La lista de Constituyentes Convencionales de la lista Apruebo Dignidad tuvo una jornada de trabajo en la que se abordaron aspectos claves que deben definirse en torno al reglamento y a la instalación de la Convención.
Uno de los puntos acordados es darle importancia en forma y fondo al hito de inicio del Órgano Constituyente.
Éste debe “ser coherente y consignar las características de la movilización social como motor del proceso constituyente”.
En esa línea, se precisó que los poderes del Estado no deben jugar un rol activo, sino que “se debe asegurar una ceremonia sobria, expresión de la soberanía popular, adoptando criterios multiculturales y que permitan que la ciudadanía se sienta parte e identificada con este proceso histórico.
En este sentido se deben poder expresar grupos que a lo largo de nuestra historia han tenido poca representatividad.
En el mismo sentido se concluyó que en la ceremonia de inicio “deben respetarse las características que definan los propios pueblos, la lengua originaria de cada representante y su traducción pertinente”, y deben relevarse las ideas de “descentralización, paridad, incorporación de las autonomías de los pueblos originarios y la participación popular”.
La ceremonia inaugural es un acto de investidura inicial y no necesariamente contempla una promesa o juramento. Se planteó además la posibilidad de una modalidad que “permita la realización de una ceremonia de carácter regional y otra ceremonia de carácter nacional.
La primera vincula al representante con sus representados y su propio territorio; y la segunda se hace cargo del compromiso de que la Constitución Política será el lugar en el que todas y todos los habitantes del país se sientan protegidos”.
En relación al presupuesto de la Convención, se concluyó que “éste debe considerar a las y los constituyentes de regiones, y las particularidades geográficas, de conectividad y otros, que tiene el país. Para que eso suceda es fundamental contemplar criterios como: a) actividades similares de las y los constituyentes en sus territorios y con las organizaciones; b) que asegure el transporte y estadía de las y los convencionales en las reuniones presenciales, c) que la Convención pueda funcionar
sin condicionamientos en sus necesidades técnicas y políticas; y d) que considere los aspectos de género y de cuidados, entre otros elementos”.
Por último, se acordó impulsar la transparencia activa durante el inicio y todo el resto del proceso, “asegurando desde la instalación de la Convención Constitucional, que la ciudadanía pueda contar con transmisión pública abierta televisada y otros medios, asegurando los derechos lingüísticos”.
