La contumacia de Piñera, de bloquear el tercer retiro por vía del ilegítimo tribunal constitucional, está desembocando en una conflagración de grandes proporciones, si es que no es eso lo que busca.
En el senado, el tercer retiro fue aprobado por 31 votos a 11, es decir, 73,8% a favor, y 26,1% en contra, superando con comodidad incluso la guillotina de los dos tercios.
La demagógica oferta del gobierno, del IFE renovado para el 80% del registro social, y mejorar el acceso al bono de clase media, no modificó el voto de siete senadores/as de la coalición oficialista:
Francisco Chahuán, Marcela Sabat y Manuel José Ossandón de Renovación Nacional; David Sandoval, José Miguel Durana e Iván Moreira, de la UDI, y el independiente Juan Castro, en la lista de RN.
En la cámara de diputados la aprobación fue todavía más rotunda: 122 votos a favor, es decir, el 83,5%, 20 en contra, el 13,6%, y 4 abstenciones.
Por la aprobación votaron:
22 diputados de Renovación Nacional
Bernardo Berger, José Miguel Castro, Andrés Celis, Sofía Cid, Catalina Del Real, Eduardo Durán, Jorge Durán, Tomás Fuentes, Ramón Galleguillos, René García, Andrés Longton, Miguel Mellado, Camilo Morán, Francesca Muñoz, Paulina Núñez, Erika Olivera, Ximena Ossandón, Jorge Rathgeb, Hugo Rey, Alejandro Santana, Frank Sauerbaum y Cristóbal Urruticoechea;
13 de la UDI
Pedro Pablo Alvarez-Salamanca, Nino Baltolu, Sergio Bobadilla, Nora Cuevas, Sergio Gahona, Javier Hernández, Joaquín Lavín,Celso Morales, Cristhian Moreira, Iván Norambuena, Nicolás Noman, Renzo Trisotti y Gastón Von Mühlenbrock;
4 independientes
Tres expulsados/renunciados a la UDI -Sandra Amar, Álvaro Carter y Virginia Troncoso- y Pablo Prieto de la bancada RN.
Incluso en el bando oficialista, la aprobación del tercer retiro es abrumadora: 7 de 11 en el senado, es decir el 63,6%, y 39 de 63 en diputados, 61,9%.
En el tercer trámite en la cámara de diputados, con el fin de aprobar modificaciones introducidas en el senado, relativas a incluir las rentas vitalicias y ajustes en el pago de alimentos, la aprobación mantuvo la contundencia: a favor 119 votos, 85,6%; 17 en contra, 12,2% y 3 abstenciones.
Los 41 votos oficialistas, más que doblaron a los en contra.
Esta rebelión en la granja del bloque oficialista, en la coyuntura más apremiante para el neoliberalismo estratégico tendrá, sin duda, consecuencias, materia para otro análisis.
La democracia consiste en el gobierno de mayorías. Ese principio básico se manifestó de manera inequívoca en el parlamento, la instancia constitucional que representa, al menos en teoría, el poder decisorio de la ciudadanía.
Lo demás, es verso.
Además, guardó coherencia estadística con otra masiva y estruendosa expresión mayoritaria en el plebiscito constitucional del 25 de octubre pasado: 78,27% por una nueva constitución, y 78,9% por una Convención Constitucional, engendro generado por el «acuerdo» del 15 de noviembre de 2019, en lugar de una Asamblea Constituyente legítima y soberana.
Sólo Piñera, algunos de sus ministros, ni siquiera todos, y los gremios empresariales parecen parecen no darse cuenta de la grave emergencia que viven los chilenos de a pie, por la torpeza del gobierno, de insistir en la focalización en lugar de la universalidad, con el fin último de evitar que sus amigos millonarios paguen impuestos, ni hoy ni nunca, para no afectar la «inversión».
Fracaso tras fracaso, pero el discurso no cambia.
La obcecación del presidente lo está dejando en una cada vez más insostenible posición de aislamiento, sin que, aparentemente, lo sepa o le importe, o se lo adviertan sus asesores.
Eso sería grave en tiempos normales, pero en la catástrofe social, política, económica y sanitaria que azota al país, es imperdonable, y un suicidio político.
La invocación del gobierno y sus voceros -el relato, como dicen ahora- en relación a su deber de atenerse a la legalidad vigente, es una acartonada manera de evadir lo central:
a) que esa constitución ilegítima ha sido abolida en los hechos, después de años de lucha; b) que sus arbitrariedades antidemocráticas están en el origen de la actual sublevación popular, y c) que el tribunal constitucional carece de calado político, ético e institucional para desconocer una mayoría de semejante envergadura.
Claro, puede hacerlo, como de hecho cuenta con ello el gobierno. Pero si acoge semejante disparate, la actual crisis política y social escalará en varios órdenes de magnitud.
Resta todavía considerar el ilegítimo origen de la constitución de Pinochet, que aún maniata al sistema político del país, aprobada mediante fraude masivo en un plebiscito que atropelló toda formalidad democrática.
El hecho de que haya sido apoyada por el sector de la concertación proclive a refugiarse en el partido del orden, es parte del problema.
Sin embargo, la posibilidad de la salida anticipada de Piñera, mediante la acusación constitucional y la huelga general, ha adquirido suficiente inercia, como para ser descartada.
En todos los escenarios, la acumulación del gobierno es perdedora, cualquiera sea la medición democrática, salvo el irrisorio tribunal constitucional, tercera cámara elegida por nadie, símbolo de lo que los chilenos exigen cambiar, expresado por mayorías significativas, en torneos democráticos que cumplen con todas las formalidades y protocolos.
En la antítesis, va avanzando, por la gravedad y el peso de los los acontecimientos, la noción de que Piñera es el problema, y que su salida es parte de la solución.
La acusación constitucional, considerada inicialmente por las fracciones del partido del orden de la concertación, como política testimonial, ha ganado terreno, tanto por considerar que la situación llegó a límites inaceptables, como por cálculo electoral, a tres semanas de las elecciones más extrañas e importantes de la historia de Chile.
En ese contexto, el paro de la Unión Portuaria de Chile, UPCH, y la convocatoria a huelga general para el 30 de abril, de la CUT, suma sustantivas adherencias en el mundo del trabajo, como la ANEF, de los trabajadores del sector público; la Confederación Nacional de Trabajadores del Cobre, CNTC, de los trabajadores de empresas contratistas, capacitada de sobra para interrumpir las faenas del cobre en Chile, más aún si la acomodaticia federación de trabajadores del cobre, ftc, cumple su amenaza de sumarse al paro, y también lo hace el sindicato del transporte metropolitano, que reúne e los trabajadores del Transantiago, podría ofrecer una salida extra-institucional, si Piñera insiste en su obstinación.
Es una confrontación inescapable: cada cierto tiempo, dos proyectos de sociedad; guardando distancias y proporciones, se miden en circunstancias históricas extremas, como sucedió con el Frente Popular, entre 1936 y 1941, y la Unidad Popular, entre 1970 y 1973.
En ambos ciclos, los derechos sociales, colectivos y del trabajo, avanzaron más que en el conjunto de la historia del país.
El tema es que la derecha, enfundada en el modelo neoliberal, se las arregló para
anular temporalmente esos derechos. Pero, al mismo tiempo, esa perspectiva terminó en este desastre.
Por tanto, la síntesis consiste en ¿cómo defender esos derechos en tiempo, distancia e historia?
La respuesta: unidad política y social del pueblo. Es su hora. Si no lo hace en el tiempo que corresponde, puede terminar como la revolución mexicana.
En diciembre de 1914, Villa y Zapata tomaron el palacio del gobierno en México, pero no tenían una concepción acabada acerca de qué hacer con ese poder, y cada uno se volvió por donde vino.
Resultado neto: Emiliano Zapata fue asesinado por esbirros del gobierno de Alvaro Obregón, el 10 de abril de 1919, en Chinameca, y Francisco Villa, el 20 de julio de 1923, por el mismo gobierno, en Parral.
Piñera, en nombre de una constitución nunca legitimada, originada por fraude estructural, pretende que un inicuo tribunal ad hoc, salve al sistema privado de pensiones por secretaría, en medio de una rugiente crisis social, originada en gran medida por su incompetencia, insensibilidad social y ausencia de talla de estadista.
Pero los números no cuadran, y las reuniones menudean, en palacio y otros cenáculos de poder.
A la salida de una de ellas, convocada de emergencia la tarde del viernes 23, el portavoz de gobierno, Jaime Bellolio, anunció el atajo por el que se decantará el gobierno: un proyecto alternativo que resuelve el tema constitucional, tal como sucedió con el segundo retiro.
O sea, la tercera derrota consecutiva del gobierno, en su enfrentamiento con el congreso, a propósito de los retiros parciales de los fondos que administran las afp.
Sin embargo, lo que ahora tampoco cuadra es el tiempo. La gente, desesperada, exige su dinero -porque es suyo- en el momento más crítico de la pandemia y la crisis económica, ahora, ya. En el mejor de los casos, el trámite de ese proyecto no podría tomar menos de un mes.
Gobierno lerdo y obtuso. Parece que entrena para hacerlo peor cada día. Pierde un mes a cambio de nada, para acabar como al principio, mientras por tercer día consecutivo, la protesta social se manifestaba de múltiples maneras, con la consiguiente represión policial, la primera línea de Piñera, tan estresada como los trabajadores del sistema público de salud, la primera línea contra la pandemia.
A pesar de toda evidencia, el gobierno mantiene inalterable su oposición al impuesto a los súper ricos y al royalty a los recursos naturales; sin entregar a cambio otra cosa que una política dogmática en extremo, la focalización, que al hambre y la desesperación, agrega el escarnio y el insulto; tal como esos desalmados, desubicados y estúpidos empresarios, preocupados por los bonos, porque la rotada puede negarse a trabajar.
No se hace la siguiente pregunta elemental: y mientras tanto, el pueblo ¿qué come?
Así de grave está la situación general del país, en manos de una elite arrogante, desalmada, incompetente y mentirosa.
Al borde del precipicio, el gobierno emite señales en dirección al enésimo acuerdo, que a cambio del tercer retiro, acote los riesgos para el sistema de capitalización individual, y controle reformas tributarias, como el impuesto a los súper ricos y el royalty.
Y por enésima quinta vez, habrá sectores opositores proclives a semejante acuerdo, que aparte de salvar a Piñera, deja las cosas donde mismo.
Sin embargo, la profundidad de la crisis puede conducir a desenlaces hoy insospechadas.
Entre ellos, la salida anticipada de Piñera, por un acuerdo tan transversal y mayoritario como el que se manifestó en el congreso, a propósito del tercer retiro.
Es más, después de semejante derrota, en democracias consolidadas, el presidente o primer ministro dimite, por entender que no cuenta con la confianza de la ciudadanía, y llama a nuevas elecciones.
Pretender ese gesto de dignidad en Piñera es tan inútil como intentar pescar en el zanjón de la aguada.
En consecuencia, si se va antes del 10 de marzo de 2022, es porque lo echaron.
Una pausa y ya volvemos; noticia en desarrollo.
(*) Si es verdad que el lenguaje es la casa del espíritu, y construye realidad, en este medio, la institucionalidad cuestionada no merecerá, a partir de ahora, el uso de la mayúscula.
