El proyecto Dominga, que ya arrastraba una década de polémicas ambientales, está en el ojo del huracán por haber sido vendido por la familia Piñera en las Islas Vírgenes Británicas, cuando ya desempeñaba su primer período presidencial, por lo cual fue acusado constitucionalmente en la Cámara de Diputados.
El proyecto minero Dominga, en el norte de Chile, todavía no está construido: no hay camiones, ni relaves, ni grúas. Pese a ser todavía una ilusión y estar solo sobre el papel, este yacimiento ha llevado al presidente, Sebastián Piñera, a los Pandora Papers, ha puesto en jaque su Gobierno y activó en su contra, una acusación constitucional.
Bajo unas lomas en la región de Coquimbo, a 500 kilómetros de Santiago, se esconde una de las reservas de hierro y cobre más grandes de Chile, el primer productor cuprífero del mundo.
Allí estará emplazada Dominga, una mina de la compañía chilena Iron Andes que prevé una inversión de 2.500 millones de dólares para extraer minerales durante 22 años.
Sólo que en el proyecto. Por lo que parece, el proyecto deberá archivarse hasta que lo resucite un próximo gobierno de cuño empresarial, en un futuro incierto.
Este proyecto, que ya arrastraba una década de polémicas ambientales por su cercanía a una reserva natural única en el mundo, está en el ojo del huracán por haber sido vendido por la familia Piñera en las Islas Vírgenes Británicas.
Según reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), los Piñera eran los principales accionistas de Minera Dominga hasta que en 2010 la adquirió un empresario y amigo del presidente por 152 millones de dólares, 138 de los cuales se negociaron en el paraíso fiscal.
Una de las clausulas del contrato establecía que la venta se finiquitaría si gobierno no declaraba el área como reserva natural, lo que finalmente ocurrió.
Hay ahí claramente, en flagrancia, delitos administrativos y contra la probidad pública, razón por la cual el Ministerio Público designó, de oficio, a la Fiscal Regional de Valparaíso, fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, quién abrió investigación acerca de eventuales delitos tributarios, soborno y cohecho, y expicó:
«La definición se ha adoptado luego de una revisión de los antecedentes que ha efectuado la propia Fiscalía Nacional y en virtud de los cuales concluye que hay elementos que se relacionan a estos hechos, a estas circunstancias, que no fueron objeto del pronunciamiento de sobreseimiento definitivo con el cual terminó una indagación que ya realizó la fiscalía de Chile».
Piñera, quien posee una de las mayores fortunas del país y dejará el poder en marzo de 2022, aseguró que «no hay ningún conflicto de interés» y que se desligó de la administración de las empresas familiares en 2009, antes de ser mandatario.
«Los hechos ya fueron investigados por el Ministerio Público y resueltos por los tribunales en 2017. La Fiscalía recomendó terminar con la causa», aseveró el presidente, sobre el que sobrevuela un juicio político.
Una vez más, Piñera demuestra que no está sabiendo leer la realidad.
La fiscal le está diciendo que en opinión del Fiscal Nacional, hay nuevos elementos para abrir investigación, pero Piñera, como si lloviera.
Santuario natural
La investigación, que en Chile lideraron Ciper y Labot, difundió una controvertida cláusula del contrato de la venta de Dominga por la que se supeditaba el último pago a «que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la mina».
Además de dos rajos a cielo abierto, la iniciativa contempla la construcción de un puerto de carga a 30 kilómetros de una reserva nacional que contiene el 80 % de la especie pingüinos de Humboldt y que centenares de científicos de todo el mundo llevan años tratando de preservar.
«La investigación arroja muchas sospechas sobre el proceso de evaluación ambiental del proyecto y sobre el hecho de que el área todavía no esté protegida», señaló Liesbeth van der Meer, directora de la ONG Oceana, dedicada a la protección de los océanos.
El académico Carlos Gaymer, de la Universidad Católica del Norte, aseguró que esta bahía es un «tesoro de la naturaleza» y que su alteración podría desembocar en la muerte masiva de numerosas aves, pingüinos y ballenas que encuentran en ella una zona de descanso y alimentación.
«Construir una mina aquí sería como hacer hacerlo en las Islas Galápagos. Es uno de los 92 ‘hotspot’ (puntos calientes) de biodiversidad del mundo», agregó.
Conflicto de interés
El proyecto de Dominga fue rechazado por una comisión ambiental en 2017, durante el gobierno de Michelle Bachelet, pero el pasado agosto, después de que Andes Iron apelara y se judicializara la causa, recibió el beneplácito de una instancia formada por 12 personas, 11 de ellas nombradas por el Gobierno de Piñera.
«El permiso se le otorgó a un proyecto cuyo inversor era el ex-socio y amigo del presidente. Se trata de un claro conflicto de interés», sentenció Matías Asun, director de Greenpeace Chile.
A Dominga, agregó, se le despejó el camino permitiendo que avanzara «sin importar los escándalos de corrupción, las irregularidades y señalamientos científicos y además liberándolo de competencia».
En 2010, mismo año en el que según el ICIJ se firmó la venta de Dominga, el mandatario anunció como un hito ambiental la cancelación de la construcción de la termoeléctrica Barrancones, de la firma franco-belga Suez, que iba a instalarse en la misma zona.
Ramón Ovalle, un anciano que ostenta un negocio turístico en la costa, afirmó que estaba allí cuando Piñera anunció la clausura: «Vino aquí y nos prometió que no iban a poner una termoeléctrica para cuidar la fauna, pero ahora uno no le cree nada».
Las dos caras de Dominga
Los Pandora Papers han acrecentado las tensiones de la comunidad local, donde Dominga tiene adherentes y detractores. En La Higuera, una humilde localidad de tradición minera, los vecinos y autoridades ven una oportunidad para salir adelante.
«Aquí no tenemos supermercados ni hospitales, somos pobres, pero debajo tenemos minerales que podrían traernos mucho desarrollo», explicó a Efe Johanna Villalobos, portavoz de una plataforma vecinal.
Andes Iron defiende que Dominga traerá de forma directa o indirecta más de 45.000 empleos y que parte de los beneficios se reinvertirán en esta localidad.
A unos 50 kilómetros, en la costa, habitada por pescadores tradicionales y buceadores, lo tienen claro: la instalación del puerto va a ser un «ecocidio».
«Nuestra cultura y fauna está en peligro, no queremos 25 años de extractivismo y que la gente de las minas se llene los bolsillos», afirmó Elías Vargas, pescador de la caleta de Punta de Choros.
Durante la entrevista el agua se embraveció y una ola sobrepasó el embarcadero:
«La Pachamama se está pronunciando, no quiere vertidos mineros», bromeó Josué Ramos, otro pescador.
Abogados de la Alianza Humboldt presentan reclamación ante el Comité de Ministros
Los abogados de Alianza Humboldt presentaron la primera de las reclamaciones ante el Comité de Ministros, instancia presidida por la titular del Medio Ambiente, Carolina Schmidt. El libelo apunta a revertir la aprobación entregada por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo (COEVA) al proyecto minero portuario Dominga,
“Esta primera reclamación está relacionada a la falta de consideración de las observaciones hechas por Oceana en el procedimiento de evaluación ambiental. En la aprobación que se hizo por la COEVA de Coquimbo, no cambió nada del proyecto original, que otrora fuera rechazado”, señaló Ezio Costa, director ejecutivo de FIMA y abogado de Oceana en la causa.
“Esta reclamación se produce en paralelo a las casaciones que esperamos prontamente sean oídas y resueltas por la Corte Suprema, y al recurso de protección ante la Corte de La Serena, relativo a la ilegalidad de haber votado este proyecto nuevamente, estando pendiente el pronunciamiento del máximo tribunal”, agregó.
La reclamación es la primera de varias que presentarán desde la Alianza Humboldt. De acuerdo a la ley, la resolución de la COEVA es reclamable ante el Comité de Ministros dentro de 30 días hábiles desde la publicación en el diario oficial del permiso ambiental, plazo que vence el 28 de octubre.
Una de las solicitudes de la reclamación interpuesta es que se suspenda la vigencia de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), cuestión que es urgente para que Dominga no pueda comenzar las obras, según lo informado.
Por otra parte, las reclamaciones se interponen mientras se espera que la Corte Suprema resuelva los cuatro recursos de casación presentados por los abogados de la Alianza Humboldt, y que buscan invalidar la sentencia del 1° Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA) que ordenó que el proyecto Dominga se volviera a votar en la COEVA de Coquimbo, cuestión que finalmente ocurrió el pasado 11 de agosto.
Desde la Alianza Humboldt recalcaron que en 2017, tanto la COEVA de Coquimbo como el Comité de Ministros, definieron el rechazo del proyecto minero portuario Dominga, argumentando que éste presentaba una deficiente línea de base del medio marino, subestimaba su área de influencia y no caracterizaba las rutas de navegación, falencias técnicas de profundo riesgo para uno de los ecosistemas marinos más biodiversos de toda la corriente de Humboldt.
Frente a esos rechazos, Andes Iron apeló y judicializó el caso.
Cruz Grande
Pero Dominga no es la única industria que amenaza el archipiélago de Humboldt.
En 2015, el puerto Cruz Grande, de la Compañía Minera del Pacífico (CMP) obtuvo el permiso ambiental para construir un megapuerto en la localidad de Chungungo.
En 2020, Oceana solicitó a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) caducar dicha autorización ya que la empresa no inició la ejecución del proyecto dentro del plazo de cinco años tal como lo establece la ley de bases de medio ambiente.
Sin embargo, la SMA no acogió la solicitud, ante lo cual Oceana recurrió al tribunal ambiental, donde se llevarán a cabo alegatos en noviembre de 2021.
“Al igual que Dominga, Cruz Grande pretende instalarse al medio del archipiélago de Humboldt, la zona de alimentación más importante para las especies que abundan en este lugar como las ballenas fin, los delfines nariz de botella y el pingüino de Humboldt”, señaló Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de Oceana.
“La evaluación del proyecto Cruz Grande no consideró los impactos en este ecosistema, y no es compatible con la protección de un área que ha sido declarada prioritaria para la conservación”, concluyó.
