por Roberto Pizarro H. (*).
El nuevo, y reiterado, llamado del presidente Sebastián Piñera para alcanzar un acuerdo contra la violencia y por la democracia, recibió esta vez el apoyo entusiasta de 231 dirigentes de la ex Concertación.
En carta a la opinión pública, expresan la urgencia de un acuerdo nacional y recuerdan, con orgullo, el éxito de los consensos de los últimos treinta años, los que, según ellos, permitieron “avances históricos” en el progreso del país.
Coinciden con Piñera en la preocupación por los hechos de violencia y mencionan, igual que el presidente, sobre la necesidad de reformas sociales, crecimiento económico y fortalecimiento el orden público.
En su fundamentación, sostienen los 231, que por sobre las diferencias deben primar los acuerdos en favor del “bien común”. Interesante referencia aristotélica, aunque para el filósofo el “bien común” se alcanza cuando el interés privado se subordina al interés público.
Y esto precisamente es lo que no ha logrado la política en Chile, porque los “consensos” de los últimos treinta años sólo han conseguido que se impongan los intereses de una minoría por sobre el bien común.
En efecto, el 1% se adueña del 30% del ingreso nacional, mientras los trabajadores necesitan apelar al endeudamiento para poder comer; los ancianos sufren el acoso de pensiones miserables, gracias al régimen de las AFP; la atención de los enfermos en la salud pública está lejos de la decencia, mientras el régimen de las ISAPRES persiste en esquilmar hasta el último centavo a sus afiliados; y, la destrucción de la educación pública cierra las puertas del futuro a los jóvenes pobres.
La meritocracia es una gran mentira.
Esas desigualdades estructurales no han bastado para colmar la sed de ganancias del gran capital. Los treinta años de “consensos” han servido, también, para expropiar a la familia chilena sus últimas gotas de sudor y lágrimas, mediante abusos reiterados: tarjetas de crédito usureras, insoportable endeudamiento estudiantil por el CAE, colusión interminable de las empresas y los persistentes incrementos de las tarifas del TAG y de servicios públicos.
No existe el bien común en Chile. Los consensos no lo han logrado, porque la felicidad de la mayoría se ve obstaculizada por el lucro irrefrenable del 1%. Lo que existe, en realidad, es un régimen de agresión permanente, de violencia irrefrenable, de las grandes empresas contra el 99% de la familia chilena.
Contra la violencia de los poderosos se han desatado las movilizaciones en el país. Movilizaciones que expresan rabia contra las desigualdades y abusos empresariales, pero también contra la protección institucional que recibe el 1% de los poderosos.
Desde luego, el acuerdo en torno a la Constitución de Pinochet-Guzmán y el modelo económico de los Chicago Boys (al que se plegaron, sin vergüenza, los economistas de la Concertación). Y, mientras no se modifique esta institucionalidad no habrá bien común. Esto es lo que ha provocado la confrontación y la polarización.
Tampoco existe el bien común cuando el mundo empresarial captura a los políticos para favorecer sus negocios. Primero, instalando en sus directorios a ex autoridades de gobiernos, de cualquier signo político; segundo, cuando soborna a gobernantes y a parlamentarios para que los protejan. Soquimich, Penta y Corpesca simbolizan la alianza corrupta entre empresarios y políticos.
Lamentablemente, la corrupción político-empresarial se ha extendido a los hombres de armas, a aquellos a quienes el pueblo chileno les entregó el monopolio de la fuerza. Robos y malversaciones de fondos públicos por los altos mandos del ejército y carabineros, que han desprestigiado a estas instituciones. El repudio a carabineros durante las protestas tiene que ver por cierto con los atentados a los derechos humanos, pero también con su deterioro moral, que ha quedado en evidencia frente a la opinión pública.
No existe bien común en Chile. Son los intereses privados, de una minoría, del 1% de la población, los que predominan por sobre los intereses de la mayoría de los chilenos. Y, precisamente a partir de las manifestaciones del 18 de octubre, el pueblo ha decidido rechazar los consensos de los treinta años pasados, porque no favorecieron el bien común, sino que ayudaron a que una minoría oligárquica se adueñara del país. Esto es lo que probablemente no entienden los 231 Concertados, esos “independientes progresistas y de la centroizquierda democrática”
Así las cosas, los tres puntos programáticos de los Concertados para alcanzar un Acuerdo Nacional no apuntan en la dirección correcta.
Empecemos con el crecimiento. El crecimiento, cualquiera sea, se ha convertido en la obsesión del establishment. Empresarios, políticos y economistas, tanto de derecha como de la Concertación valoran el crecimiento, sin mediación alguna.
La apuesta por crecimiento, y el abandono del desarrollo, cerró las puertas a la diversificación productiva. El crecimiento, sin dirección, sin estrategia, ha conformado en Chile una economía rentista, depredadora de los recursos naturales, con empresarios sin interés por innovar. El Estado, con la tesis de la neutralidad, no despliega iniciativas en favor de la producción de bienes y servicios de transformación. Así las cosas, el crecimiento del país es efectivo solo para un reducido sector del país, genera empleo precario y no ayuda a la innovación tecnológica. Acumula ganancias para el 1% más rico: comerciantes, banqueros y exportadores de materias primas.
Hablemos de una vez por todas de desarrollo. El desarrollo no nace de la espontaneidad del mercado. Se construye con objetivos y trayectoria deliberada. En el caso de Chile, una estrategia de desarrollo debe proponerse construir una economía diversificada, que termine con los rentistas e incorpore conocimiento a los bienes y servicios; debe también ofrecer oportunidades a los pequeños empresarios y empleos de calidad a los trabajadores, con relaciones equilibradas entre el capital y el trabajo, así como relaciones equilibradas entre las regiones y con protección del medio ambiente. El crecimiento económico no es la panacea, menos el actualmente existente, y no abre camino al desarrollo.
Vamos ahora a la propuesta social de los Concertados. En realidad, no existe. Sólo se dice en la carta lo mismo que viene diciendo Piñera (que dice y no hace), a partir del 18 de octubre. No basta con proponer el mejoramiento de las pensiones, los salarios y la salud. Lo que quieren los octubristas, enojados con el modelo económico, es saber cómo se modificará el régimen de AFP; si habrá un sistema de salud universal; y, cuál será el mecanismo mediante el cual se eleven los salarios de los trabajadores y, en particular, si se abrirá espacio a la sindicalización y a la negociación colectiva. Y no sólo eso en lo social.
También se exige un sistema de educación inclusivo, que enseñe por igual al niño del barrio alto que al de la población de Puente Alto. Todo esto obliga, paralelamente, a una propuesta impositiva seria, capaz de financiar un programa social verdadero, que contemple además el mejoramiento radical de la distribución del ingreso en favor de los trabajadores.
Finalmente, la carta habla sobre la violencia y el orden público: “Sin seguridad, tranquilidad y normas de convivencia no sería posible la vida en comunidad ni el Estado de derecho”
Es muy cierto. La seguridad y el orden público son relevantes, y de responsabilidad del Estado. Por ello, el Estado, con sus respectivos gobiernos e instituciones debe hacer lo que no ha hecho hasta ahora. En primer lugar, preocuparse de la inclusión social. Que no existan jóvenes en las poblaciones que pateen piedras. Porque sin estudios ni trabajos el destino de los jóvenes pobladores es la delincuencia y la cárcel. Si no se quiere que aumente la delincuencia, el primer llamado de atención sobre el orden público debe ser escuelas y trabajos decentes.
En segundo lugar, el orden público se defiende con fuerzas de carabineros que no roben a los ciudadanos y que, en su accionar represivo, sean inteligentes operativamente y que no atenten contra los derechos de las personas; o sea, no maten, no disparen a los ojos, no torturen y no violen.
En tercer lugar, cuando un gobierno se ve enfrentado a una protesta social no puede bajo ninguna consideración, provocar al pueblo, diciéndole lo que dijo Piñera de manera irresponsable: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso”.
O sea, el Estado, con una política social adecuada y con lineamientos firmes a carabineros tiene los instrumentos para controlar la violencia callejera. Lo debieran haber destacado la carta de los 231 Concertados. Y debieran, además, haber agregado, que en las movilizaciones actuales ha predominado un comportamiento pacífico.
Es cierto que se ha presentado en las movilizaciones, y también en las poblaciones, el accionar furioso de algunos movilizados. Jóvenes que patean piedras, otros que estudiaron en escuelas públicas inservibles y también aquellos que ingresaron a la universidad, pero que quedaron endeudados de por vida con el CAE.
Son los que están enojados.
Y, por cierto, también está allí el lumpen que se aprovecha de las protestas para saquear indiscriminadamente. Así como carabineros debe proteger las movilizaciones pacíficas, la violencia callejera debe ser controlada. Lo primero no lo hacen y lo segundo lo hacen mal.
Para garantizar el orden y la seguridad, la represión es insuficiente. Se necesitan señales desde la clase política y empresarial. Medidas urgentes que apunten a la integración social. Por ello es preciso desalambrar. Terminar con la muralla que divide a nuestra sociedad.
Los hijos de ricos, de capas medias y pobres tienen que convivir en las mismas escuelas. Las clínicas y hospitales deben atender por igual a la mujer modesta y a la rica. Las pensiones y salarios deben ser capaces de sostener la vida de todas las familias chilenas.
El puro crecimiento, que vuelven a reivindicar los Concertados, no sirve para esto, no sirve para derribar la muralla que divide a los chilenos. La reducción de la pobreza y la modernización, que tanto destaca el establishment, no ayudan en esta tarea.
En suma, la carta de los 231, no resulta convincente. Sólo ha hecho feliz al gobierno de Piñera y a los dirigentes de Chile Vamos.
Y eso alcanza para muy poco.
(*) Economista
Fuente: El Desconcierto
