por Verónica Zapata (*)
El 6 de agosto, en el 195° aniversario de la independencia de Bolivia, se filtró un decreto supremo con el cual la presidenta de facto Jeanine Áñez autorizaba a las Fuerzas Armadas y a la policía a reprimir al pueblo boliviano, que se encuentra realizando bloqueos a nivel nacional en el marco de un paro indefinido desde el lunes 3 de agosto, en demanda de elecciones.
El expresidente Evo Morales denunció el 7 de agosto que “se gesta un nuevo golpe de estado en #Bolivia, cuyo plan está a cargo de los generales Iván Ortiz Bravo y Sergio Orellana. Se intenta instaurar un gobierno de civiles y militares. Con ese fin llegaron dos aviones con armas desde EU y desplazaron francotiradores a El Alto y Chapare”.
El 15 de julio Áñez ascendió ilegalmente por decreto a militares, pasando por alto la aprobación de la Asamblea Legislativa que había postergado ello para luego de las elecciones, con un nuevo gobierno democrático. Así Orellana fue designado jefe de las Fuerzas Armadas.
Los bloqueos empezaron de forma progresiva, y suman más de 150 en distintos puntos del país. La modalidad es pacífica, la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad, instruyeron dejar pasar a las ambulancias, al personal médico, a los vehículos que transporten oxigeno e insumos médicos hacia los centros médicos, con el fin de que puedan mantener su funcionamiento normalmente.
A su vez, se instruyó utilizar a todos los que se encuentran movilizados los medios de protección y medidas de bioseguridad contra el Covid-19. El objetivo del paro nacional es exigir que se lleven a cabo las elecciones en el país y no se sigan postergando de forma sistemática e ilegal con resoluciones unilaterales de parte del Tribunal Supremo Electoral.
También se demanda asistencia en relación a la salud, educación y trabajo, las principales áreas en crisis y en emergencia en el país.
La convocatoria partió de la COB y el Pacto de Unidad que aglutina a todas las organizaciones sociales indígenas del país, a los que se han sumado sectores de la sociedad, organizaciones sociales, personalidades y dirigentes, so solamente del Movimiento al Socialismo (MAS), que lidera el expresidente Evo Morales.
Entre ellos, el dirigente Felipe Quispe, conocido como El Mallku que lidera varios bloqueos. “El bloqueo en Bolivia no es del MAS, sino de las bases campesinas y es más contundente que el 2003 porque no solo pide elecciones, sino la renuncia de Áñez”, señaló. Con el paso de los días y ante el agravamiento de la crisis social, se ha sumado el pedido espontáneo de renuncia de Jeanine Áñez.
El gobierno de facto ha ido postergando permanente la fecha electoral. Fijada para 6 de setiembre, Añez la cambió para el 18 de octubre, con la excusa de la pandemia, pero en realidad porque todas las encuestas dan como ganador al candidato del Movimiento al Socialismo. El miércoles 5 de agosto, fracasó por segunda vez, el intento de negociación entre COB y las autoridades electorales para definir una fecha electoral alternativa a la del 18 de octubre.
Juan Carlos Huarachi secretario ejecutivo de la COB, sostuvo:
“No hay voluntad del TSE (…) Hemos asistidos por segunda vez, no quieren mover la fecha del 18 octubre (…) Esto es burlarse del pueblo boliviano. A partir de ahora cualquier cosa que pase en el país es responsabilidad del TSE Hicimos una propuesta, ni 18 de octubre, ni 6 de setiembre, propongan una fecha con garantías de organismos internacionales y la Iglesia, pero no tienen voluntad”.
Por otro parte, Orlando Gutiérrez de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia advirtió ante amenazas de desbloqueo: “Un punto de bloqueo que toquen y eso va a cambiar la estrategia de lucha. Con nuestra presencia aquí en el TSE garantizamos que queremos dialogo”.
Al mismo tiempo, que se llevaba a cabo la reunión de los dirigentes mineros y TSE., Áñez posicionaba como nuevo ministro de planificación a Branco Marinkovic, provocado la indignación inmediata del pueblo boliviano. Marinkovic es un terrateniente croata, del fascista Ustacha y separatista.
Vivió en Brasil 10 años debido a que se fugó de la justicia boliviana, porque fue uno de los impulsores de autonomía de “La Medialuna” (integrado por los departamentos Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija) con quienes llevó adelante el intento frustrado de golpe de estado en el 2008 y la separación de esta región de Bolivia.
Defensor de la supremacía blanca, su designación es un insulto a la memoria del país. Su nombramiento marca el rumbo de la escalada violenta que puede tomar el país. A ello se suman las amenazas y movimientos beligerantes que realiza el gobierno de facto.
El 4 de agosto, el ministro Murillo amenazó: “Levanten los bloqueos o lo haremos nosotros”. Poco antes, cuando el clima en el país estaba tenso expresó: “Tengo gases lacrimógenos para seis meses si se hacen los vivos”.
El 6 de agosto, Fernando López ministro de Defensa amenazó con una cacería a los dirigentes, incluso al candidato a presidente por el MAS.:
“Se nos acabó la paciencia del diálogo, de Luis Arce, Esther Soria, la gobernadora de Cochabamba, Andrónico Rodríguez, vamos a empezar a actuar donde corresponde, vamos a ir a donde tengamos que ir”.
La relación del TSE y los golpistas
Una segunda línea informativa que utilizan los golpistas es responsabilizar de la postergación de las elecciones a Salvador Romero presidente del Tribunal TSE y deslindarse de ese plan coordinado.
Yerko Núñez, ministro de la Presidencia sostuvo:
“Pedimos que pueda haber dialogo entre T.S.E. y los movilizados. Exigimos que no se cambie la fecha permanentemente, que sean más serios, este cambio de fecha provocó estas movilizaciones, lo que debe hacer el TSE es en base a estudios científicos determinar una fecha, no puede ser que estemos perdiendo vidas en pandemia por falta de oxígeno. No es sostenible que se siga enviando oxígeno en aviones”.
Y se sumó Murillo:
“Este tema debe resolver el T.S.E., que haga lo que quieren con los “masistas”.
Por otra parte, Doria Medina, candidato a vicepresidente en el binomio con Áñez por “Juntos” sostuvo “Ya hemos pasado el pico de la pandemia, lo ideal es ir a elecciones el 18 de octubre”. en contradicción con la propia ministra de salud de facto Eidy Roca quien dijo que recién el pico de contagios será en octubre, para seguir postergando la elección:
Salvador Romero, presidente del TSE, se vende como “neutral” pero es un ferviente militante contra el MAS. Fue designado a dedo por Áñez, lo que aparece evidenciado en su vínculo con el Departamento de Estado estadounidense y con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en los cables revelados por WikiLeaks, desde el 2008 como mínimo.
LA USAID es un organismo a través del cual se financia operaciones encubiertas para desestabilizar a gobiernos populares o para apoyar a presidentes que responden a las directivas de EU. Un dato revelador es su participación en el golpe de Estado y fraude contra Manual Zelaya en Honduras.
El plan de EEUU es mantener en el poder a Áñez, un títere a través de quién gobiernan el país, posponiendo la fecha electoral indefinidamente en coordinación con el TSE.
Áñez convoca al dialogo, mientras reprime en Samaipata
El 8 de agosto los candidatos del MAS. Luis Arce y David Choquehuanca, respondiendo a un llamado de Áñez convocando al dialogo, afirmaron estar de acuerdo con llegar a un acuerdo, y que debido a los tiempos es evidente que la elección no podría llevarse a cabo el 6 de septiembre como exigen las movimientos sociales.
Luis Arce sostuvo que aceptaran una nueva fecha electoral que cumpla con tres requisitos: que se debe establecerse mediante una ley y no por una resolución para ingresar al marco jurídico constitucional, que se garantice fecha fija e inamovible y que ese acuerdo cuente con aval de organismos internacionales.
La conferencia se llevó a cabo el mismo día en que se registró al mediodía una fuerte represión en Samaipata, Santa Cruz, con balas de plomo, dejando varios heridos. Simultáneamente Áñez convocaba a un diálogo en el palacio de gobierno a las distintas fuerzas, al TSE, a los presidente de la cámara de Senadores y Diputados y a la Iglesia católica como observadores.
Días antes también hubo enfrentamientos en la misma zona donde un grupo de grupos de choque derechistas prendieron fuego Samaipata, reserva y centro turístico indígena, para responsabilizar a los que se encuentran bloqueando la zona.
Los grupos paramilitares han entrado en “combate”, y por redes sociales, mediante audios y videos, amenazan con desbloquear las carreteras.
Está confirmada la presencia en La Paz de la Resistencia Juvenil Cochala, un grupo paramilitar de Cochabamba, que arribó a la capital junto a otro grupo de Santa Cruz, con el objetivo de desalojar a un grupo de jóvenes que viene haciendo una vigilia pacífica frente al TSE, hasta que se confirme la fecha de elecciones. En este contexto, Yassir Molina, dirigente del grupo paramilitar, amenazó al ejecutivo de la COB.: “Estamos preparados para salir”.
Desde el inicio del paro indefinido, el gobierno de facto realiza un fuerte trabajo de inteligencia y se registraron infiltrados en los puntos de bloqueos que no permitían pasar ambulancias para generar conflictos y deslegitimizar el paro. Por otro lado, filman a los dirigentes, a los jefes de cada bloqueo, sabotean estrategias y empezaron una cacería masiva.
Leonardo Loza, dirigente del Chapare, denunció:
“Nos han enviado infiltrados para escucharnos y filmarnos, aquí hay infiltrados del gobierno”.
Sectores de militares que no comulgan con los golpistas, recomendaron a los dirigentes del Trópico de Cochabamba, principalmente a Andrónico Rodríguez y Leonardo Loza no dormir en sus domicilios. Muchos dirigentes pasaron a la clandestinidad para proteger sus vidas. Se confirmó, además, que la zona cuenta con la presencia de francotiradores. En los puntos de bloqueo sobrevuelan helicópteros y se observan vuelos rasantes en El Alto, frente a los huelguistas en los bloqueos.
(*) Psicóloga y periodista boliviana, colaboradora del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la).
Fuente: Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico
La violencia recrudece en Bolivia: bloqueos, enfrentamientos y maniobras para proscribir al partido de Evo Morales
Las protestas por la nueva postergación de las elecciones presidenciales profundizaron la crisis de un país que tiene a su democracia en pausa.
Bolivia está envuelta en un caos político y social que incluye protestas masivas, bloqueos en carreteras, represiones policiales, desalojos con armas y una creciente presencia de grupos paramilitares. De fondo, el retraso en celebrar las elecciones con las que debería recuperar el sistema democrático que perdió el año pasado y los intentos de proscripción del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del derrocado expresidente Evo Morales.
Las voces más alarmistas advierten incluso del peligro de que estalle una guerra civil ante la creciente tensión entre los simpatizantes del MAS y los sectores de ultraderecha afines a la presidenta de facto, Jeanine Áñez, y a otros candidatos presidenciales.
El fin de semana recrudecieron los enfrentamientos, algunos de ellos armados, entre fuerzas de seguridad y grupos de choque contra las organizaciones aglutinadas en la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad, que el lunes pasado comenzaron una serie de movilizaciones para protestar por la postergación de las elecciones del 6 de septiembre al 18 de octubre.
La justificación del gobierno y de las autoridades electorales para cambiar la fecha fue que no se puede exponer a la ciudadanía a cumplir con una jornada electoral que propagaría todavía más una pandemia que hasta ahora ha dejado un saldo de 89.999 contagios y 3.640 muertes.
Desde el masismo, sin embargo, consideran que esto es solo un pretexto de sus rivales para ganar tiempo, ya que están realizando una serie de maniobras para impedir la postulación de Luis Arce, el candidato presidencial del MAS que, de acuerdo con las encuestas, encabeza la intención de voto.
Además de marchas y actos masivos, los grupos masistas, entre los que se incluyen la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia-Bartolina Sisa, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y organizaciones universitarias y vecinales, se apostaron de manera permanente en rutas a lo largo del país con el fin de presionar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que mantenga la agenda electoral y los comicios se realicen el próximo mes.
Amenazas y represiones
Hasta el domingo, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) había reportado 77 bloqueos en carreteras, principalmente en Cochabamba, Oruro, La Paz y Potosí. En varios de esos cortes llegaron grupos que intentaron desalojar a los manifestantes.
Uno de los casos más graves se registró en la localidad de Santa Rosa, ubicada en el departamento de Santa Cruz, que tradicionalmente ha sido opositor al MAS, en donde la Defensoría del Pueblo confirmó que hubo por lo menos tres heridos de bala.
En la Plaza Abaroa, en el centro de la Paz, cientos de encapuchados amenazaron con sacar por la fuerza a los manifestantes que permanecen frente al Tribunal Supremo Electoral. Las organizaciones denunciaron, además, que en varios bloqueos hubo represiones policiales con gases lacrimógenos y detenciones injustificadas, y que se multiplicó la presión por parte de grupos paramilitares que llegaron armados a las protestas para amedrentarlos.
Ante las denuncias de violencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya le exigió a Áñez que garantice el diálogo con todos los actores involucrados y asegure el ejercicio del derecho de reunión y de protesta pacífica y el respeto a los derechos humanos.
El expresidente Morales, quien a pesar de estar refugiado en Argentina sigue teniendo un papel central en la política boliviana, ya advirtió que se corre el peligro de que la violencia derive en pérdida de vidas humanas, además de que denunció que hay intentos de un nuevo golpe de Estado para evitar las elecciones e instalar un gobierno conformado por civiles y militares.
«Denunciamos ante los organismos internacionales de Derechos Humanos que grupos paramilitares, organizados, financiados y que actúan en coordinación con el gobierno de facto, están cometiendo actos de violencia en Boliva con gravísimas consecuencias humanas», escribió en redes sociales.
Agregó que «en medio de la violencia que alientan grupos de choque del gobierno de facto, se producen nuevos actos de racismo y de discriminación» en contra del movimiento indígena: «Repudiamos las agresiones racistas que sufren hermanas de pollera, hermanos indígenas y campesinos».
Para enrarecer aún más el ambiente, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, amenazó con operativos de desalojo y con denuncias penales en contra de funcionarios y dirigentes políticos que están organizando o apoyando los bloqueos, ya que los acusó de delitos contra la salud pública porque con los cortes de rutas se impide el paso de insumos sanitarios en plena pandemia, lo que es negado por el MAS con fotos y videos que demuestran que se permite el paso a ambulancias y proveedores de hospitales.
Gobierno deslegitimado
La crisis escaló a tal nivel que la propia Áñez convocó el fin de semana a líderes políticos a participar en los ‘Diálogos por la salud’ para evaluar la manera de resolver la crisis política que está escalando cada vez mas.
Aunque abundaron las previsibles críticas al MAS por movilizarse en medio de la emergencia sanitaria, también hubo duros cuestionamientos a la presidenta de facto por parte de Sergio Tarqui, candidato a vicepresidente de Acción Democrática Nacionalista, y Ruth Nina, candidata presidencial del Partido de Acción Nacional Boliviano, quienes le pidieron a Áñez que renuncie a su postulación a la Presidencia.
«El pueblo dice que la señora Jeanine Áñez deje su candidatura y gobierne, así van a ser creíbles sus medidas», dijo Tarqui.
«Usted debe elegir entre pacificar o convulsionar el país. Pacificar implica ser solo presidenta, y convulsionarlo es seguir de candidata. El pueblo también exige su renuncia, pero es decisión suya», aseguró Nina.
El reclamo se debe a que el pasado 12 de noviembre, cuando Áñez se autoproclamó como presidenta después del golpe de Estado contra Evo Morales, aseguró que solo permanecería algunas semanas en el cargo y que no se postularía a la Presidencia, pero incumplió ambas promesas y si las elecciones se realizan en octubre, cumplirá casi un año en un puesto para el que ningún boliviano la votó.
En principio, las elecciones presidenciales se iban a realizar el 3 de mayo, pero se pospusieron de forma indefinida por la pandemia hasta que, por acuerdo de la mayoría de los partidos, se reagendaron para el 6 de septiembre, pese a la inconformidad de Áñez.
En ese lapso, el gobierno de facto y los políticos antimasistas intentaron que se le negara el registro al MAS y a su candidato.
La última maniobra es acusarlo de cometer un delito electoral al haber dado a conocer los resultados de una de las encuestas que confirma que encabeza la intención de voto con los niveles suficientes para pensar que puede ganar en primera vuelta. El candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, avanza en segundo lugar, mientras que Áñez está en una lejana tercera posición debido a su escasa popularidad, que se ha deteriorado todavía más por su manejo de la pandemia.
Fuente: RT
