Por motivos relacionados con su debilidad política, el gobierno calculó, con acierto, que la militarización de la Araucanía mediante el Estado de Sitio no tendría efecto distinto al de una patada al avispero, sin ganancia apreciable sobre la militarización de hecho en la zona, a propósito del Estado de Catástrofe, a pretexto de la pandemia.
Aunque sus voceros políticos se esforzaron por dejar abierta la posibilidad, si no tuvo ni la fuerza ni la decisión para haberlo hecho ahora, bajo la presión de la ultraderecha política y gremial, menos podrá hacerlo jugando los descuentos, con la desaprobación de casi el 80% de la ciudadanía, medida por las encuestas.
La decisión se tomó en una cumbre de la derecha, una reunión de cuatro horas, verificada en la casa del presidente, el jueves 25, con los presidentes de los partidos de Chile Vamos, y los ministros del Interior y Defensa.
Entre las razones invocadas, figuran el temor al rechazo de la oposición en el Congreso, y la preocupación por los efectos colaterales que generaría el despliegue militar en Estado de Sitio, que es, en último término, la abdicación del poder político, al que las FF.AA. deberían estar, en teoría, subordinadas.
En efecto, hay ahí una contradicción insalvable: si Piñera decreta el Estado de Sitio en la macrozona del conflicto de la Araucanía, implica reconocer que no existe Estado de Derecho y por tanto, admitir su fracaso.
De otra parte, una decisión extrema, como la que supone ese estado de excepción constitucional, requiere un respaldo político del que carece el gobierno, salvo que lo utilice, deliberadamente, para atropellar el Estado de Derecho y el precario acuerdo de convivencia democrática.
Si fuera el caso, el horno tampoco está para esos bollos.
Si se extrapola la oleada de protestas a escala nacional que suscitaron los asesinatos de Camilo Catrillanca, 14 de noviembre de 2018, ocasión en que el gobierno de Piñera perdió la legitimidad; de Jorge Mora, hincha de Colo Colo atropellado por un camión policial el 28 de enero de 2020, que generó una de las mayores jornadas de protesta desde el 12 de noviembre de 2019, y del malabarista Francisco Martínez, el 6 de febrero pasado, con la secuela de una decena de edificios públicos incendiados en Panguipulli, y una iracunda protesta nacional, es fácil deducir que la declaración de Estado de Sitio en la Araucanía, podría generar una revuelta popular de escala ampliada, que en la actual coyuntura, el gobierno de Piñera, no estaría en condiciones de controlar.
Por tanto, conforme a principios tácticos no por no escritos, menos eficaces, como, a veces la prudencia no es cobardía, o , soldado que huye sirve para otra batalla, el gobierno y la cúpula de Chile Vamos, argumentaron que, si bien el Estado de Sitio no está descartado, por ahora, se ha optado por explorar otros caminos, verbigracia, el enésimo acuerdo nacional convocado por Piñera.
Más aún cuando sabe que el país está en vísperas de entrar en un período de dos años electorales, en que se decidirán cuestiones claves como la nueva constitución, el próximo gobierno, y un nuevo parlamento.
En consecuencia, los dos grandes conflictos que atraviesan el país; el conflicto mapuche y el conflicto social que aguarda impaciente el fin de la pandemia, entrarán en una suerte de compás de espera, cuya salida dependerá en gran medida, tanto de la nueva correlación de fuerzas que, eventualmente, surja de los próximos seis comicios consecutivos, como de la inercia del malestar social, espoleado por la incapacidad redistributiva del modelo neoliberal y una crisis económica global probablemente prolongada.
La embestida de la ultraderecha
La ultraderecha lanzó todo lo que tiene, el jueves 25 de febrero. Ese día, el sistema mediático informó profusamente acerca del emplazamiento a decretar Estado de Sitio en las regiones del Biobío y La Araucanía, firmado por 75 organizaciones gremiales, que no se fueron por las ramas, ni se quedaron en chicas:
Peticion al Presidente de la Republica Señor Sebastián Piñera Echenique por
Terrorismo en la Macrozona Sur "Los violentos atentados ocurridos en los últimos días en la macrozona sur del
país sentencian definitivamente la ausencia de Estado de Derecho en la zona,
impidiendo que miles de familias inocentes puedan trabajar y vivir en paz. En Biobío y La Araucanía operan impunemente grupos narcoterroristas armados y
coordinados, con nombre y domicilio conocido, que tienen de rodillas a las
policías en términos humanos, tecnológicos y logísticos, lo que permite afirmar
categóricamente que éstas han sido sobrepasadas. Una parte del Parlamento actúa como cómplice pasivo del accionar delictual de
estas organizaciones que operan al margen de la ley. El Gobierno, por su parte, debe tomar las correspondientes decisiones para
enfrentar los hechos pues no puede seguir dejando a los gremios y
emprendedores en el más completo abandono. No podemos permitir que el narcoterrorismo se apropie de extensos territorios
en la zona y siga expandiéndose a regiones vecinas hasta hacerse incontenible. No resistimos más incendios en propiedad privada, usurpaciones de territorios,
atentados, amenazas ni asesinatos a sangre fría. El momento de frenar esto es ahora. Estamos frente a una situación límite, donde además del progreso y
seguridad de las personas, está en juego el futuro de las próximas generaciones,
quienes no tendrán la oportunidad de vivir en un país donde flamee la
bandera de la paz y la justicia. Presidente, 75 asociaciones y gremios productivos de Arica a Magallanes
venimos a solicitar a Ud. que, en su calidad de Primer Mandatario,
ejerza todas las atribuciones y obligaciones legales que le provee la ley
para decretar Estado de Sitio en las regiones de Biobío y La Araucanía,
particularmente en las provincias de Arauco y Malleco. Una vez restituido el Estado de Derecho, también requerimos convocar
una instancia de trabajo ejecutiva, sin colores políticos y transversal,
compuesta por gremios, asociaciones de víctimas, empresarios, gobierno,
parlamentarios, sociedad civil, organizaciones mapuche>y comunidades pacíficas,
para avanzar en aquellas materias que permitan abrir una puerta al ansiado y
necesario diálogo. Vemos en estas peticiones una oportunidad única para restablecer el orden y la
seguridad pública, así como también un camino para avanzar hacia un proceso
de diálogo y paz que nos permita reconstituir en conjunto el espíritu nacional. Presidente, hágalo por sus compatriotas, hágalo por Chile”.
Hay varias cosas que decir.
Primero, los 75 gremios firmantes pertenecen a la Multigremial Nacional, movimiento que agrupa a la pequeña y mediana empresa de derecha, compuesto de 18 multigremiales nacionales y 157 gremios de diversos sectores productivos.
Su ubicación en la derecha no es antojadiza. Lo demuestran su visión: “hacer de Chile un país próspero y desarrollado, donde haya libertad individual y las condiciones óptimas para emprender y hacer empresa”; misión: “defender la libertad de emprender y hacer empresa en Chile” y valores: “libertad; democracia, institucionalidad, orden público y cero corrupción”.
Luego, la firma de 75 gremios de 157, representa el 47,7% de la organización, lo que no parece, precisamente, una hazaña.
Entre ellos, hay gremios de alguna importancia, como la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile, CNTC; la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, SAGO, la Federación de Productores de Fruta de Chile, FEDEFRUTA, y la Asociación Gremial de Productores de Leche de Osorno, APROLECHE; pero la mayoría son insignificantes, para efectos del problema; tales como la Asociación de Turismo de Atacama, ATA; la Asociación de Regantes Canal Melado, de Linares; la A.G. Hotelera, Gastronómica y Turística de Coquimbo, HOTELGA; la Asociación Gastronómica Barrio Plaza Italia o la Fundación Saguaro, entre otras, cuya firma en la nómina obedece al obvio propósito de abultarla.
Evidentemente, distinto hubiera sido el panorama si la misiva la firman 75 gremios de la Confederación de la Producción y el Comercio.
Sin embargo, lo más relevante del texto, es el temor, y por consiguiente, el odio, que destilan las capas medias conservadoras chilenas y la derecha social, que perecen no haber aprendido nada del trágico ciclo que abrió la incitación a la intervención militar, en el gobierno de Allende.
Parafraseando a Hegel, Marx dijo en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, que la historia suele repetirse; la primera vez como tragedia, la segunda como farsa.
Cuando este colectivo gremial de ultraderecha denuncia que en Biobío y La Araucanía “operan impunemente grupos narcoterroristas armados y coordinados, con nombre y domicilio conocido, que tienen de rodillas a las policías en términos humanos, tecnológicos y logísticos”, lo que hace, en realidad es incitar, además del genocidio, a la reedición del terrorismo de Estado selectivo.
Simultáneamente, el periódico electrónico Ex Ante, financiado por el grupo Luksic y dirigido por el ex director de La Tercera, Cristián Bofill, conocido por su imbricación con montajes de inteligencia, publicó una serie especial sobre líderes de las organizaciones mapuche radicales, lista que incluye a Jorge Huenchullán, werkén de la comunidad Temucuicui Autónoma; Víctor Queipul, del grupo Resistencia Mapuche Malleco, RMM; Héctor Llaitul, de la Coordinadora Arauco Malleco, CAM, y Fidel Trinamil, así como otros integrantes del grupo Weichan Auka Mapu, al que identifica como el grupo más radical de la zona macro sur.
No cabe descartar que se trate de una operación mediática concomitante con alguna operación de inteligencia, para golpear a esas organizaciones; comportamiento que no extrañaría, tratándose de Bofill.
El pensamiento político de la derecha irreductible funda esa brutalidad en categorías sobre-ideologizadas, medias verdades, mentiras completas e inferencias con base en una subjetividad alterada, tales como «ausencia de Estado de Derecho en la zona»; «narcoterrorismo»; «parlamento cómplice pasivo del accionar delictual de organizaciones al margen de la ley», «situación límite», o «está en juego el futuro de las próximas generaciones, quienes no tendrán la oportunidad de vivir en un país donde flamee la bandera de la paz y la justicia».
Pero, ¿qué pueden saber de de ello la Asociación de Turismo de Atacama o los canalistas del Melado?
Desde ese punto de vista, no sorprende que el gobierno no haya comprado. Sin embargo, en la zona del conflicto hay visiones aún más extremas, como la de APRA, Asociación de Paz y Reconciliación en La Araucanía.
Pero no solo la derecha social, gremial y fascista exige Estado de Sitio en La Araucanía. También lo hace un sector de la derecha política.
Los diputados Diego Paulsen, Diego Schalper, Camila Flores, Cristóbal Urruticoechea, Jorge Rathgeb, Ximena Ossandón, Karin Luck y Sebastián Torrealba, de Renovación Nacional, han solicitado al gobierno la declaración de Estado de Sitio en la zona del conflicto.
El senador Felipe Kast y el diputado Andrés Molina, presidente de Evópoli, han hecho lo propio.
Y qué decir del partido Republicano, de José Antonio Kast:
“En la Araucanía no quieren más acuerdos, quieren terminar con el terrorismo y la violencia, y eso no lo van a lograr los políticos, sino las Fuerzas Armadas y de Orden. ¡Es tiempo que recuperemos el Estado de Derecho!”.
Por ahora, quedaron con un palmo de narices. No porque el resto de la derecha se oponga al Estado de Sitio, sino debido al cálculo del bajo fondo de esa piscina.
Acuerdo Nacional: debut y despedida
En el lenguaje no verbal de la política, eso quedó patente con el desaire que le infirieron Piñera y su corte de ministros enmascarados a la presidenta del Senado, Adriana Muñoz en la rueda de prensa luego de finalizar la cumpre de los poderes del Estado, el viernes 26, en La Moneda, a la que asistieron también el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen (RN), los presidentes de la Corte Suprema, Guillermo Silva, y del Consejo de Defensa del Estado, Juan Peribonio, el contralor, Jorge Bermúdez y el fiscal nacional, Jorge Abbott.
La instancia fue tan innecesaria y redundante como la convocatoria al Consejo de Seguridad Nacional, el 7 de noviembre de 2019, y como entonces, Piñera desgranó su habitual rosario de lugares comunes:
«Lo que hemos hecho es analizar, conversar, buscar acuerdos, buscar coordinaciones para que cada una de estas instituciones haga su mejor esfuerzo para aportar a la solución de este problema», o «vamos a combatir con toda la fuerza del Estado de Derecho el crimen organizado, el terrorismo, el narcotráfico y todo lo que va asociado», para concluir: «esto es parte de un esfuerzo que estamos haciendo como Estado y que tenemos que hacer como sociedad por lograr que el Estado de Derecho, la paz, el respeto a los Derechos Humanos y el progreso vuelvan a desarrollarse en plenitud en las regiones del sur”.
Respecto del Estado de Sitio, dejó las cosas donde mismo. Recitó que la Constitución contempla estados de excepción constitucional, entre los cuales hay estado de emergencia, de sitio y de asamblea, instrumento del Estado de Derecho, materia que «analizamos y consideramos de acuerdo al mérito de las circunstancias».
Todavía titubeante por el desplante del presidente y su cohorte, la presidenta del Senado ocupó el estrado para ratificar lo que dijo en la reunión:
“De ninguna manera es aceptable una intervención militar o un Estado de Sitio”.
Pero dijo más:
“Creo que desplegar fuerzas en La Araucanía para combatir lo que todos queremos combatir, la violencia, el narcotráfico, se requiere primero saber a dónde apuntar“.
Agregó:
“Esto requiere una estrategia, un diseño, un hilo articulador hacia donde se apunta para enfrentar el problema. Es importantísimo definir otro tipo de acciones, que van en el sentido de la investigación y la inteligencia”.
Respecto a la batería de proyectos que el Gobierno pretende impulsar a la vuelta del receso legislativo, señaló:
«En la Araucanía no sólo hay un conflicto por violencia, hay un conflicto por la demanda histórica de derechos ancestrales del pueblo mapuche».
Sobre la grosería de Piñera, manifestó:
«El presidente sabía que yo iba a intervenir porque preguntó quién iba a tomar la palabra y le dije que yo iba a presentar mi posición y que era distinta a la de él. Bueno, empecé a hacer mi punto de prensa y me di cuenta que me dejaron sola, sentí un poco de descortesía».
También dijo más:
«Se supone que como autoridad del país estamos en igualdad de condiciones. Pero uno vive estas cosas que pueden ser consideradas como micro machismo»; «no sé si a un presidente hombre del Senado le habrían hecho esta descortesía»; «quiero creer que el Presidente no se dio cuenta que me dejó sola. Hay que tener más consideración con las personas, aunque seamos de oposición y todos nos merecemos respeto», y «lo que pasó se contradice con el llamado a un acuerdo nacional».
Evidentemente, la inequívoca posición manifestada por la senadora del Partido por la Democacia, PPD, partido cuya ala neoliberal -y en ocasiones el partido entero- suele alinearse con el partido del orden, señala a las claras que el acuerdo nacional no pasó el nivel del anuncio.
Tal vez eso explica el innecesario conflicto institucional, generado por la la ordinariez de Piñera; que plausiblemente obedece a la desesperación de la encrucijada sin salida: «si me lo quitan me mata, si me lo dejan, me muero».
¡¡¡Apunten aaaarrr!!!…¿pero dónde?
En efecto, si precaria es la posición del gobierno en el plano de la política institucional, mucho más lo es en el plano social, en el contexto de una crisis económica en pleno desarrollo, y no mucho mejor en el plano militar.
La virulenta reacción popular contra el cuartel de la PDI de Lebu, donde permanecía detenido Jorge Eduardo Escobar, tío abuelo del niño Tomás Bravo, encontrado horas antes a dos kilómetros de su domicilio, tras nueve días de angustiosa búsqueda, demuestra que el Chile plebeyo, ese Chile al que tanto teme el Chile propietario, está hasta más arriba de la coronilla, y que basta cualquier chispa para que estalle su malestar.
Si se juzga por la convergencia del Chile plebeyo, mestizo y sublevado, con el pueblo mapuche, que aflora invariablemente en toda protesta desde el 18/O a la fecha, flameando en centenares de wenüfoye y wiphala (1), es virtualmente un hecho de la causa que la declaración de Estado de Sitio en la Araucanía puede generar un estallido social mayor al que este gobierno ha soportado más mal que bien en los últimos dos años, al punto que mientras se redactan estas líneas, se escuchaba de fondo la baraúnda de los viernes, en la plaza Dignidad, como de costumbre bestialmente reprimida por la policía militar.
Eso no significa desconocer el poder de fuego de Carabineros y las Fuerzas Armadas. Pero en determinadas circunstancias, no muy frecuentes en la historia, pero tampoco tan raras, la anchura de la revuelta neutraliza la superioridad militar, como demuestra la derrota de la mayor potencia militar del planeta, en las arboladas colinas e intrincados deltas de Vietnam. Estados Unidos poseía la bomba atómica, pero que se sepa, no llegó a considerar su uso, como un par de décadas antes, en Japón.
Así como Clausewitz planteaba que la guerra es la continuación de la política por otros medios; por las mismas razones, la política establece límites que la guerra no puede franquear. Puede intentarlo, desde luego, como de hecho se empeña en hacer. Pero, si la revuelta persiste, caso de la guerrilla española contra el invicto ejército imperial de Napoleón, una vez derrotado el ejército real de línea, como en El Castillo de Kafka, cada victoria aleja el objetivo.
La revuelta popular en Chile es, por ahora, desarmada. Pero un desatino del calibre de la declaración del Estado de Sitio en la Araucanía, podría generar una reacción en cadena que eventualmente termine con el monopolio de las armas de las FF.AA. y de Orden, eufemismo de guerra civil. No se trata de incitación a nada, sino de historia comparada. Comprendiéndolo, el gobierno estimó que las uvas están verdes; prudentemente, se abstuvo de cruzar el Rubicón y desechó la estridente apelación al terrorismo de Estado enarbolada por fracciones de ultraderecha fascista.
En el caso de la Araucanía, hay una arista específica, mencionada por la presidenta del Senado: desplegar una fuerza militar en un conflicto multidimensional, extraordinariamente complejo, sin saber exactamente dónde apuntar ni quién es el(los) enemigo(os), carente de estrategia y desprovisto de legitimidad social, es una aventura condenada al fracaso.
En el mejor de los casos, conduce a un empate catastrófico que se puede prolongar por años, casos de los ejércitos franceses en Argelia (1954-1962) y Vietnam (1946-1954), donde también encalló la primera potencia potencial del orbe; en una guerra absurda y desgastante que duró 12 años desde el momento en que envió los primeros asesores militares a Saigon; hoy en retirada después de 20 años de empantanamiento en Afganistán; o del ejército británico, que debió pasar 30 años acantonado en Irlanda del Norte; o del ejército de Colombia, que desde el asesinato de Eliecer Gaitán, en 1948, permanece atrapado en la guerra contrainsurgente contra su pueblo. Sin ir más lejos, en Chile los militares retuvieron el poder durante 17 largos y sombríos años.
El factor común de todos estos conflictos ha sido la masiva violación de los derechos humanos y el extremo sufrimiento de la población civil, eufemísticamente edulcorado por los medios como «daño colateral».
Evidentemente, las cohortes fascistas que llaman a las Fuerzas Armadas a resguardar sus empresas y propiedades, se cuidan de mencionar las mafias del robo de madera, integradas incluso por mandos policiales, como denunció el ex capitán de Carabineros, Miguel Toledo, en una querella contra Carabineros y los que resulten responsables del robo de madera de que fue objeto, en 2017.
Mayores antecedentes entregó el diputado independiente por la región de la Araucanía, René Saffirio en el programa de Vía X, Stock Disponible:
“Hay una red para delinquir de Carabineros; han hecho del conflicto un negocio. Para Carabineros es importante que el conflicto se mantenga, simulan ataques y los compradores de madera terminan pagando a una red de venta de seguridad que compromete a oficiales de todo rango”.
“Hay una red para delinquir de Carabineros, han hecho del conflicto un negocio. Para Carabineros es importante que el conflicto se mantenga, simulan ataques y los compradores de madera terminan pagando a una red que compromete a oficiales de todo rango”@renesaffirio @freddy_stock pic.twitter.com/IgA2WEM9Xo
— Stock Disponible (@stockdisponible) February 24, 2021
Carabineros acuso el golpe, y respondió con un comunicado de relaciones públicas, al estilo de ni esto ni lo otro, sino todo lo contrario.
La abogada Manuela Royo, defensora de numerosos presos políticos mapuche, y candidata constituyente por el distrito 23, entregó nuevos antecedentes sobre la corrupción policial en la Araucanía,:
“Me tocó conocer un caso cuando trabajaba en el INDH, en el que un ex policía que trabajaba en la frontera entre el Bío Bío y La Araucanía, por el sector de Tirúa, denunció a Carabineros de que se estaba obligando, por un lado, a hacer montajes y acusar personas inocentes, y que existía la muerte de un carabinero que presumiblemente había sido por las propias negligencias de Carabineros. Él fue acosado y expulsado de la institución. Existen antecedentes serios, respaldados por información que está en el INDH, respecto de las denuncias de este policía”.
No solo eso:
“Existen denuncias de ex carabineros respecto de que se les obliga a mentir en las declaraciones, también de que se realizaron persecuciones y afectaciones a los derechos humanos de ex carabineros, por parte de la propia institución, por denunciar corrupción y por denunciar también montajes. Esos antecedentes están en el INDH desde hace mucho tiempo, eso a mí me consta”.
Suministró otro dato acerca del origen de la violencia en la Araucanía:
“Semanalmente me llegan fotos, videos e información de comunidades que dicen que las están atacando, que les disparan. Eso pasa porque se han dado muchas facultades para que la derecha se arme en plena impunidad. Vemos a gente de la Multigremial o del APRA; Juan de Dios Fuentes se pasea con pistolas por cualquier lado. Son gente que llama al Estado de Sitio, a la militarización y a la violencia, pero al mismo tiempo también ejercen violencia, están armados y se transforman en una amenaza”.
Sospechas en la misma dirección formuló el diputado del PPD por la región, Ricardo Celis:
“Estamos llenos de querellas, pero no hay imputados. No hay responsables. Se asesinó a un carabinero, se asesinó a un PDI, se asesinó a civiles; y no tenemos imputados. No conocemos quiénes son los responsables. Y finalmente tenemos este facilismo de decir ‘ah, si ocurrió en La Araucanía son los mapuche’. Tengo dudas de, finalmente, a quién le conviene este negocio de la violencia en la Región de La Araucanía.
¿Hacia dónde apuntan sus sospechas?
Mis sospechas apuntan a que hay grupos de ultraderecha, que están en La Araucanía, que están participando de este momento de violencia y no han sido identificados. No se ha identificado a nadie, se acusa y no se identifica a nadie. Entonces yo creo que ya es hora de que el gobierno haga las cosas en serio, que las haga de verdad”.
El pantanoso terreno militar
En plano puramente analítico, en el terreno propiamente militar, las Fuerzas Armadas y de Orden, maniatadas por la deuda con los derechos humanos y una corrupción rampante; aún con tecnología avanzada, pueden no ser capaces de derrotar a una experimentada guerrilla mapuche, que dispone de la ventaja del territorio y el tiempo, la facilidad de mimetizarse en la comunidad y una determinación históricamente probada.
Las tornas aún no llegan a ese extremo, pero no deja de ser una posibilidad. Y cuando suceda, irradiará de inmediato al conflicto político y social del conjunto del país, que aguarda impaciente la salida de la pandemia.
El gobierno llegó a la conclusión de que non est furnus ad placentas; o sea el horno no está para bollos, de modo que silbará para el techo, y no escalará el conflicto, lo que no significa, en modo alguno, que no siga profundizándose.
El conflicto mapuche, así como el conflicto social entrarán en el compas de espera, demarcado por dos años electorales que elegirán constituyentes, alcaldes, concejales, gobernadores, parlamentarios y presidente, y de discusión constitucional. Las correlaciones que emerjan de esos certámenes, determinarán a su vez, la evolución de ambos conflictos.
La columna ¿Fuerzas Armadas en La Araucanía? Múltiples razones para decir que No de Richard Kouyoumdjian, vicepresidente del directorio de AthenaLab, un influyente tanque de pensamiento conservador, financiado por Nicolás Ibañez, ilustra el tenor de los motivos tenidos en cuenta por el gobierno y la derecha política, para no embarcarse en la salida militar.
En su opinión, “la parte que no se entiende bien es la responsabilidad de los jefes de la Defensa en lo que se refiere al orden público, ya que estos están efectivamente a cargo de ese tema, pero lo están bajo un Estado de Excepción por Catástrofe y no por un Estado de Sitio o un Estado de Excepción más complejo. En la práctica, lo que está haciendo el Gobierno es meter a las Fuerzas Armadas en el problema, y digo problema, porque no me queda claro que puedan aportar efectivamente a la solución del desmadre que existe en esa parte de Chile”.
Luego, desarrolla siete argumentos para demostrar la inconveniencia de involucrar a las Fuerzas Armadas en el conflicto de la Araucanía.
Primero, no está claro si el problema es de naturaleza política, militar o delictual, o una combinación de las anteriores. Un mal diagnóstico puede agravar el problema.
Enseguida, la solución militar requiere de voluntad política, y más importante, validación de la opinión pública, que el gobierno no dispone.
Antes que usar las FF.AA. para un problema de seguridad pública, las policías disponen de medios humanos y materiales suficientes para tomar el control de la zona, sin perjuicio de que su empleo efectivo requiere de la misma voluntad política y de validación de la opinión pública, que hasta ahora no ha pedido el uso de la fuerza como solución.
Las FF.AA. y policiales no disponen de entrenamiento en operaciones de contrainsurgencia, indispensable para una operación militar efectiva. Además, para que lo sea, debe ir acompañadas por decisiones políticas, económicas y sociales que aplaquen a la gente y ataquen las causas que generan los conflictos, como el de la Araucanía.
La inteligencia también es clave para el éxito de una operación de contrainsurgencia. Por lo que se advierte, no es claro que las FF. AA y de Orden dispongan de esa información.
En sexto lugar, Kouyoumdjian invoca la experiencia comparada. El empleo de fuerzas militares, que no vaya acompañado de planes más amplios para eliminar las causas de los conflictos, está destinado al fracaso. Menciona las guerras de Vietnam, Iraq y Afganistán, que a pesar de alinear al ejército más poderoso del mundo, terminaron en absoluto fracaso.
Por último, señala, a nivel mundial ya no se practica el uso de las fuerzas armadas para pacificaciones o establecer soberanía y Estado de Derecho. Arguye que no ve motivos para que Chile vaya contra esa práctica, a pesar de que el actual estado de excepción lo podría permitir.
En su opinión, el problema no es solo delictual, como pretende hacer creer el Gobierno, pues si así fuera, sería fácil de resolver. En lo inmediato, afirma que se debe buscar con las comunidades mapuche la ayuda necesaria para terminar la violencia, pues si no ocurre pronto, las fuerzas de autodefensa pueden decidirse a pasar a la acción: «si eso sucede, estaremos al frente de una Colombia o una Irlanda».
Que suceda o no, estará condicionado por las correlaciones que surjan de los dos próximos años, en especial, la nueva constitución y el próximo gobierno, que condicionará el conflicto de la Araucanía, que a su vez condicionará el conflicto político y social del país.
Por ahora, ambos conflictos permanecen encapsulados dentro de márgenes que todavía pueden explicarse
en virtud de la teoría constitucional, de los tres poderes del Estado y al menos en la fachada, la neutralidad de Fuerzas Armadas no deliberantes y subordinadas al poder civil.
Pero dentro del cuadro de equilibrio inestable por el que atraviesa el país, atenazado por ambos conflictos, y por una crisis económica que puede prolongarse, la posta de los acontecimientos puede asumirla la lucha de clases, donde las Fuerzas Armadas, históricamente, defienden la última trinchera de defensa de la clase propietaria, lo que no garantiza imbatibilidad, sino, apenas, sufrimiento.
