por Claudia Fanti.
El gobierno de Piñera en Chile es peor que el Covid-19, es el que proporciona los golpes más duros a las clases más pobres. Por su gestión durante la pandemia, solo en el mes de marzo fueron despedidos 300.000 trabajadores, a los que hay que añadir otros 800.000 obligados a aceptar recortes de sus salarios, para no perder sus puestos de trabajo.
Ese es el efecto de una medida eufemísticamente denominada “Ley de protección del empleo” que posibilita la suspensión del pago de sueldos o su reducción a los trabajadores que fueron obligados a permanecer en su casa por la cuarentena.
A lo largo de todo el período de interrupción de los contratos, los trabajadores podrán disponer únicamente los fondos del seguro de desocupación, financiado en parte por ellos mismos.
Se trataría -como se establece en la ley- de decisiones” consensuadas” entre los empresarios y sus dependientes, como si estos últimos hubiesen tenido alguna alternativa.
Y es aún peor para el ejército de trabajadores precarios e informales, para los cuales se ha previsto apenas un único bono (Bono Covid-19) de 58 dólares.
Ni siquiera en el ámbito de la protección de la salud, Piñera está dispuesto a brindar garantía alguna y, al contrario, ha anunciado el regreso gradual al trabajo de los empleados públicos en una fase de crecimiento del número de los contagios (son más de 11.000 los casos comprobados, con alrededor de 130.000 test efectuados en total), además de la reapertura de clases en las escuelas y colegios a partir del 27 de abril.
Y cuando la ANEF, el sindicato de los trabajadores del sector público, ha criticado esa decisión realizando una manifestación de protesta frente al palacio de la Moneda, aunque respetando los protocolos de distanciamiento social, el gobierno respondió arrestando a siete dirigentes de la organización, después dejados en libertad.
En Chile, país entre los más neoliberales del mundo, la discriminación entre los grupos sociales es muy notoria y esto no sorprende a nadie. Mientras los empresarios se encuentran en la posibilidad de ahorrar sus recursos y disponer de una mano de obra cada vez más esclavizada, el gobierno tiene motivos para alegrarse, comenzando por la paralización obligada de la revuelta social y la postergación del referéndum sobre una nueva Constitución (originalmente establecido para el 26 de abril, apenas un día después -paradójicamente- del regreso a clases).
No por nada, para celebrar el inesperado regalo Covid-19, Piñera tuvo el atrevimiento de ir a la Plaza Italia, la Plaza de la Dignidad, teatro de las protestas sociales, y de tomarse una fotografía sonriendo al pie del monumento al general Baquedano, monumento que los manifestantes habían recubierto de grafitis e insultos a su gestión.
Un acto de provocación gratuita del Presidente que le obligó a presentar sus disculpas públicas.
(Nota de la R: como se observa en la foto no hay nadie en el entorno porque esta foto se la sacó cuando había toque de queda y cuarentena en ese territorio de Santiago).
Pero la Plaza de la Dignidad, recién remodelada, no permanecerá desierta por mucho más tiempo.
“Si regresa la normalidad, regresaremos a la plaza”, prometen los manifestantes quienes, después de seis meses advierten:
“Tuvimos razón en octubre y ahora también tenemos razón. No regresaremos al silencio y, peor aún, a la normalidad neoliberal”.
Fuente: Il Manifesto
Traducción: Primera Piedra
