Dos informes, de Amnistía Internacional y del Instituto Nacional de Derechos Humanos, coinciden en lo sustancial: a dos años del 18/O, la impunidad de las violaciones de los derechos humanos en la represión de la revuelta popular, es absoluta, inaceptable y vergonzosa.
Chile: A dos años del estallido social Amnistía Internacional presenta informe sobre responsabilidad de mandos a la Fiscalía Nacional
En el marco del segundo aniversario del estallido social en Chile, Amnistía Internacional ha presentado a la Fiscalía Nacional un informe que recopila estándares internacionales sobre la responsabilidad penal de los mandos de Carabineros, en el contexto de los crímenes cometidos durante la respuesta a las protestas.
“Hace dos años, miles de personas en Chile salieron valientemente a las calles para exigir mayor igualdad y derechos humanos, como una pensión digna, vivienda, educación y salud pública de calidad. La respuesta de las autoridades fue una violenta represión y la criminalización de la protesta social, a través del uso excesivo de la fuerza, y el uso discriminatorio y desproporcionado de la prisión preventiva, entre otras graves violaciones a los derechos humanos – situación que, hasta ahora, el gobierno ha persistido en negar o minimizar”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional ha demostrado que los medios y técnicas instauradas al interior de Carabineros posibilitaron, promovieron o toleraron el uso excesivo de la fuerza.
Sin embargo, ningún mando estratégico ha sido procesado hasta el momento, y muchos de los mismos funcionarios que habrían cometido violaciones de derechos humanos siguen, a esta fecha, en sus puestos atendiendo el control de las protestas.
En este aniversario, Amnistía Internacional recuerda que la justicia y la reforma estructural de Carabineros son pasos fundamentales para que estas violaciones a los derechos humanos no vuelvan a suceder.
“Miles de víctimas podrían hoy contar una historia diferente si no fuera por la omisión deliberada de los mandos de Carabineros que permitieron la comisión de actos de tortura y malos tratos contra manifestantes para lograr dispersarles a toda costa o detenerles sin las debidas garantías. Las autoridades sabían lo que estaba sucediendo y tampoco actuaron decididamente para evitar que se repitieran tales actos.
A dos años del estallido, las investigaciones apenas avanzan. La Fiscalía debe investigar sin demoras la responsabilidad de toda la línea de mando, hasta el más alto nivel. Esperamos que este informe ayude a acabar con esta prolongada e inaceptable impunidad”, dijo Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.
Omisión deliberada e impunidad
El informe presentado a la Fiscalía analiza la responsabilidad penal individual de aquellos superiores que no evitaron o denunciaron el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de miembros de la institución.
La omisión –que ha costado la vida y la integridad de tantas personas– se tradujo en la escasa o nula exigencia de responsabilidades administrativas por parte de los superiores competentes y el escaso funcionamiento de los mecanismos de control interno tras la comisión de los crímenes y violaciones de derechos humanos.
También, de forma deliberada, estos mandos habrían obstaculizado el acceso a la información a la Fiscalía y permitido la impunidad al interior de la institución – por ejemplo, en casos como los de Alex Núñez, Gustavo Gatica y Fabiola Campillai.
Este ambiente de favorecimiento e impunidad es claro al constatar que, dos años después de la respuesta represiva generalizada de parte de Carabineros, el entonces Director de Orden y Seguridad no solo no ha sido investigado por su rol y responsabilidad durante el estallido social, sino que ha sido ascendido al puesto máximo de la institución como General Director.
El anterior General Director no fue removido de su cargo por su posible responsabilidad por las violaciones de derechos humanos, incluidas muertes, torturas y otros malos tratos documentadas en el informe de la organización.
Esta cultura institucional de la impunidad fue avalada por un discurso inflamatorio del Ejecutivo que demonizó la protesta caracterizando a los manifestantes como un enemigo poderoso, organizado y despiadado, lo cual promovió y posibilitó los diversos crímenes cometidos con ocasión del estallido. Hasta el día de hoy, se siguen repitiendo conductas de uso desproporcionado de la fuerza, y el gobierno mantiene un discurso de apoyo irrestricto a Carabineros, que incluso llega a negar la gravedad de lo sucedido hace dos años o la necesidad de abordarlo de manera estructural.
Urgente reforma de Carabineros
Como ha venido señalando Amnistía Internacional, es necesaria una reforma amplia y profunda de la institución Carabineros de Chile, a nivel normativo y cultural, para garantizar que las fuerzas del orden público sigan estrictamente las normas internacionales sobre uso de la fuerza.
Por esta razón es que, en el marco del segundo aniversario del estallido social, Amnistía Internacional además lanzó el informe Policías bajo la Lupa: cinco claves para la supervisión y la rendición de cuentas de la policía en las Américas, resultado de una investigación que recopiló experiencias de toda la región – incluyendo Chile – de manera colaborativa con más de 100 representantes de la sociedad civil, la academia, funcionarios públicos y referentes en el tema.
Este informe recuerda que, para poner fin al abuso policial, el único camino es enfrentar un proceso de reforma estructural de estas instituciones a través de un amplio diálogo con la sociedad civil, que sea capaz de identificar patrones de violencia y formular mecanismos independientes, transparentes y participativos de investigación y rendición de cuentas, incluyendo la efectiva responsabilidad de los mandos.
En esta línea, el informe propone las cinco claves a las que hace referencia su título: primero, contar con mecanismos independientes y efectivos de monitoreo del actuar policial; segundo, mecanismos de participación significativa de la sociedad civil y organizaciones de víctimas; tercero, protocolos apropiados para investigar abusos policiales; cuarto, abordar el actuar policial ilegal como un asunto estructural, y quinto, asegurar la responsabilidad de los altos mandos y de nivel superior.
h2>Información complementaria
Amnistía Internacional documentó cómo, durante las masivas manifestaciones de octubre del 2019, Carabineros de Chile cometieron graves y generalizadas violaciones de derechos humanos, especialmente al derecho a la integridad personal, y posibles crímenes de derecho internacional.
De acuerdo con cifras a marzo de 2021 de la Fiscalía y del Instituto Nacional de Derechos Humanos, se contabilizan más de 8.000 víctimas de violencia estatal y más de 400 casos de trauma ocular.
Estas violaciones generalizadas podrían demostrar un patrón de conducta que revela una intención de dañar a las personas manifestantes con el fin de acallar la protesta, o bien asumiendo dicho daño como un mal necesario.
Esta dimensión y constancia de las violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de derecho internacional cometidos se podrían haber evitado, pero los mandos estratégicos y operativos de la institución policial habrían omitido deliberadamente implementar ciertas medidas a su alcance.
Fuente: Amnistía Internacional
INDH y 18 de octubre: El Estado de Chile no ha cumplido con sus deberes… el panorama es desolador
El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, criticó el nivel de cumplimiento del Estado de Chile respecto de las víctimas de violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en octubre de 2019. “A dos años del inicio de la más grave crisis desde el retorno de la democracia, el Estado de Chile no cumple con sus deberes. El panorama nos resulta desolador”, dijo al presentar un balance de la situación.
Dicho informe cotejó la situación de avance en la cuatro áreas que definió el INDH -verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición- en relación a las recomendaciones que se hicieron hace dos años para hacerse cargo de “las más graves violaciones a los derechos humanos desde el retorno a la retorno a la democracia”.
El balance se elaboró a partir de la metodología que desarrolló y validó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH y consiste en indicadores estructurales, de proceso y de resultado. Tiene tres niveles de indicadores: específicos, generales y final. En el último se expresa la evaluación general agregada de cada recomendación.
Según el seguimiento que hizo el Instituto solamente un tercio de las recomendaciones tienen un cumplimiento parcial, mientras que el resto está pendiente de cumplimiento. Aquí se contemplan, por ejemplo, sugerencias para el Poder Ejecutivo, Carabineros y la Fiscalía, entre otros.
Avance de procesos legales
De acuerdo con los números dados a conocer por el jefe de la Unidad de Protección de Derechos, Rodrigo Bustos, hay apenas cuatro condenas de agentes del Estado por hechos relacionados con la crisis social. Hace un año, en 2020, el Instituto tenía presentadas 2.917 querellas. Había 52 investigaciones ya en fase de formalización y 111 personas formalizadas. Apenas una condena.
Sin embargo, un año después de eso, y a tres días de que se cumplan dos años del inicio de la crisis social, las cifras no han evolucionado mucho. Hoy el INDH tiene 3.072 querellas presentadas, 70 de ellas se encuentran formalizadas, 136 imputados formalizados y cuatro condenas. Se trata de datos actualizados al pasado 21 de septiembre. “Hemos avanzado muy poco, menos de un 1% de las denuncias que entró al sistema penal tiene una formalización”, dijo.
Al respecto el director del INDH recordó que “3.400 víctimas confiaron en nosotros, pero según las cifras de la Fiscalía las víctimas son 8 mil. Estamos conscientes de que mucha gente presentó querellas a través de otras instituciones o a nivel personal o simplemente hizo la denuncia y no quiso presentar la querella. No querían seguir recordando lo que vivieron. Otras no se atrevieron, simplemente, a presentar la denuncia. Hemos estado en 3.000 casos y en sólo cuatro de ellas se dictó una sentencia definitiva condenatoria. Las cifras son devastadoras”, dijo Sergio Micco.
En cuanto al seguimiento de los casos de las víctimas, según mostró en el balance Rodrigo Bustos, hace un año, se habían aplicado 175 protocolos de Estambul a personas afectadas por los casos más graves de tortura y tratos inhumanos y degradantes. Además, 430 ya habían declarado ante la PDI y 491 ante la Fiscalía. Ahora, en 2021, las cifras mostraron que a 218 se les aplicó el protocolo de Estambul, 533 declararon ante la PDI y 842 ante la Fiscalía.
“Hemos avanzado muy poco en los protocolos de Estambul, no obstante todos los esfuerzos que se han hecho. El Instituto estuvo en la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, donde se adoptaron medidas de reforzamiento del Servicio Médico Legal”, añadió el jefe de la Unidad de Protección de Derechos.
Frente a este reducido avance, el director del INDH planteó que el Estado se ha refugiado “en una errada idea que esto es sólo tarea de los tribunales de justicia. Errada porque el recurso a los tribunales de justicia, que desde ya no es rápido ni expedito, se ha agravado. A las razones estructurales de que no hay un acceso a la justicia se suman otras coyunturales, como la pandemia”, dijo Micco.
Reparación y garantías de no repetición
En cuanto a la reparación de las víctimas, el director del INDH cuestionó la política adoptada por el Estado. “Estamos trabajando en una Glosa, la número 12. Nosotros no pedimos participar en esto, porque no consideramos que sea una reparación integral. Pero se nos entregó un mandato. Ahora esa Glosa ha sido completamente desfigurada, en el nuevo proyecto de ley de Presupuesto, que habla de afectados por las manifestaciones”, dijo Micco.
Agregó que el proyecto le quita las acreditaciones al INDH y se las traspasa al Ministerio del Interior.
“Vamos a promover en los próximos días una Glosa ¿Quién debe acreditar a las víctimas? Una comisión calificadora de víctimas, constituida después de hacer las consultas a la sociedad civil, a las víctimas, por el Estado de Chile. Y tiene que haber un proyecto de ley integral de reparación”, añadió.
Respecto de las garantías de no repetición, el director del INDH criticó la forma en que el Gobierno ha conducido una reforma de Carabineros. “Valoramos una serie de propuestas promovidas de larga data que dicen relación con la modernización y la profesionalización de Carabineros. Pero pedimos un paso más allá. Valoramos el proyecto de ley presentado, que separa la seguridad pública de las funciones políticas del Ministerio del Interior, ¿pero es eso suficiente? Evidentemente que no”.
Fuente: INDH
