por Claudia Molina B.
La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell Awad, ha tenido una semana bastante complicada a raíz del reporte entregado el miércoles pasado por esta periodista.
A la denuncia publicada el 28 de agosto, se suman otros reclamos por conflictos en adjudicación de licitaciones públicas con incumplimiento de las bases a empresas que cobran mucho más caro por el servicio licitado.
En diciembre 2019 (Resolución N°16) se inicia el llamado a licitación ID:654478-1-LR20 #Sistema de Teleprotección a Nivel Nacional”, para cámaras de alta tecnología con reconocimiento facial que deberían instalarse en mil puntos en 66 comunas del país por 14 mil millones de pesos.
En marzo del 2020 se realiza la evaluación de los oferentes y, de acuerdo con el #Acta de Evaluación de Licitación” (ID:654478-1-LR20) y por la que la empresa Sonda el 14 de abril presentó – a través de una carta- un reclamo por la adjudicación de licitación.
En la carta, Sonda solicita directamente a la Subsecretaria Martorell la nulidad del proceso adjudicatorio.
El problema que denuncia Sonda a la Subsecretaria, es el rechazo de la oferta presentada aun cuando cumplían con los todos los requisitos estipulados en las bases entre las que destacan: “experiencia del oferente”: «cantidad de proyectos que incluyan integración de redes de monitoreo o telecomunicaciones y/o sitios centrales.
Sonda cuenta con 22 proyectos y su empresa asociada INDUGAL con 7 proyectos de las mismas características, es decir, 29 proyectos en total, por lo que solicita a la subsecretaria aclarar cuáles fueron los criterios que emplearon para bajar proyectos y, así, disminuir puntaje para adjudicar de acuerdo con las tablas de evaluación.
En las bases y en la tabla de evaluación, se indica que con más de 20 proyectos obtendrían 100 puntos; Sin embargo, la puntuación recibida fue de 70 puntos.
Así mismo, reclama por otro ítem que tiene relación con los tiempos de instalación y puesta en marcha de las cámaras, donde es posible apreciar en la oferta de Sonda
que no sólo cumplía con los plazos, sino que los superaba e igualmente le bajaron el puntaje.
En el ítem de “calidad de oferta técnica” en el apartado de las características de las cámaras Sonda plantea que su propuesta considera las mismas cámaras que Ingesmart S,A . aunque Sonda sobrecumple los requisitos e igualmente su puntaje fue bajo.
De acuerdo con las bases de licitación, 5 empresas continuaron en proceso: SISTESA; Ingesmart S.A, Entel; Sonda; y EMACH.
Aunque Sonda tenía la mejor oferta, la licitación fue adjudicada a Ingesmart, que no presentó ni la mejor oferta técnica y menos económica.
En la parte técnica, Ingesmart tampoco cumple con solidez las características de las cámaras requeridas, pues ofrece cámaras chinas marca HIK VISION.
Sin embargo, existe un foro abierto y global llamado ONVI, que busca facilitar el desarrollo y el uso estándar abierto global para la interfaz de productos de seguridad físicos, basándose en la IP. Además, plantea y promueve un estándar de comunicación para instrumentos como las cámaras de videovigilancia y plataformas de gestión de videos.
A fines de 2019, ONVIF suspendió y expulsó a las empresas HIK VISION y #DAHUA por lo que no tendrían acceso a las herramientas, especificaciones y documentos previstos por ONVIF
.
Por lo tanto, los dispositivos licitados no cumplirían con los estándares mínimos, complejizando la integración los dispositivos con los sistemas existentes en las diferentes municipalidades a lo largo de Chile, que es lo que considera como fundamental el proyecto licitado.
Sin embargo, Martorell ratificó la adjudicación y entregó una respuesta negativa a Sonda con una Rectificación por Resolución Exenta (N°714) en la que señala errores de tipeo pero que no perjudica a los oferentes.
La Comisión Evaluadora
En esta investigación, aparecen varias licitaciones donde se repiten en distintas ocasiones los mismos nombres. Sin embargo, hay uno que llama la atención por sobre el resto: es el caso de Cristian Fonseca Zagal, quien aparece como cientista político y administrador público. Es profesional a contrata de la Unidad de Sistema Nacional de Televigilancia de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Cuenta con una carrera política que, aunque pareciera de bajo perfil, es considerado como un lobista de trayectoria. Así informa una fuente que solicita resguardo de identidad.
“Fonseca -señala la fuente-, comenzó con el ex alcalde de recoleta, Gonzalo Cornejo (UDI)”.
Ambición económica y poder. . Así define la personalidad de Fonseca Zagal, quien desde el año 2014 comenzó a mostrar un perfil bastante oscuro, por decirlo así, enfatiza la fuente. Partió con estafar a su ex socio de la empresa Capacitación y Desarrollo.
El ex socio de Fonseca habló con la periodista que escribe y señaló:
“Yo le vendí el 49% de participación que tenía en la empresa porque ya estaba cansado de problemas. Nunca les pagaba a los trabajadores, aunque el dinero estaba. Decidí cambiar de rubro, otros proyectos y le vendí mi participación, nunca me pagó, aunque todo quedaba resguardado en notaría. Tuve que demandarlo y hasta hoy me debe seis millones y espero que me los pague lo antes posible”.
Pero, esta no es la única demanda que aparece en su currículo judicial. Tiene una extensa lista de demandas por no pago, entre las que se encuentran un crédito automotriz, un crédito de consumo del banco BCI; un crédito hipotecario del banco Santander y una demanda por no pago de arriendo de la empresa Capacitación y Desarrollo, que dejó de estar en los registros de ChileProveedores en el 2017.
Actualmente, banco Santander logró la orden de embargo de la casa que tiene en Puente Alto.
La pregunta es ¿cómo una persona que tiene esos antecedentes está en la subsecretaría de prevención del delito?
Acá la respuesta:
Cristian Fonseca Zagal, es nominalmente independiente, pero cercano a la UDI. Trabajó para la campaña de Piñera como apoyo territorial y en el balotaje percibió un pago de $1.561.111. Luego llegó a la Subsecretaría de Prevención del Delito.
En este Servicio, ha sido parte de diversos procesos de licitación como parte de la comisión evaluadora y aquí cobra relevancia su participación, tanto por la solicitud de nulidad del proceso licitatorio, al igual que el mencionado en reporte anterior con empresa Pegasus.
Otra pregunta: ¿por qué Sonda, que realizó descargos y solicitó la nulidad de la adjudicación, no siguió adelante con un recurso administrativo de reposición, teniendo los antecedentes para realizarlo y hasta ganarlo?.
Otra fuente cercana a la subsecretaría de Prevención del delito lo aclara:
“Muchas veces los procesos están viciados y si algún oferente reclama o denuncia, debe tener claro que nunca más podrá volver a presentarse a una licitación».
BonusTrack
Después de la publicación del 28 de agosto, esta periodista fue contactada para ser informada que Martorell Awad, siendo estudiante de derecho de la Universidad Central, en una elección para la federación de estudiantes, se llevó la urna para la casa.
Nada hacía presagiar que después se convertiría en la Subscretaria de prevención del delito.
Sonrían, los estamos grabando
Revise los documentos de esta denuncia
Fuente: Hilo de la autora en twitter
