En los mismos instantes en que la jauría mediática se solaza en la dudosa empresa de despedazar la imagen del infortunado Rodrigo Rojas Vade, episodio que tan aceitado le viene a la estrategia de deslegitimar y desprestigiar a la Convención Constitucional, estalló un silencioso escándalo de proporciones, que involucra a cuatro alcaldes de las tres comunas que configuran el gueto de la elite.
Lo de silencioso viene por el hecho de que solo publicaciones electrónicas de pequeño y mediano alcance, como Crónicas Transparentes y El Mostrador, le han prestado la atención que merece la red de corrupción edilicia de alto coturno, mérito aún más encomiable en el primer caso, si se considera que las autoras de la investigación, María Fernanda Leiva y Tamara Silva, integran el Taller de Periodismo Avanzado de la facultad de comunicaciones de la Universidad Católica.
El resto de los medios, entre ellos los que monopolizan las audiencias -especialmente la televisión- e integran el denominado sistema mediático, no es que no hayan informado sobre esos hechos. Así no se construye la desinformación. Lo hacen, pero publican versiones descafeinadas, escuetas, instantáneas, que no permiten establecer conexiones con dimensiones múltiples, tales como el tiempo, el contexto, la trazabilidad historiográfica y el conflicto social, entre otras.
No es un acoso que llega a extremos repulsivos, como sucede cuando los dueños del sistema mediático sueltan a la jauría mediática contra un objetivo concentrado, caso actual de Rojas Vade.
No es la mentira sistemática y obsesiva, construida sobre verdades a medias, repetida una y otra vez por el sistema mediático, hasta que se hace sentido común, para instalar los objetivos estratégicos de los propietarios de los medios.
A modo de ejemplo, en el caso Caval, el propósito apuntó al desprestigio personal de la presidenta Bachelet, y por tanto, frenar sus ínfulas reformistas, mientras que la campaña contra la Universidad ARCIS fue en si un misil a la línea de flotación de la reforma de la educación superior.
No es que a partir de esos hechos, salgan a emplazar a medio mundo, exigiéndole un pronunciamiento condenatorios so pena de acusación de complicidad; ni menos aún, que los periodistas tengan la tupé de interrumpir al entrevistado, como si fueran el objeto de la noticia. .
Ese tratamiento está reservado a los ajenos, más aún si se sospecha filiación o pertenencia al ancho mundo del comunismo, el terrorismo y el violentismo; jamás a los propios.
Es más, con arreglo a una regla no escrita, pero no por ello menos respetada, los políticos de derecha o los empresarios de la elite que tuvieron la mala fortuna de haber sido sorprendidos con los dedos en el cajón, o chocar con pruebas que sepultaron sus mentiras, y que por tanto recibieron alguna sanción a nivel judicial -por lo general leves penas remitidas- desaparecen de la pauta mediática, como si gozaran de una protección silenciosa, para no infligirles doble castigo.
De esa guisa, dentro de la noche que se le vino, el ex-alcalde Raúl Torrealba, uno de los fundadores de Renovación Nacional, al menos tendrá la tranquilidad de no enfrentar reporteros que se le cuelguen de las ventanas del auto, o establezcan verdaderos campamentos frente a su casa, y que los matinales de televisión no ventilarán hasta los detalles más nimios de su vida privada.
En el probable caso de que llegue a ser declarado culpable, probablemente recibirá la pena más leve que permita la figura legal, remitida por irreprochable conducta anterior.
Desde entonces entrará en ese pacto de omertá, en ese cono de silencio del sistema mediático.
En efecto, ¿alguien recuerda alguna mención, en cualquier circunstancia, en algún medio, acerca de políticos y empresarios condenados por cualquiera de las facetas del escándalo del financiamiento ilegal de la política, tales como Jovino Novoa, Pablo Wagner, Pablo Zalaquett, Jaime Orpis, Marta Isasi, Pablo Contesse y Francisco Mujica?.
Eso, por no mencionar inculpadas, que no fueron tocadas ni con el pétalo de una rosa, en relación con su probada participación en esos hechos, caso de las senadoras de la UDI Ena von Baer y Jacqueline van Rysselberghe.
Claro, toda regla admite excepciones, como Carlos Alberto Délano, nuevamente en la palestra, a propósito de las tramposas maniobras de su sello, para pasar de contrabando el proyecto Domingo en los descuentos del gobierno de Piñera, o Pablo Longueira, que logró discreta exposición mediática con su peregrina tesis de que la derecha lograría hasta el 40% de la Convención Constitucional.
A Rojas Vade, el sistema mediático lo condena sin remisión ni consideración a que, independiente de su dolencia, es un enfermo grave, y que a lo más se le puede imputar defraudación de la confianza pública, no configurada penalmente; mientras que al mismo tiempo omite, o cubre muy superficialmente, una red de defraudación de dineros públicos, constituida por los alcaldes de las comunas donde se recluye el noventa por ciento del uno por ciento de la elite del país; que ha desviado miles de millones de pesos en fondos que tenían uso alternativo, y que fueron a parar, sea a caja electoral, o bien, en peculado personal.
Es cierto que Torrealba está en el centro del candelero, con la discreción descrita, porque fue denunciado por la grosera costumbre de recibir mensualmente un sobre con cinco millones en billetes; tal como hacía el ex director de la PDI, Héctor Espinoza, otro del que tampoco habla el sistema mediática, ni lo acosa la jauría. Pero los ex alcaldes Felipe Guevara, de Lo Barnechea, y Francisco de la Maza y Joaquín Lavín, de Las Condes, están pasando piola.
Las redes de corrupción de las corporaciones municipales
En opinión de Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, los antecedentes que están brotando, de corrupción orgánica en los municipios de Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura, «es la punta del iceberg, una olla de presión que tenía que explotar».
Análogo al escándalo de pedofilia en la iglesia Católica, destapado por el diario Boston Globe, a principios de 2002, lo que sorprende al final del día, es que no haya estallado antes.
De acuerdo al reportaje Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea le han transferido $29 mil millones a su asociación privada para compras de seguridad, de las autoras mencionadas, en septiembre de 2014, los entonces alcaldes de Vitacura, Raúl Torrealba, Francisco de la Maza, de Las Condes, y Felipe Guevara, de Lo Barnechea, anunciaron la creación una unidad de seguridad en conjunto, asociación comunal que denominaron Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana de la Zona Oriente, AMSZO, inscrita en abril de 2016.
El propósito declarado era la proverbial optimización en la asignación de recursos, pero el objetivo real, apuntaba a la autonomía y ausencia de control en la gestión de recursos públicos. En la práctica, desde entonces todo gasto en seguridad de las tres comunas se canaliza a través de esta asociación municipal privada.
La información del Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades, muestra que entre abril de 2016 y agosto de 2021, la AMSZO recibió $29.100 millones de estos tres municipios.
En el mismo registro aparecen 38 compras por trato directo, sin competencia entre proveedores. Entre ellas están convenios con SOSAFE y contratos de asesoría jurídica con la Universidad Finis Terrae.
Entre 2016 y abril de 2021, la AMSZO le ha pagado $1.200 millones a la Universidad Finis Terrae por la contratación del programa de asesorías jurídicas. Ese dinero viene del municipio de Vitacura a través de cuotas que transfiere a la AMSZO desde 2016. El convenio está fijado hasta 2021, renovable por tres años. El pago anual a este programa de la U. Finis Terrae supera los $350 millones, según la aprobación de aportes municipales a la Asociación para el año 2020.
SOSAFE S.A. es una empresa tecnológica creadora de una aplicación online para reportes ciudadanos relacionados a la seguridad. Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura pagan este servicio a través de la AMSZO.
La AMSZO ha pagado $797 millones a SOSAFE entre 2016 y abril de 2021. De este monto, cerca de $400 millones corresponden a un proyecto de las tres comunas. Los contratos separados ascienden a $170 millones en Lo Barnechea, $145 millones en Las Condes y $81 millones en Vitacura.
SOSAFE fue creada en alianza con un grupo de empresarios de seguridad dueños de Instagis, una empresa de datos digitales que según un reportaje de CIPER, cumplió un rol clave en las campañas electorales de 2016, el mismo año en que se firmaron los contratos con SOSAFE.
De este modo, Instagis facilitó la reelección de Raúl Torrealba en Vitacura y Felipe Guevara en Lo Barnechea, y que Joaquín Lavín volviera a la municipalidad de Las Condes, al otorgarles el servicio de perfilamiento de los vecinos de sus comunas, que incluye intereses, miedos y preferencias, información crucial en campañas políticas. Los datos que utiliza Instagis provienen, precisamente, de SOSAFE.
En consecuencia, una ecuación de suma cero, donde siempre ganan los privados y pierde el bien común.
Sin embargo, conforme revela otro reportaje de las mismas autoras, Las Condes y Lo Barnechea han transferido más de $14 mil millones en los últimos tres años a entidades privadas de seguridad que no son fiscalizadas, la AMSZO no es el único mecanismo utilizado para desviar fondos gastados en seguridad hacia la zona gris de las corporaciones, fundaciones y asociaciones comunales, de fachada municipal, pero de menores estándares de transparencia y control.
Se trata de Lo Barnechea Seguridad y la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Las Condes, organismos financiados por sus municipios, pero que actúan como entidades independientes, y por tanto, compran fuera del sistema de adquisiciones públicas; microclima ideal para el florecimiento de arreglines, desfalcos, estraperlos, fraudes, malversaciones, recortes, sisas, sobreprecios y sobresueldos, en todas sus variables.
A modo de ejemplo, este tipo de camaleónicas corporaciones, de fachada pública pero de derecho privado, de precaria estructura legal, subcontrata a los vigilantes privados de los tres municipios, con el resultado neto, de que, por un lado, los municipios les transfieren cuantiosos fondos, a pesar de que no tienen manera de controlarlos, o más bien por lo mismo. Y del otro, los infortunados patrulleros habitan un bizarro limbo laboral donde no son ni funcionarios municipales, ni sujetos a contrato alguno, y por tanto, están desprovistos de los más elementales derechos del trabajo.
No solo eso.
A pesar de que se rigen por la misma ley que regula a las juntas de vecinos o los centros de madres, o tal vez por lo mismo, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Las Condes y Lo Barnechea Seguridad, en tanto «organizaciones funcionales municipales», no solo administran las remuneraciones de los patrulleros, sino también se encargan de la adquisición de sus uniformes, la compra o arriendo de vehículos y motos, la adquisición o contratación de tecnología, como cámaras, plataformas computacionales, bases de datos, y servicios de asesorías y capacitación. Al menos así lo aseguró la directora de Seguridad Pública de Las Condes, en el concejo comunal del 12 de diciembre de 2019.
Son montos significativos. Ambos organismos han recibido $14.600 millones entre 2019 y agosto de 2021, según el Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades. En 2019 recibieron casi $6 mil millones, monto muy superior al de Pudahuel, Lo Prado, Renca y Quinta Normal, que gastaron en conjunto $2.100 millones en seguridad ese mismo año.
El punto radica en que, en virtud de su precario marco legal y deliberada ambigüedad, no hay manera de establecer ni fiscalizar el uso de esos recursos.
Es verdad que los fondos transferidos por los municipios a estas peculiares entidades, deben ser aprobados por los concejos municipales, pero también lo es el escaso poder fiscalizador de los concejales, especialmente en contextos donde el alcalde detenta la mayoría; sin perjuicio de que la Contraloría General de la República no tiene atribuciones para fiscalizar la contabilidad ni el patrimonio de estas resbaladizas entidades; cuyos recursos pueden provenir, además del municipio, de diversas fuentes privadas, de alto secretismo y ningún control.
Aunque utilizan recursos municipales, no están sujetas a normas de transparencia y acceso a información que permitan conocer cifras y respaldos de gastos.
Un informe del Observatorio Fiscal rechaza que no tengan las mismas regulaciones que los municipios, toda vez que “ejercen funciones de interés público y administran patrimonio de igual naturaleza que las del Gobierno Central y los organismos públicos definidos por ley, los que merecen ser conocidos y rendidos frente a la ciudadanía”.
Agrega:
«Hay claros riesgos en materia de probidad y conflictos de interés, puesto que sin la debida transparencia y disponibilidad de información clave, como la nómina del personal, se dificulta el control sobre potenciales situaciones de riesgo, como el pago de remuneraciones adicionales y horas extras, sobre la base de honorarios, a personas ya contratadas por la municipalidad”.
Organizaciones creadas para embolinar la perdiz
No es necesario descender al nivel de la responsabilidad personal para explicar las irrefrenables tendencias a la corrupción propiciadas por el dogma neoliberal de privatizar todo lo que se mueve, incluyendo la seguridad del territorio.
El Estado se desagrega en múltiples nodos privados, cada uno ávido de lucro, sin muchos escrúpulos que se antepongan. Después de todo, si la doctrina proclama el beneficio, la ventaja y la ganancia, es apenas natural que la mayoría de los acólitos considere que la caridad empieza por casa.
Precht sostiene que el problema consiste en que la privatización encubierta de servicios municipales, se manifiesta en una caja negra, imposible de controlar, donde menudean los desvíos de recursos, pagos de favores y mecanismos de sobresueldos:
“Es un mecanismo muy utilizado por muchos municipios del país que, supuestamente en pos de la efectividad, crean personas jurídicas de carácter privado, como corporaciones, fundaciones, organizaciones, que por su naturaleza jurídica no tienen el mismo control que puede tener un municipio. De esa forma funciones que debiese hacer el municipio, la comienzan a hacer terceros, que en realidad no son terceros, solamente es un disfraz de terceros»
Ejemplifica con la creación de una supuesta corporación de deportes. Se sacan las funciones de deporte del municipio y se las transfiere a esa corporación. El punto consiste en que puede pagar los sueldos que quiera, a quien quiera, sin escala ni control. La fiscalización solo remite a transferencias del municipio, por montos globales, y no a otro tipo de ingresos, que pueden provenir de múltiples y opacas fuentes y triangulaciones.
“Es lo que se denomina la huida del derecho administrativo, se escapa del control. Es un mecanismo muy antiguo, que empieza con las fundaciones que crean las primeras damas hace mucho tiempo en Chile, que finalmente se financian con presupuesto y funcionarios públicos, pero que no tienen el mismo nivel de control del Estado».
Para el director ejecutivo de Chile Transparente, las corporaciones no debieran que existir:
“No hay una ilegalidad de la creación de corporaciones municipales, pero lo que hacen es irse por la berma”.
Es la misma dinámica y persigue los mismos propósitos que la densa urdiembre de sociedades que encubren la fortuna de Piñera: evadir regulaciones, impuestos y control.
Es la naturaleza de modelo neoliberal: se pueden tirar los dados las veces que se quiera, pero no tardará en aparecer el patrón del beneficio individual, el lucro y la corrupción.
La punta del iceberg
Eso aparece con la exactitud y precisión de un pantógrafo en la querella del municipio de Vitacura contra el ex-alcalde Torrealba:
«El Ministerio Público conoce que al interior de las organizaciones comunitarias Vita Emprende y Vita Deportes se ha observado un gran desorden administrativo, que incluye el registro de gastos que no cuentan con el debido respaldo y la inexistencia de estados financieros actualizados».
La querella fue admitida a trámite en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, por cargo de fraude de quién estuvo a cargo del municipio de Vitacura, por un periodo de 25 años consecutivos; desde 1996 hasta julio de 2021.
El libelo incluye el testimonio de Antonia Larraín, sobrina de Domingo Prieto, e íntima amiga de una de las hijas de Raúl Torrealba, quien por 16 años se desempeñó como funcionaria de la Municipalidad de Vitacura, y que en julio de 2018 asumió la Dirección de Desarrollo Comunitario.
El detalle consiste en que Prieto es ex-presidente del Consejo Local de Deportes, ex-representante legal de las fundaciones Vita Salud y Vita Deportes, y ex-amigo de Torrealba, contra quien está enfrenado en una amarga reyerta de acusaciones recíprocas.
«Apenas comenzó a ocupar el cargo, el imputado Torrealba le señaló que todos los meses ella recibiría del imputado Prieto un sobre con suma aproximada de $ 5.000.000, lo que efectivamente ocurrió hasta el mes de diciembre de 2020», dice la denuncia firmada por el abogado Mauricio Irarrázabal, director de Asesoría Jurídica del municipio de Vitacura.
Agrega el texto de la denuncia:
«Con fecha 19 de agosto de 2021, se acercó hasta mis oficinas en la I. Municipalidad de Vitacura una funcionaria municipal que desempeñaba un cargo de confianza de la administración anterior -cuya identidad se encuentra en conocimiento del Ministerio Público-, manifestándome que desde hacía aproximadamente tres años y hasta el cambio de administración municipal, ocurrida en el mes de julio, manipuló mensualmente sobres de dinero conteniendo aproximadamente la suma de $ 5.000.000 en dinero efectivo, que recibía, entre otros, de Domingo Prieto Urrejola y de Arnaldo Cañas y que entregaba personalmente al alcalde Raúl Torrealba».
La querella incluye servicios pagados, y no prestados:
«Se ha detectado la existencia de pagos por cuantiosas sumas de dinero, presumiblemente provenientes del pago de las subvenciones municipales recibidas por dicha organización, a Arnaldo Andrés Cañas González, quien se desempeñaba como contador de la misma. Sólo en el mes de enero de 2021, el señor Cañas recibió de dicha entidad tres cheques que fueron pagados todos con fecha 13 de enero de 2021, por las sumas de $10.000.000, $12.930.000 y $38.065.589, respectivamente, todas las cuales fueron registradas como ‘fondos por rendir’ y no tienen como contrapartida ninguna prestación o servicio conocido».
Situación similar registró el programa Vita Deportes. En enero de este año, Cañas recibió tres cheques por las sumas de $3.093.540; $2.915.500; y $13.984.075, sin que dichos dineros registren contrapartida, o evidencia de prestación de servicio alguno:
«Lo anterior significa que, sólo durante la primera quincena de enero de 2021, el señor Cañas recibió de parte de las dos organizaciones mencionadas, sin justificación para ello, la suma total de $ 80.939.380 que no tienen como contrapartida ninguna prestación o servicio conocido y que, si se proyectan en el tiempo de funcionamiento de las organizaciones comunitarias funcionales antes mencionadas, podrían comprometer una parte relevante del patrimonio municipal otorgado a través de subvenciones, dañando directamente a los vecinos de la comuna».
Si se investiga como corresponde a corporaciones o fundaciones del cuño de AMSZO; SOSAFE; Lo Barnechea Seguridad; Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Las Condes; Asociación de Municipios Metropolitanos para la Seguridad Ciudadana, integrada por los municipios de Estación Central, Independencia, Providencia y Santiago; Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana Concón–Limache, creada por estas dos comunas; la Unidad de Víctimas y Persecución Penal de Lo Barnechea Seguridad y la Fiscalía Privada SpA., por mencionar entidades que habitan esa zona gris, entre otras 67 corporaciones, fundaciones y organizaciones comunitarias funcionales, creadas con el fin de eludir regulaciones y control aparecería la corrupción en serio; la corrupción de clases, la que lesiona el patrimonio público.
Aquella que se apodera de ingentes recursos, que de otra manera, beneficiarían al común de la población.
No es que esas fantasmales entidades no se puedan investigar. Lo que falta es voluntad política para hacerlo. Y por cierto, un periodismo serio, riguroso y profesional, que reponga en su sitio el valor epistemológico de la verdad.
Por ahora, el lamentable sistema mediático que padece el país se limita a disparar contra el pianista, y crucificar figuras marginales como Rojas Vade, sin siquiera entender lo que significan o representan.
Entre otros factores y motivos, por eso estamos como estamos.
