A pesar de las restricciones de circulación aplicadas en la principales ciudades del país, el pueblo colombiano continúa en las calles, retomando las manifestaciones interrumpidas por la pandemia.
El pasado 15 de abril, Alberto Carrasquilla, entonces ministro de Hacienda, presentó al Congreso un proyecto de reforma tributaria con el objetivo de optimizar la política fiscal para consolidar una infraestructura de equidad en un marco de sostenibilidad de las finanzas públicas.
Bajo el eufemismo de Ley de Solidaridad Sostenible el gobierno de Iván Duque pretendía recaudar 26,1 billones de pesos para aliviar el déficit fiscal agravado por la pandemia.
Para ello, apeló a una serie de medidas que incluían la creación de un impuesto a la riqueza para los altos salarios; la ampliación de la base tributaria mediante el alcance de un mayor proporción de sectores medios y medios-bajos que pasarían a abonar el impuesto de renta; y modificaciones en el IVA que incluirían servicios básicos, combustibles y productos de primera necesidad.
Inmediatamente, el Comando Nacional Unitario, integrado por la CGT, CUT, CPC, CTC, CDP y Fecode, emitió un comunicado enumerando las once razones por las cuales rechazaba la reforma de Duque y convocando a participar del paro del 28 de abril (1).
En el mismo afirmaba que “la reforma golpea inmisericordemente a todos los colombianos pero con mayor fuerza a la clase media, los trabajadores y los colombianos más pobres. El objetivo único es satisfacer las exigencias de las calificadoras de riesgo, el FMI y la OCDE para continuar con la política de endeudamiento desenfrenado.”
El paro logró un alto acatamiento y se desarrolló con masivas manifestaciones en todo el país que se extienden aún hasta hoy.
El gobierno respondió a la protesta enviando al Ejército a las calles como “asistencia militar” al accionar represivo de la Policía Nacional y del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
El mes de movilizaciones sociales dejó como saldo 129 personas desaparecidas, 43 fallecidas y 106 denuncias de violencia por razones de género, de las cuales 23 corresponden a hechos de violencia sexual.
El sinnúmero de violaciones a los derechos humanos por parte del aparato represivo del Estado colombiano conllevó a una solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para realizar una visita in loco a la que el gobierno de Iván Duque respondió con negativas y dilaciones.
Si bien se establecieron diálogos entre el Comité del Paro y el Gobierno Nacional y se alcanzó un documento de preacuerdo que está siendo analizado por las partes, hay puntos sobre los que no se logra establecer consensos.
Mientras tanto, el pueblo colombiano continúa en las calles, haciéndole saber al gobierno que no se trata solo de una reforma tributaria sino de años de neoliberalismo salvaje devenido en violencia, desigualdad, pobreza y falta de justicia social, agravadas por la irrupción de la pandemia.
Más allá del proyecto de reforma tributaria, retirado el 2 de mayo ante la presión social, la decadencia del uribismo en el poder y la desconfianza hacia las instituciones son previas al paro.
En efecto, un estudio de Invamer Pool que mide el índice de aprobación de mandatarios locales, arrojó que antes del Paro Nacional la desaprobación de la gestión Duque se ubicaba en un 75%, que ascendió al 79% entre el 28 de abril y el 3 de mayo y se acomodó en un 76% a finales de mayo.
La falta de credibilidad del pueblo colombiano en las instituciones y los partidos políticos nunca había alcanzado niveles tan bajos como los actuales. De acuerdo con el Observatorio de la Democracia, desde el año 2018 se registra una caída de 10 puntos porcentuales en el nivel de satisfacción con el funcionamiento de la democracia 2.
Hay varios factores incidentes en el estallido social del 28 de abril y que se vinculan, claro está, con las manifestaciones de noviembre de 2019 y febrero de 2020.
El primero de ellos se relaciona con los intentos sistemáticos de hundir los Acuerdos de Paz suscritos en noviembre de 2016 por parte del gobierno de Duque, delfín del ex presidente Uribe, quien está sospechado de tener vínculos con el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia.
Para ello, se valió desde ataques discursivos desprestigiando la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hasta escamotear partidas presupuestarias destinadas a los Acuerdos.
Esto resulta más grave aún teniendo en cuenta las dificultades que presenta el cumplimiento de los Acuerdos. En efecto, como alertó el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, la vida de excombatientes, líderes sociales y defensores de derechos humanos “está en altísimo riesgo por cuenta de las amenazas, homicidios, desapariciones, secuestros, desplazamientos y otros ataques».
En 2021, cada 21 horas un líder social es asesinado y cada cuatro días se registra una masacre. En total, 65 líderes sociales y defensores de derechos humanos y 24 firmantes de los Acuerdos de Paz y ex Combatientes de las FARC fueron asesinados.
Cabe recordar que, contabilizando desde diciembre de 2016, estas cifras ascienden a más de 900 líderes sociales y comunitarios y 276 ex combatientes FARC. En este marco, se han incrementado también las desapariciones y los desplazamientos forzados.
Según la Defensoría del Pueblo, en el primer semestre de 2021, el número de desplazamientos forzados aumentó un 177% respecto del mismo periodo del año anterior, registrándose en total 27.435 personas desplazadas, principalmente en la la zona de Valle del Cauca. Más del 50% de las personas desplazadas son población étnica.
El segundo de los factores se refiere a la grave crisis socioeconómica que atraviesa el país y que la pandemia profundizó. Según publicó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), durante el último año la pobreza se incrementó en 6,8 puntos porcentuales, ubicándose en el 42,5%, mientras que la pobreza extrema lo hizo en el 15,1% registrando un incremento de 5,5 puntos porcentuales respecto de 2019.
Esto significó que 3,5 millones de personas ingresaron a la pobreza mientras que 2,8 millones lo hicieron a la condición de pobreza extrema. En total, casi la mitad de la población vive en situación de pobreza.
El Coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, en 2019 había sido 0,526, ascendiendo en 2020 a 0,544.Por su parte, la tasa de desempleo en marzo de 2021 registró un incremento de 1,6 puntos porcentuales respecto del mismo periodo del año anterior, ubicándose en el 14,2%.
La informalidad laboral fue mayor entre las mujeres (48,3%) que entre los hombres (47,4%). Si bien se implementaron medidas de asistencia como el Ingreso Solidario, su alcance resultó insuficiente ante el dramático panorama social, económico y sanitario.
Tal vez, hubiese sido necesario que el gobierno de Duque resigne fondos destinados a gastos militares en pos de desarrollar políticas integrales que sostuviesen a las millones de familias depauperadas. Luego de Brasil, Colombia, fue el segundo país de Latinoamérica en 2020 con mayor gasto militar (9.200 millones de dólares).
El tercero de estos factores es la crisis sanitaria y la deslucida gestión de la pandemia. En efecto, Colombia se encuentra atravesando la tercera ola de contagios y acumula más de 89 mil muertes por coronavirus.
El Plan Nacional de Vacunación, mediante el cual se pretende vacunar a más de 37.750.000 personas, comenzó a implementarse tardíamente el 17 de febrero de 2021, cuando el país ya había atravesado en enero uno de los momentos más críticos de la segunda ola por el elevado número de contagios y la ocupación de camas UCI a más del 90%.
En paralelo, se pretendía implementar una reforma sanitaria que buscaba privatizar un sistema de salud ya de por sí tercerizado y fragmentado y cuyo archivo en el Congreso de la República fue una conquista más de las multitudinarias manifestaciones en el marco del Paro Nacional.
A pesar de las restricciones de circulación aplicadas en la principales ciudades del país, como el pico y cédula y el toque de queda nocturno, el pueblo colombiano continúa volcándose a las calles, retomando las manifestaciones y reclamos acaecidos entre noviembre de 2019 y febrero de 2020, interrumpidos por la pandemia y las medidas de aislamiento social.
La resolución del conflicto no pareciera encontrarse a la vuelta de la esquina. Ante el complejo escenario que atraviesa Colombia, tal vez reste preguntarse como lo hacía Gonzalo Arango en Elegía a Desquite, “¿No habrá manera de que Colombia, en vez de matar a sus hijos, los haga dignos de vivir?
Si Colombia no puede responder a esta pregunta, entonces profetizó una desgracia: “Desquite resucitará, y la tierra se volverá a regar de sangre, dolor y lágrimas».
Notas:
(1) Convocatoria conjunta con el Comité Nacional del Paro.
(2) En contraste, el apoyo a la democracia se ha mantenido estable en el 57% en 2020.
