La esposa de Hugo Bravo, Paulina Restivic, lo denunció por maltrato: “si declaras en mi contra, serás el próximo femicidio”, asegura que le dijo. La mujer asegura que la convivencia con el ejecutivo ha empeorado gravemente tanto con el proceso judicial como con su tratamiento siquiátrico. Incluso aseguró que la amenazó en cuanto ésta le dijo que declararía por una firma suya que Bravo utilizó en un contrato forward.
Hugo Bravo, ex ejecutivo de Penta III, el que declaró las prácticas que dieron forma a los casos que tienen contra las cuerdas a la clase política por el presunto financiamiento irregular de sus actividades, fue diagnosticado con el “síndrome del condenado a muerte”. Estaba sumido en el miedo por la condena social y posiblemente familiar que sufriría al estar vinculado con esta intrincada trama judicial.
Hace más o menos un año Bravo le advirtió a su familia que podría haber un quiebre familiar, pero se mantuvieron unidos en lo que recrudecían las declaraciones en su contra mientras avanzaba el caso.
El 14 de marzo se sustituyó su prisión preventiva por arresto domiciliario y arraigo nacional, pero la rutina familiar se quebró, ya que según Qué Pasa, la mujer del ejecutivo, Paulina Restovic, dejó el departamento de 500 m2 en el que habitaban en la comuna de San Damián. El 7 de abril se instaló en un apart hotel buscando separarse. Al día siguiente vio su tarjeta de crédito cancelada y Bravo la presionó para que volviera. Toda la vida Hugo Bravo le brindó un pasar privilegiado.
Regresó el 28 de mayo, pero luego presentó una denuncia por maltrato habitual en el Centro de Medidas Cautelares de los Tribunales de Familia. Agresiones verbales -“que si no fuera por él no sería nadie en la vida”-, violencia económica, y aseguró que el último año esto recrudeció al estar Bravo en tratamiento psiquiátrico.
El Centro verificó la “situación de riesgo” y paralelamente entregó los antecedentes a la Fiscalía de Las Condes, pero antes se decretó que se deberán incautar las armas que poseía Hugo Bravo, y que Carabineros realizaría rondas, 3 al día a lo menos, para verificar el estado emocional de Restovic. De nada de esto se enteró el ejecutivo.
Desde 1998, Bravo le pagó un sueldo mensual de 2 millones 100 mil pesos para gastos personales, dinero por el que nunca pagó impuestos. En agosto del año pasado tuvo que retribuirlos.
Tampoco se enteró que el 9 de junio lo demandó por alimentos: exigió pensión de 24 millones 350 mil pesos mensuales, junto con los gastos de salud y educación de uno de sus hijos, además de un derecho de usar el departamento de San Damián.
La revisión de cautelares de este caso fue el 8 de junio, y no se acogió la petición de retirar a Hugo Bravo del departamento, al estar “tan vulnerable como la víctima, por cuanto él tiene ciertas patologías crónicas y estados depresivos, y que también requiere del amparo por parte de su grupo familiar”. La defensa de Restovic apeló, pero aún no hay veredicto definitivo.
En medio de su tratamiento, que por dolencias como diabetes mellitus, depresión, e inestabilidad de la marcha -problemas que derivan en que tome 15 medicamentos diarios- se enteró de todo lo ocurrido, el 10 de junio.
Al día siguiente, la mujer declaró ante el Ministerio Público que Bravo le amenazó: “si declaras en mi contra, serás el próximo femicidio”.
Ese mismo día, Carabineros ingresó al departamento preguntando por las armas, y si bien reconoció que él era fanático de éstas, es su mujer quien las manejaba fuera del departamento. Las tres pistolas y un revólver no tenían municiones.
Restovic exige para sí 24 millones mensuales, y la querella que presentó en contra de su marido fue declarada admisible el 3 de julio pasado. Para vivir pacíficamente en el intertanto, él se ha quedado con el primer piso del departamento en San Damián y el 10 de agosto se encontrarán en los Tribunales de familia, en el que Bravo deberá acreditar su real patrimonio para definir una pensión alimenticia definitiva, considerando que la mujer asegura que el ex-ejecutivo recibe 82 millones mensuales.
Fuente: El Dínamo
