Ana Piquer es Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional, organización que promueve la defensa de los derechos humanos en todo el mundo y que desde enero de este año está efectuando una campaña de recolección de firmas contra el proyecto de ley que Fortalece el Resguardo del orden público, más comúnmente conocida como Ley Hinzpeter. Actualmente el proyecto de ley se encuentra en Comisión Mixta ya que las votaciones de la Cámara de Diputados y del Senado no son coincidentes. Conversamos con Ana Piquer sobre los efectos de este proyecto de ley y el rol de la ciudadanía para incidir en estas materias.
-En la Cámara de Diputados se aprobó en general la Ley Hinzpeter, rechazando la mayoría de sus artículos, luego, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia aprobó el texto, ¿en qué situación está actualmente la tramitación de esta ley?
– La Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar, pero rechazó la mayoría de los artículos, y todos aquellos que resultaban motivo de preocupación para Amnistía Internacional.
Luego, en su tramitación en el Senado, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de dicha cámara, aprobó el texto de acuerdo a las últimas indicaciones presentadas por el Gobierno. No obstante, al discutirse el proyecto en la sala del Senado, ésta rechazó el proyecto en general, sin que se haya entrado a la discusión en particular.
Debido a que la decisión de la Cámara de Diputados y del Senado difieren sustancialmente, el proyecto debe ser derivado para el estudio de una Comisión Mixta, compuesta por diputados y senadores que deberán volver a estudiar el proyecto.
Esperamos que esto permita que el análisis se haga con más calma y teniendo en consideración las preocupaciones de derechos humanos que hemos manifestado en ya muchas ocasiones.
-El senador Larraín dijo que se debía buscar una fórmula adecuada que permita resolver el conflicto de derechos que se produce entre el legítimo derecho a manifestar y el derecho al libre tránsito, ¿qué piensa Amnistía Internacional al respecto?
-Es cierto que es necesario buscar ese equilibrio. Es natural que el derecho de reunión en un lugar público puede afectar temporalmente los derechos de otras personas, como por ejemplo, el derecho a circulación por ese mismo lugar. Lo importante es tener en cuenta que las personas que están manifestándose pacíficamente en un lugar público están haciendo un uso tan legítimo del espacio público, como el de aquellos que quieren simplemente pasar por ahí.
-¿Cuáles son los elementos más graves que establece la ley que afectan el derecho a manifestarse de la ciudadanía?
Basándonos en el texto de las indicaciones más recientes presentadas por el Gobierno al proyecto de ley, los puntos de mayor preocupación son dos:
(1) La definición todavía amplia del delito de desórdenes públicos, que permitiría considerar que una manifestación es delito si usa “fuerza en las cosas”, concepto no definido claramente.
(2) La creación de una falta penal – que autoriza a la detención inmediata de una persona – por el solo hecho de andar con la cara cubierta en el contexto de un desorden público. Esto implica que la persona podría ser detenida sólo por cómo anda vestida, sin necesidad de haber cometido ningún acto de violencia.
Ambas son normas que tienen efectos en el derecho de reunión y la libertad de expresión, pudiendo transformar en delito conductas que no son más que el ejercicio de derechos humanos.
-¿De qué modo afecta a la ciudadanía la norma que permite al Ministerio del Interior querellarse cuando existan delitos contra Carabineros?
-Es posible que ello permita que se incrementen la cantidad de juicios en contra de civiles por delitos contra Carabineros. Esto no es problemático en sí mismo, puesto que se trata de delitos graves que sin duda deben ser investigados, juzgados de manera independiente e imparcial y sancionados si corresponde. De aprobarse, sería necesario dar seguimiento a la manera en que se dé uso a esta facultad.
Con todo, sería necesario que así como se investiga la violencia hacia Carabineros, se investiguen de la misma forma las continuas denuncia de uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros en contra de manifestantes, incluso manifestantes pacíficos. El problema de la violencia en las manifestaciones debe ser abordado desde todos los ángulos en los cuales se produce esta violencia.
-¿Es cierto que esta ley permitiría restaurar la detención por sospecha utilizada en Dictadura?
-Esta pregunta se refiere a un proyecto de ley diferente al de la llamada “ley Hinzpeter”, un proyecto de ley que busca modificar la ley de Carabineros, para darle facultades adicionales en materia de control de identidad y de registro de efectos personales. Este proyecto de ley se encuentra actualmente en discusión en el Senado, en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Si bien la normativa es algo menos amplia que la antigua detención por sospecha, sí permite realizar control de identidad y registrar la vestimenta, equipaje o vehículo de cualquier persona que se encuentre en determinados lugares definidos como “sospechosos”. Al establecerse la facultad de manera tan amplia, la aplicación de la norma podría tener efectos discriminatorios, coartar el derecho de reunión o circulación, o resultar en instrusiones innecesarias y desproporcionadas a la intimidad de las personas.
-¿Cuál es la evaluación que hacen de la cobertura de los medios de comunicación a la tramitación de esta ley?
-Los medios en general han dado seguimiento activamente a la tramitación del proyecto. Con todo, en ocasiones resultaría de utilidad dar mayor espacio a diferentes visiones sobre la materia.
-De aprobarse esta ley en la Cámara de Diputados, ¿Cuál sería la respuesta de Amnistía Internacional y de los Organismos de Derechos Humanos?
-Si se aprobara el texto tal como lo presentó el Gobierno, para Amnistía Internacional sería un retroceso. Chile tiene una obligación internacional de alinear su legislación con las normas de los tratados de derechos humanos que ha ratificado, y esta modificación legislativa iría en dirección contraria. Chile debe rendir cuentas a nivel internacional de su cumplimiento en materia de derechos humanos a nivel internacional e interamericano – próximamente corresponde el Examen Periódico Universal de Naciones Unidas – y esto significaría un claro incumplimiento.
-¿Qué recomendaciones le darías a la ciudadanía en este escenario y de cara a las elecciones presidenciales?
-A nuestro juicio, la presión ciudadana ha sido un elemento importante para permitir que el proyecto haya demorado en su tramitación y haya tenido importantes modificaciones. El trabajo realizado con otras organizaciones, como la Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales – Acción, Greenpeace Chile y Asesoría Ciudadana del Instituto Igualdad, ha permitido recolectar entre todos más de 20 mil firmas de apoyo a nuestras preocupaciones, y todavía es posible firmar en www.amnistia.cl.
Para las elecciones presidenciales, es importante exigirle a los candidatos y candidatas que incorporen compromisos concretos en materia de derechos humanos en sus programas de gobierno. Amnistía Internacional ha enviado a todas y todos una carta abierta con un resumen de sus preocupaciones en materia de derechos humanos, y también estamos recolectando firmas de apoyo a través de la campaña “Mi gesto” (www.migesto.com), con el fin de entregarle estas firmas a la persona que resulte electa, para exigirle el cumplimiento de estos compromisos mínimos.
Esto son solo algunos ejemplos de cómo la ciudadanía puede incidir en materias tan importantes como estas, empoderándose y exigiéndole a las autoridades el respeto de sus derechos.
Fuente: El Ciudadano
