Por Felipe Ossandón (*)
Durante las últimas semanas hemos podido apreciar como comienzan a mover sus fichas los sectores que se oponen a las reformas laborales que comprometió el Gobierno en su programa y en torno a las cuáles se ha comprometido la ministra del Trabajo, Javiera Blanco. El motivo es evidente, se acerca octubre, mes comprometido por el Ministerio ante la Central Unitaria de Trabajadores, para enviar el proyecto con el conjunto de reformas que permitan fortalecer la sindicalización y mejorar la capacidad negociadora de los trabajadores organizados.
La desaceleración, vinculada a la baja en la demanda de materias primas y con efectos sobre toda América Latina, se transforma en la última de las excusas para quienes resisten los cambios al Libro IV del Código del Trabajo. Esto no debiese ser novedad.
Ya en 2009, una ofensiva similar bloqueó reformas similares a las que se impulsan en la actualidad. Sin embargo, es evidente que el escenario político y social dista mucho de parecerse al de 2009.
Los movimientos sociales y el descontento de una población ante la ausencia de transformaciones importantes en ámbitos de política pública tan relevantes como educación, salud, trabajo, impuestos llevaron de una u otra forma a la conformación de la Nueva Mayoría y a ésta a La Moneda.
La promesa de democratización política que siempre sustentó nuestra coalición fue acompañada de una exigencia cada vez mayor de democratización social y de restricción a las concesiones que la ciudadanía entendía y entiende como excesivas hacia el sector privado.La promesa de redistribuir la riqueza únicamente mediante transferencias públicas se ha ido agotando, tal y como se agotó la promesa del chorreo.
Si no vamos a ampliar las condiciones de redistribución allí donde la riqueza se produce, la tensión social alcanzará niveles cada vez mayores.
En este sentido, la reforma a la negociación colectiva es necesaria, a la vez que urgente. Ampliar el poder de negociación de los sindicatos al amparo del Código es inevitable, salvo que deseemos que sea fuera del Código mismo que los sindicatos encuentren las herramientas que hoy la norma les niega.
Tenemos el absurdo de contar con una huelga que no es tal, gracias al reemplazo de trabajadores.
Tenemos la paradoja de contar con sindicatos que no pueden negociar, salvo que el empleador lo desee, como son los sindicatos interempresas.
No deja de ser sorprendente que sindicatos con altos niveles de validación social y política como el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) o el Sindicato de Actores y Actrices (Sidarte), entre muchos otros, deban “pedir permiso” a su empleador para negociar.
O que las empresas puedan forzar la constitución de Grupos de Trabajadores para evitar que sus operarios negocien mediante un sindicato. O que incluso haya empresas cuyos trabajadores no tienen derecho a huelga, porque se les niega por un simple decreto del gobierno de turno.
Y por sobre todo, no podemos seguir con un contrato colectivo que comienza a morir en el momento mismo de su firma. Así es, tal y como se lee. Una vez terminada la negociación, ningún otro trabajador que se afilia al Sindicato puede incorporarse a los beneficios, debiendo esperar el próximo proceso en dos, tres y hasta cuatro años más.
Esto, además, con el problema adicional que el empleador puede “extenderle” unilateralmente los beneficios del contrato, debiendo el trabajador pagar al Sindicato una cuota inferior a la que pagan los socios.Es decir, no sindicalizarse es menos riesgoso y hasta más barato.
Este cierre del contrato al momento de la firma, transforma al Sindicato en una institución que cobra vida sólo en la negociación, perdiendo inmediatamente control sobre el producto de la misma.
Implica, a su vez que los beneficios adquiridos no son base para la contratación de nadie en la empresa, pudiendo entrar trabajadores en condiciones radicalmente peores, los que deberán esperar hasta la negociación siguiente para tratar de igualarse a sus compañeros; aspiración que no pocas veces se frustra dando lugar a contratos colectivos segregados, con estamentos distintos de beneficios para trabajadores que realizan la misma labor.
Es fundamental entonces, que el sindicato pase a ser, como se ha señalado, “titular” de su contrato colectivo y que quienes se incorporan al primero, se integren al segundo de forma automática.
Las reformas laborales no pueden esperar. La Central Unitaria de Trabajadores se está movilizando esta semana para exigir que el Gobierno cumpla su palabra y envíe las reformas que ha comprometido en los plazos acordados.
Las iniciativas deben seguir el estándar planteado en el programa y lo señalado por la Ministra: fin al reemplazo en huelga, titularidad sindical y adecuación de la negociación colectiva a los estándares de la Organización Internacional del Trabajo.
Los que crean que este proceso podrá detenerse como en 2009 sin pagar las consecuecias de aquello están, en mi humilde opinión, profundamente equivocados.
(*) Profesor de Historia y Geografía, titulado de la Universidad de Santiago de Chile, cursó postgrados en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos en la Universidad Alberto Hurtado. Socio de Desarrollo y Trabajo Consultores.
Fuente: Radio Cooperativa
