A propósito del inicio de la campaña electoral para la elección de constituyentes el próximo 11 de abril, luego de más de 200 años de historia de constituciones antidemocráticas, la discusión sobre quienes debieran ser las personas más indicadas para ser parte de la convención constitucional se hace fundamental.
Si bien la conformación de esta convención constitucional será de carácter paritaria y tendrá escaños reservados para los pueblos indígenas, deja muchas dudas con respecto a las posibilidades reales de que candidatas/os independientes de partidos políticos, que son parte de movimientos y organizaciones sociales, puedan ser elegidas, considerando la enorme cantidad de listas existentes, que alcanzan a más de 70.
De ahí que el desafío de escribir una constitución, en la cual sean parte personas provenientes de movimientos sociales, se vuelve una dificultad, considerando que los partidos políticos tradicionales usarán toda su maquinaria electoral en los distritos que están presentes (alcaldes, concejales, diputados, senadores), siendo además beneficiados a través de la franja electoral televisiva, la cual dejará fuera a muchas candidaturas independientes.
El riesgo por tanto, de que la convención constitucional sea conformada por la misma clase política de los últimos 30 años, y que las demandas de los movimientos sociales (impulsadas fuertemente durante la revuelta de octubre del 2019), no estén presentes en aquel órgano, es algo esperable.
Sobre todo considerando que la derecha chilena va más unida que nunca en esta elección (neoliberal y neofascista), y que para aprobar los artículos futuros de la constitución, se necesitarán los 2/3 de los votos.
De todas formas, la necesidad de darle visibilidad a listas y candidatas/os alternativos y críticos a los poderes existentes, provenientes de los movimientos sociales de los últimos 20 años en Chile, se vuelve muy necesario en estos momentos, dentro de un país con tan altos niveles de concentración en los medios de información.
Las candidaturas críticas son muchas para nombrarlas todas acá, pero en lo que respecta a listas comprometidas con construir un país feminista, socioambiental y plurinacional, es muy interesante lo que están haciendo por ejemplo “La Lista del Pueblo”, “Movimientos sociales: unidad de independientes” y “Voces Constituyentes”, las cuales están fuertemente arraigadas territorialmente.
Me parece que nombres provenientes de organizaciones como el Movimiento por el Agua y los Territorios (Francisca Fernández Droguett, Lucio Cuenca y Camila Zárate), la Coordinadora Feminista 8M (Natalia Corrales, Karina Nohales y Alondra Carrillo) se deben apoyar si se quieren transformaciones importantes. Lo mismo con candidaturas que son referentes del pueblo mapuche, como lo son Elisa Loncon, Natividad Llanquilleo y la machi Francisca Linconao.
Todas esas candidaturas han mostrado una tremenda historia de lucha política en sus organizaciones y territorios todos estos años, las cuales han buscado incesantemente la descolonización, despatriarcalización y desmercantilización, dentro de un país que se vendió al mundo como un modelo de vida a seguir, mientras era sostenido por una matriz productiva privada y extractiva dominada por hombres de sectores altos, profundizando así el racismo, clasismo y machismo imperante.
Por suerte, gracias a la revuelta del 2019, ese imaginario del Chile exitoso y emprendedor se está derrumbando por fin, más allá de que la derecha pinochetista siga creyendo lo contrario y que parte de la izquierda quiera hacerle meras reformas cosméticas al neoliberalismo, como las realizadas entre 1990- 2009.
Por eso, si bien esta elección de constituyentes es un paso para democratizar el país, no es lo más importante, cómo creerán los grandes medios concentrados. Planteo esto, ya que independiente de quien sea elegida/o para redactar la nueva constitución el próximo 11 de abril, quienes debieran instalar realmente los temas son los cabildos locales autoconvocados, conformados por las mismas comunidades, por intermedio de asambleas vecinales.
Por lo mismo, es fundamental que para construir este nuevo proyecto de vida colectivo del país, la nueva convención constitucional no deba ser una mera cámara representativa más, como las del congreso, en donde sus integrantes se mandan solos, sino que estén obligados a relacionarse activamente con comunidades movilizadas y organizadas, a través de mecanismos de participación vinculante.
En definitiva, la democracia en Chile no solo tiene que ser representativa, sino también participativa, comunitaria, descentralizada y sin caudillos, aunque nos hayan mal acostumbrado a creer lo contrario por décadas las elites, en un país que esta vez tiene por primera vez en su historia la posibilidad de construir su propio destino.
(*) Sociólogo de la Universidad Central de Chile. Profesional en Municipalidad de Lo Prado. Diplomado en Educación para el Desarrollo Sustentable. Magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea. Doctorando en Estudios Sociales de América Latina. Integrante de Comité Científico de Revista Iberoamérica Social. Miembro del Movimiento al Buen Vivir Global https://buenvivir.global/. Director del Observatorio Plurinacional de Aguas www.oplas.org
