por Jorge Franco.
Explicando su reciente renuncia a Revolución Democrática el diputado Pablo Vidal se manifestó contrario a la orientación hacia la creación de un polo de izquierda que parece estar imponiéndose al interior de su ex partido y de la mayoría del Frente Amplio.
«No tiene sentido que solo nos juntemos con los que piensan igual que nosotros» declaró, pasando por alto que lo que se pone en juego en una política de alianzas es nada menos que el proyecto de gobierno y de sociedad que se le propone al país.
Pero Vidal considera que eso no es relevante ya que una oposición dividida no estaría, según él, en condiciones de disputarle una próxima elección presidencial a la derecha desembozada, ante lo cual sería preferible aliarse y gobernar junto a la derecha camuflada de «centro-izquierda». Es decir, la vieja y desprestigiada política del mal menor.
Pero con ello solo ratifica detentar una concepción cupular y no popular de la política. El razonamiento que reduce la formación de una correlación de fuerzas favorable a una mera alianza entre las cúpulas de ciertos partidos políticos, bajo el supuesto de que con ello se suman sus anteriores caudales electorales puede tener alguna justificación política en condiciones de gran estabilidad política.
Pero en un momento en que el sistema político ha sido fuertemente sacudido por una profunda crisis y es intensamente repudiado por la mayoría de los ciudadanos, carcomido por el descrédito de sus normas y de las prácticas de sus principales actores, la situación es muy distinta. En una situación como esta lo que tenemos en realidad es una profunda fractura entre los partidos que dan vi
Guiado precisamente por ese tipo de razonamientos, el Frente Amplio, que en sus inicios despertó en muchos la esperanza de constituir la largamente esperada alternativa de superación del duopolio, terminó convirtiéndose en su mayor parte en la «patrulla juvenil» de la vieja y corrupta Concertación.
Es decir, en un fiasco total, que solo ha venido a brindar nuevo oxígeno a la ya gastada y moribunda comparsa de los Burgos, Walker, Correa, Insulza, Escalona, Lagos, Letelier, Harboe y tantos otros que, a cambio de jugosas prebendas, se han prestado gustosos para jugar a la llamada «democracia de los acuerdos» y administrar el país al gusto de los grandes empresarios.
Una generación de recambio que, como la anterior, sumamente sensible a la presión ideológica de la clase dominante, se conforma con pretender encauzar las demandas ciudadanas en el marco de lo que, a ojos de la clase dominante, resulta ser «la medida de lo posible».
De allí que algunos de sus parlamentarios fueran parte entusiasta de aquella cocina que el 15 de noviembre de 2019 preparó ese extravagante plato picante con que la clase dominante pretende hacer aceptar, como expresión de un ejercicio genuina e impecablemente democrático, que en las votaciones para la aprobación de un nuevo texto constitucional un porcentaje de 34% tenga finalmente más valor que uno de 66%.
El objetivo de contención de ese veto no puede ser más claro de modo que nadie puede llamarse a engaño sobre lo que políticamente representó avalar ese acuerdo. Ese fue un acuerdo que solo buscó desactivar la enorme explosividad social y política de la movilización popular, buscando canalizar sus demandas hacia un escenario en el que ese empuje pueda ser neutralizado. La casta política ha pretendido así dar una conducción a esa gran explosión de descontento que hace un año le estalló en la cara, encauzándola hacia un rumbo en que, de mantenerse inalterado, le sería posible diluir su enorme poder transformador.
Al mismo tiempo, y como parte de la misma operación, las cúpulas de los partidos tradicionales, junto a los intelectuales orgánicos de la clase dominante, se esmeran en ratificar y justificar hasta convertir en sentido común un concepto profundamente pervertido de democracia, la llamada «democracia de los acuerdos» que ha regido la vida política de la «democracia protegida» establecida por la Constitución de 1980 en esta últimas tres décadas.
Por esta vía, apelando hipócritamente a una falsa voluntad de entendimiento, la minoría rica y poderosa que es dueña del país solo busca imponer sus intereses a la mayoría, pretendiendo mantener como hasta ahora en una clara y profunda interdicción a la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Se trata por tanto de una «democracia» en que curiosamente el pueblo no gobierna, siendo solo llamado a elegir «representantes» que, una vez instalados en el parlamento, legislan desfachatadamente a espaldas de sus electores, cautelando solo los intereses de los poderes fácticos empresariales.
Una correlación de fuerzas favorable a los cambios que la mayoría clama a gritos no se logra estableciendo alianzas espurias y sometiéndose a los vetos que a la voluntad popular hoy se empeñan, abierta o encubiertamente, por imponer las desprestigiadas cúpulas de los partidos que han cogobernado este país durante las tres últimas décadas.
Esa correlación favorable de fuerzas solo se logra sintonizando clara y decididamente con los grandes anhelos de cambio que laten en la mente y el corazón del pueblo chileno, defendiendo con pasión sus intereses ante todos quienes intentan, una vez más, defraudarlos y buscando darles una clara expresión a través de contundentes propuestas e iniciativas transformadoras. Incluso esa simple y clara idea liberal de que la democracia es «el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo» se ve hoy descalificada a cada paso por los ideólogos y apologistas del injusto y aberrante orden social existente, quienes la tachan de «populista».
Y, sin embargo, nada puede ser más cierto que ella.
De allí que los gritos de alarma que hoy se alzan contra todo intento de romper los diques con que se ha pretendido maniatar la voluntad popular, estableciendo un potente veto de minoría y reduciendo el proceso constituyente mismo a una elección de representantes que tendrían luego la facultad de actuar de espaldas a los deseos de la mayoría, deben ser rechazados con la mayor energía.
Lo que está planteado hoy en el país en una lucha decidida y consecuente por la democratización profunda de la sociedad en todos los ámbitos: económico, social, político y cultural. Y solo cabe insistir en que una correlación de fuerzas favorable a esa democratización no se construye con el mero expediente de negociaciones y acuerdos cupulares.
Menos aun sucumbiendo a los cantos de sirena del ala «progresista» del duopolio. Solo puede surgir del propio pueblo trabajador movilizado en lucha abierta por su demanda esencial de que sus derechos sean efectivamente respetados, que las leyes e instituciones se hagan efectivo eco de sus intereses y de que sus grandes anhelos de justicia puedan finalmente hacerse realidad.
