea del Ministerio de Medio Ambiente es dar sustentabilidad a la Estrategia Nacional de Litio. Los salares son ecosistemas de alto valor y frágiles. Por ello, hemos trabajado en la inclusión en la Estrategia Nacional del Litio de altos estándares ambientales para la utilización de las mejores técnicas disponibles que disminuyan el impacto ambiental en el proceso de extracción de litio, donde el Instituto Tecnológico y de Investigación Público (ITIP) de Litio y Salares jugará un rol clave. Además, impulsamos la creación la Red Nacional de Salares Protegidos que representa la protección de, al menos, un 30 % de los salares y lagunas que existen en el altiplano chileno».
A su vez, la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Aisén Etcheverry, comentó que «cuando se entreguen los CEOLes ya va a existir el Instituto Tecnológico y de Investigación de Litio y Salares y vamos a haber avanzado en varios ámbitos de investigación relevantes para esta estrategia. El ITIP se encuentra en la fase final del proceso administrativo para su constitución, de modo que cuando esté con toma de razón de Contraloría, sesionará por primera vez su directorio y comenzará su trabajo de lleno».
De esta manera, el actual gobierno, que se presume de izquierda prosigue la nefasta política de privatizar los recursos naturales no renovables, a pesar de que la áctual constitución declara inconcesible el litio, para lo cual se vale del oblicuo mecanismo de los CEOLS, o Contratos Especiales de Operación del Litio, al igual que lo hizo la dictadura.
