Quién haya seguido la audiencia de formalización del anónimo sargento Juan González Iturriaga, asistió a una nueva manifestación del pacto de impunidad del partido estado, para proteger a los ejecutores del partido del orden.
El ministerio público, el juez y la policía negociaron el mínimo aceptable: arresto domiciliario https://www.poderjudicialtv.cl/programas/audiencias/formalizacion-de-la-investigacion-en-contra-de-carabinero-imputado-por-homicidio-de-malabarista/, a pesar de la evidencia de un crimen sin sentido, amparado en una legislación que entrega facultades discrecionales a Carabineros, a pesar de su historial en materia de derechos humados, o tal vez por lo mismo.
La exposición del fiscal, Marcelo Leal, anticipaba el desenlace. Sin decirlo en forma explícita, encuadró los sucesos en función de la la legítima defensa del imputado, al punto que alimentaba la sospecha de que con semejante acusador, quién necesita defensa.
En la audiencia, que comenzó pasado el mediodía, el Ministerio Público imputó al uniformado en calidad de autor del delito consumado de homicidio simple, y solicitó al tribunal que le impusiera la medida cautelar de arresto domiciliario total.
Asimismo, el informe de la PDI señala que el uniformado «intentó en todo momento apaciguar» la situación y, dada la actitud «temeraria e irresponsable» de la víctima, no tuvo más opción que balearla a corta distancia.
El fiscal siempre habló de «machetes», y que premunido de ellos, la víctima se abalanzó sobre el sargento González Iturriaga.
Parte importante de su intervención, también sin decirlo, se dedicó a instalar la idea de la peligrosidad del supuesto armamento de la víctima, al punto de la contradicción que derrumbó su discurso.
Dijo que el sargento González perdió la gorra y sufrió una contusión leve al ser golpeado por el machete. Es cierto que González perdió la gorra, pero en el video no se aprecia que sea producto de un sablazo; y aunque así hubiera sido, la levedad de la lesión contradice su peligrosidad.
También la desmiente el razonamiento de la abogada Elisabeth Matthei, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH. Demostró que en parte importante del tiempo que tomaron los hechos, la víctima, el malabarista Francisco Ramírez Romero, tenía asidos los pretendidos machetes por el filo, sin que se haya inferido lesión alguna.
Si bien el juez de garantía, Felipe Muñoz, acogió el argumento de la fiscalía, en orden a que la libertad de González Iturriga constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, decretó que los cuatro meses que tomará la investigación, los puede pasar al resguardo de su domicilio, atendidos la penalidad del homicidio simple y la atenuante de irreprochable conducta anterior.
Para el juez, el homicidio simple se configura con el último disparo, de trayectoria de arriba hacia abajo, que finalmente mató al malabarista, cuando iba cayendo. La investigación determinó que realizó seis disparos, cuatro de los cuales impactaron a Francisco Martínez Romero, pero fue el último el que le quitó la vida:
«El carabinero pudo atenerse a la norma sólo con evitar el último disparo», señaló en el fallo. Redujo su actuación en ese fatídico minuto como «un exceso policial y una conducta antijurídica», pero, en su opinión, la medida cautelar de prisión preventiva «resulta excesiva».
El Ministerio Público no apeló el escandaloso fallo.
El jefe regional del Ministerio Público aseguró que la investigación se desarrolló cumpliendo el «principio de objetividad», y pese a la grandes dificultades que impuso la ola de violencia que se desató la tarde del mismo viernes, en repudio a la ejecución extra judicial.
Meléndez dijo que, al disparar seis veces en pleno centro de Panguipulli, el sargento González puso en riesgo a otras personas y no actuó conforme al principio de la legítima defensa, «por no cumplirse la necesidad racional del medio empleado para la defensa, que es injustificable en la secuencia de los disparos».
Al momento de recibir el último tiro, que le quitó la vida, «la víctima ya había sido afectada por tres disparos no mortales en su cuerpo: uno en el pie, otro en el muslo y otro en la zona inguinal», explicó.
En cambio, apelaron el abogado Rodrigó Román, de Defensoría Popular, y el abogado Pablo Rivera, del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Román sostiene que hay una decisión política detrás del fallo:
«Disfrazada de un supuesto debate que se habría dado en la audiencia, al final del día terminó con una decisión que aparentemente ya estaba escrita. No sé si la escribió el juez o se la escribieron, pero en el fondo lo que hay es una resolución antojadiza, arbitraria y que carece de fundamentos”.
Luego, llamó la atención el hecho de que la fiscalía presentó una testigo de identidad protegida, cuya versión es claramente distinta de los profusos registros que circularon por redes sociales.
Respecto al debate sobre la efectividad de los controles de identidad en el resguardo del orden público, Román emplazó directamente a la clase política por su responsabilidad en la Ley Corta Anti-Delincuencia, de 2016, en el gobierno de Michelle Bachelet, que reestableció el control preventivo de identidad:
“El artículo 12 de la ley dejó ese instrumento, que una de las tantas más facultades le ha dado la derecha a la policía en los últimos años, en esta marea de populismo penal en la que lamentablemente nos hemos visto envueltos. Aquí hay una responsabilidad de la clase política que es la que legisla y ha permitido que las policías valiéndose de instrumentos legales, como el control de identidad, actúen con rienda suelta, y los resultados que hemos tenido ya los sabemos”.
Román defiende varios presos políticos de la revuelta, sometidos a prisión preventiva por más de un año, donde el sistema jurídico penal actúa con lógica de castigo:
“Es un nuevo ejemplo de la desigualdad que existe en Chile. La igualdad ante la ley es una frase de pergamino que carece de realidad porque en el fondo aquí hay una justicia para ricos y otra para pobres. Eso es lo que queda claro con la injustificada prisión política de varios muchachos desde hace más de un año, la prisión producto de la revuelta versus los privilegios que tienen los policías en casos tan brutales como este”.
La investigación, determinó, asimismo, que los tres integrantes del piquete policial que controló a Francisco Martínez, habían llegado a Panguipulli procedentes de Concepción, dos días atrás, lo que explica que no lo conocieran.
Sin embargo, del testimonio del cabo Cristián Moraga y la carabinera Jocelyn Carvajal, se desprende que habían recibido instrucciones específicas de controlar a mochileros que solicitaban dinero, en la plaza de armas de Panguipulli, y en particular, a Francisco Martínez Romero, de 27 años, que se ganaba la vida con su arte callejero, malabarismo con machetes de utilería, en la misma esquina, desde aproximadamente cuatro años.
En este caso, que no se puede sobreseer a la primera, por el escándalo público que provocó, el tribunal, las policías y la fiscalía acordaron las medidas cautelares menos gravosas, atendida la flagrancia y gravedad del delito, situación por completo diferente a los presos políticos del estallido social, donde, por delitos mucho menos graves, su prisión preventiva, superior a un año, excede el tiempo de la eventual condena, siempre que la haya, como demuestran varias excarcelaciones en los últimos días, por falta de pruebas, después de más de un año de detención en presidios comunes, con todo lo que ello significa en una sociedad castigadora y patriarcal.
Así, el Estado da una nueva señal de incomprensión del cambio en el imaginario colectivo operado a partir del 18/O.
Cuando miles, en las calles, le gritan ¡asesinos! a los que, por mandato constitucional, deben defenderlos, plantean un conflicto político que las fuerzas del «orden» no pueden ganar.
Es un hecho de la causa que este gobierno, débil y desprestigiado, es incapaz de controlar a Carabineros, lo cual ocasiona, a su turno, la exigencia de la garantía de impunidad, de parte de la institución policial; que por otra parte, representa la última trinchera del sistema imperante, de débil democracia, concentración económica y abuso laboral. .
Mientras el general director de Carabineros enfrenta su primera crisis desde que asumió en el cargo y aún no ha marcado posiciones frente al tema, el Gobierno resolvió renovar la suma urgencia al proyecto que exime de responsabilidad penal a los policías que hagan uso de su arma en defensa propia.
Esto mientras la protesta se propagaba por los cuatro costados del país, atizada, además por la muerte de Camilo Miyaki Salinas, detenido a las 11:30 del domingo junto a su pareja en calle Clotario Blest por no portar salvoconductos, quién perdió la vida en la 51° Comisaría de Pedro Aguirre Cerda, por suicidio, según la historia oficial, que por cierto nadie cree.
Un par de ejemplos de lo que piensa la gente de los que deben protegerlos. El gobierno y el alto mando policial son los responsables del bochorno y escarnio que debe experimentar el sector honesto de la policía uniformada, que ciertamente lo debe haber.
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«FURIA CIUDADANA» CIENTOS DE PERSONAS ESPONTÁNEAMENTE EXPULSAN A CARABINEROS DE PLAZA DE ARMAS
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AHORA en Concepción: Jóvenes increpan a @Carabdechile
mientras estos los detienen (en el lugar) y realizan un CONTROL DE IDENTIDAD. «Asesinos, Asesinos»
