“Tarde, mal y nunca” solemos decir en Chile cuando algo fue ejecutado de modo precario y/o sin la voluntad real de ser ejecutado. Si las cosas se hacen tarde y mal, es lo mismo que nunca. En esta crónica ilustraremos sobre los antecedentes y acontecimientos que revelan que el gobierno de Sebastián Piñera ha prometido mucho sobre el voto de chilenos en el exterior, pero lo poco que ha hecho se hizo tarde, mal y nunca.
Tarde porque el asunto podría ejecutarse con gran velocidad (no se necesita la reforma constitucional de la que se habla).
Mal, porque se eligió el camino menos conducente para viabilizar el proyecto (se podría hacer una ley a la brevedad).
Y nunca, porque en definitiva se pretende modificar la legislación poniendo restricciones y manteniendo los absurdos sesgos contra los chilenos que habitan fuera de nuestra frontera (sólo se está abriendo la puerta para la elección presidencial).
La descripción que hacemos tiene dos dimensiones: argumentamos en el marco de la discusión para la resolución política y legal de este problema, al tiempo que describiremos las operaciones políticas que han estado en juego para evitar que el voto de chilenos en el exterior sea viable o, al menos, para obstaculizar el ritmo natural de los acontecimientos y la racionalidad mínima. Agradecemos que para esta crónica muchos chilenos, en Chile y el exterior, con altos grados de conocimiento en los temas técnicos en juego, nos hayan apoyado para la elaboración del documento.
Sobre las promesas, el engaño y la simplicidad legal del voto en el exterior
La política exige que la incompetencia y la falta de voluntad se vistan con otras ropas para resultar tolerables. La impostura y la mentira son, entonces, buenas compañeras. En el Siglo IX, el escritor e historiador francés Prosper Mérimée señaló que “toda mentira de importancia necesita un detalle circunstancial para ser creída”.
En el campo de la política, esta consideración puede tener una relevancia central, especialmente si se trata de una promesa política. En ocasiones, una promesa incumplida puede constituir el desenlace poco feliz de un objetivo proclamado, pero que ha sido frustrado por el inexorable peso de las circunstancias. Otras veces, ésta representa la expresión velada o el disfraz que encubre una mentira deliberadamente formulada, especialmente cuando se tiene la creencia de que “parecer” genera más réditos políticos que “ser”.
La historia política chilena ha estado plagada de promesas de campaña, muchas de las cuales han despertado grandes expectativas entre la ciudadanía. Algunas han sido esgrimidas representando el genuino anhelo de mejorar, perfeccionar o transformar un determinado orden social. Sin embargo, una promesa política es, al fin y al cabo, sólo una promesa. Es decir, es la pretensión de un futuro potencial que —declarado en el presente— es capaz de cautivar al electorado, el cual hipoteca el sueño de su realización a la voluntad política de aquel que promete.
El ejercicio del derecho a voto desde el exterior fue una de las promesas de campaña del presidente Sebastián Piñera. En innumerables ocasiones ha declarado ser partidario de que cientos de miles de chilenas y chilenos puedan sufragar en los países en que residen. Y aunque esta declaración de intenciones sea valorable, con ello el Presidente no hace más que aludir a un propósito obligatorio, que es el de respetar la Constitución.
Más aún si se trata de un derecho constitucional que está siendo vulnerado sistemáticamente por la institucionalidad política chilena. Por tanto, su adhesión u oposición personal al voto exterior puede tener valor en el campo de la retórica y de la voluntad política, pero no en el terreno de las obligaciones exigidas para su cargo. Él debe hacer cumplir la Constitución, pues incluso ésta carta fundamental que tenemos, con todos sus defectos, favorece el voto de los chilenos en el extranjero.
Sin embargo, esto último es pasado por alto y tolerado por gran parte de la clase política, primando los recursos del discurso y de la voluntad personal. El Presidente Piñera sabe (y todos lo saben) que se está violando un derecho al no destrabar el ejercicio del derecho a sufragio en el exterior. Sabe que se vulnera la igualdad ante ley, reconocida como derecho individual y principio en el artículo 19 N°2 de la Constitución.
La misma Carta Fundamental, en su Artículo 13, Inciso 2, reconoce como ciudadanos a los chilenos, sea que vivan dentro o fuera del territorio nacional. Específicamente, establece que “son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva”.
¿Está enterado el Presidente de que ninguna de estas condiciones tienen algo que ver con residir en el país o en el extranjero? Por supuesto que sí. Sabe que la Constitución asigna la titularidad del derecho a sufragio a todo aquel que cumple con estos requisitos.
Los derechos civiles exigen un rol activo del Estado, para que éstos puedas ejercerse con igualdad. Un Estado que se abstiene de actuar cuando hay un grupo de ciudadanos impedido de ejercer sus derechos, es un Estado cómplice en la vulneración de éstos. La ausencia de implementación del voto exterior confiere al Estado de Chile la calidad de vulnerador de derechos políticos y ciudadanos.
Desde esta perspectiva, la omisión del Presidente Piñera es grave, además de poner de manifiesto su falta de sinceridad ¿Por qué el presidente Piñera, a pesar de declararse partidario del voto exterior, no ha concretado su promesa presidencial, refrendada en cuatro cuentas públicas del 21 de mayo y en programas radiales y televisivos?
Simplemente, porque nunca ha querido que se concrete y porque hará todo lo posible para que no ocurra. Bajo el alero de argumentos aparentemente jurídicos y pretendiendo confundir a la opinión pública, el Presidente ha insistido en que “quiere, pero que no puede”, cuando la verdadera ecuación política es inversa: “Puede, pero no quiere”.
Su adhesión al voto exterior constituye una mentira articulada, formulada con la creencia de que mentir (sobre su adhesión) minimizará los costos políticos resultantes del incumplimiento de su promesa. Para ello, el presidente Piñera y la Alianza han emprendido cuatro operaciones políticas con ropaje jurídico, destinadas —por acción u omisión— a obstaculizar, postergar o restringir la implementación del voto chileno en el exterior, al menos en este periodo presidencial.
Las operaciones políticas de Sebastián Piñera y de la derecha contra el voto chileno en el exterior
La primera de estas operaciones consistió en presentar propuestas legislativas, diseñadas deliberadamente para que fuesen rechazadas en el Parlamento, debido a las condiciones inaceptables —bajo el término de “vínculo”— que se consignaban en sus textos.
Se trata de iniciativas, tales como el proyecto de ley (Boletín N° 7358-07) y el proyecto de reforma constitucional (Boletín N° 6950-07). El Presidente exigía como vínculo la permanencia continua o discontinua de cinco meses en Chile en los últimos ocho años, cotizaciones previsionales en al menos tres de los últimos cinco años y haber votado en Chile en las últimas dos elecciones presidenciales, entre otros requisitos.
Estas condiciones discriminaban socioeconómicamente, vulnerando explícitamente el principio constitucional de igualdad ante la ley. Obviamente, el rechazo de la oposición no se hizo esperar.
La segunda operación política fue modificar su concepto de vínculo, declarando que sólo consistía en la inscripción en consulados y embajadas, pero exigiendo a cambio una reforma constitucional. Como si siguiera al pie de la letra a Prosper Mérimée, el requerimiento de una reforma constitucional surgió como el detalle circunstancial necesario para que la falacia fuese creída. Todos los legisladores saben que la reforma no es jurídicamente necesaria, dado que la Constitución vigente reconoce como ciudadanos a los chilenos en el exterior. Pero las normas de iniciativa exclusiva de la Constitución, los altos quórum de aprobación requeridos para un cambio legislativo y la sobrerrepresentación de los conservadores en el Congreso, no dejaron paso a los parlamentarios para legislar de otra forma.
Por ello, leyendo el juego de piernas del Presidente, senadores de oposición (Alvear, Allende y Patricio Walker) presentaron en junio de 2013 una reforma constitucional (Boletín N° 9004-07), con las nuevas condiciones que éste exigía. Para un tramitación rápida y teniendo en consideración la inminencia de las elecciones 2013, se requiere de una indicación de urgencia de parte del Ejecutivo, para que la Moción siga un curso de tramitación acelerado.
¿Qué ha hecho el presidente Piñera frente a un proyecto de reforma que se ajusta a sus requerimientos?
Guardar silencio.
A pesar de ello, el 14 de julio de 2013 fue aprobada en la Comisión de Constitución del Senado la idea de legislar del proyecto. Sin embargo, desde el mismo día de su aprobación comenzó la tercera operación política. Los medios de comunicación El Mercurio, La Tercera y La Segunda arremetieron con columnas de opinión y editoriales, rechazando o condicionando el voto exterior.
Del mismo modo, la UDI rompió el silencio resucitando el requerimiento de vínculo que el Presidente había desechado. Esto se hizo necesario para soslayar una inactividad presidencial que se hacía insostenible, pasando a la argumentación abiertamente censitaria y discriminatoria.
Un argumento para negar el voto exterior es que los chilenos en el extranjero no pagan impuestos. Es tan débil ese razonamiento que no se percatan que con ese criterio cientos de miles de estudiantes, dueñas de casa, cesantes y jubilados que residen en Chile perderían su ciudadanía, ya que tampoco pagan impuestos.
Otro argumento abiertamente chauvinista es que a los connacionales en el extranjero no les afecta la vida política nacional. Este criterio desconoce gravemente los alcances e impactos —nacionales e internacionales— que tienen las decisiones políticas en un mundo globalizado, afectando la vida de los chilenos que viven en el extranjero, así como de sus familias que residen en Chile.
Un tercer argumento es la condición de ex-exiliado que presenta casi un 13 % de los chilenos en el exterior, interpelación que vulnera abiertamente la libertad de pensamiento, condicionando la ciudadanía a la tendencia política de las personas.
Esta línea argumentativa ha sido enarbolada por los detractores del voto exterior sin condiciones. La derecha chilena, que antaño defendió el voto censitario, hoy tiene una renovada lucha. Sugiere un sinnúmero de requerimientos discriminatorios, de índole socioeconómica y política, que vulneran derechos fundamentales consignados en la misma Constitución que han pretendido defender, frente a cualquier intento de modificación. Débiles argumentativamente, tampoco —desde el presidente Piñera, hasta sus extensiones en la Alianza— han podido ocultar de manera eficaz su férrea oposición al voto chileno en el exterior, al menos para las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias.
La cuarta y última operación fue omitida por la prensa.
El mismo 14 de Julio de 2013, día en que se aprueba en la Comisión Constitución la idea de legislar el proyecto de reforma, es ingresada en el Senado una nueva moción de reforma constitucional (Boletín N° 9069-07). El nuevo texto consigna nuevamente como autores a las senadoras Alvear y Allende, y al senador Patricio Walker (autores de la moción anterior), pero incluyen esta vez en la autoría a los senadores Hernán Larraín (UDI) y Alberto Espina (RN).
La nueva moción sugiere la existencia de un acuerdo político, que pondría como condición expresa (establecida por la Alianza y aceptada por la Nueva Mayoría) de no incluir en el texto las elecciones parlamentarias en el ejercicio del voto exterior. Sin embargo, independiente de que la Nueva Mayoría continúe con su tradicional juego del “peor es nada” y que la Alianza pueda esta vez participar de la autoría de la reforma, se pasa por alto que este tipo de exclusión impide a cientos de miles de chilenos elegir a aquellos que adoptarán decisiones legislativas, las cuales tienen impacto nacional e internacional.
Se sabe que esta reforma —jurídicamente innecesaria— tuvo como objetivo político neutralizar la introducción de un vínculo discriminatorio en el ejercicio del voto exterior. Sin embargo, este nuevo eventual acuerdo genera un blindaje de rango constitucional al Poder Legislativo, protegiéndolo de las decisiones ciudadanas sobre quiénes legislarán en el país.
Es más, si ahora la Constitución consigna la titularidad del derecho a voto a todos los ciudadanos, residan o no en el exterior, con la última moción este derecho quedará restringido en el mismo texto constitucional, vulnerando nuevamente el principio de igualdad ante la ley. En suma: buen negocio para los legisladores; mal negocio para la ciudadanía y la democracia.
¿Se puede votar en las elecciones de 2013?
Sí se puede. Lo que hay que tener en claro es que, aunque es la vía legislativa que ha suscitado un relativo consenso político, una vez aprobada la reforma constitucional, tampoco queda habilitado el ejercicio del voto exterior. La reforma es la vuelta larga. Porque, con independencia de dicha reforma, para hacer operativo el voto de los chilenos en el exterior se requiere una ley que adecúe las actuales normas del Servel y aquellas que regulan el acto electoral, a los requerimientos del sufragio efectuado desde el exterior.
Sin embargo, el Presidente tampoco ha ingresado ningún Mensaje en este sentido. Dicha ley, por modificar normas del estatuto de un órgano de la administración del Estado (consulados y embajadas) y por generar gasto público, es de iniciativa exclusiva del Presidente.
Del mismo modo, dicha ley, por modificar y exceptuar normas de Ley Orgánica Constitucional (LOC), tendrá normas de rango de LOC,lo cual requiere 4/7 para su aprobación. En resumen, las “trampas” de la Constitución (usando los términos de Fernando Atria) una vez más están al servicio de la derecha más conservadora y antidemocrática que tiene poder de veto sobre la mayoría.
La posibilidad de habilitar el voto exterior para el 2013 depende de la exclusiva voluntad política del Presidente Piñera y de su capacidad de liderazgo frente a su coalición, además de la presión política que pueda ejercer la Nueva Mayoría.
Juegan en contra el cálculo electoral de toda la clase política: aquí todos evitarán lidiar con la incertidumbre asociada al eventual comportamiento electoral de miles de chilenos residentes en el exterior.
En tal sentido, la posibilidad de implementación del voto exterior para el 2013, aunque implique terminar de configurar en Chile el sufragio universal y fortalecer el sistema democrático, tropieza con el cálculo electoral de toda la clase política, con la mitomanía del Presidente, con el conservadurismo censitario de la Alianza, con la pasividad política —a veces cómplice— de la Nueva Mayoría, pero también con el compromiso persistente de unos pocos parlamentarios.
Finalmente, toda esta crónica deja lecciones para el futuro. No hay mentira que dure cien años.
Y cuando el embuste queda al descubierto, el efecto boomerang golpea con fuerza los tobillos de la pequeñez política. El que miente, sabe que lo hace. Y los que han padecido, podrán perder la ciudadanía, pero no la memoria. Que lo sepa el Presidente, la derecha que hoy se opone al sufragio universal y toda la clase política.
Un millón de chilenos que residen en el exterior y sus familias que viven en Chile, todo esto lo recordarán.
Fuente: El Mostrador
