El rasero neoliberal que está pasando Piñera al amparo de la pandemia no resulta sorprendente, pero tampoco deja de escandalizar.
Básicamente, por su doble estándar e impudicia.
De modo sigiloso, casi furtivo, el Banco Central contrajo un crédito por US$ 23 mil millones con el FMI.
En efecto, de no mediar un golpe periodístico de Interferencia, la maniobra se habría mantenido en secreto.
Incluso, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, tuvo el descaro de desmentirlo:
“No tengo conocimiento de esa información en los términos en que está planteada. El Gobierno no ha solicitado recursos al FMI, por lo tanto, no me corresponde pronunciarme sobre eso». (1)
Que el ministro de Hacienda ignore lo que está haciendo el Consejo del Banco Central, a otro perro con ese hueso. Lo mismo para quién pretenda que gobierno y banco central son entes separados; más allá y por encima de la …cacareada autonomía.
El encubrimiento llegó hasta el 12 de mayo, cuando un comunicado del propio FMI informó que «el Directorio Ejecutivo del organismo se reunió en sesión informal para discutir la solicitud del Banco Central de Chile referida a una Línea de Crédito Flexible (FCL, por sus siglas en inglés) de dos años por un monto de US$ 23.800 millones (DEG 17.443 millones)».
A su turno, el Banco Central informó que esta línea de crédito «tiene por objeto proteger a las economías ante eventuales shocks externos al proporcionar un acceso amplio y por adelantado a los recursos del FMI, sin condiciones ex post». (2)
«Estos recursos permitirán aumentar en más de 60% la disponibilidad de liquidez internacional de acceso inmediato para el Banco Central», agrega el comunicado.
«La facilidad no está destinada a financiar gasto público», concluyó.
En resumen, el Banco Central solicita una línea de crédito al FMI por US$ 23 mil millones, lo cual no ocurría desde hace 37 años.
Pero lo hace para preservar la «liquidez» de la economía, prevenir «shocks externos», mantener la cadena de pagos; en definitiva para salvar la economía, es decir las empresas, mientras la gente se muere de hambre.
Según una crónica de El Mercurio, que también se puede leer en este informe especial, el ministro de Hacienda anunció envío de proyectos para «hacer cambios en el mercado de capitales» e ir en ayuda de grandes empresas».
Al reverso, sumados todos sus ítems, el gasto público del gobierno de Piñera, destinado a la gente que otra de sus políticas dejó sin ingresos, no pasa los US$ 830 millones.
Para remate, condena por partida doble a los pobladores sitiados por el triple azote del hambre, la cuarentena y el virus, que han salido a protestar.
Por sus actos y palabras, los conoceréis.
(1) ¿Chile pide recursos al FMI?: Ministro de Hacienda niega tratativas con la entidad internacional: Radio Universidad de Chile; mayo 8,2020; https://radio.uchile.cl/2020/05/08/chile-pide-recursos-al-fmi-ministro-de-hacienda-niega-tratativas-con-la-entidad-internacional/
(2) Directora Gerente del FMI recomendará aprobación de línea de crédito flexible para Chile por US$ 23.800 millones, solicitada por el Banco Central; Banco Central; mayo 12, 2020; https://www.bcentral.cl/contenido/-/detalle/directora-gerente-del-fmi-recomendara-aprobacion-de-linea-de-credito-flexible-para-chile
Indice
- Hacienda habría pedido US$ 20.000 millones al FMI para enfrentar crisis económica
- Chile pide histórica línea de crédito al FMI
- Chile pide ayuda al FMI para ayudar a las empresas y ofrece migajas a la gente
- Chile solicita crédito al FMI
- Hacienda anuncia envío de proyectos para «hacer cambios en el mercado de capitales» e ir en ayuda de grandes empresas
Hacienda habría pedido US$ 20.000 millones al FMI para enfrentar crisis económica
Victor Herrero A.
El gobierno de Chile habría solicitado la semana pasada al Fondo Monetario Internacional (FMI) una inyección de recursos para el país en torno a US$ 20.000 millones, según confidenciaron fuentes cercanas a ese organismo desde Washington.
“Todo se está manejando en un secreto más absoluto, y el gobierno de Chile piensa anunciar esto en unas dos semanas más”, afirmó un personero al tanto de la petición, que reside en la capital de Estados Unidos.
No está claro si se trata de un préstamo directo o de la apertura de una línea de crédito. Tampoco se sabe aún qué argumentos dio el gobierno de Chile para pedir esos dineros. Ciertamente, es poco probable que el FMI exija condiciones radicales -como sucedió con Ecuador a inicios de octubre de 2019- para entregar el supuesto crédito, toda vez que Chile es uno de los países que ha sido más fiel a los postulados reformistas de ese organismo desde los años 80.
INTERFERENCIA consultó a tres altos funcionarios del Ministerio de Hacienda, quienes aseguraron desconocer cualquier tratativa con el FMI.
“No me calza mucho, salvo que sea algo híper confidencial”, dijo uno de ellos. «Plata tenemos, aunque sea puro crédito obviamente», agregó, aludiendo al bono soberano de 1.500 millones de dólares que Chile emitió en enero. Una cifra muy por debajo de este eventual préstamo del FMI por 20.000 millones de dólares.
Y así parece ser.
Nuestro medio contactó anoche vía whatsapp a Francisco Matte, jefe de Gabinete del ministro de Hacienda Ignacio Briones. Si bien leyó los mensajes enviados, y tras responder a los primeros escritos, optó después por mantener silencio, argumentando que estaba en una reunión online. INTERFERENCIA insistió durante varias horas, sin obtener alguna nueva respuesta.
¿FMI en vez de deuda soberana?
Un elemento que le mete ruido a los economistas, tanto los afines al gobierno como a los opositores, es que el gobierno de Sebastián Piñera quiera recurrir al FMI, con todos los costos políticos y simbólicos que ello significa.
Esto, porque Chile no ha recurrido a esa institución desde 1983, en plena dictadura y crisis económica, cuando pidió un préstamo de 900 millones de dólares de esa época.
Además, está el aspecto simbólico. En el Chile actual pedir dinero al FMI puede ser visto como un préstamo, pero en Argentina es llamado un rescate. Como el gobierno ha decidido no pedirles grandes sacrificios a las grandes empresas, que es una manera de financiar el déficit fiscal, estaría recurriendo ahora a un rescate del FMI.
Con el monto solicitado, que duplica el esfuerzo fiscal anunciado para paliar la actual crisis, La Moneda se puede asegurar una suerte de ‘Plan Marshall’, como el que pidió el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, durante el estallido social, aludiendo al plan de rescate económico de los aliados de después de la Segunda Guerra Mundial.
Ignacio Briones, al igual que su correligionario de Evópoli, Gonzalo Blumel, son hombres de palabras moderadas y dulces, pero de políticas implacables. El titular de Hacienda viene achacando hace semanas que las arcas fiscales no dan para más.
Sobre la idea de aumentar el monto del Ingreso Familiar de Emergencia, el ministro fue claro en una entrevista a Radio Cooperativa el 7 de mayo:
“Me gusta ser claro y transparente, y la respuesta es no. Somos Chile y no Suecia. No hay recursos para destinar US$ 800 millones mensuales”.
Y un mes antes, Briones declaró:
“Hoy estamos con un déficit fiscal en torno al 8%, eso indica una cuestión muy clara: tenemos poco margen para seguir aumentando ese déficit”.
Acto seguido afirmó:
“Hemos actuado con prontitud, con montos muy sustantivos y de forma bien agresiva. La prueba es que hoy proyectamos un déficit fiscal de 8% del PIB para este año, que es histórico … Me parece que nadie puede decir que el gobierno se ha ido quedando corto”.
Cálculos en Inglaterra proyectan un déficit fiscal de 14%, mientras que en Italia se vislumbra un déficit de 10,4%.
Pero la pregunta de fondo ahora es en qué se destinarán los US$ 20.000 millones que el gobierno supuestamente está pidiendo al FMI.
INTERFERENCIA consultó a altos personeros del ministerio de Hacienda, sin obtener respuestas.
Fuente: Interferencia
Chile pide histórica línea de crédito al FMI
por Andrés Almeida, Diego Ortiz.
Después de 37 años Chile volvió a golpear las puertas del Fondo Monetario Internacional (FMI), esta vez para pedir una línea de crédito por 24.000 millones de dólares a la cuenta del Banco Central del país. La última vez que algo así ocurrió fue en 1983, cuando la dictadura de Augusto Pinochet pidió un crédito de 900 millones de dólares con los que enfrentó la crisis económica de esa época y rescató a los bancos.
Si bien en 1983 el mecanismo de acceso a los fondos del FMI fue un préstamo que fue directamente a las arcas fiscales y hoy el método es una línea de crédito que el Banco Central puede emplear o no, conforme sus necesidades, sin que el dinero vaya al gobierno, ambos momentos tienen en común el propósito de reforzar el sistema financiero.
INTERFERENCIA había informado la semana pasada de estas tratativas, aunque la negociación no corrió por parte del Ministerio de Hacienda -sino el Banco Central, que es autónomo- y no fue un préstamo -sino una línea de crédito- como se informó. Pero la transacción sí corresponde a los órdenes de magnitud reportados, y a que -finalmente, en caso de usarse este instrumento- serán los contribuyentes quienes pagarán la deuda al FMI.
El Banco Central esta vez busca decirle al sistema financiero chileno que tiene suficientes espaldas y que el país no tendrá problemas de liquidez, inflando las reservas internacionales (en dólares). El propósito declarado de la política de liquidez del órgano emisor es “velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. En los regímenes de tipo de cambio flotante, como tiene Chile, las reservas internacionales se utilizan para proveer liquidez en moneda extranjera a fin de cumplir con los objetivos antedichos”.
Si bien esta línea de crédito está diseñada para garantizar liquidez, nada impide que vaya a los instrumentos de política monetaria; compra y venta de dólares para favorecer un tipo de cambio, la inyección eventual de recursos al sistema financiero a través de préstamos a los bancos, y el control del precio de ese dinero que ingresa a la economía a través de la tasa de interés.
Como antecedente, este instrumento financiero del FMI se denomina línea de crédito flexible (FCL, por sus siglas en inglés), solo existe desde 2009, para la crisis subprime, y ha sido solicitado por México, Colombia y Polonia, y ahora Chile y Perú, y nunca se ha empleado, según consigna el Diario Financiero.
La información llegó a través de un comunicado publicado por el FMI en su página oficial, en el que se dio a conocer el estado de la solicitud de línea de crédito enviada por Chile a la entidad. Se explica que la junta directiva del FMI se reunió para evaluar el requerimiento presentado por el país para obtener una línea de crédito flexible durante dos años por un monto cercano a los US$ 24 mil millones, siendo una línea de crédito que será tratada como “precautoria” ante eventualidades que puedan afectar al país.
El comunicado continúa indicando que “la directora general del FMI, Kristalina Georgieva, pretende recomendar la aprobación del arreglo FCL para Chile en la próxima reunión de la Dirección Ejecutiva del FMI”, la cual tomará lugar en las próximas semanas y se decidirá si aprueba o no el FCL solicitado y promovido por la propia directora general de la entidad.
“El FMI está listo para continuar con su apoyo a Chile durante estos tiempos desafiantes”, cierra la declaración de la organización financiera.
Dinero ¿para qué?
Dicho de otro modo, esta línea de crédito -que puede usarse o no, en cantidades discrecionales- no es un dinero que pueda gastarse en rescatar la economía a través de gasto público.
Al respecto, el economista Mario Rosales destaca:
“Hacienda se endeuda en 2.000 millones de dólares, mientras que el Banco Central lo hace en 23.000 millones. Es lo que debería hacer Hacienda: endeudarse ahora, con tasas de interés históricamente bajas; aunque no use ya esos recursos, sino que los tenga listos para usar en caso de mayor emergencia”.
Para este economista de la Cepal y ex diplomático, el Estado debe empezar ya a llegar con la ayuda a familias vulnerables, pues está dejando espacio para el ingreso de los narcos en medio de la pandemia:
“El Banco Central tiene un mejor diagnóstico que el gobierno y eso es lamentable, pues tendremos un costo en vidas, empleo y actividad económica que era absolutamente evitable”.
Según Rosales, la reticencia a endeudarse del gobierno “no es fiscal sino ideológica; el gobierno desea resistir el aumento en tamaño y funciones del Estado en la actual crisis sanitario-económica, pues le teme a la posibilidad de tener que elevar impuestos más adelante, una vez que superemos la pandemia y debamos enfrentar la reactivación de la economía y los empleos, además abordar los desafíos pendientes del estallido social”.
El desmentido de Briones
Tras la publicación del artículo de INTERFERENCIA en que se dieron a conocer los acercamientos entre Chile y el FMI, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, fue escueto en sus declaraciones:
«El gobierno no ha solicitado recursos al Fondo Monetario Internacional. No tengo más que decir respecto a ese artículo».
El ministro no faltó a la verdad, pero el dato de que Chile estaba acercándose al FMI para obtener recursos equivalentes en torno a 20.000 millones de dólares también era cierto, solo que lo estaba haciendo a través del Banco Central y no el Ministerio de Hacienda.
Un dato que Briones sabía o debió saber, pues es sabido entre altos funcionarios vinculados al manejo económico del país que la coordinación ha sido permanente entre el titular de Hacienda y Mario Marcel, presidente del Banco Central.
Además, quien representa a Chile ante el FMI es un funcionario designado por el Ministerio de Hacienda, y quien probablemente debió llevar algunas responsabilidades en el acercamiento entre el órgano multilateral y el Banco Central.
Fuente: Interferencia
Chile pide ayuda al FMI para ayudar a las empresas y ofrece migajas a la gente
por Victor Farinelli (*).
Chile es un país identificado como símbolo de éxito económico por muchos neoliberales en todo el mundo, especialmente en Brasil, y expuso aún más su crisis interna el 12 de mayo, cuando el Banco Central del país solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI) un préstamo de 23 mil millones de dólares.
El país ha estado experimentando problemas en su economía durante muchos años, y la revuelta social que comenzó en octubre de 2019 es un indicio de esta realidad, pero la decisión de solicitar ayuda financiera sólo se produce en medio de la pandemia de coronavirus y los problemas económicos adicionales que trae consigo.
Inicialmente, a través de comunicados de prensa, el gobierno neoliberal de Sebastián Piñera intentó denegar la solicitud de crédito al Fondo, pero el Banco Central terminó admitiendo la información, luego de que el propio organismo internacional la confirmara en su sitio web.
Sin embargo, a pesar de los profundos problemas económicos y sociales en el país, el Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, declaró que esta no es una medida diseñada para resolver los problemas con el gasto público.
“Es importante hacer explícito y extremadamente claro que esto no es un préstamo para el gobierno chileno y, por lo tanto, no está destinado a financiar el gasto público”, admitió el funcionario, quien comparó la solicitud actual con la realizada hace años por las agencias financieras internas de países como Colombia, México y Polonia.
La explicación provocó la controversia sobre cuál sería, entonces, el destino de los recursos.
Osvaldo Rosales, economista chileno y ex director de la División de Comercio Internacional e Integración de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), explica que esta es una medida para evitar un corte en la cadena de pagos de bancos y grandes empresas.
El analista considera que el préstamo es oportuno, pero también señala que existe una diferencia significativa entre las medidas de Chile para apoyar a los sectores más poderosos económicamente y los destinados a otros grupos, que son más vulnerables socialmente y que están aún más afectados por la pandemia.
Rosales también destaca el hecho de que el endeudamiento actual rompe con un paradigma vigente en Chile desde que se implementó el neoliberalismo en el país en la década de 1980.
“Endeudarse no es malo, el problema es que es sostenible en el tiempo y nosotros, como parte del Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible, hemos emitido una declaración que muestra que cuando el gobierno dice que ha hecho todo lo posible y que no hay más espacio fiscal, decimos que esto no es cierto: el gobierno chileno tiene una forma de endeudarse, especialmente para ayudar a las personas que necesitarán apoyo financiero del Estado para poder enfrentar la cuarentena ”, explica el economista.
Ayudando a las familias
También en los últimos días, el Congreso chileno aprobó la ayuda financiera para familias. El gobierno neoliberal de Piñera tiene la intención de entregar 65,000 pesos chilenos (alrededor de US $ 78) a personas pobres y de clase media solo en junio. En julio y agosto, esta cifra se reducirá, aunque los analistas señalan que las personas tendrán más necesidades a lo largo de los meses.
Hasta la fecha, el estado ha anunciado un gasto total para las familias de solo US $ 830 millones, mucho menos que los recursos solicitados para salvar a las empresas.
El economista Osvaldo Rosales cuestiona esta política.
Según él, el gobierno puede gastar hasta $ 15 mil millones de dólares para ofrecer ayuda más sólida a las familias chilenas durante el invierno.
“Calculamos que es posible financiar, durante cuatro meses, un ingreso familiar para mantener a las personas fuera de la línea de pobreza. Lo que el gobierno ofreció es un valor muy marginal”, señala.
«También es insuficiente en la cobertura, porque también hay muchos que no tendrán acceso a este beneficio”, agrega Rosales.
Ayuda insuficiente
El valor y el alcance de la asistencia ofrecida ha generado descontento entre la población y ha dificultado permanecer en cuarentena.
El lunes (18), cientos de personas del municipio de El Bosque, en la Región Metropolitana de Santiago, hicieron una gran manifestación, con barricadas y ollas, quejándose de la falta de alimentos y recursos financieros para las familias que intentan permanecer aisladas.
La protesta fue dispersada, después de unas horas, por una fuerte respuesta represiva de los Carabineros (policía militarizada chilena).
La oposición política también ha criticado la insuficiencia de la ayuda y la incapacidad del gobierno para responder a las necesidades impuestas por la pandemia. El ex ministro de Finanzas, Rodrigo Valdés, que sirvió en el segundo mandato de la presidenta socialista Michelle Bachelet, pidió agilidad en las respuestas dadas las proyecciones de empeoramiento de la situación, con el aumento en el número de contagios y muertes en el país.
“Utilizo la comparación del automóvil, con los cambios, y es el momento de activar el segundo (engranaje). El paso central ahora es este: tomar medidas más audaces y mostrar una mayor participación en el problema de grandes proporciones que enfrentamos, para poder calmar a la gente”, comentó Valdés.
Mientras tanto, el país enfrenta un aumento explosivo del desempleo. Más de un millón y medio de personas sin trabajo.
Todo indica que la llamada Ley de Protección del Empleo sirvió para permitir a las empresas despedir trabajadores sin tener que justificarlo o suspender temporalmente los contratos. La cifra oficial muestra que el desempleo en mayo alcanzó el 9% de los chilenos, pero se espera que las cifras para los próximos meses superen los dos dígitos.
El estigma del FMI
En las décadas de 1970 y 1980, el FMI otorgó préstamos controvertidos a países como Chile, Uruguay y Argentina, poco después de los golpes de estado en esos países. Como resultado, recurrir al FMI ha tenido un fuerte estigma.
En el caso chileno, el estigma vino del apoyo del órgano a las políticas neoliberales impuestas con autoridad en la dictadura de Augusto Pinochet.
El país experimentó una ola de privatizaciones, con la desnacionalización de grandes empresas públicas que pasaron a manos privadas, especialmente las mineras vinculadas a la extracción de cobre, la principal materia prima de exportación del país.
La ayuda financiera del FMI a la dictadura de Pinochet fue un rescate después de una fuerte caída del 14% del PIB, que condujo a una pobreza del 45% en el país.
Sin embargo, el mito del éxito económico de la dictadura no ha resistido el paso de los años, como ya se había visto en la revuelta social que comenzó en octubre de 2019, y cómo ahora se ha reforzado debido a la pandemia.
Piñera, quien hace meses habló de Chile como un oasis en América Latina, ve su historia desmoronándose como otro espejismo.
A raíz de las críticas a los dogmas del neoliberalismo y la defensa de la solidaridad como nuevo paradigma, muchos expertos económicos han criticado a los responsables de las medidas para contener al gobierno de Sebastián Piñera.
Los economistas rechazan la narrativa de que la política fiscal del país está en el límite, entendiendo que cuando se trata de ayudar a los ciudadanos en situaciones críticas, es posible recurrir a políticas más atrevidas para mejorar la gestión, y que la pandemia de covid-19 es una de esos momentos que exigen un mayor esfuerzo fiscal por parte de un gobierno.
El Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible, del cual Osvaldo Rosales forma parte, enumeró algunos datos que indican que Chile tiene la capacidad suficiente para aumentar fuertemente su gasto interno para combatir la pandemia:
1) Como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), los programas de emergencia que propuso el gobierno son mucho más bajos que en la mayoría de los países europeos, Estados Unidos e incluso países vecinos, como Perú;
2) La deuda pública chilena se encuentra en los niveles más bajos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y en toda América Latina;
3) El gobierno acaba de colocar bonos en el extranjero por 2 mil millones de dólares a tasas muy bajas;
4) Chile tiene fondos soberanos por un valor de 22 mil millones de dólares.
(*) Nota escrita en colaboración con Paola Cornejo, desde Santiago.
Fuente: Brasil de Fato
Traducción: Alainet
Traducción: Paola Cornejo
Edición: Luiza Mançano
Chile solicita crédito al FMI
Por Rudy López
Desde la década del 90, con los gobiernos de la llamada Concertación, que Chile no pedía préstamos al Fondo Monetario Internacional (FMI), de hecho, el país se convirtió en acreedor a partir del año 2000.
Estos gobiernos se encargaron de administrar el sistema neoliberal, el cual, a pesar de profundizar las desigualdades, precarizar el trabajo, el territorio, la vivienda y un largo etcétera, lograron tener un robusto sistema financiero que les permitió un crecimiento casi sostenido.
Con todo, en la última semana la administración Pñera pidió una Línea de Crédito al FMI (LCF), que aunque no es un préstamo como los solicitados por otros países de la región en los últimos 30 años, se convierte en un hecho relevante lo mencionado.
La última vez que La Moneda pidió un préstamo al FMI fue durante la última etapa de la dictadura, en concreto entre 1985 y 1986. En ese periodo, tanto el FMI como el Banco Mundial (BM) comenzaban a entregar préstamos a distintos países con el fin de aplicar condiciones de reducción del gasto público, privatización de empresas estatales, entre otras, con el fin de aplicar el Consenso de Washington.
Para esos años, Chile pasaba por una de las peores crisis económicas de su historia. La ollas comunes, los precios elevados, el desempleo y el hambre se convertían en la normalidad, junto a las violaciones de los Derechos Humanos, la criminalización de la pobreza (como si todo un barrio fuese responsable por los delitos que no son más que un síntoma de una desigualdad estructural), los militares abusando de su poder.
No obstante, con aquel préstamo no se realizaron grandes condicionamientos ya que la dictadura comenzó a implementar las reformas neoliberales desde 1974 y 1975, años en que pide si primer préstamo al Fondo.
La historia de las privatizaciones, los Chicago Boys y los corruptos beneficios de personeros de la dictadura vía reformas, son un tema ya estudiado y que no dan para profundizar en este artículo. Enfoquémonos en la solicitud de la LCF.
¿Qué es la LCF?
Este instrumento de la organización financiera internacional es el mismo que solicitó Venezuela a inicios de la pandemia del Covid-19 y que le fue negado.
Se basa en una reforma emprendida por el organismo para adaptar sus herramientas de préstamos a las distintas necesidades y circunstancias por las que atraviese algún país.
Al no tener condicionamientos de ningún tipo, la LCF solo es girada para “países con marcos de política e historiales económicos muy sólidos”.
Según la web institucional del organismo, este instrumento se crea debido al “estigma que supone obtener crédito del FMI”[1], pero al estar disponible solo para países que adoptaron en el pasado políticas constrictivas del sector público y que por ende tienen sistemas financieros más fuertes, sigue manteniendo la misma lógica neoliberal.
De acuerdo a la explicación que entrega el FMI, la LCF puede ser utilizada de las siguientes maneras[2]:
– Los países habilitados gozan de flexibilidad para utilizar la línea de crédito en cualquier momento dentro de un período predeterminado o para tratarla como un instrumento precautorio.
– La LCF garantiza a los países habilitados acceso amplio e inmediato a los recursos del FMI, sin condiciones continuas, gracias a la solidez de sus marcos de política.
– La LCF funciona como una línea de crédito renovable que puede usarse inicialmente por uno o dos años, con un examen del derecho de acceso al cabo del primer año. Si un país decide utilizar la línea de crédito, los reembolsos deben efectuarse a lo largo de un período de 3¼ a cinco años.
– La LCF opera sin límite de acceso a los recursos del FMI, y la necesidad de recursos se evalúa individualmente.
No es un préstamo
Cuando se conoció la noticia de que Chile obtendría una LCF por un monto de 23 mil 800 millones de dólares, el imaginario colectivo ya pensaba en un escenario similar al argentino.
Ante esto, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, rápidamente comentó:
“Esta es una línea precautoria solicitada por y para el Banco Central de Chile, que le permite complementar sus reservas internacionales de forma de acometer de mejor manera su mandato legal establecido en la Constitución y en su ley orgánica constitucional”, dejando en claro que el desembolso no financiaría el gasto público ya que no está dirigido al Gobierno de Chile.
Esto puede causar cierta confusión, pero es necesario recordar que desde la dictadura el Banco Central de Chile es autónomo al Gobierno. Por ende, cada decisión que tome no debe, necesariamente, contar con el aval del o la Presidente/a de la República.
Esta petición solo pone en relieve que el sistema neoliberal (y con el uso de este concepto no me refiero solo a la esfera financiera y económica, sino también a la política, social y hasta cultural), que ya daba muestras de fisuras, desde el estallido social de octubre de 2019, busca ser recimentado por la élite gobernante.
A pesar de la crítica situación de salud que vive el país, el sector financiero sigue velando por mantener a flote a bancos y grandes empresas, no existe preocupación real por la Pequeña y Mediana Empresa (Pyme) ni por los ciudadanos y ciudadanas que se han visto en un duro pasar debido a la misma precariedad laboral.
Es necesario recalcar que el Gobierno dio luz verde a que empresas puedan despedir a empleados/as y que solo ha otorgado un bono de 65 mil pesos (aproximadamente 79 dólares) a las familias más vulnerables.
Durante esta crisis sanitaria, aprovechando la cuarentena, el Gobierno se ha dedicado a “restaurar” la infraestructura “dañada” por las protestas sociales, pero también intenta restaurar, aunque sea con cinta adhesiva, un sistema que ya no logra sostenerse a sí mismo.
(*) Cientista político.
Fuente: Correo del Alba
Notas:
[1] https://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/pdf/fcls.pdf
[2] Ibid.
Hacienda anuncia envío de proyectos para «hacer cambios en el mercado de capitales» e ir en ayuda de grandes empresas
«La próxima semana se conocerán algunos proyectos de ley relativos al mercado financiero», adelantó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, tras abordar el análisis que se ha estado haciendo al interior del Gobierno respecto a cómo ir en ayuda de grandes empresas que hoy enfrentar problemas de liquidez debido a la crisis del covid-19.
Así, en el ciclo de charlas organizado por la Sofofa y transmitido por EmolTV, Briones sostuvo que «estamos preparando una serie de medidas, de hecho algunas de ellas las ingresaremos al Congreso la próxima semana, de forma tal de generar mecanismos más flexibles, más ágiles, que faciliten el acceso al financiamiento de esas empresas que son viables, que son solventes, pero que tienen un problema de liquidez y que no quisiéramos que quedaran en el camino».
En ese sentido, el titular de Hacienda hizo hincapié en que «uno quiere que toda empresa solvente y viable siga funcionando».
Respecto al caso de empresas estratégicas, Briones indicó que dicha palabra «da para mucho, pero se entiende el concepto: que por razones logísticas, de interés país, requieren seguir funcionando y requieren quizás intervenciones más directas del Estado, ya sea a través de garantías, ya sea dictando recursos.
Lo que en cualquier caso son siempre uno a uno y es siempre una medida de última ratio». «Uno tiene que abordar primero todas las medidas de garantías parciales estatales para que el crédito fluya a aquellas empresas solventes, mecanismos de solución privada, bonos convertibles, pero la autoridad lo que tiene que hacer es facilitar ese proceso a través de medidas más rápidas, más ágiles, que no tomen tanto tiempo. En eso hemos estado trabajando, y algunas de esas medidas las van a conocer la otra semana cuando las ingresemos al Congreso, las que van a hacer varios cambios en el mercado de capitales precisamente para acelerar aquello», profundizó.
El caso particular de las aerolíneas En entrevista con radio Universo, el ministro abordó el caso particular de las aerolíneas, donde desde diversos sectores se ha planteado que debería ser el Estado el que vaya en su ayuda directa para evitar eventuales quiebras.
«Es evidente que es una industria particular de la cual depende el traslado de personas pero también el traslado de bienes de productos, hay toda una cadena logística asociada y una red de proveedores detrás. Por supuesto que es una industria tremendamente relevante que hay que tener considerada», indicó.
Consultado por si se está pensando específicamente en una medida de ayuda para las aerolíneas, Briones respondió:
«No, no, nosotros estamos analizando el caso de las grandes empresas, grandes sectores que son estratégicos. Como cualquier gobierno del mundo, nosotros obviamente hemos estado analizando este tema, hemos analizado la situación financiera, su caída en ventas, saber qué sectores están expuestos, pero acá estamos mirando este tema, estamos analizando distintos vehículos para poder hacernos cargo de ello».
Dado lo anterior, insistió:
«La próxima semana conocerán algunos proyectos de ley relativos al mercado financiero que apuntan a generar instrumentos y a agilizar los procesos para tener mecanismos de financiamiento. Es un proyecto que tiene que ver con acelerar los procesos para emisión de bonos, bonos convertibles y otros».
Fuente: Emol
