Mientras el Poder Judicial y Carabineros avanzan prácticamente nada en alrededor de tres mil querellas por violaciones a los derechos humanos y abusos de agentes del Estado, con más de 2 mil heridos, se desplegó un operativo en Iquique y Alto Hospicio, destinado a encarcelar personas que habrían participado en movilizaciones y protestas sociales en 2019 y se presentaron objetos que los implicarían en actos delictivos, algunos calificados por abogados de ridículos.
Otro operativo de Carabineros en barrios y zonas populares.
Esta vez en áreas de la Región de Tarapacá, particularmente en Iquique y Alto Hospicio, con 22 violentos allanamientos y 17 detenciones, incluyendo menores de edad.
Operativos con decenas de uniformados de distintos departamentos y el apoyo de la Fiscalía, y la denuncia de familiares de uso indebido de la fuerza, insultos, golpes y uso de armamento pesado.
El caso de los 17 detenidos en Tarapacá, se sumaría al plan político-comunicacional de La Moneda, con apoyo de algunos fiscales, se mostrar logros en “el combate contra el terrorismo”, criminalización de la protesta y reforzar el discurso de que “son violentistas” quienes de manifiestan.
A los detenidos se les acusó de “asociación ilícita”, “entrega de dinero para compra de bencina”, tener un “grupo organizado, que tiene jerarquía”, atacar recintos policiales y supermercados, y otra serie de ataques, estableciendo una enorme capacidad operativa de menores de edad y jóvenes de Iquique y Alto Hospicio.
Versiones que dieron oficiales de Carabineros e integrantes de Fiscalía, hablaron de “desbaratar una organización” destinada a provocar hechos violentos.
En redes sociales y en vocerías de dirigentes populares de Tarapacá se apuntó a que Carabineros actúo de madrugada con procedimientos de abuso, descontrol, agresiones y violencia contra los detenidos y sus familias.
Además, se dijo que las acusaciones son falsas, sobre todo las destinadas a establecer la existencia de un grupo con capacidad e intención de cometer amplios y graves delitos. Se indicó que la mayoría de los detenidos participa en organizaciones vecinales, de solidaridad, ollas comunes, centros comunitarios y grupos sociales.
El diputado de la región, Rubén Moraga Mamani, criticó el procedimiento policial y dijo que “esto busca criminalizar a las personas que están vinculadas al estallido social”. “Consideramos que no es lo más correcto el cómo se ha efectuado esta situación, y pondremos a disposición esta oficina parlamentaria, para otorgar todo el apoyo que se requiera para esclarecer los hechos y se actúe en debido derecho”, apuntó.
Recalcó que los detenidos “son personas que han trabajado en ollas comunes, que han hecho trabajo solidario, entonces me parece extraño que justo frente a un proceso electoral que se nos viene, ocurran estas medidas”.
Hubo versiones hechas correr desde ámbitos oficialistas y policiales, y destacadas por medios de prensa afines al gobierno y la derecha, en que se dijo que los detenidos integraban “un grupo organizado” del Partido Comunista.
Sobre eso, el diputado Moraga manifestó:
“Condenamos lo que ha salido y circulado a través de la prensa nacional, donde se ha vinculado a los detenidos con el partido comunista. Esto huele a viejas campañas concebidas, en la cual hay temores políticos al final del día, que nos dan cuenta de la realidad nacional. Aquí hablamos de la expresión de un desenfado, de un basta ya de la población, del pueblo en torno a demandas sociales, y todo el que reclama se dice que es comunista”.
Solo un detenido en prisión preventiva
Tras una extensa audiencia que se prolongó durante toda la noche, el Juzgado de Garantía de Iquique dejó en prisión preventiva solo a uno de los 17 detenidos por presunta participación en delitos relacionados con el 18 de octubre de 2019.
La fiscalía los acusó de lanzamiento y fabricación de bombas molotov, desórdenes públicos y bloqueos de calles con objetos contundentes, cometidos entre el 18 de octubre de 2019 y el primer semestre de 2020. Además, les adjudica pertenecer a una «asociación ilícita», con organización y liderazgo.
«Se logró establecer que se trataba de un grupo organizado, que tiene jerarquía, mantiene liderazgos, hay personas que tienen distintos roles, incluso hay una que entrega dinero para la compra de bencina», sostuvo ayer la fiscal Paula Apablaza.
Los acusados detenidos en las últimas horas en un amplio operativo policial, desarrollado por Carabineros en conjunto con la Fiscalía de Tarapacá, que incluyó una serie de allanamientos en Iquique y Alto Hospicio.
En la audiencia de formalización –que se realizó entre las 17:00 horas de ayer y las 8:30 horas de hoy–, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para siete de los imputados, pero el tribunal solo concedió esa medida cautelar en el caso del líder de la asociación ilícita, tanto por cumplir ese rol como por ser el «autor inductor del lanzamiento de dos bombas molotov» en contra de un banco del sector.
Los otros seis imputados sobre quienes solicitaba la misma medida cautelar –por fabricación o lanzamiento de bombas molotov– el tribunal los dejó con arresto domiciliario total.
Respecto de los otros diez detenidos –imputados por delitos como desórdenes públicos y colocación de barricadas–, en que la Fiscalía no solicitó la prisión preventiva, el tribunal determinó diversas medidas cautelares, como arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de participar en marchas.
ABSUELTO | Eric Hans Fuentes (brigadista salud, durante el estallido social) quien fue violentamente arrestado durante un mega operativo (ayer) en Iquique. "solo por seguir sus convicción de que el auxilio a un herido es parte de nuestros derechos fundamentales"
Via @szambra pic.twitter.com/V90Ox79cfy— PIENSAPRENSA 242,9 mil Seguidores (@PiensaPrensa) March 19, 2021
