Más de seiscientas organizaciones sociales de diversa índole, propósito y procedencia, firmaron un documento en respaldo de las seis garantías democráticas que planteó la Vocería del Pueblo.
Diversas coordinadoras, redes y organizaciones sociales, territoriales, sindicales, medioambientales, feministas y migrantes de todo el país reunieron sus firmas en respaldo a la articulación que propone la Vocería del Pueblo, en orden a “hacer efectiva la soberanía popular de la constituyente”.
En la carta, que sigue sumando respaldos, reiteran que “el mandato colectivo lo sostenemos juntas, juntes y juntos dentro y fuera de la Convención Constitucional”.
Entre las organizaciones firmantes está el Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT). Lucio Cuenca, uno de sus integrantes, manifestó que el amplio y masivo respaldo que está teniendo la “Vocería de los Pueblos” en organizaciones sociales, “refleja la sintonía que existe en el mandato social que emergió del estallido y la revuelta popular y las seis garantías democráticas para desarrollar el proceso constituyente que planteó esta agrupación de convencionales”.
“Las reacciones de la clase político/empresarial son destempladas y antidemocráticas, promueven invalidar un planteamiento legítimo que busca deliberar sobre el real poder constituyente que se debe plasmar en la Convención”, agregó.
Por otra parte, Camila Casanova, vocera de la Red de Actrices Chile (RACH), explicó que como organización autónoma, que reúne a actrices feministas de todo el país, tienen un compromiso con la defensa de los derechos humanos y con la erradicación de la violencia. En esa línea, Casanova explicó que “la Vocería de los Pueblos da cuenta de una reflexión política que compartimos”.
“Creemos firmemente que esta Constitución debe ser escrita por las mayorías representadas en la Convención sin condicionantes que limiten la soberanía popular”, agregó la vocera del colectivo de actrices feministas.
Luis Mesina, de la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras No Más AFP, se refirió al fin de la prisión política, uno de las garantías planteadas por la Vocería, y remarcó que esta “parece ser una razón sumamente válida para la ciudadanía. Es inaceptable que en este país la prisión preventiva se exceda a tal punto de transgredir derechos fundamentales y humanos de las personas que se encuentran privadas de libertad”, argumentó el integrante de No Más AFP.
Además, añadió que “un proceso constituyente exige la deliberación y lo que han hecho estos 34 constituyentes, cuyo mandato han recogido de la ciudadanía, es perfectamente respetable y legítimo”.
Juanita Aguilera, en tanto, de la Comisión Ética contra la Tortura, manifestó su total respaldo a los planteamientos, resaltando la necesidad de liberar a “todos los presos de la revuelta y comuneros mapuche”. Asimismo, sostuvo que “queremos que se termine con la impunidad de los crímenes de la dictadura y de los crímenes cometidos por Piñera”.
Fernanda Navarro, de la Coordinadora Nahuelbuta Biobío constituyente, reiteró que “como Coordinadora nacida en un territorio históricamente oprimido por el Estado y depredado por el empresariado, no podemos sino adherirnos a este esfuerzo de unificar y sumar las fuerzas necesarias para realizar los cambios que nos den al fin la dignidad que nos corresponde como vecinas y vecinos”.
En la misma línea, su par, Felipe Iglesias, aseveró que “coincidimos que es imprescindible exigir condiciones mínimas democráticas, garantizadas por el Estado, que permitan asegurar que la Convención pueda ejercer su función en plena autonomía conforme a la naturaleza de la función para la cual fueron electos y electas los y las convencionales constituyentes”.
Por otro lado, la constituyente electa, Alondra Carrillo, declaró que «a diferencia de la derecha, los movimientos sociales no organizamos golpes de Estado, eso lo hacen ellos. Lo que los movimientos sociales hacemos hoy es poner sobre la mesa garantías democráticas que creemos necesario que sean discutidas ampliamente respecto del desarrollo de este proceso y respecto de la normalidad que ha regido en los últimos 30 años.
Además, Carrillo añadió que «esto que hemos planteado no lo inventamos nosotras, quienes conformamos la Vocería de los Pueblos. Es la posición con la que nuestras organizaciones territoriales y sociales nos mandataron desde el primer momento a ir a la CC y es un diálogo que no solamente tenemos el derecho, sino el deber de abrir para poder terminar con el autoritarismo que rige en este país de una vez por todas e iniciar, al fin, las condiciones para un proceso histórico democrático, sin impunidad, sin prisión política, que transforme esas condiciones históricas».
La misiva en respaldo a la Vocería de los Pueblos, firmada ya por más de 600 organizaciones, se dió a conocer el mismo día en que 91 personajes de la concertación hicieran lo propio, pero con un documento donde rechazaron las garantías planteadas por la articulación de convencionales constituyentes.
Descargue la declaración y conozca la lista de las organizaciones que respaldan a la Vocería de los Pueblos.
